1/28/2019

Reconocer competencia del comité de ONU sobre desapariciones forzadas, ordena juez

Concede amparo a la familia Trujillo Herrera

ONG exhorta al nuevo gobierno federal a cumplir con esa sentencia

En una decisión considerada inédita, un juez de distrito en materia administrativa ordenó al Estado mexicano concluir los procedimientos para reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (Comité CED) con el fin de recibir y examinar comunicaciones individuales por ese delito. Esto abre las puertas para que miles de familias de víctimas de desaparición en el país accedan a la verdad y la justicia.
Al otorgar un amparo a la familia Trujillo Herrera –cuatro de cuyos integrantes fueron víctimas de desaparición–, el juzgador subrayó que las autoridades federales fueron omisas para llevar a cabo los procesos que permitan la admisión de la competencia del Comité CED, lo que vulnera el derecho de las víctimas a acudir a instancias internacionales como un recurso más para acabar con la impunidad en este delito, entorpeciendo así sus garantías fundamentales.
El 18 de marzo de 2008 México ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Ciptpdf), la cual entró en vigor a escala global en diciembre de 2010, aunque nuestro país dejó pendiente el reconocimiento del artículo 31, referente a la atención a casos individuales. Pese a los llamados del Comité CED para que se acepte dicha competencia, a principios de 2018 el gobierno de Enrique Peña Nieto lo rechazó argumentando que para hacerlo era necesario un proceso sustantivo que involucra la opinión de un gran número de instituciones relevantes, y que continúa bajo consideración.
Diversas instancias, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, exigieron al gobierno anterior reconocer la competencia de este comité.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –organización que ha acompañado a la familia Trujillo Herrera–, exhortó al nuevo gobierno federal, en particular al presidente Andrés Manuel López Obrador y al canciller Marcelo Ebrard Casaubón, a cumplir con la sentencia judicial.
Mensaje negativo
Este amparo, agregó, “representa un ejercicio inédito de judicialización de la política exterior en materia de derechos humanos. Es la primera vez en el país que un juez señala que la negativa (para aceptar la competencia de un organismo multilateral) es inadecuada porque viola el derecho a la protección de las víctimas. Si el gobierno impugna el fallo –como es posible–, enviaría un mensaje negativo. La nueva administración ha reconocido la crisis en materia de derechos humanos, a diferencia del anterior sexenio que la ocultaba, matizaba y negaba”.
Ante la falta de acceso a la justicia, el 13 de marzo del año pasado María Herrera Magdaleno y Juan Carlos Trujillo Herrera, madre y hermano de Raúl, Salvador, Luis Armando y Gustavo –los dos primeros desaparecidos en agosto de 2008 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y los otros dos en Poza Rica, Veracruz, en septiembre de 2010– presentaron un amparo ante el juzgado tercero de distrito en materia administrativa con sede en Ciudad de México.
Hace unos días, el juez decidió otorgar la protección de la justicia federal a los quejosos y dio un plazo de 60 días naturales a las nuevas autoridades federales para finalizar los procedimientos de reconocimiento de la competencia del Comité CED.
Martín Adolfo Santos Pérez, titular del juzgado, reconoció en la sentencia la extrema gravedad de la desaparición forzada, que constituye un delito, y en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional, un crimen de lesa humanidad, y por ello atenta de manera directa contra los derechos humanos, pues el objetivo de la Ciptpdf es prevenir las desapariciones forzadas y luchar contra la impunidad en lo que respecta a las mismas.
Destacó que datos oficiales muestran (a abril de 2018) que en México hay 34 mil 656 personas desaparecidas, lo cual evidencia que (el tema) no es un problema menor en nuestro país. Además que la Ciptpdf constituye una garantía para la protección de los derechos humanos violados por la desaparición forzada.
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Lunes 28 de enero de 2019, p. 4

Pobreza y corrupción




Un resultado muy claro tuvieron las políticas neoliberales en México: la agudización de la pobreza, llegando a los niveles extremos en que millones de seres humanos fueron condenados a la miseria y a la ausencia total de seguridad en sus vidas, siendo además, arrojados al olvido gubernamental y a la exclusión de las estadísticas reportadas (por los gobiernos anteriores) para maquillar la realidad y simular avances en un país que ha ido para atrás durante décadas, un país arrojado al barranco sin paracaídas. Los lamentables hechos ocurridos en Tlahuelilpan, Hidalgo, deben ser un llamado serio y urgente para discutir y replantearnos la realidad en que viven millones de seres humanos en México.
La corrupción en México es una expresión violenta de las formas políticas sistémicas, es decir, la corrupción tuvo origen en las cúpulas del poder, en las instituciones dirigidas por gente sin escrúpulos sociales, la corrupción es practicada por muchos políticos con fraudes y desvíos millonarios, con robos como el que se efectuaba en PEMEX durante décadas, la corrupción es el común de las acciones de muchos funcionarios que se han servido de los recursos de la nación para beneficio propio o de sus amigos y cómplices, la corrupción esta instituida en las formas de representación y las maneras en que se efectúan cientos de acciones en el marco del gobierno. El viejo régimen carente de toda moral, dejó una enorme llaga que urge sanar con la reconstitución de la sociedad y su bienestar. No olvidemos que la corrupción realizada por los políticos y empresarios ha contado desde siempre con el silencio conveniente de medios de comunicación y de sus pares institucionales.
Es real que la necesidad de comer, sí, así literalmente dicho: la necesidad de comer , ha conducido a miles de personas a caer en actos ilícitos, a practicar por fuera de las normas morales y legales del sistema actos que le proporcionen dinero o recursos materiales para satisfacer sus necesidades básicas, así se refleja en la historia humana, no es una práctica exclusiva de nuestro país, es un hecho registrado en todas las naciones del orbe, pero en México, ha alcanzado manifestaciones específicas que lo distinguen, llegando a encabezar las listas de los países más corruptos del mundo. Reconocer estos hechos es poner en movimiento el inicio de la búsqueda de soluciones. La realidad es clara: el incremento de la corrupción en México es reflejo directo del incremento de la pobreza y miseria padecida por millones de seres humanos. El incremento de la pobreza es resultado de la deshumanización del sistema que ha procurado la acumulación de la riqueza nacional en pocas y muy corruptas manos.
No se piense que la corrupción es culpa o resultado natural de la pobreza, la corrupción es sistémica en México, fue instituida por los diferentes gobiernos, fomentando de diversas maneras las prácticas ilegales como válvulas de escape, los gobiernos y empresarios fomentaron la corrupción para evitar respetar las leyes laborales y cumplirlas, así evitan pagar salarios justos y procurar las condiciones idóneas en los centros o lugares de labor. La corrupción está tan interiorizada como la violencia de género o el racismo, es una forma de violencia institucional, gubernamental y de Estado.
La pobreza no es culpa de los pobres ni tampoco culpable de la corrupción, es cierto que su existencia hace proclive su práctica, pues el hambre y la desesperación desmoralizan a muchos seres humanos conduciéndolos a la búsqueda de salidas alternas para sus condiciones de vida, la corrupción es una forma de violencia que se ha impuesto a la sociedad, es un agente divisorio, es un hecho tan recurrido que ha perdido su dimensión real, no únicamente en términos de cantidad o frecuencia, sino en términos de su sentido ético y moral. Pero si bien es verdad que un sector de la población ha llegado a ser corrompido, la gran mayoría de los millones de mexicanos son honestos, buenos y dedicados en su lucha diaria por sobrevivir, resisten la imposición de prácticas sistémicas que pretenden deshumanizarlos y fragmentarlos de su propia condición humana, la corrupción al ser efectuada niega al ser humano, es un acontecer contradictorio y reflejo sistémico de la realidad. La restauración moral de la sociedad, la transformación moral de los seres humanos, necesita indispensablemente la revolución en las condiciones de vida: la erradicación de la pobreza y la explotación.
Cristóbal León Campos es integrante del Colectivo Disyuntivas

Pemex ha facilitado tomas clandestinas de petróleo


Por Ana Lilia Pérez 

La nueva administración federal heredó un Petróleos Mexicanos cuyas operaciones cotidianas están repletas de inconsistencias y huecos que facilitan el robo de petróleo crudo, refinados y demás hidrocarburos. Desde hace años, la Auditoría Superior de la Federación observó que Pemex no daba seguimiento operativo, jurídico ni contable a los volúmenes sustraídos de combustible.

EN EL SUROESTE del Golfo de México, 140 kilómetros mar adentro al oeste de Campeche, en una zona de arrecifes hay una cadena de cayos rodeados de finas arenas blancas que a la vista resplandecen entre las aguas azul profundo. Se trata de los Cayos Arcas –Cayo Centro, Cayo Este y Cayo Oeste–, un paraíso para el pájaro bobo. En torno a los cayos se observan plataformas, barcos y estaciones donde se almacena buena parte del petróleo crudo que extrae Pemex.

Coronado por un alto faro, Cayo Arcas es un punto medular para la actividad petrolera y rebombeo de hidrocarburos en la Sonda de Campeche. Al oeste de Cayo Centro se encuentra un área de fondeo para remolcadores y, al suroeste, a unos dos kilómetros y medio, está la Terminal Marítima Cayo Arcas, donde hay una zona de fondeo para buquetanques.

Este es el sitio donde se realizan actividades de abastecimiento y transporte de hidrocarburos por el Golfo de México. Aquí Pemex mantiene un buquetanque anclado en las inmediaciones del arrecife. Y es que Cayo Arcas es la terminal portuaria más importante de exportación del crudo mexicano.

