5/02/2013

Los periodistas pal cafe....




Al menos en este primer tramo, el más difícil y riesgoso, hubo preferencia por el diálogo y la negociación en la UNAM, de tal manera que se conjuró la absolutamente indeseable opción de la acometida policiaca para enfrentar un problema que, con todos sus claroscuros, tiene origen y significación política y social.
El rector José Narro hizo uso de todas las fórmulas de presión a su alcance, incluso la solicitud de que la fuerza pública desalojara la torre de rectoría (amago que, según relató ayer el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, habría quedado sólo en eso a petición del propio Narro, quien pidió que se preservara el espacio para la negociación, dejando que el asunto universitario fuese resuelto entre miembros de esta comunidad). Sin embargo, y a pesar de la presión de quienes empujan en busca de mano dura ante disidencias extremas (y del peligro de enfrentamientos entre quienes mantenían tomada esa torre y quienes deseaban su liberación, incluso por métodos también violentos), la rectoría envió a los ocupantes una propuesta de diálogo a través del abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez (especializado en atención institucional de conflictos políticos desde que estaba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos), que constituyó la puerta de salida en lo inmediato.
Por su parte, los jóvenes instalados en el centro del torbellino universitario tomaron la propuesta no como un triunfo sino como una posibilidad. Nada se les garantiza luego de que salieron de la torre de rectoría. Solamente un diálogo que podría quedar en un ejercicio infructuoso más, de los muchos que suele producir la burocracia gobernante para aparentar que atiende y entiende los conflictos. Ayer mismo, el propio Narro agregó al formato propuesto por González Pérez y aceptado por los estudiantes la variante de la identificación de los participantes en el diálogo, como si no hubiera en México la experiencia del diálogo entre miembros de dos de los máximos poderes del país con un enmascarado, el subcomandante Marcos. Otro tema por dilucidarse se relaciona con las exigencias oficiales de acción penal contra quienes se instalaron en las oficinas ejecutivas de la UNAM. Incongruente, con tufo a celada, sería que se hubiese pedido a Gobernación mantener en suspenso el recurso policiaco cuando los jóvenes estaban en la citada torre y que se pida la reactivación luego que se desalojó el inmueble.
Pero lo más importante es que Narro, es decir, la UNAM, han aportado en estos momentos difíciles, oscuros, teñidos de una violencia imprecisa, susceptible de distintos patrocinios y objetivos, una lección de necesario aprendizaje (en esta casa de estudios hemos estado acostumbrados a aprender incluso de nuestros problemas, dijo Narro). En particular destaca uno de los pasajes que el rector hizo difundir ayer: Hay formas diferentes a las tradicionales para sacar adelante los conflictos y aprender de esas condiciones.
La forma tradicional de enfrentar los conflictos, conforme a la escuela política desarrollada por el PRI e inoculada en la colectividad y sobre todo en el ADN institucional, pasa por la criminalización de los problemas que rebasan el marco de tolerancia que el sistema ha impuesto. Una parte sustancial del discurso oficial preparatorio de la represión política enaltece la vigencia del estado de derecho y la obligación de castigar todo tipo de infracciones (nada por encima de la ley, es una de las frases favoritas de la hipocresía institucional, así como el ir hasta las últimas consecuencias en investigaciones relevantes que sabidamente irán al archivo muerto). Bajo esa óptica debería contar con aprobación social automática el ejercicio de la fuerza pública para someter y castigar a quienes llegasen a realizar actos delictivos, con todo y que los autores pretendieran guarecerse bajo argumentaciones de índole social, política, partidista o ideológica.
Pero la clase política no puede ordenar abiertamente la represión contra los infractores porque ella misma está constituida por recurrentes e impunes transgresores de la normatividad jurídica y social. E incluso sucede, con una frecuencia altamente significativa, que producen resultados contradictorios las campañas mediáticas que buscan desacreditar a los disidentes que rebasan los límites legales, es decir, que cometen actos tipificados como delitos (obstrucción de vías carreteras, daños a propiedad privada y patrimonio público, por dar ejemplos evidentes). Es tal la falta de legitimidad política de los ocupantes de los diversos espacios de poder institucional que, aun cuando estén frente a hechos que deberían merecer inmediata e indiscutible acción penal, deben refrenarse e intentar salidas negociadas para no desatar mayores protestas generadas no necesariamente por un apoyo a los inconformes pero sí en un rechazo a los políticos depredadores de la nación.
