iniciativa Lozano. Se trata de una larga lista de cambios cuya exposición de motivos se centra en la necesidad de reducir derechos laborales para supuestamente lograr mayor inversión y empleo. Tesis profundamente equivocada, ya que las dificultades que sufre nuestro sector productivo no devienen de la existencia de altos salarios, ni del ejercicio de los derechos colectivos, sino de un modelo económico que ha debilitado el mercado interno, los niveles de vida y las posibilidades de sobrevivencia de la pequeña y la mediana empresas, las cuales crean más empleo.
La reforma planteada fue elaborada sin la participación de especialistas, de la academia, del sindicalismo democrático, de las organizaciones de medianos y pequeños empresarios y aún de los propios legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), quienes hoy se encuentran ante el dilema de aprobar propuestas contrarias a sus principios. También fue ajena a las experiencias internacionales exitosas, y contraria a las recomendaciones de los organismos especializados como la Organización Internacional del Trabajo, que recientemente ha condenado prácticas que hoy pretenden adquirir estatus de ley.
Es falso que esta iniciativa retome las propuestas elaboradas en el pasado por distintos partidos políticos. Sus golpes más duros contra los trabajadores ni siquiera estaban contenidos en la antigua propuesta Abascal
presentada en 2002. Es más, si se compara con la iniciativa panista elaborada en 1995 por su fracción parlamentaria en la Cámara de Senadores, hoy se propone exactamente lo contrario. En aquel entonces, el PAN planteó suprimir las juntas de Conciliación y Arbitraje mediante jueces de lo social, que resolvieran con imparcialidad y eficacia los juicios laborales; también un sistema laboral respetuoso de la libertad de asociación y nuevas formas de contratación colectiva. La actual iniciativa es producto de una negociación entre el viejo y corrupto corporativismo sindical, que a cambio de no sufrir afectación a su privilegiada condición, admite esquemas de flexibilidad unilateral en la fijación de las condiciones de trabajo, aunque esto implique cancelar su reducido espacio de maniobra frente a la fuerza empresarial.
La llamada iniciativa Lozano
facilita el despido libre de los trabajadores creando nuevas figuras de contratación temporal, aun tratándose de actividades de carácter permanente; da forma legal a mecanismos de subcontratación hasta ahora prohibidos por la ley; permite a los empresarios correr a los trabajadores incluso sin justificación cuando tengan una antigüedad menor de tres años y, en caso de juicio, pone un límite a los salarios caídos hasta un máximo de seis meses, no importando que el juicio dure cuatro o cinco años, como sucede en la práctica, facilitando la impunidad patronal. En términos reales, deja a los trabajadores en estado de indefensión.
Esta iniciativa cancela la libertad de asociación en nuestro país, ya que cierra las dos únicas rendijas que permitían subsistir a un reducido número de sindicatos independientes. Nuestro país es el único en el mundo donde los patrones escogen al sindicato para firmar el primer contrato colectivo de trabajo al que estarán obligados a afiliarse los futuros trabajadores. Las únicas opciones para superar esta imposición son intentar cambiar de sindicato o buscar la firma de un contrato colectivo mediante un emplazamiento de huelga; la iniciativa impone obstáculos imposibles de superar para lograr estos fines. Reclama como requisito de procedibilidad
que los trabajadores antes del juicio desahoguen un procedimiento administrativo registral que los obliga a exhibir los nombres, las firmas y los documentos de los trabajadores inconformes y a obtener la autorización previa de la autoridad registradora, que en el caso de las juntas de Conciliación y Arbitraje están integradas, ni más ni menos, que por el patrón y el líder sindical a quien pretenden demandar. Estos absurdos requerimientos han sido descalificados en todos los foros académicos e internacionales; sin embargo, la fuerza de los abogados empresariales que quieren consolidar el negocio redondo de los contratos de protección patronal lograron imponer.
Sin exagerar, se puede afirmar que de aprobarse la iniciativa Lozano
no podrá subsistir un solo sindicato democrático en México; se obligará a la acción sindical clandestina, como ha operado en los gobiernos dictatoriales, condición que no sólo lesiona a los trabajadores, sino al propio empresariado, que se verá obligado a negociar con corrientes sindicales que no podrán dar la cara. En otras palabras, será imposible la concertación con transparencia, responsabilidad y buena fe, como es propio de una contratación colectiva moderna.