La actividad aquí no para. Día y noche, durante toda la semana, en el extremo norte opera una plataforma de distribución que recibe petróleo y lo conduce a través de ductos submarinos que se extienden a lo largo de 72 kilómetros con dirección al sur. Las tuberías comunican esta plataforma al punto donde se encuentran las boyas de amarre dentro del área de la terminal.

Aquí solo ingresan buques petroleros en los que hombres de overol y casco se desplazan entre estas aguas para hacer posible que Pemex extraiga petróleo para exportar y abastecer el mercado nacional.

El crudo que se saca de los diferentes yacimientos se transporta a través de ductos. Luego se procesa para obtener gas y aceite que se almacenan por separado. Posteriormente se distribuye a los diferentes centros de producción —tanto de exportación como de consumo interno—, por medio de monoboyas: unas instalaciones marítimas provistas de mangueras que se conectan a tubería submarinas que trasladan el crudo a los tanques de un buque.

La ASF emitió un dictamen contundente donde señaló que Pemex no manejaba cifras fidedignas de su producción. / Foto: CUARTOSCURO

La transferencia del crudo se hace principalmente para la Terminal Marítima de Dos Bocas, que es el puerto petrolero, industrial, comercial e internacional que Pemex comenzó a operar en los años 80 del siglo XX. Constituye uno de los puertos clave en la recepción de crudo.

Ubicado en la costa norte de Tabasco, a 160 kilómetros de Ciudad del Carmen, Dos Bocas es para Pemex su principal puerto para recibir, acondicionar, distribuir, embarcar y exportar petróleo.

Más de la mitad de lo que Pemex produce lo exporta al mercado internacional vía Dos Bocas. Casi un millón de barriles diarios sale por este puerto, de acuerdo con datos oficiales.

También se lleva a las terminales de Veracruz (Tuxpan, Pajaritos) y Tamaulipas (Ciudad Madero). Desde estas se redistribuye a refinerías o se reembarca para exportación.

Todo parece un mecanismo perfectamente coordinado para que Pemex desarrolle sus labores. Solo que hay una peculiaridad: no hay concordancia entre la recepción y procesamiento de crudo, producción de gasolinas, ni en el almacenamiento, distribución y comercialización de productos pretrolíferos; esto, en el día a día de operaciones facilita la sustracción.

Lo anterior es parte del sistema que por muchos años ha operado en Pemex y que ha contribuido a aceitar la maquinaria que facilita el robo. Este es el sistema de operación habitual que heredó la nueva administración federal, y que ahora enfrenta el reto de corregir.

Un ingeniero con amplia experiencia en la sonda de Campeche accedió a conversar con Newsweek México y explicar lo que ocurre allí. Para ello pone un ejemplo:

“El activo Ku-Maloob Zaap tiene 14 plataformas productoras y de perforación. En cada una se registra lo que va saliendo de los pozos y se usan medidores de flujo básico. El crudo de las plataformas se va midiendo desde que sale del pozo. A la salida del pozo hay unos árboles de navidad (válvulas y carretos ensamblados en el tope de un pozo que sirven para controlar el flujo de crudo), y arriba, en la plataforma, hay tanques de separación donde ese crudo que sale de los árboles de navidad, se separa del gas y agua. Ese producto se mide a través de sistemas de monitoreo y control con medidores de flujo básicos, que indican lo que se recibe en metros cúbicos por hora, pero quien lo recibe no mide por metros cúbicos, simplemente registra una cifra que nadie coteja.

“Cada plataforma satélite envía la producción, se concentra y se va por un ducto que llega a Dos Bocas o Frontera, pero se concentra lo que llega de cuatro complejos, y no se hace un cruce de información para confirmar que se recibe lo mismo que se extrajo de los pozos. En la práctica, tampoco hay un cruce de lo recibido con lo almacenado, porque los medidores de flujo básico solo reflejan flujo, y los medidores de la terminal con los que se reflejan los inventarios son medidores de nivel, y son incluso de otro tipo y de otro nivel de tolerancia”.

Así, explica el experto, hay incompatibilidad en los sistemas de medición del que transporta con el del que recibe y almacena. También hay incompatibilidad con el volumen movilizado mediante cabotaje para las terminales.

“Estamos hablando de mundos diferentes. Es prácticamente imposible conciliar cifras”, asegura.

En efecto, ya en las terminales se maneja un informe diario de movimientos de existencia. En este simplemente se escribe que tal o cual buque se reportó con cierto volumen, pero que a causa de “evaporaciones” mermó en proporciones que van del 10 al 12 por ciento. Ese es el porcentaje de tolerancia permitido, no obstante que la mayor parte del petróleo se transfiere en tanques cerrados y sellados con cúpula flotante, que evitan que el vapor se difumine o se disperse.

En la recepción, los embarques simplemente se marcan con el volumen que se recibe, pero las cifras no cuadran.

Es en altamar donde se realiza el trasiego ilegal del crudo: se emparejan los barcos, colocan mangueras, bombas sumergibles, y jalan una parte de la carga para luego llevarla “adonde lo tengan que llevar”. Además, estos barcos que transportan el crudo sustraído ilegalmente utilizan facturas apócrifas para sacar el producto de mares mexicanos y colocar el producto en el mercado internacional.
Durante el gobierno de EPN, Pemex no corrigió las fallas en sus controles ni de inventarios, tampoco de contabilización de volúmenes o pérdidas. / Foto: CUARTOSCURO

MERMA SIN CONTROL

Paralelamente, como reveló Newsweek México en octubre pasado, ha proliferado la sustracción ilegal de refinados (gasolina y diésel) vía marítima: barcos que en cabotaje transportan el producto también usando facturas apócrifas.

Otro eslabón de la operación cotidiana que facilita el robo ocurre en las terminales. Pemex tiene más de 80 terminales terrestres y marítimas de almacenamiento y despacho ubicadas en varios puntos de la república mexicana que son estratégicas porque forman parte de la cadena de suministro entre los centros productores, los puntos de importación y los canales de comercialización de productos petrolíferos. En estas también se normalizó la sustracción como “merma”. Ello ha ocurrido por mucho tiempo.

Uno de los problemas es que no hay un procedimiento para cruzar las cifras exactas con las que el barco sale y entra entre terminales; simplemente se registra con lo que llega, y si hubo diferencia también se registra como “merma”.

Entre los contralores de Pemex recuerdan un caso ocurrido en la Terminal de Almacenamiento y Despacho en Veracruz, conocida como El Sardinero. Se trata de una instalación que suministra gasolinas y diésel a 17 municipios de Veracruz.

Allí, uno de los encargados comenzó a sustraer esas “mermas” y sacarlas mediante pipas. Un día recibió la visita de policías que llegaron a indicarle que a partir de entonces por cada alijo (mercancía de contrabando) que sacara, una sería para ellos. Dicha exigencia fue subiendo en proporción, hasta que llegaron a pedirle tres pipas por cada una que sacara él.

El funcionario calculó que la “merma” no le daba para tanto, y comenzó a negarse. Primero le fracturaron un brazo, y él hizo rendir más la “merma”. Luego le exigieron una pipa por día, y como los barcos llegan cada semana, ya eran siete pipas por barco. Pero la “merma” ya no le alcanzó, y tras ser advertido de que no pasaría de ese día, acudió a denunciarse ante los auditores internos a cambio de protección.

CONTROLES MANIPULADOS

Al pasar petróleo de área en área cada una registra sus propios volúmenes sin que estos sean sometidos a un cruce de datos. Así, simple y llanamente los controles volumétricos pueden ser manipulados por el personal que los opera. Esto se debe a la división interna dentro de Pemex.

Pemex por años ha operado con disparidad en sus números en el control de los volúmenes de gasolinas producidos, importados, distribuidos, almacenados y vendidos. Ello ha facilitado la sustracción.

Este “descuido” o peculiaridad contribuyó al crecimiento exponencial de la sustracción y el mercado negro de combustible porque es como si se tuvieran ventanas abiertas para la sustracción.

Desde hacen muchos años contralores internos habían advertido esa disparidad en registros del manejo volumétrico de crudo, pero sus observaciones fueron ignoradas por las autoridades de Pemex.

No obstante, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su revisión a la Cuenta Pública 2011, decidió auditar una parte de ese proceso. El referente a la forma en la que se operaba y registraba la producción de gasolinas.

Sus hallazgos, en efecto, confirmaban lo reportado internamente por los contralores. Incluso la ASF emitió un dictamen contundente donde señaló que Pemex no manejaba cifras fidedignas de su producción y que esa disparidad en sus registros impedía identificar la magnitud de los riesgos principalmente relacionados con la sustracción mediante toma clandestina.

    Los carrotanques para Pemex que se hicieron humo

La conclusión que la ASF hizo de esa auditoría, es contundente: “De la aplicación de pruebas de cumplimiento, se concluye que…[Pemex] no mantiene un ambiente de control que propicie el logro de los objetivos y metas institucionales respecto del procesamiento de crudo, producción de gasolinas, y control de los procesos de producción, almacenamiento, distribución y comercialización de productos petrolíferos, que produce e importa Pemex; tampoco cuenta con un sistema de información integral y automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones y no se tiene establecido un proceso para la identificación, evaluación y mitigación de riesgos, principalmente relacionados con el cumplimiento de los objetivos y metas de producción y de eventos que afectan la operación de la entidad, como los ilícitos por tomas clandestinas de gasolinas”.