La lección que desde la UNAM debería atender Los Pinos es justamente la de la búsqueda de formas distintas a las tradicionales para resolver problemas. Los gobiernos federal y estatales tienen de su lado la legalidad (lo formal, la letra imperiosa) para enfrentar con la fuerza pública a los profesores, estudiantes y activistas de Guerrero, Oaxaca y Michoacán que en un violento curso de protesta han cometido hechos indiscutiblemente constitutivos de delitos, pero sólo aplicando formas distintas a las tradicionales podrá haber expectativas de resolución verdadera. Las manifestaciones públicas de protesta y violencia que se produjeron en el marco del Día del Trabajo en diversas partes del país son una expresión más de la descomposición institucional, del agotamiento del modelo político actual, de la insatisfacción que producen los mecanismos actuales de atención a las demandas sociales. Sólo con una visión y un criterio diferentes podrán encontrarse caminos de solución.
Y, mientras un suegro y un cuñado tras las rejas son mostrados al visitante imperial con ánimos efectistas, ¡hasta mañana, con la protesta juvenil nuevamente instalada a las puertas de Televisa!
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La última vez que el presidente Obama visitó México fue en junio del año pasado. No llegó a la capital, sino a Los Cabos; asistió a la cumbre del G-20. Calderón se encargó de atenderlo. Así que la de hoy cuenta como su primera visita ya con el presidente Peña Nieto en Los Pinos. Se mencionan temas económicos en el eje de la agenda, sin embargo, ya sabemos que se tratarán otros de los que posiblemente nos enteraremos a través de Wikileaks, cuando pasen los meses o los años. De acuerdo con The Washington Post, hay algo que preocupa al presidente de Estados Unidos. Peña Nieto ha hecho movimientos para terminar el amplio acceso que tenían sus agencias de seguridad en la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado. Esos movimientos marcan un dramático cambio respecto de la política seguida por su antecesor, quien, según The Washington Post, ha sido reconocido por aumentar la cooperación entre los dos países a partir de que dirigió un agresivo ataque contra los cárteles. Aunque ‘‘la guerra de Calderón’’ es impopular en México y dejó mucho del norte del país en condición parecida a un estado de guerra. Menciona el diario que Obama quiere escuchar directamente de Peña Nieto de qué se trata ese cambio, antes de formarse una opinión. ¿Irá a decirle lo mismo que a Rosario? ‘‘No te preocupes, Obama’’. O más claro, en inglés: ‘‘Don’t worry about it, Obama’’.
¿Hay algo que celebrar?
Este primero de mayo resulta particularmente difícil para los trabajadores, porque desde 1976 los salarios reales han presentado una constante caída en su poder adquisitivo, de acuerdo con el Observatorio de Salario, de la Ibero Puebla. De 2006 a 2012 –los años PAN en el gobierno– los precios de mercancías de consumo necesario presentaron incrementos notorios. La tortilla subió 82 por ciento, el pan blanco 66, el huevo 148 y la mantequilla 97 por ciento, por poner algunos ejemplos. En contraste, el aumento al salario mínimo durante este mismo periodo ha sido de 21.91 por ciento. El primer aumento otorgado por el nuevo PRI fue el equivalente a seis tortillas. Por otro lado, el Congreso aprobó la nueva ley del trabajo –millares de afectados recurrieron al amparo; están en trámite los juicios–, que legalizó el outsourcing (subcontratación) y el despido barato. Además, el presidente del PRI, César Camacho, ya lanzó la camachoseñal para que sus diputados voten por un gravamen que encarecerá los alimentos y las medicinas.
Un siglo
Nadie se percató, pero ayer se cumplieron 100 años de la primera vez que se conmemoró en México el Día del Trabajo. Un texto de Luis Araiza, que forma parte del libro Historia del movimiento obrero mexicano, cita que fue el primero de mayo de 1913 cuando un contingente de 25 mil personas partió de la Plaza de Armas, pasando frente a la Catedral y los Portales, para seguir por lo que hoy es avenida Madero.