Si bien se presenta como una iniciativa en favor de la equidad de género, al analizar sus propuestas específicas se acredita su artificialidad. En cambio, cuando se trata de destruir a sindicatos democráticos, como los de pilotos aviadores y sobrecargos del sector aéreo, es contundente su sentencia: no podrán ser titulares de contratos colectivos. Así lo pidieron los propietarios de las aerolíneas de bajo costo acostumbrados a sindicatos blancos.
Urge democratizar la discusión sobre el mundo del trabajo que requiere nuestro sector productivo. No cabe duda: es necesario un cambio que concilie productividad con distribución de beneficios, una flexibilidad racional con esquemas de concertación moderna y una efectiva libertad de asociación con nuevos paradigmas de responsabilidad. Lo han logrado otros países y no existe motivo alguno para que en el nuestro esto no sea posible. Sí a la reforma laboral, no a ésta.
Los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron ayer, en la Cámara de Diputados, un proyecto de reforma de la ley laboral que busca, a decir del blanquiazul, colocar al país en la
modernidaden materia de trabajo
sin afectar los derechos consagrados en el artículo 123de la Constitución.
Entre otros puntos, la iniciativa panista propone regular la figura de la subcontratación o outsourcing; contempla incluir en la legislación modalidades de contratación por hora y temporada; plantea limitar el pago de salarios caídos; incorpora la multihabilidad
obligatoria –a efectos de que los empleados desarrollen diversas funciones–, e incluye la obligatoriedad del arbitraje en los conflictos de huelga, así como nuevos requisitos para el trámite de emplazamientos a huelga. También plantea obligar a las dirigencias gremiales a difundir información sobre la administración de sus recursos y sus estatutos.
Sin soslayar la necesidad de llevar a cabo una reforma laboral que contribuya a mejorar la situación laboral del país –en la que convergen la escasez de empleos formales, el ensanchamiento de la informalidad, el pago de salarios insuficientes para la cobertura de las necesidades básicas y el despojo sistemático de los derechos más elementales de los trabajadores– y sin soslayar la pertinencia de algunos de los puntos de esta iniciativa –difícilmente se podría estar en desacuerdo con la proscripción del trabajo de menores de edad, la democratización sindical y las medidas orientadas a la equidad de género en el ámbito laboral–, cabe preguntarse hasta qué punto esta iniciativa contribuirá al bienestar de los asalariados. Llama la atención, en primer lugar, que se pretenda incluir en estas reformas el reconocimiento de la subcontratación, el pago por horas, los contratos por trabajo a prueba y por capacitación, el establecimiento de la figura de multihabilidad y demás medidas que parecen orientadas, más que a proteger a los empleados, a quitar responsabilidades patronales, profundizar la precarización y la incertidumbre laboral que privan en el país e incentivar la proliferación de empleos eventuales y mal remunerados.
Por otra parte, no puede escapar al análisis el hecho de que la presentación de esta iniciativa tiene dos elementos de contexto insoslayables: por un lado, el refrendo y las alianzas del grupo en el poder con algunas de las expresiones más recalcitrantes y antidemocráticas del sindicalismo charro –como las cúpulas que controlan los sindicatos de maestros y petroleros, o la propia CTM, alabada en días recientes por el titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, como una de las organizaciones obreras más serias, responsables y sensatas
– y, por el otro, una cruzada oficial contra el sindicalismo independiente, como se ha visto con la embestida gubernamental en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas y su entorno social de apoyo tras la extinción, por decreto presidencial, de Luz y Fuerza del Centro. En ese sentido, es obligado preguntarse si, de ser aprobada esta reforma, los mecanismos de transparencia y democratización
sindicales no se aplicarán en realidad de manera selectiva, como medio de golpeteo político en perjuicio de gremios considerados opositores.
Otro aspecto criticable del proyecto de reforma es que los legisladores panistas planteen elevar los requisitos necesarios para el emplazamiento a huelga y el establecimiento del arbitraje obligatorio en los conflictos –lo que abriría la oportunidad para que la autoridad respectiva dé por terminados los paros a su criterio– y no hagan lo propio con la creación de un verdadero órgano jurisdiccional en materia laboral que esté bajo control de jueces autónomos. Tal omisión es improcedente no sólo porque deja de lado una añeja demanda de sindicalistas, juristas y especialistas de la academia, sino porque de esa forma mantiene la facultad de la resolución de los conflictos laborales en manos las juntas de Conciliación y Arbitraje, instancias alineadas bajo la mascarada de un falso tripartidismo, a los designios del grupo político-empresarial que gobierna el país.
