Por: Guillermo Fabela Quiñones
Cuando un régimen carece de
ideología, de rumbo y de proyecto de país, lo único que se puede
esperar es un total divorcio de la sociedad, aunque se cuente con todo
el apoyo de la oligarquía, de los poderes fácticos y de las
instituciones. Así lo constatamos en México, sin que haya visos de que
las cosas vayan a cambiar. Lo que está ocurriendo es una acelerada
descomposición en todos los ámbitos de la vida nacional, porque la
brecha entre gobernantes y gobernados se acrecienta cada día que pasa,
y más se agravará esta situación porque el “gobierno” de Enrique Peña
Nieto está empeñado en no tomar en serio su responsabilidad.
La mejor prueba de tal aserto
es la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información, que el inquilino de Los Pinos presumió como un logro
propio, sin que haya tenido necesidad de decirlo. La realidad es que se
trata de un “ordenamiento” que no satisfizo ni siquiera a connotados
miembros de la clase política, porque “el avance fue muy marginal”,
como afirmó el senador panista y ex secretario de Hacienda en el
sexenio pasado, Ernesto Cordero. Se trata de una “ley” inútil, como
tantas que se han hecho al paso de los sexenios tan solo para burlarse
del pueblo.
En las condiciones actuales
del país, no cabe esperar nada favorable a la sociedad mayoritaria,
porque el régimen está estructurado firmemente para servirse de la
población con una finalidad patrimonialista. Los hechos son muy
contundentes al respecto. ¿Cómo creer en la eficacia de una ley que no
va a las causas del flagelo que más nos está dañando? No nos engañemos,
mientras el régimen tecnocrático tenga el control de las instituciones
no habrá ninguna posibilidad de apuntalar el Estado de derecho.
La descomposición social es
lo único que crece exponencialmente, no la economía como lo reconoce
incluso el Banco de México y lo confirma el Inegi. A este paso no
podremos resistir mucho tiempo las consecuencias que cabe esperar,
aunque no hay justificación para que la sociedad sobreviva en tan
dramática realidad, de la que no parecen darse cuenta los responsables
del Ejecutivo, mucho menos los miembros de los otros dos poderes. Con
su modo de actuar demuestran no sólo una voracidad sin freno, sino una
irresponsabilidad inconcebible en personas que lideran una nación con
más de 120 millones de personas.
La polarización social en
México es de las más profundas en América Latina, como lo demuestra el
aumento de la pobreza y del desempleo, motores de la violencia extrema
que está acabando con la vida y los sueños de miles de mexicanos, en su
gran mayoría jóvenes no mayores de treinta años. Ellos nacieron ya en
un país dominado por la rapacidad de una élite gobernante, en un
entorno de crisis permanente, lo que justifica su desesperanza y la
pérdida creciente de valores, como la honestidad, el patriotismo, la
civilidad como principio ineludible. Estos valores no los conocieron
quienes nacieron después de 1983 y no alcanzaron a vivir lo suficiente
para ver el desenlace de esta lamentable realidad que estamos viviendo.
Esta triste dinámica habrán
de sufrirla (la están sufriendo ya), los adultos mayores de 65 años,
quienes están condenados a no tener una vejez digna, como lo acepta el
presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para
el Retiro (Amafore), Carlos Noriega. Afirmó que el país “corre el
riesgo, cada vez más cercano, de tener una población adulta sin
recursos para una vejez digna”. Señaló que “es preocupante que 72 por
ciento de mexicanos no ha hecho planes para su retiro”. Precisó que 49
por ciento de los trabajadores y 65 por ciento de los universitarios
espera que sus hijos se hagan cargo (económicamente) de ellos.
Son las terribles
consecuencias de un régimen voraz que justifica sus actos en el
fundamentalismo del mercado al que están sujetos, tanto ideológica como
inmoralmente. Lo que le ocurre a la sociedad, los problemas tan graves
que la aquejan, consideran que son culpa de la propia sociedad, sin
parar mientes en que para resolver los problemas sociales, económicos y
políticos, incluso prevenirlos, se fundaron las instituciones
democráticas. De ahí que se vea como una burla más la promulgación de
leyes como la que dizque combatirá la corrupción.
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