Así, por ejemplo, en 2011 Pemex reportó una cifra de producción de gasolinas (magna y premium) de 399,500 barriles diarios. Sin embargo, internamente, la Gerencia de Control de Producción había reportado 425,300, es decir, había un volumen de diferencia de 25,800 barriles diarios.

Al respecto, la ASF concluyó: “La información reportada no es confiable en cuanto al volumen de producción de gasolinas”. Y esto no se corrigió.

Pemex se limitó a registrar las tomas clandestinas externas, particularmente las detectadas al ocurrir derrames o incendios. / Foto: ENRIQUE ORDÓÑEZ/CUARTOSCURO

SUSTRACCIONES DE ESCÁNDALO

La producción de gasolinas para el mercado interno se iba deteriorando por la subutilización de las refinerías y las fallas en las reconfiguraciones, y a medida que se deterioraba, también crecía el volumen de importaciones, lo cual naturalmente es más costoso para México y para los consumidores.

Actualmente México importa 75 por ciento de las gasolinas que consume el mercado interno, que promedia los 800,000 barriles diarios.

Y también en el sector de refinados había otro factor que favorecía el mercado negro: que Pemex maquillaba los volúmenes de sustracción que se hacían vía toma clandestina, registrándolos como pérdida por merma derivada del “proceso técnico”.

La disparidad en los controles de los volúmenes de crudo y refinados extraídos, producidos, importados, distribuidos, almacenados y vendidos fue maquillando la sustracción que se hace vía toma clandestina. Por ejemplo, en esa auditoría la ASF auditó solo el flujo en un par de ductos, y halló referentes que a la luz de las circunstancias actuales que enfrenta Pemex dan mayor claridad a la problemática:

Encontró que, tan solo en 2011, la entonces subsidiaria de Pemex dedicada a la refinación de gasolinas, incurrió en mermas o faltantes en los inventarios de gasolinas por 2,800 barriles diarios, en el ámbito nacional. Esto se registró como una merma en los procesos técnicos; sin embargo, ya había sido sustraído vía toma clandestina.

El dictamen de los auditores señala: “Al compararse con la realidad operativa se observó que no se corresponde con la merma o faltante real, ya que dicha cifra es equivalente al volumen sustraído por tomas clandestinas del poliducto, 12-10” Cadereyta-Reynosa-Brownsville, sin considerar los faltantes en que se incurrió en los restantes 48 poliductos que conforman el Sistema Nacional de Ductos ni los que se generaron en las refinerías, TAR y en los otros sistemas de distribución (carrotanque, y buquetanque)”.

Además de que la ASF señaló que Pemex no había proporcionado información real ni detallada sobre los faltantes y mermas que en los diversos procesos de operación, no había forma de evaluar “la problemática real para la detección y mitigación de riesgos y la toma de decisiones”.

Las cifras por esas sustracciones ya eran desde entonces escandalosas: el faltante o la merma determinados ascendian a 28.5 mbd, equivalentes a 10 millones 402,500 barriles al año, con un valor estimado por 16,089 millones 546,700 pesos.

Desde ese periodo en el que gobernaba Felipe Calderón Hinojosa, la sustracción crecía en términos estratosféricos. Una muestra: de los 49 poliductos que conforman el Sistema Nacional de Ductos, solo del poliducto Cadereyta-Reynosa- Brownsville se ordeñaba mediante toma clandestina, el 8.3 por ciento de todo el volumen que se transportaba por este; es decir, unos 995,148.8 barriles al año, con un valor estimado de 1,551 millones 200,100 pesos.

El robo en mayor o menor proporción ya ocurría en toda la red. Por ejemplo, en el poliducto Tula-Toluca se transferían diariamente 27,400 barriles diarios y solo se “recibían” 27,000; en el poliducto Minatitlán-Refinería Salina Cruz, se transferían diariamente 19,000 barriles de crudo, pero se “recibían” solo 18,900.

Esto también facilitó la sustracción ilegal. Desde ese año la ASF determinó que Pemex no daba seguimiento operativo, jurídico y contable a los volúmenes sustraídos de combustible “en virtud de que carece de información consolidada, periódica y sistematizada que le permita tomar decisiones y dar seguimiento a las acciones emprendidas por cada baja de presión en los ductos por tomas clandestinas, verificaciones físicas, tomas clandestinas clausuradas, denuncias penales efectuadas por Pemex y registro contable del volumen sustraído”.

PEMEX NO CORRIGIÓ FALLAS

En el eslabón de reparto a las terminales de almacenamiento también se facilitaba la sustracción.

Para el control de los volúmenes entregados a la Subdirección de Almacenamiento y Reparto se tenía instalado un Sistema Integral de Información Comercial (SIIC), en el cual se registran, por Terminal de Almacenamiento, la clave del producto recibido; la existencia inicial y final en los tanques de almacenamiento; los tipos de recibos (por distribución, devolución, importación, excepción, traspaso y reclasificación); los tipos de salidas (por devolución, traspaso, entrega, consumo, excepción, venta, exportación, mermas, entre otras), así como los faltantes y sobrantes en inventarios. La ASF halló que los documentos de Pemex no estaban actualizados.

Tampoco se registraban correctamente los inventarios de los productos ni sus variaciones, lo que impedía identificar, cuantificar y registrar mensualmente el detalle de los diferenciales. Ni las mermas, faltantes, diferencias en medición, sobrantes, sustracciones ilícitas, entre otros.

Pero esa cadena de vacíos y eslabones que han facilitado la sustracción y mercado negro, no paraban allí: P. M. I. Trading Ltd. –la intermediadora que compra las gasolinas en el extranjero para Pemex– notificaba con dos años de atraso la operación de origen, las notas de cargo y crédito, y no en las fechas correspondientes, es decir, cada compra se registraba contablemente hasta con hasta dos años de atraso, sin que Pemex hiciera tampoco la correspondiente conciliación contable de los volúmenes y precios ni exigiera a P. M. I. Trading Ltd hacerlo.

Ya desde entonces, la ASF le había indicado a Pemex que debía generar información real y detallada sobre el volumen de gasolinas producido, importado, distribuido, almacenado y vendido, así como del volumen de mermas y faltantes incurridos en cada uno de los procesos, “con la finalidad de que sirva como referencia para la evaluación y mitigación de riesgos y toma de decisiones, encaminadas a establecer estrategias para la disminución de las pérdidas”.

También le había indicado que se debía dar un seguimiento operativo, jurídico y contable periódico y sistematizado de las tomas clandestinas detectadas, a fin de generar información consolidada sobre los resultados alcanzados en las actividades encaminadas a desalentar la comisión de delitos y para favorecer la toma de decisiones. Pemex se limitó a seguir registrando las tomas clandestinas externas, particularmente las detectadas al ocurrir derrames o incendios.

Por lo demás, desde la dirección general de Pemex, se limitaron a observar la numerología de cómo las tomas crecían cada vez de manera más exponencial.

El problema se agravaba considerando que, además, en ese periodo de la administración calderonista, se tenía a las refinerías operando al 86.4 por ciento de su capacidad neta sin realizar estudios, ni acciones para resolver la baja producción; esa baja producción impactaba también el procesamiento de crudo quedando por debajo de su capacidad programada, ya que los retrasos en la reconfiguración de la refinería Minatitlán, y los altos inventarios de productos intermedios o residuales  obligaban al paro de refinerías.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Pemex no corrigió las fallas en sus controles ni de inventarios, ni de contabilización de volúmenes o pérdidas, tampoco de las generadas vía toma clandestina; es decir, continuó con los mismos huecos que facilitaron incluso en mayor medida la sustracción, maquillada contablemente.

De las 1,635 tomas clandestinas registradas en 2012, último año de gobierno de Caldeón, el de Peña Nieto cerró con más de 12,500.

El robo de crudo, refinados y demás hidrocarburos creció auspiciado e impulsado tanto por ese sistema de operación cotidiana con esos huecos ya descritos, y la participación directa de los empleados de Pemex y sus contratistas.

https://newsweekespanol.com/2019/01/pemex-tomas-clandestinas-huachicol-petroleo/

@AnaLilia_PerezM
27, enero, 2019

Prensa México lunes 28 enero 2019

PRINCIPALES NACIONALES:::

En el diario Reforma: Premian a la CNTE con 5 mil plazas. Para cumplir con la promesa de entregar plazas a normalistas de cuatro generaciones en Michoacán, el Gobierno federal tendrá que otorgar unos 5 mil puestos de base, de acuerdo con estimaciones oficiales.

En Milenio: Gasolineras esconden venta de ‘huachicol’ con ‘software Rastrillo’. Lo conocen como El Rastrillo y para la gasolinera que lo tiene es la puerta de entrada a una mina de oro ilegal. Este software pirata es la piedra angular sobre la que se sostiene un esquema de fraude cibernético que ha permitido a numerosas estaciones de servicio del país vender huachicol y engañar a Pemex, a Profeco y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En el Excélsior: Gobernadores se ciñen a plan de austeridad. En sólo dos meses la cifra de gobernadores que durante este 2019 percibirán un sueldo mensual menor al del presidente Andrés Manuel López Obrador, subió de 16 a 29.

En La Jornada: Abre juez vía para que la ONU revise desapariciones. En una decisión considerada inédita, un juez de distrito en materia administrativa ordenó al Estado mexicano concluir los procedimientos para reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (Comité CED) con el fin de recibir y examinar comunicaciones individuales por ese delito. Esto abre las puertas para que miles de familias de víctimas de desaparición en el país accedan a la verdad y la justicia.