Parece chacoteo, una perla de humor negro: en plena Cruzada Nacional contra el Hambre, la OCDE tuvo a bien informar que México es el país que registra el mayor incremento de precios… en alimentos, tanto que resulta cinco veces mayor al crecimiento promedio que en el mismo renglón reportan los 34 países integrantes de la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Entonces ¡combátase el hambre… con alimentos cada vez menos accesibles para los hambrientos!, y un programa oficial que carece de recursos presupuestales propios (mendiga dineros de aquí y allá para medianamente dar cuerpo a la estrategia de combate).
Salvo Turquía (con una inflación de 8.1 por ciento en el renglón mencionado), no hay una sola nación perteneciente a la OCDE, al Grupo de los 7, a la Unión Europea y/o a Europa toda que registre un crecimiento tan abultado en los precios de los alimentos como el que reporta México, país cuyo gobierno no pierde ocasión para promover su decisión de abatir la pobreza alimentaria, en la que oficialmente sobreviven alrededor de 28 millones de habitantes (dato de 2010), es decir, no les alcanza siquiera para comer.
En México se juntó el hambre con las ganas de comer: el crecimiento de los precios en alimentos duplica el incremento de la inflación en su conjunto (y el del aumento a los salarios mínimos), y casi triplica el del avance de los indicadores generales que no incorporan el impacto de alimentos y energía. Al mismo tiempo, resulta ocho veces mayor a la inflación que en el mismo rubro reporta Estados Unidos, su mayor socio comercial y de donde importa el grueso de los alimentos que adquiere en los mercados internacionales, dada su creciente dependencia alimentaria.
¿Sirve de algo una Cruzada Nacional contra el Hambre que opera sin presupuesto propio, que recurre a las trasnacionales y a las buenas conciencias para allegarse apoyos, que, sin recursos, debe hacer frente al permanente cuan vertiginoso encarecimiento de los alimentos, que pasivamente observa cómo se incrementa la importación de aquellos y que nada hace para aminorar, por medio de la producción interna, la terrible sangría de divisas y la pérdida de soberanía que implica la masiva adquisición externa de alimentos? (alrededor de la mitad de lo que, poco o mucho, los mexicanos llevan a sus respectivos estómagos).
De acuerdo con la OCDE, el crecimiento que registra México en los precios de los alimentos (8.4 por ciento) equivale a la que de forma conjunta acumulan los países integrantes de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y Reino Unido (8.7 por ciento), en los que –hasta donde se sabe– no existen cruzadas nacionales contra el hambre, sino abundante producción interna de alimentos y poder adquisitivo del salario (éste, en México, con una pérdida real de 85 por ciento en las últimas tres décadas).
Así, crecientes precios en alimentos, progresiva importación de productos de consumo básico y permanente pérdida del poder adquisitivo de los salarios es un coctel socialmente explosivo que pretende desactivarse con una cruzada nacional que, en el colmo, se apoya en la buena fe de empresas trasnacionales y las buenas conciencias nacionales, pero sin atender las causas que mantienen hambrientos a más de 28 millones de mexicanos y contando. Cómo estará la cosa que hasta la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos reconoce que un peso de hoy tiene un poder adquisitivo real de 15 centavos.