En suma, y a reserva de lo que ocurra en el debate legislativo sobre las reformas comentadas, es claro que éstas encierran, en su formulación presente, elementos que agudizan la incertidumbre y precariedad laboral en el país.
testigo de honor, indican que Carlos Salinas pudo haber puesto sobre la mesa un pacto que está descarrilando a un tiempo la formidable locomotora priísta de 2012, la segunda (¿última?) presidencia panista y la vapuleada credibilidad de nuestro enclenque Poder Legislativo. (¿Alguien sostiene aún que el PRIAN es sólo un mito en la imaginación calenturienta de algunos comentaristas políticos?)
¿Por qué continúa César Nava al frente del partido? ¿Por qué sigue Paredes al frente del suyo, después que de motu proprio, o inspirada por Salinas, abrió su juego y destapó antes de tiempo (¡anatema!) a Enrique Peña Nieto como candidato de la unidad revolucionaria? Un destape al estilo del convulsionado siglo XXI (y un hundimiento del partido en el poder comparable al del Titanic, o al de la presidencia de Fox, que para el caso es lo mismo). Me van a extrañar
, vaticinó el ranchero dicharachero de Guanajuato. ¡Y tuvo razón! (Para él las alianzas tienen como único propósito darle en la madre
a otro partido.)
He escuchado las versiones de los firmantes y del testigo de honor
. Y si bien es cierto que el recuento de versiones y comentarios revela el propósito, la identidad del gran actor emboscado, y los motivos para no protocolizar un documento avalado por testigos (uno por cada parte), nada sustituye la lectura del documento. Es la única manera de analizar su estructura legal y los alcances políticos. Ahora, envueltos en el escándalo, los causantes agraviados exigimos conocer el texto utilizado para amarrar
la candidatura presidencial de Peña Nieto, a cambio de aumentar la carga impositiva de contribuyentes doblados por la peor crisis económica de la historia: tras recesión aniquilante, desempleo masivo y emergencia de salud, ¿ahora más impuestos para detener alianzas electorales? Si París bien vale una misa, como dijo otro Enrique, el IV de Navarra, para acceder al trono de Francia, la Presidencia de México bien vale uno por ciento de IVA. ¡Qué tanto es tantito!
El pacto reveló las miserias de nuestro sistema político. ¿Priístas, antaño defensores de obreros, campesinos y clases populares, pactando con el PAN un ofensivo aumento de impuestos para blindar con dos años de anticipación la candidatura de Peña Nieto? ¿Panistas, otrora enemigos acérrimos del PRI, protegiendo la candidatura de Peña Nieto a cambio de votos para apoyar el paquete fiscal de Calderón? (Oh, maestro Salinas, padre del PRIAN, ¡qué manera tan obvia de mostrarnos la mano con la que agitas las aguas negras de la política nacional!)
En un país acostumbrado a escándalos políticos de corta duración, el pacto no debería ser uno más. Es un tema de importancia nacional, que revela como nunca la realidad de nuestros gobernantes, dirigentes partidistas y representantes populares: han rebasado finalmente los límites de la decencia, la impunidad, la prepotencia, el cinismo y la codicia. ¡Que se vayan todos!
En cuanto al pacto vergonzante que todos quieren ocultar, ¿lo redactó el abogado Gómez Mont, para después firmarlo como testigo de honor
? Aunque rechazó enérgicamente que el pacto se reduzca a votos por impuestos
, reconoció que el propósito era obtener el voto del tricolor a favor del dictamen de la Ley de Ingresos, a cambio de no celebrar alianzas de determinadas características
en el estado de México. ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué antecedentes hubiera insertado un notario? Yo hubiera comenzado por afirmar: “el PRI declara ser un partido político debidamente registrado, fundado por Plutarco Elías Calles, modificado por el patriota Lázaro Cárdenas y adaptado para los gobiernos civiles por Miguel Alemán; un partido que antaño fue de obreros, campesinos y clases populares, y hoy es tristemente manipulado por el ex presidente Salinas, padre del PRIAN, en beneficio de los poderes fácticos”. ¿Y qué declaraciones haría el PAN, que “reconoce ser el ala derecha del PRIAN, sumido en la debacle, y con una agenda que requiere la ayuda del PRI para hundir aún más a los contribuyentes, salvar lo que queda del sexenio y retener la Presidencia en 2012”?
Para qué especular, si ya lo dijo Peña Nieto: papelito habla
. Déjense de retóricas rebuscadas y muéstrenlo al pueblo. ¡Que juzguen los contribuyentes!
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