En La Razón: Gober y SCT se enfrentan por bloqueo de CNTE… y no se resuelve. El conflicto laboral por el que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen bloqueadas vías férreas en Michoacán escaló este domingo, pues el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y el gobernador Silvano Aureoles intercambiaron señalamientos por responsabilidades; mientras los docentes afirmaron que seguirá el plantón.

SECUNDARIAS NACIONALES:::

En el Reforma: Exhiben a mamá de ex Delegada. Durante seis años, la casa del Adulto Mayor en la Alcaldía de Iztacalco fue ocupada como oficina particular de la mamá de la ex Delegada, Elizabeth Mateos, reveló el actual Alcalde Armando Quintero.

En Milenio: Cae red de trata que secuestraba a estudiantes de prepa en Chilpancingo. Una red de trata de personas especializada en secuestro de estudiantes universitarias y de bachillerato operó durante meses en Chilpancingo con la colaboración de un funcionario administrativo de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO), al parecer como encargado de detectar posibles víctimas para secuestrarlas y explotarlas en la industria sexual.

En el Excélsior: Robos y lesiones suben 38% en el corredor del huachicol. En 12 municipios por los que corre el ducto Tuxpan-Tula, los delitos de lesiones dolosas, robos a casa y de automóvil, y violencia familiar incrementaron 38 por ciento durante los últimos cuatro años.

En La Jornada: Impulsa AMLO la Estrategia Nacional de Cultura.  De tradición legendaria en la promoción del arte y la cultura en el norte del país desde tiempos del porfirismo, esta comunidad fue elegida para el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Cultura, diseñada para fomentar el acercamiento a los libros. "Este gobierno no sólo pretende buscar el bienestar material, sino también el bienestar del alma. Son las dos cosas, porque si no la política estaría coja", explicó el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En La Razón: Apuesta Plan de Lectura a libros de 10 a 15 pesos. Fomentar el hábito de la lectura desde la primaria y secundaria, libros a precios accesibles y campañas en medios de comunicación son los tres ejes que forman parte de la Estrategia Nacional de Lectura que ayer lanzó en Mocorito, Sinaloa, el Presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador.

FOTOS:::

En el Reforma: Trombas y marejadas. Los efectos del frente frío 31 provocaron la caída de árboles y postes de luz, dificultades para la operación de ferries y embarcaciones turísticas, así como la inundación de viviendas y hoteles en Quintana Roo, Yucatán y Campeche. En la Quinta Avenida de Playa del Carmen, la caída de un árbol dejó lesionada a una persona.

En Milenio: La afición. Propina AMLO unificación de ligas de Beisbol.

En el Excélsior: Disputan fuerzas militares. El respaldo de las Fuerzas Armadas en Venezuela es el nuevo campo de disputa entre el presidente, Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Ayer, Maduro pidió al Ejército lealtad y disciplina para derrotar el “golpe de Estado”, mientras que Guaidó difundió una Ley de Amnistía para los militares y llamó a dos megaprotestas para los días miércoles y sábado.

En La Jornada: Habrá ‘‘respuesta’’ si Maduro recurre a la violencia: EU. El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acompañado de su esposa, Cilia Flores, realizó una sorpresiva visita a la base de Paracamay, en el estado de Carabobo, para alistar ejercicios militares extraordinarios, entre el 10 y el 15 de febrero, que demuestren el ‘‘poder’’ del ejército. El mandatario y su cónyuge se colocaron cascos y abordaron un tanque anfibio.

En La Razón: “El régimen refleja una pérdida de control por la presión internacional”. Hay un sin número de escenarios sobre la solución de la crisis en Venezuela; sin embargo, el Ejército es central para inclinar la balanza, dice Phil Gunson, analista de International Crisis Group. “Un presidente ya fallecido, Luis Herrera, decía que los militares son siempre leales hasta que ya no lo son”, recuerda.

destacadas hoy

1. Con EPN y en su peor crisis, Pemex gastó 2,253 millones en juegos de mesa, bailes, trajes, agua, hielo…

2. Lupita desapareció hace 8 meses. Hay sospechosos y la Fiscalía de Puebla no ayuda, dice la familia

3. Pelosi gana round clave a Trump y lo deja sin muro; sus votantes lo llaman “cobarde” y “patético”

4. La PF detiene a dos en Morelos con una pipa de 20 mil litros de gasolina; iban tranquilos por la carretera

5. ¿Qué son los “whitexicans”? La cuenta en Twitter que critica sus actitudes racistas te lo explica

Fuente : SinEmbargoMX

En dos semanas se conocerán nombres de titulares de Inmujeres y Conavim

Gobierno se compromete a agilizar proceso de selección   


La secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, anunció que en dos semanas el Gobierno federal presentará a las titulares del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

En la conferencia matutina de este viernes Sánchez Cordero informó que una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador seleccione a las titulares del Inmujeres y de la Conavim echarán a andar el Programa para atender la violencia contra las mujeres.
Pero antes, dijo la ministra en retiro, tienen que concluir el proceso de selección de la terna para dirigir el Inmujeres, mismo que quedó pendiente desde diciembre del año pasado, cuando las consejeras no llegaron a un consenso para aprobarla.
Cabe recordar que en esa sesión de diciembre se presentaron tres perfiles para dirigir al Inmujeres: la doctora Candelaria Ochoa Ávalos; la representante de ONU Mujeres en Brasil, Nadine Gasman Zylbermann; y la expresidenta del Partido de la Revolución Democrática de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano.
Para que la terna se avale, la Ley del Instituto establece en su artículo 13, que se necesita que las tres quintas partes de la totalidad de integrantes de la Junta de Gobierno voten a favor, pero en la sesión sólo los 13 representantes de las dependencias gubernamentales apoyaron la propuesta y las 16 integrantes de los consejos Consultivo y Social se abstuvieron de votar.
Entre sus argumentos destacaron no contar en ese momento con elementos para aprobar o desaprobar el procedimiento que dio origen a la terna que presentó la Secretaría de Gobernación (Segob), por lo que exhortaron a la dependencia  –como lo hicieron en pronunciamientos previos- a generar un proceso participativo, basado en principios democráticos, incluyentes y transparentes.
Lo anterior, porque los procesos anteriores de designación de la presidenta han sido cuestionados por su opacidad y porque el cargo lo han ocupado mujeres militantes de partidos políticos ligados al presidente de la República.
En esta ocasión López Obrador designó a la secretaria de Gobernación para coordinar la transición de la cuarta presidenta del Inmujeres, pues la Ley del Instituto no contempla una ruta clara para seleccionar la terna de candidatas.
Por estas experiencias también las consejeras del Inmujeres presentaron una metodología para seleccionar a perfiles idóneos que dirijan la institución, de la misma manera la organización civil, Designaciones, presentó una serie de criterios para garantizar un proceso transparente y participativo en el Inmujeres.
TRABAJO CONJUNTO
Las mujeres que en un primer momento presentaron su candidatura para estar al frente del Inmujeres fueron Magdalena García Hernández, Candelaria Ochoa Ávalos, Nadine Gasman Zylbermann, Anabel López Sánchez, Carol Berenice Arriaga García y Maricela Contreras Julián. Se trata de expertas, luchadoras sociales o mujeres de la política, la academia o lideresas de organismos internacionales.
“Es una selección o una propuesta de perfiles de mujeres muy interesante, complicada también porque nos pueden gustar muchas cosas de los distintos perfiles de cada una”, afirmó en entrevista la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados, Wendy Briceño Zuloaga.
Para la legisladora federal es importante que en breve se nombre a la presidenta del Instituto para que las diputadas de la Comisión de Igualdad empiecen a trabajar con ella para el fortalecimiento de la agenda común de los derechos de las mujeres.
“Aunque somos dos poderes distintos hay conexiones porque el Legislativo también tiene que aprobar cosas que sean aplicables en la realidad y esa realidad te la da, de muy buena manera, las acciones que cotidianamente se hacen en el Ejecutivo”, expresó Briceño Zuloaga.
Entre los temas que se discuten en la Cámara de Diputados y en el Senado están la prisión preventiva oficiosa en casos de feminicidio y violencia sexual infantil, la creación de la Guardia Nacional y la violencia política por razones de género, y en todos ellos, dijo, es importante la voz de un organismo como el Inmujeres. 
La diputada también se refirió al nombramiento de quién presidirá la Conavim y su papel en torno a las Alertas de Violencia de Género (AVG), ya que hay varias diputadas que quieren promover las alertas en sus estados pero es necesario asegurar que sean efectivas y revisar el modelo de AVG para ver si hay que hacer cambios legislativos. 
Es de precisar que en el caso de la Conavim que depende la Segob, el nombramiento de la titular también lo debe realizar el presidente de la República. El papel de esta Comisión es fundamental porque actualmente sigue el cumplimiento de las 18 Alertas de Género que se han decretado a lo largo del país, además del funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y de coordinar a las autoridades federales, locales y municipales en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
No obstante, como ocurre en el Inmujeres todavía no se elige quién dirigirá el destino de la Conavim.
Al respecto, la secretaria de Gobernación se comprometió también en la conferencia de prensa matutina de hoy, a tener el nombramiento de la Conavim en dos semanas, pues indicó que el gobierno revisará los procesos de las Alertas de Género y pedirá a las entidades federativas la rendición de cuentas del presupuesto que han destinado a este mecanismo.
La doctora Sánchez Cordero refrendó el compromiso del gobierno federal para atender la problemática del feminicidio y anunció que una vez que se tengan estos dos nombramientos, se presentará el programa del gobierno de López Obrador para atender la violencia contra las mujeres.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.