Con el campo productivo en el abandono y sus habitantes en la miseria, en las última dos décadas México importó alimentos por cerca de 200 mil millones de dólares. El año previo a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el país importó 10 por ciento (mil 800 millones de dólares) de los alimentos consumidos en el mercado nacional; 20 años después esa proporción se incrementó a 50 por ciento (27 mil millones de dólares), es decir, mil 400 por ciento de aumento entre una fecha y otra. Utilizando el mismo calendario, las importaciones de maíz pasaron de 70 millones de billetes verdes a 3 mil 500 millones, o lo que es lo mismo, 5 mil por ciento de incremento en el periodo (información del Inegi).
Los reportes oficiales más recientes indican que independientemente del constante crecimiento de los precios, a estas alturas México importa 75 por ciento del arroz que consume, 30 por ciento del maíz y 42 por ciento del trigo, por citar algunos casos. De 1990 a 2010 la importación de carne en canal bovino se incrementó casi 300 por ciento y más de mil por ciento la de aves. En 2010, comparado con 2009 (Inegi), importó cinco veces más carne respecto de la que exportó; seis tantos de leche, lácteos, huevo y miel; 12 veces de cereales; 3.6 veces de productos de molinería; 30 veces de semillas, frutos oleaginosos y frutos diversos; nueve veces de grasas animales o vegetales, y tres veces de preparaciones de carne y animales acuáticos.
Y si las cosas se mantienen intocadas, como hasta ahora, en tres lustros más (en 2028) para México la importación de alimentos ya no representará la mitad de lo requerido, sino 80 por ciento, de acuerdo con las estimaciones de la FAO, y no habrá presupuesto ni bolsillo que aguante ese ritmo. Entonces, con Cruzada Nacional contra el Hambre o sin ella, si no se modifica la política económica, se hace productivo al campo, se genera empleo formal y se aumenta el ingreso real de los mexicanos, la productiva fábrica de pobres seguirá a todo lo que da.
Sirva como cápsula de memoria social la reciente información del Inegi: si se considera únicamente a la población infantil en situación de pobreza multidimensional (más de 18 millones de niños menores de 14 años, o 56.3 por ciento del total) y aquellos vulnerables por carencias sociales con un ingreso superior a la línea de pobreza (19.7 por ciento), entonces tres de cada cuatro niños de cero a 14 años (76 por ciento) de estos dos grupos tienen al menos una carencia social, de los cuales 83.5 por ciento no tiene acceso a la seguridad social; 38.7 por ciento no puede acceder a la alimentación; 38.5 por ciento no cuenta con servicios de salud; 27.4 por ciento tiene carencia en la calidad y en los espacios de la vivienda; 26.5por ciento no tienen acceso a los servicios básicos en la vivienda y 10.6 por ciento tienen rezago educativo (La Jornada, Susana González y Alejandro Cruz).
Las rebanadas del pastel
Y eso que la niñez es el futuro de la patria.



