Peña y Trump en Los Pinos. Foto: Octavio Gómez
El presidente electo de Estados Unidos se ha propuesto gobernar con
una visión militarista, al tiempo que el presidente de México pretende
ceder a las presiones del Ejército y la Marina para que intervengan ya
no sólo en tareas de seguridad pública, sino de “preservación de las
instituciones y el estado de derecho”, lo que definen como orden
interno.
Peña está a punto de concretar el control de los puertos del país a
la Marina. Sólo es cuestión de trámite en la Cámara de Diputados. El
poder civil, en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
cedió el control que tuvo por décadas a través de la Marina Mercante.
Ahora
serán los marinos quienes den los permisos para la prestación de
servicios de transporte marítimo, de pasajeros y turismo náutico. Podrán
remover a los capitanes de puerto y tomar el control físico de todos
los puertos del país, entre otras facultades.
Lo que sigue es que el Congreso ceda a las presiones de las Fuerzas
Armadas para que apruebe la Ley de Seguridad Interior, que no es otra
cosa que la posibilidad de que los militares tomen el control del orden
civil en donde el presidente de la República les pida su intervención,
sólo a ellas o en coordinación con otras instituciones, en casos de
amenazas al orden interior.
Según el proyecto de ley que promueven los legisladores del PRI, el
orden interno se refiere a la condición para que el Estado mexicano
salvaguarde “la continuidad de sus instituciones” y “el desarrollo
nacional” mediante el mantenimiento del estado de derecho y la
gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional en beneficio
de la población”.
Bajo las actuales condiciones, territorios de Tamaulipas, Veracruz,
Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México y muchos otros
en todo el país donde la delincuencia organizada tiene control de
territorio, autoridades y parte de la población, los militares podrían
tener una intervención restaurativa.
Por supuesto, con escenarios de conflicto abierto, para los que dicen
estar preparados, y no más en funciones de policías, como el secretario
de la Defensa Nacional, general de división Salvador Cienfuegos Zepeda,
se ha cansado de repetir.
Los enfoques militares para los problemas de inseguridad son también con los que Trump está conformando su equipo de gobierno.
Son ya tres generales retirados del Ejército los que han sido
propuestos para ocupar los cargos más importantes en el gabinete de
seguridad del próximo gobierno estadunidense.
Su elección más reciente, el pasado miércoles, fue la del general
John F. Kelly, como encargado de Seguridad Interior, la dependencia que
da cumplimiento a la ley en aduanas y migración. Kelly se retiró como
comandante del Comando Sur de Estados Unidos, cuya jurisdicción incluye a
México.
Antes propuso al general James Mattis como próximo secretario de la
Defensa, un general de la Marina apodado “Perro loco”, conocido por sus
posiciones antiinmigrantes.
Es el mismo caso del general del Ejército retirado Michael T. Flynn,
propuesto para ser el asesor en seguridad nacional de la Casa Blanca,
quien propone acciones armadas en Irán.
Para dirigir la CIA, Trump nominó al republicano Mike Pompeo,
graduado militar de West Point y combatiente del Ejército en la Guerra
del Golfo.
Ni el enfoque militarista de Trump ni los reclamos de los militares
mexicanos para sus futuras acciones pueden ser más claros. Se preparan
escenarios para soluciones de fuerza no sólo para la delincuencia y el
terrorismo, sino para todo aquello que les parezca una amenaza a la
seguridad interior.
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