Aprueban en Comisiones iniciativa para desaparecer IJM


La siguiente semana el pleno decidirá futuro del Instituto   


El día de hoy en Sesión Conjunta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género y la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso de Jalisco, se votó a favor de la iniciativa que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), por lo que la propuesta pasará al pleno para su discusión la próxima semana.
Las diputadas de Movimiento Ciudadano (MC) Mirza Flores López, Ana Lidia Sandoval García y Miriam Berenice Rivera Rodríguez, votaron a favor de la propuesta enviada por el ejecutivo  del estado. Mientras que Norma Valenzuela Álvarez del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Sofía Berenice García Mosqueda del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se pronunciaron en contra.
En entrevista con Cimacnoticias la coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem) en Jalisco, Guadalupe Ramos Ponce, dijo que será entre lunes y miércoles de la próxima semana cuando se decida el futuro del IJM.
Tras conocer la iniciativa enviada al congreso de Jalisco esta semana, diversas organizaciones civiles pronunciaron en contra, a ellas se unió la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, y la diputada Martha Tagle, quienes exigieron a Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, “fortalecer el IJM antes de desaparecerlo”.
Hicieron un llamado al congreso de Jalisco para que se pronuncie en contra de la propuesta y que responda a las exigencias históricas de igualdad, no discriminación y acceso a una vida libre de violencia y destacaron que el IJM obedece a las demandas internacionales relativas a la creación de mecanismos específicos para el adelanto de las mujeres, cuya tarea fundamental es la defensa y promoción de sus Derechos Humanos.
A la petición de dar marcha atrás a la propuesta se unió la diputada Martha Tagle Martínez, quien afirmó que: “la eliminación o desmantelamiento de instituciones no es el medio para pretender lograr mayores y mejores resultados. Estamos a favor de la austeridad, pero no a costa de recortar derechos. Optamos por el fortalecimiento de las instituciones, de la especialización, de transparencia y rendición de cuentas”.
La diputada solicitó al Congreso del estado que se realice un ejercicio democrático que garantice y vigile los derechos de las niñas y mujeres jaliscienses, ya que “la iniciativa significa una regresión y violenta los Derechos Humanos de las mujeres.
Por su parte, el “Frente Feminista Nacional” integrado por activistas, académicas, sindicalistas, trabajadoras, estudiantes y periodistas de 28 entidades del país, también insistió en que la desaparición del IJM sería un atentado contra los derechos humanos de las jaliscienses.
El Frente expresó  que cualquier cambio que se pretenda hacer en las políticas públicas para la promoción, defensa y avance de los derechos de las mujeres en Jalisco, debe apuntar a su mejora y a hacer realidad la transversalidad de la perspectiva de igualdad de género en todas las acciones e instituciones.
Finalmente, las organizaciones destacan que la creación de una Secretaría de Igualdad Sustantiva no puede sustituir a un Instituto Autónomo, cuyo eje rector de trabajo son los derechos de las mujeres.
Imagen retomada del Twitter del IJM
Por: Berenice Chavarría Tenorio
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

México SA de Carlos Fernández-Vega


Venezuela, en la encrucijada
Estados Unidos=golpismo

Para nadie es secreto que, desde hace seis años, la economía venezolana está en crisis. Su dependencia del ingreso petrolero es prácticamente total, y en esa nación sudamericana se juntaron roto con descosido: en 2013 murió Hugo Chávez, y ese mismo año comenzó el colapso de los precios internacionales de los hidrocarburos.
Por aquellos ayeres el precio de la canasta petrolera venezolana rondaba 120 dólares por barril, pero de ahí en adelante se hundió, con las previsibles consecuencias económicas. Algo similar sucedió en México, aunque aquí la dependencia del ingreso petrolero rondaba 40 por ciento del total. En el caso de la nación sudamericana, se aproximaba a 90 por ciento.
La década previa al colapso de los precios petroleros la economía venezolana registró un crecimiento de 5.9 por ciento (estadística de la Cepal) como promedio anual, pero a partir de dicho desplome la situación fue empeorando y desde entonces reporta números negativos. Además, Nicolás Maduro ni de lejos es Chávez.
En ese contexto, Estados Unidos ha metido el acelerador hasta el fondo y refuerza su intentona golpista de 2002, siempre disfrazada decruzada por la democraciay presionando a la comunidad de naciones para que le vistan su descarada intervención, sin olvidar, desde luego, que Venezuela cuenta con las mayores reservas petroleras del mundo.
¿Cómo va la economía venezolana? La Cepal nos ofrece un paseo temático: en 2018 el producto interno bruto (PIB) se redujo por quinto año consecutivo (15 por ciento), lo que supone una contracción acumulada de 44.3 por ciento respecto del registro de 2013. Por otra parte, desde noviembre de 2017 presentó tasas mensuales de inflación mayores a 50 por ciento, y en 2018 el índice mensual promedió 128 por ciento.
El año pasado se introdujeron modificaciones al sistema cambiario y el tipo de cambio oficial del bolívar respecto del dólar se depreció por quinto año consecutivo a tasas que superan 200 por ciento anual. Además, las reservas internacionales registraron una caída por cuarto año seguido, y entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018 el retroceso fue de 9.1 por ciento.
Asimismo, 2018 representó el cuarto año sucesivo en que disminuyó la producción petrolera, y la contracción acumulada entre enero de 2013 y octubre de 2018 supera 50 por ciento. Esto ha provocado que, a pesar del aumento de precios de la canasta petrolera venezolana, durante 2017 y los primeros nueve meses de 2018 el sector público venezolano siga dependiendo de las transferencias de recursos provenientes del banco central.
El mencionado aumento de los precios del crudo ha permitido que las exportaciones crezcan 9 por ciento, lo que junto con el descenso de las importaciones (26 por ciento) produjo un pequeño superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, de acuerdo con estimaciones de la Cepal.
En agosto de 2018 el Poder Ejecutivo venezolano hizo público el Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, consistente en un conjunto de medidas de política destinadas a estabilizar la inflación y retomar la senda del crecimiento de la economía.
Para 2019, de mantenerse la severa restricción externa que enfrenta el país, se espera una nueva caída del PIB (alrededor de 10 por ciento), inflación creciente, cuantioso aumento de los agregados monetarios y una depreciación significativa de la moneda.
Como se observa, el panorama es por demás complicado, pero en lugar de consensuar ayuda para superar la crisis económica, la fórmula mágica de Trump es la de siempre: golpismo, con factura petrolera.
Las rebanadas del pastel
Por cierto, la agencia rusa de noticias Sputnik divulgó un balance (Dos siglos: de la invasión a México en adelante) para dejar en claro qué tipo de democratización es la que Estados Unidos ha impuesto a América Latina. Ahora que Venezuela está en el ojo del huracán, bien vale recordarlo (consulte).
Twitter: @cafevega

1/27/2019

La derecha mexicana truena contra López Obrador; quiere que Trump ordene invadir a Venezuela


Pedro Echeverría V.

1. El Partido Acción Nacional (PAN) está logrando su objetivo: ser el partido de derecha, conservador, que encabece la oposición contra el gobierno de centro-izquierda de López Obrador. El PRI, que en 1982 de “centrista” se movió a la derecha, ahora pretende regresar al “centro” buscando algunas alianzas con el lópezobradorismo. Por ello el PAN siempre buscará cualquier pretexto para hacer propaganda contra Morena denigrando las políticas que huelan a izquierda, como es el caso actual del rompimiento de Maduro con Trump, que le cae de mil maravillas.

2. En 2006 y 2012, durante las campañas presidenciales en que defraudaron a López Obrador, el PAN (encabezado entonces por Fox y Calderón), así como el PRI en menor medida, dedicó toda su propaganda anticomunista acusando a AMLO de estar al servicio del “dictador Chávez” y en parte del brasileño Lula. Hoy se repite la campaña de Fox, Calderón y otros panistas porque AMLO invitó al presidente Maduro a su toma de posesión, no firmó la condena con el grupo de Lima y se niega a apoyar al gobierno de Trump en su rompimiento de relaciones con Venezuela.

3. La derecha en México ha sido fiel heredera del conservadurismo del siglo XIX en la Independencia, la Reforma y la Revolución; ha seguido una línea recta combatiendo a los insurgentes Hidalgo y Morelos, a los liberales Juárez y Ocampo, así como a los Madero y Carranza. En los últimos 100 años mientras el PRI/gobierno se apropiaron de los resultados y restos de la revolución burguesa de 1910-17, el PAN (fundado en 1939) pasó 60 años ligado al empresariado y la iglesia, así como compitiendo y negociando con el PRI; el ejemplo más cercano es el firmado en 2018 con Peña.

4. Recuerdo que en la década de los años sesenta y setenta desde la izquierda siempre vimos al PAN como el partido de los empresarios, de la iglesia y del imperialismo yanqui. No lo tuvimos mucho en cuenta porque era un partido muy débil. Nuestro combate era contra el PRI porque él contaba con el poder casi absoluto. El PAN no podía engañarnos porque sabíamos que era el instrumento directo de la derecha anticomunista, pero el PRI sí engañaba porque desde el “centro” unos días hablaba bien de los obreros, los campesinos, de Cuba; pero otros días alababa a los empresarios y a los EEUU.