Hace 20 años, en Estados Unidos, la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados en Defensa (DARPA, por su acrónimo en inglés) elaboró un programa para desarrollar un avión indetectable al radar, que fuera capaz de reemplazar tres tipos distintos de aeronaves de guerra: los cazabombarderos F-16 Fighting Falcon de la Fuerza Aérea, los F18 Hornet de la Marina, que aterrizan en, y despegan de, portaaviones, y los F18 y AV8 Harrier II del Cuerpo de Marines, con capacidad de despegue vertical. El nuevo aparato habría de ser muy maniobrable, de fácil mantenimiento, capaz de volar a velocidades superiores a la del sonido sin emplear postcombustión (un sistema que proporciona un gran empuje, pero que consume cantidades ingentes de combustible y que hace a los aviones de combate más vulnerables ante los misiles guiados por calor), apto tanto para misiones de combate aéreo como de ataque a tierra, dotado de aviónica de última generación, y capaz de compartir datos en tiempo real, mediante redes inalámbricas, con otras aeronaves y unidades militares. Además, la máquina debía ser barata, pues se pensaba fabricarla por muchos miles.



Ayer, luego de 12 días de permanecer tomada por un grupo de inconformes, fue liberada la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Ciudad Universitaria. La noche previa, en una misiva firmada por su abogado general, la máxima casa de estudios ofreció a los manifestantes crear una comisión e instalar una mesa de diálogo, a partir del 9 de mayo, para llevar a cabo una discusión amplia y abierta sobre las actualizaciones al plan de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), una de las causas que dieron origen a la protesta referida. Por lo que hace a la expulsión de cinco estudiantes del plantel Naucalpan de esa modalidad de bachillerato, el documento señala que éstos tienen garantizados sus derechos para interponer los recursos que la Legislación Universitaria prevé, así como otros recursos legales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación.

Las luchas sociales deben articularse, expresa
A cien años de que en México comenzamos a conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, sería necesario realizar un balance de las fortalezas y debilidades del movimiento obrero mexicano.

Ayer por la madrugada, los estudiantes que tenían tomada la torre de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México decidieron liberar las instalaciones y durante la mañana salieron del edificio Foto Jesús Villaseca 

Mucho se ha escrito sobre la violencia, y hoy nadie ignora que ésta se manifiesta no sólo en actos de fuerza física visibles, sino también en forma de amenazas, agresiones verbales, calumnias, campañas de difamación, en acciones contrarias a la razón, y en injusticias de todo tipo. Estas otras formas de violencia no por ser menos evidentes dejan de ser lesivas para aquellos a quienes se dirigen, y generadoras de irritación y conflictos que si no son atendidos corrigiendo la violencia originaria producen reacciones físicas, algunas veces meramente simbólicas (como marchas y mítines), otras, lamentables, de diversa gravedad.

La idea ampliamente difundida de que todo el problema de la enseñanza nacional tiene su origen en el dominio del sindicato sobre el aparato educativo, lejos de cuestionar la naturaleza antidemocrática del SNTE, se aprovechó en sentido contrario para identificar a los maestros como la causa obvia, automática, de las deficiencias de toda la enseñanza, y a su organización, el sindicato, como un elemento extraño, ajeno por completo a la práctica vocacional del magisterio.

Fueron ellos los que quisieron ser identificados como anarquistas, tanto en sus pintas y banderas como en las entrevistas filmadas por el Colectivo Malatesta, todo en relación con la toma de la planta baja del edificio de rectoría de la UNAM (Errico Malatesta, para quienes no lo recuerdan, fue un teórico anarquista italiano fallecido en 1932).

Se necesita serenidad y valor para dar un paso atrás, lo que se justifica cuando claramente es lo debido y quizá este es un caso de ello. Durante la campaña, Enrique Peña propuso crear una gendarmería como coadyuvante para la contención de la ola criminal. El hecho debe aceptarse como lo que fue en su origen: uno de los miles de temas que brotan en esas circunstancias y que, ante las serias dudas que se enfrentan, nadie demandaría que se correspondiera con hechos.

En esta entrega debo abusar de las cifras. Son datos sobre las conquistas sociales de Cuba reconocidos por agencias de la ONU que el ejército mediático imperial oculta o presenta sesgadamente a sus audiencias cautivas, como acostumbra hacer con toda información que demuestre la posibilidad real de construir una sociedad alternativa al capitalismo.

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La voz del locutor Carlos Loret de Mola anuncia que se lleva a cabo el proyecto Minuteman que invita a los ciudadanos estadunidenses a cuidar la frontera de una posible invasión de los vecinos del sur. Estamos en Arizona en el año de 1985, aunque la intención racista se encuentra hasta en la actualidad, pero tanto los españoles Juan Carlos Rubio como autor e Ignacio García, como director, escogen al estado de Arizona y el momento de mayor arrogancia imperial para escenificar la muy interesante Arizona, el blues de la frontera, texto que ha obtenido mención honorífica en el premio Lope de Vega y el premio total Farafex de Extremadura. En coproducción entre el Centro Dramático Nacional y el Instituto Nacional de Bellas Artes, la escenificación tuvo una muy breve estadía en México para salir a España a cumplir varios compromisos y regresar entre nosotros para hacer temporada en alguno de los teatros de la Unidad Artística y Cultural del Bosque.

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