(08 de diciembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En los últimos años la violencia e inseguridad en Guerrero se han intensificado y con esto los casos de violaciones a los derechos humanos, principalmente las desapariciones forzadas, las cuales además quedan impunes.
A esto se
suma el crecimiento de las víctimas de desplazamiento interno forzado,
para quienes no hay acceso a la justicia y persisten las agresiones
contra activistas y periodistas, dio a conocer este miércoles como
conclusión la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la
oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ONU-DH), quienes realizaron una visita de dos días por
la entidad.
Durante la
visita ambas observaron la “preocupante situación en materia de derechos
humanos” que sufre la entidad y constataron “la falta de recursos
humanos y materiales con los que cuentan la Fiscalía General de Justicia
y otras instituciones”.
Jan Jarab,
titular de la ONU-DH, e Ismael Eslava, primer visitador de la CNDH, se
reunieron con organizaciones de la sociedad civil guerrerense, entre
ellos familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, víctimas de
desaparición forzada en la noche del 26 de septiembre de 2014 y cuyo
paradero sigue desconocido.
En la
reunión, los participantes reiteraron “su disposición para apoyar las
misiones de búsqueda de verdad, justicia y reparación en el estado” e
insistieron en que podrían asistir técnicamente a Guerrero en materia de
derechos humanos.
“Para
reducir los niveles de violencia debe ponerse fin a la impunidad”,
sostuvo la ONU-DH en un comunicado. Y añadió: “Se requiere que los tres
poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se
involucren activa y efectivamente; además, atender de forma efectiva
esta situación requiere de una activa participación de la Federación en
el ámbito de procuración de justicia”.
A partir de
dicha misión conjunta entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, y tras sostener diversas reuniones con víctimas,
defensores de derechos humanos y autoridades, ambas instituciones
reiteran la necesidad de atender la situación en el estado de Guerrero.
De una
manera integral a fin que las soluciones que se propongan en materia de
seguridad también atiendan el problema de acceso a la justicia. En este
contexto, ambas instituciones reiteran su preocupación por la falta de
recursos humanos y materiales con los que cuentan la Fiscalía General de
Justicia y otras instituciones para hacer frente a la preocupante
situación en materia de derechos humanos que atraviesa el Estado.
Así reiteran su mensaje de solidaridad
con las familias y víctimas de violaciones de derechos humanos y
reafirman su disposición para brindar su apoyo a las mismas en su
búsqueda de verdad, justicia y reparación.
En días
pasados, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado
de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno, aceptó que las
desapariciones forzadas se han vuelto cotidianas en dicha entidad y es
una conducta que le preocupa a la ciudadanía, por lo que pidió a las
autoridades de los tres niveles de gobierno una “atención adecuada” al
problema.
“Sabemos que
hay un incremento de efectivos de seguridad en el estado, (pero)
quisiéramos que ese incremento pronto se viera con la disminución de los
hechos de violencia que se están dando, no sólo en Acapulco sino en
otras partes del estado”, señaló.
Además dijo
que en 2015, recordó, emitieron alrededor de 100 recomendaciones,
mientras que en este 2016 acumulan 65 recomendaciones, principalmente
dirigidas a los cuerpos policiacos.
Durante los
dos días de reunión, familiares de desaparecidos en el estado emitieron
denuncias contra autoridades de todos los órdenes, sobre todo por la
trabas para acceder a la justicia. ONU y CNDH, escucharon desde cifras
que muestran la situación de Guerrero y la violencia, hasta las
historias familiares de los desaparecidos.
Por ejemplo,
Siempre Vivos, la organización que surgió en mayo de 2015 en Chilapa
después de la irrupción armada de personas a las que las autoridades
vincularon a un grupo criminal que controla la zona, lleva desde
entonces, 100 casos documentado sólo del municipio, y 50 adicionales de
otros lugares como Zitlala.
Felipe de la
Cruz, vocero de los padres de familia de los 43 normalistas
desaparecidos en Iguala, pidió a los representantes de la ONU y la CNDH
que apoyen el nuevo Mecanismo de Seguimiento que encabezará la CIDH en
febrero próximo para investigar el caso Iguala.
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