5. El PAN se fortaleció en el momento en que Carlos Salinas de Gortari del PRI negoció con los líderes del PAN (Álvarez, Cevallos y Castillo) su reconocimiento como presidente electo en 1988. Salinas les otorgó todo para transformarlo con mucho apoyo y dinero en un partido con muchas gubernaturas, legisladores, presidencias municipales y mucho subsidio. Con ese apoyo logró Fox del PAN la Presidencia de la República el año 2000. Desde 1988 y el PRI y el PAN (juntos) fueron la derecha militante que asesinó a cientos de luchadores sociales del PRD y desapareció a casi toda la izquierda radical.

6. Sin embargo la historia de los 60 o 70 no puede repetirse porque el gobierno yanqui hoy no es tan poderoso. A principios de los años 60 la URSS (Rusia) apoyó abiertamente a Cuba pero en “la crisis de los misiles” de octubre de 1962 al hablar los EEUU de la creación en la isla de unas rampas de lanzamiento de misiles, Kennedy bloqueo el acceso de la Isla; a los pocos días el primer ministro Kruschev de la URSS, ordenó el desmantelamiento. Lo que sucede en Venezuela en estos tiempos es totalmente diferente y la respuesta de apoyo a Venezuela es avasalladora.

7. Al parecer México y Uruguay –con su posición de “neutralidad política” podrían jugar el papel de árbitros o conciliadores en la gran crisis de rompimiento de relaciones diplomáticas entre EEUU y Venezuela. Maduro ha aceptado esa intermediación mientras lo EEUU aún no han respondido. El gobierno de Maduro, su pueblo y su ejército, deben estar muy atentos para evitar cualquier provocación yanqui o de los grandes empresarios venezolanos. Las opiniones en el mundo se han dividido, pero China, Rusia, Asia, África, casi de manera unánime están con Venezuela repudiando cualquier invasión de los siempre guerreristas y criminales yanquis. (25/I/19)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26@gmail.com

México SA de Carlos Fernández-Vega


Vicente Fox, ¿huachicolero?
México: República saqueada
Poco a poco brotan nombres y negocios de los responsables materiales del estercolero en que seis administraciones neoliberales convirtieron a Petróleos Mexicanos (las anteriores tampoco la libran), entre tantos otros jugosos saqueos institucionalizados a costillas de la nación y a cargo del bienestar y futuro de los habitantes de esta República saqueada.
Faltan los autores intelectuales, aunque todo el mundo conoce sus nombres y apellidos. De ahí la relevancia que tiene la denuncia que ayer hizo pública el presidente López Obrador: “En el Presupuesto (de Egresos de la Federación) de 2004 se aprobó un artículo transitorio para que se adquiriera una sustancia y se marcara la gasolina para evitar el robo, para distinguir la gasolina robada y la gasolina de Pemex.
“¿Qué creen que pasó? El Ejecutivo, en ese entonces –no voy a mencionar nombres–, presentó una controversia para quitar ese artículo transitorio y el Poder Judicial, la Suprema Corte (de Justicia de la Nación), le dio la razón al titular del Ejecutivo en 2004.
Entonces, todo esto se tiene que conocer y que los ciudadanos tengan todos los elementos, independientemente de si existen delitos de omisión, independientemente de eso, que nos enteremos, porque parece como si esto hubiese surgido de la noche a la mañana. (Eso fue) en 2004, porque esto viene de tiempo atrás. Hay quienes piensan que fue en el sexenio pasado, (pero) no. Esto viene de tiempo atrás.
También anunció que el lunes próximo les vamos a dar a conocer cómo utilizaban los ductos (propiedad de la nación y administrados por Pemex) para almacenar gasolina robada. Se robaba combustible a la ex paraestatal y se utilizaba su propia infraestructura para tener a buen resguardo el producto del hurto. Negocio redondo.
Pues bien, ¿quién era titular del Ejecutivo en 2004? ¿Quién despachaba en Los Pinos? El inefable Vicente Fox Quesada (junto a Martita Sahagún y sus hijos) hizo de todo, menos lo por él comprometido en campaña: el cambio que supuestamente representaba y promovía (“en menos de 70 días podemos terminar con más de 70 años de malos gobiernos; hoy, tú y yo podemos escribir la historia… vota por el cambio”). En los hechos, este accidente de la historia política del país actuó como cualquier priísta de baja ralea, al fortalecer las prácticas corruptas.
Fue Fox quien anunció (en 2003) la primera estrategia integral contra el robo de combustible, y el resultado fue desastroso: durante su administración el número de tomas clandestinas se multiplicó por tres y su natal –por adopción– Guanajuato se convirtió en el estado número uno en dicho ilícito (después rebasado por Puebla e Hidalgo).
Entonces, en el inventario de responsables del saqueo –por comisión u omisión– aparece, pues, un ex inquilino de Los Pinos. Pero, por aquellos ayeres, ¿quién era el secretario de Energía? El mismísimo Felipe Calderón, quien terminaría –haiga sido como haiga sido– instalado en Los Pinos.
A lo largo del sexenio calderonista el número de tomas clandestinas se incrementó 755 por ciento, con todo y que en esa administración se puso en marcha otro plan integral para combatir dicho ilícito. Y el michoacano participó en los dos: primero como titular de la Secretaría foxista de Energía y después como inquilino de Los Pinos.
En 2004, Raúl Muñoz Leos era el director general de Petróleos Mexicanos, ex empleado de la trasnacional Dupont que dedicó más tiempo y dinero (de Pemex) a las cirugías plásticas de su esposa que a combatir el robo de combustible, al que estaba obligado por ley. Lo peor del caso es que a finales de ese año fue sustituido por otra joya: Luis Ramírez Corzo (ex director de Exploración y Producción de la propia ex paraestatal), oscuro funcionario hoy dedicado a negocios privados con el petróleo de la nación.
Las rebanadas del pastel
Se destapó la cloaca, pero falta mucho por ver, porque el atraco al país no se limita a Pemex. Donde se aprieta sale pus.

El crimen organizado: la anatomía profunda



Durante años, sociólogos, historiadores y politólogos se han preguntado por la mecánica profunda que, desde hace más de una década, hizo posible la multiplicación abrasiva y exponencial de lo que hoy bien podrían llamarse las industrias del crimen organizado. El término de industria no sólo alude a su extensión, masividad y febrilidad, sino a su estructura misma: conglomerados basados en una compleja división del trabajo, que requieren de miles y miles de reclutas, sicarios, especialistas y laborantes y son capaces de adaptarse a las circunstancias del robo de combustible en un ducto remoto que atraviesa la Sierra de Puebla o a la exportación masiva y cotidiana de gas líquido desde Tamaulipas para surtir a empresas de la Shell o la Texaco.
La teoría común es que su origen se remonta a los años 80 cuando los cárteles mexicanos ingresaron al mercado global del narcotráfico. A partir del sexenio de Fox sus dominios se habían extendido a la venta de protección, el derecho de piso, la extorsión y el secuestro. Hasta llegar a anclarse en territorios fijos en una simbiosis con ciertos aparatos del Estado y los cuerpos policiacos y militares. Pero si se observa con el mínimo detalle la actual campaña contra el huachicoleo, los pronósticos que se hacían sobre los alcances de la colusión entre la esfera política y el crimen organizado se quedan en las minucias. Sea cual sea la cifra inferior que se deriva del robo y venta ilegal de combustibles –¿30 mil mdp?, ¿40 mil mdp?, ¿50 mil mdp?– , se trata de estructuras criminales de proporciones gigantescas, con ingresos fijos, mercados extensivos, redes de influencias de dimensiones nacionales e incluso trasnacionales. Y todo esto tan sólo por el concepto de robo de combustibles.
Si se repasan algunas de las crónicas que periodistas y reporteros elaboraron en los pasados años, la geoeconomía de las industrias del crimen ha devenido pasmosa. Situadas ya en múltiples ramas de la producción y el consumo, sus dominios actuales alcanzan la industria energética (Pemex y CFE), la farmacéutica (robo y reventa de medicamentos destinados a la salud pública), el sistema financiero (lavado de dinero, sistemas compulsivos de préstamos, fraudes en nóminas casi siempre de trabajadores del Estado), la minería (expropiación de territorios, microestados de excepción), la expoliación de migrantes en camino hacia Estados Unidos, la construcción y la vivienda y tantas otras. La lista es ya larga y crece día a día. Ni hablar de los ingresos crecientes que provienen del propio narcotráfico, que hoy incluyen a sus versiones químicas y la exportación de heroína.
Una hipótesis inicial podría ser la siguiente: se trata de una auténtica zona negra de la economía nacional en la que se abducen capitales del Estado para transferirlos a la reproducción de un capital fantasma, en manos sobre todo de las empresas globales. Coca-Cola es un buen ejemplo de ello (es decir, Femsa).
La cruzada contra el robo de combustibles que AMLO mantiene nerviosamente en sigilo, arroja ya preguntas cuyas respuestas nadie parece tener en la mano. ¿Cómo combatir todo esto? No se trata tan sólo del capo de un cártel. Aquí están involucrados administradores de Pemex, partes del sindicato, miembros del ejército, gobernadores, gasolineras, empresas enteras, etcétera. Si a Pemex se le han extraído durante años 20 por ciento de sus ingresos, no es casual que su deuda se encuentre en la estratósfera. Todo con el fin de mantener la estabilidad y la gobernabilidad –como se vio durante la semana del desabasto.
Una parte de la opinión pública clama, con razón, por arrestos, juicios y prisión a los responsables. La pregunta es por dónde comenzar. ¿El funcionario de Pemex? ¿El delegado sindical? ¿El administrador de la empresa que adquiere el huachicol? ¿El banco que admite los depósitos del cártel negro? ¿Los capos huachicoleros? ¿El militar que se hizo de la vista gorda? ¿Los dueños de las gasolineras? No alcanzarían ni los juzgados ni las cárceles. Para erradicar una estructura social hay que modificar las bases mismas de esa estructura y sustituirla por una nueva. Esta estructura se llama hoy: los narcomercados. Ese es el legado central de los regímenes que se iniciaron con Salinas y culminaron con el de Peña Nieto. ¿Es posible transformar a un narcomercado en una sociedad de mercado en la que sus agentes y sus reglas se rijan por la mínima legalidad y transparencia?
No es la primera vez que un proceso de modernización desemboca en un abismo parecido. Sucedió en el siglo XVIII en Inglaterra y en el siglo XIX en Estados Unidos. Max Weber lo llamó un capitalismo de bucaneros. Ambas sociedades lograron sortear la desgracia.
La estrategia de AMLO persigue desfondar socialmente al crimen organizado –sin duda una innovación- y reforzar la capacidad coercitiva de la presidencia –la Guardia Nacional–. El dilema es que sin una nueva institucionalidad social, esto desemboca inevitablemente en el reforzamiento de la presidencia en sí. La más antigua y perentoria de las opciones de la política mexicana.

Indagan saqueo a Pemex vía contratos con Air Liquid y Linde Hidrógeno

Revisan pactos con el SME

Revela la secretaria de Energía que el suministro para refinerías es oneroso y debe pagarse aunque no se use

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, informó que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación investigarán el quebranto que sufrió Petróleos Mexicanos en la administración pasada, por la adjudicación directa de dos contratos que Pemex Transformación Industrial otorgó a las empresas Air Liquide México SA de RL y Linde Hidrógeno SA de CV, para el suministro de hidrógeno en las refinerías de Tula y Madero, respectivamente.

Fraude en venta de plantas
En la conferencia matutina del jefe del Ejecutivo, Nahle explicó que esas plantas, que eran de Pemex y estaban dentro de las refinerías, se entregaron a las firmas particulares supuestamente para mejorar la calidad del suministro del gas y evitar los paros programados. Sin embargo, esto no fue cierto, dijo la secretaria.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador anució que se revisan los contratos que otorgó el gobierno pasado a trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que se asociaron con la transnacional Mota Engil, cuando les devolvieron las plantas hidroeléctricas de Necaxa que pertenecieron a la extinta Compañía Luz y Fuerza. Y si hay denuncia, van a seguir su curso en las instancias correspondientes, expresó.

Pretenden reunificar a los electricistas
Resaltó que el SME era un sindicato ejemplar, era el sindicato posiblemente más democrático de México durante muchos años, hasta que lo quebraron, lo destruyeron con saña en el periodo neoliberal. El presidente dijo que se tiene buscar una solución al conflicto que se originó con el despido de más de 40 mil trabajadores de aquella empresa y pidió a la secretaria de Energía buscar la forma de unificar a estos trabajadores, tomando en cuenta también la opinión de los antiguos dirigentes, porque, añadió, complica la situación el hecho de que están divididos.
Nahle abundó, en su oportunidad, que el contrato entre Pemex y Air Liquide fue de 51 millones de dólares más IVA, con una duración de 20 años para surtir 81 millones de pies cúbicos de hidrógeno, cuando el avalúo reportó un costo de 48 millones 347 mil dólares. Esta adjudicación obliga a Pemex a pagar el equivalente a un millón dólares por mes a la empresa de origen francés surta o no hidrógeno.
El contrato entre Pemex Transformación Industrial y Linde Hidrógeno, en tanto, fue por 31 millones 893 mil dólares más IVA, mientras el avalúo arrojó 29 millones 145 mil de dólares para surtir 42 millones de pies cúbicos del gas por 20 años. Pemex debe pagar 16 millones de pesos al mes a la empresa para que nos surta de hidrógeno, se ocupe o no.
La funcionaria detalló que la investigación sobre estas operaciones deberá incluir que las plantas de hidrógeno se vendieron muy baratas. Y puso como ejemplo que adquirir una para la refinería de Salina Cruz, como para 22 millones de pies cúbicos, tendrá un costo de alrededor de 100 millones de pesos.

Periódico La Jornada

En 2004 Fox frenó plan contra el robo de gasolina, revela AMLO

El huachicoleo, anterior a Peña

Por medio de la SCJN evitó que se utilizara una sustancia para marcar el combustible de Pemex, aseguró


Foto
▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que “hay huachicol en distintas áreas del gobierno: la industria eléctrica, la compra de medicinas y la construcción de obras”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en 2004 el entonces titular del Ejecutivo, Vicente Fox (cuyo nombre no mencionó), presentó una controversia constitucional para quitar el artículo transitorio del Presupuesto de Egresos que permitía adquirir una sustancia para marcar la gasolina, lo que evitaría el robo de combustible. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación –que entonces presidía el ministro Mariano Azuela Güitrón–, refirió, le dio la razón.
El Ejecutivo en ese entonces, no voy a mencionar nombres, presentó una controversia para quitar ese artículo transitorio y el Poder Judicial, la Suprema Corte, le dio la razón al titular del Ejecutivo, subrayó el Presidente, a lo que reporteros respondieron en su conferencia mañanera: Fox.
López Obrador subrayó la importancia de dar a conocer la información para que los ciudadanos tengan todos los elementos, independientemente de si existen delitos de omisión. Que nos enteremos, porque parece como si esto hubiese surgido de la noche a la mañana.
Hay quienes piensan, dijo, que lo del saqueo de combustible fue en el sexenio pasado. No, esto viene de tiempo atrás, y entonces refirió lo ocurrido en 2004, cuando se aprobó el artículo transitorio en el presupuesto para adquirir una sustancia que permitiera distinguir la gasolina robada de la de Petróleos Mexicanos.
El mandatario federal aseguró que “está plagado el gobierno de huachicol: hay huachicol en las distintas áreas del gobierno, huachicol en la compra de medicinas, huachicol en la industria eléctrica, huachicol también en la construcción de obras, huachicol arriba y abajo. Y vamos a terminar con el huachicol, vamos a terminar con la corrupción y se va a revisar todo, no va a haber impunidad”, sostuvo.
Al informar que el lunes dará a conocer cómo se utilizaban ductos para almacenar gasolina robada, el Presidente pidió de manera respetuosa, fraterna, cariñosa a los que se dedicaron a defender al régimen corrupto, sobre todo a la política económica neoliberal ya no seguir en la autocomplacencia porque es el tiempo de la autocrítica.
Aseveró: “Es tiempo de rectificar y de hacer una revisión, en lo personal, de cómo fue que se toleraron estos atracos, estos abusos; qué responsabilidad tenemos cada uno de los mexicanos.
Vamos a ayudar a que se limpie el país de corrupción después de que, agregó, se dedicaron a hacer negocios, a transferir bienes públicos a particulares; predominó el soborno, el beneficio personal, se abandonó al pueblo.
También destacó la participación de la ciudadanía para combatir la sustracción de combustible.
Arturo Jiménez Martínez, comisionado general de la Policía Federal, indicó que la comunidad de Tlahuelilpan les informó sobre la existencia de 14 tomas clandestinas de altísimo riesgo en ductos de Pemex, ubicadas en las inmediaciones del municipio, que ya fueron inhabilitadas. Se le dio vista a seguridad física de Pemex, al Ministerio Público Federal y se procedió con toda la cautela a asegurar cada una de las tomas.
En tanto, el gobierno federal relanzó la aplicación GasoApp: Quién es quién en el precio de las gasolinas, de la Comisión Reguladora de Energía, para que los consumidores conozcan dónde se vende más barato el combustible, con actualizaciones cada hora.
De su lado, Rocío Nahle, secretaria de Energía, informó que con la app AmigaGas se podrán ubicar centros distribuidores de gas, comparar precios, consultar números de contacto para realizar pedidos e incluso verificar el permiso de vehículos expendedores.

Foto Pablo Ramos
Periódico La Jornada

¿Qué hace Óscar Vela en Infonavit?



En reuniones del periodo de transición, Carlos Martínez, nuevo director del instituto, recibió un libro gracias al cual comprendió que Infonavitdebe ser más cercano a la gente. Luego relató que ese libro era un diccionario con la terminología especializada institucional: piénsenlo un momento ¿cómo podemos tener una institución cercana, transparente y sensible si requerimos un diccionario para traducir nuestra labor? Hay que replantear su misión en beneficio de los trabajadores.
Muchos, continuó, no conocen sus derechos. Es más, agregó, muchos de los trabajadores jóvenes han dejado de pensar en las prestaciones sociales como un derecho que se puede exigir ( El Economista, 17/12/18); tal y como establecen los artículos 17, 25 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –y su protocolo– respecto a la vivienda.
En efecto, es el resultado directo de 36 años de acoso neoliberal contra los trabajadores de nuevo ingreso. Y, ciertamente, a esa percepción de los jóvenes ha contribuido el ex funcionario hacendario Óscar Vela, ahora, subdirector de Planeación y Finanzas del Infonavit/Martínez quién –defendiendo a capa y espada el fallido diseño de los 21 años del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), propuso fortalecer las pensiones autofinanciadas amputando el derecho a la vivienda de esos jóvenes.
En 2016, siguiendo al FMI el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, consideró como una opción fortalecer la integración de las contribuciones obligatorias al Infonavit con el sistema de pensiones. Como antes sostuviera Vicente García desde la dirección general adjunta de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de SHCP, Óscar Vela –entonces responsable de esa unidad– estimó (2017) que integrar hoy el ahorro para vivienda al fondo para retiro, elevaría las aportaciones para pensión de inmediato. Esa integración añadiría, 5 puntos de aportaciones que suman 6.5 por ciento entre patrón, trabajador y gobierno, llevándolas a 11.5 por ciento.
Convencido de su verdad, Vela todavía dictó una segunda ola de reformas en que México tiene que estar preparado para diseñar, proponer y luego implementar cambios que van a afectar a las próximas generaciones. Exacto: su dictado afectaría a los jóvenes con la integración del ahorro para vivienda al fondo de retiro, y a los jubilados y pensionados con la hipoteca inversa. Con esta nueva figura, sostuvo, un pensionado podrá vender su casa a una institución financiera y vivir en ella, recibir el pago mes a mes –de por vida– y entregarla cuando fallezca. Esa hipoteca ya se emplea en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y España, remató.
¡Más claro ni el agua! Con ese diseño del FMI/Meade/García/Vela –preservando sin cambios los fallidos 21 años del SAR–, la siguiente generación, los jóvenes, perderá por partida doble: tanto su derecho a una vivienda digna, además de que, por la hipoteca inversa, nada heredarán. Por su parte, jubilados y pensionados verán escurrírseles entre los dedos un patrimonio –ganado a pulso– gracias a una leonina hipoteca inversa, nueva figura que tanto entusiasma a Óscar Vela.
En 2017 –desde la SHCP-Peña–, Vela, actual subdirector del Infonavit, aún se atrevió a comunicar que ante la necesidad de un esquema pensionario que integre todas las fuentes de ingresos del trabajador y que sea efectivo al monetizar su fondo, las autoridades involucradas ya buscan los elementos para cambiar; ya se delimitan los elementos que se tienen que reformar: algo importante a incorporar es la vivienda: se trabaja con Infonavit. ¿Ese es el trabajo que lo trae, ahora a colaborar, justamente, en el Infonavit de la Cuarta Transformación?
Aunque ocurre que el punto de vista del nuevo director del Instituto, parece ser claramente otro. En diciembre 2018, Carlos Martínez estableció: enfrentamos retos que tienen origen en decisiones pasadas y, respecto al manejo del ahorro en la subcuenta de vivienda, puntualizó: en la actualidad no se resuelve el problema de fondo del sistema pensionario que es la tasa de remplazo. Al final recibes lo que tienes en la Afore más la subcuenta de vivienda. Lo que se tendría que buscar sería un mecanismo para aumentar la tasa de remplazo. Es claro que Infonavit, dentro de sus facultades, puede manejar el ahorro de los trabajadores de manera correcta arrojando rendimientos muy buenos ( El Economista, 10/12/18). Entonces, el problema de fondo no se resuelve amputando a los jóvenes su derecho a la vivienda y despojando a los adultos mayores de su patrimonio.
No parece que la presencia de Óscar Vela en Infonavit sea la mejor manera para que, ya sin libro, Martínez acerque ese instituto a la gente y al ofrecido Estado de Bienestar.
*UAM-Xochimilco

Incertidumbre ciudadana y derechos humanos



El 5 de febrero de 2017 se aprobó la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX), uno de los documentos de mayor profundidad que se han producido en las décadas recientes en América Latina. La centralidad de los derechos humanos, de la participación ciudadana y el derecho a la ciudad son algunos de los temas innovadores que, a la vez, expresaban las principales demandas de quienes habitamos en este espacio. Sin embargo dos años después, cuando debe entrar en vigor una de las principales leyes derivada de esta constitución, la Ley Constitucional de Derechos Humanos, prevalece la incertidumbre sobre su contenido. El artículo octavo transitorio de la CPCDMX estableció el primero de febrero de 2019 para el inicio de vigencia de la mencionada ley.
Ahora bien, el pasado diciembre fue aprobada por mayoría de dos tercios del Congreso, como debe serlo toda ley constitucional. Pero es la hora en que el texto aprobado aún no se publica ni en la Gaceta del Congreso ni en la Gaceta de la Ciudad de México. Esta omisión ha generado diversas hipótesis de explicación. Por un lado están quienes señalan que este retraso se debe a las observaciones de la Jefatura de Gobierno, pues la propia constitución le da al Ejecutivo la facultad de hacer observaciones a las leyes y decretos aprobados por el Congreso. Éste además está obligado a discutirlas con dos opciones, incorporarlas, o bien ratificar lo aprobado por mayoría de dos tercios. Con lo cual el texto inicial queda en firme. Es difícil, sin embargo, pensar que ésta sea la razón, puesto que la propia CPCDMX exceptúa de este proceso a las leyes constitucionales, como es el caso de la de derechos humanos.
En efecto, el artículo 30, 5, en el que la Constitución establece el proceso que se sigue de las observaciones del Ejecutivo, se señala que “Quedan exceptuadas las reformas constitucionales, las normas aprobadas mediante referéndum, las leyes constitucionales, las normas de funcionamiento del Congreso…”. Desechada entonces la hipótesis de las observaciones del Ejecutivo, aparece otra, la de las debilidades internas de la ley constitucional. Para su elaboración se presentaron tres iniciativas, la de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, la del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, y la de una diputada del grupo parlamentario del PAN. Las dos primeras eran al menos fáciles de conciliar.
Por ello resulta sorprendente que a última hora los diputados –y algunas organizaciones no muy conocidas– hayan introducido añadidos y omisiones de primera importancia, que no abonaron a la mejoría de la ley y sí a su confusión. Pusieron además en cuestión el proceso participativo que había seguido la comisión de derechos humanos del Congreso, que si bien no fue todo lo amplio que hubiera sido conveniente, sí lo fue más que las opiniones de quienes introdujeron cambios de última hora.
Por tanto, puesto que aún no hay publicación oficial, desde la ciudadanía no hay certeza sobre el resultado. Indagando se me envío un texto que se presenta ya como el decreto surgido del Congreso y suscrito por su presidencia. Si ese fuera el producto resultante, sería de suma preocupación que entrara en vigor el próximo primero de febrero. Veamos algunas de sus dificultades.
Es difícil encontrar diferencia de fondo entre algunos artículos, pues por un lado el artículo 18 establece que las políticas públicas tendrán como guía para su diseño, ejecución y evaluación el derecho internacional de los derechos humanos, la Constitución federal, la Constitución local, el programa de derechos humanos y los diagnósticos realizados por el sistema integral, (junto) con los aportes de los organismos nacionales e internacionales relevantes en la materia y la información estadística generada por las instancias locales y federales responsables; y por otro lado el artículo 128 prescribe que Las políticas públicas tendrán como guía para su diseño, ejecución y evaluación el derecho internacional de los derechos humanos, los diagnósticos realizados por el sistema, los aportes de los organismos nacionales e internacionales relevantes en la materia, y la información estadística generada por las instancias locales y federales responsables.
Además, se habla de que hay un programa de derechos humanos, al cual se le menciona, pero no se le define. La CPCDMX sí lo hace con toda claridad. Pero en la ley no hay ni siquiera una referencia a los artículos correspondientes. Se habla del sistema integral, aunque en el glosario de la ley éste nunca aparece, como que sí aparece con toda claridad en la Constitución. No es cualquier cosa omitir la función del sistema integral de derechos humanos, ni la del programa que le corresponde elaborar. Justo en ellos la CPCDMX incorporó la participación de la ciudadanía. Esperemos que no sea ésta la causa de la omisión de estas importantes figuras. Es difícil encontrar alternativas legales a tan grandes problemas. Es en cambio de sabios rectificar.

Los cineastas mexicanos frente a Roma



Desde que el primer cineasta mexicano, Salvador Toscano, escogió el ángulo exacto para dejar un testimonio veraz del paso triunfante de la revolución armada, y hasta que Rubén Gámez nos hiciera entender de una buena vez, en La fórmula secreta, testimonio filmado desde el mismo ángulo, para mostrarnos cómo esa misma revolución armada se había engañado a sí misma volviendo sobre sus pasos de puntitas, lo sobresaliente del cine nacional transcurrió entre la comercialización de esa revolución abortada y convertida en un mito intocable, así como en todo un repertorio posible de copias calcadas del teatro de farsas de bulevar.

Tendrían que imponerse los talentos de Julio Bracho, Isamel Rodríguez y Luis Buñuel, para que el cine mexicano dejara de ser un entretenimiento de poca monta. Luego, y sin escalas, el cine mexicano, entró por la puerta del olvido... y de las canciones. Su prestigio pertenecía a su prehistoria, ignorada por la mayoría.

Es hoy, cuando Roma, de Alfonso Cuarón, resurge como la obra de un cineasta capaz y consciente de su clase social, retomando con fibra la estafeta extendida por Jorge Fons, Paul Leduc y Arturo Ripstein, los realizadores de los años 70 del siglo pasado, ahora arrinconados por haber sido representantes de un cine veraz e inflexible en su propuesta.

La oferta que representa Roma, de Cuarón, no se mide sólo en su virtud de ser una película de calidad internacional, sino, además, nos ofrece la confirmación de un cineasta recio y buen conocedor de a quien representa hoy, en un país devastado por la corrupción y colgado de la brocha, que tiene la esperanza puesta en sus creadores, en que no den la espalda a un futuro distinto.

* Cineasta