Cuando se activó la "guerra contra el narco" no existía una crisis de
seguridad que justificara operativos con las Fuerzas Armadas", indica un
estudio; las iniciativas partidistas para dar a militares un marco
legal en combate al crimen son "cuestionables" y tienen deficiencias,
señala el Instituto Belisario Domínguez.
A
diez años de que diera inicio la actual estrategia de combate al crimen
organizado, con la participación activa de las Fuerzas Armadas en los
enfrentamientos con el narcotráfico, los datos oficiales disponibles
revelan que ésta “no redujo la violencia existente en el país”, sino
“todo lo contrario: esta estrategia detonó una posterior ola de violencia”, tal como concluyó un estudio elaborado por el Senado de la República.
Peor
aún: dicho estudio determinó que, en el año 2007, cuando esta
estrategia popularmente conocida como “guerra contra el narco” fue
puesta en marcha, la violencia en México “se encontraba en niveles
mínimos históricos”, por lo cual, en realidad “no existía una crisis de seguridad que justificara el despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas”.
Elaborado
por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto
Belisario Domínguez (centro de estudios legislativos del Senado de la
República), el documento denominado “Seguridad interior: elementos para
el debate” destaca que “hasta el momento, no se ha puesto a
disposición pública ningún diagnóstico oficial que justifique este
cambio en la política nacional” de seguridad pública, decidido en 2007 y
refrendado hasta la fecha.
Información publicada por la Secretaría de la Defensa Nacional en diciembre de 2016 señala que, en el presente, 52 mil soldados participan en los operativos antinarco iniciados hace diez años,
sin embargo, según el estudio del Senado, hasta ahora no existe
información oficial “que permita evaluar a cabalidad el desempeño y los
resultados de los operativos” militares.
Lo que sí puede
verificarse, tal como determinó la Dirección General de Investigación
Estratégica del Instituto Belisario Domínguez, es que la
implicación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado
generó un deterioro no sólo de la seguridad pública, sino también de
“las relaciones de convivencia entre el Ejército y la sociedad
mexicana”.
Tras
analizar los registros de homicidios del Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, el centro de estudios legislativos del Senado
constató que, antes del inicio de la guerra contra el narco, México
experimentaba un índice anual de 9 mil asesinatos, que se elevó a 27
mil a raíz de que esta estrategia de confrontación bélica fue puesta en
marcha.
Las denuncias de violaciones a derechos humanos
cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas, además, también
registraron un crecimiento exponencial.
El 1 de diciembre de 2016,
cuando faltaban unas semanas para conmemorar los 10 años de la guerra
contra el narco, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la
Defensa Nacional, demandó en un discurso público “que se hagan
las leyes reglamentarias del artículo 89 fracción VI Constitucional”,
para que “podamos servir mejor (al país), con un respaldo jurídico que
le permita al soldado hacer las cosas que la propia ley le va
autorizar”.
El titular de la Sedena aseguró que dicha reforma es necesaria, ya que “nuestros
soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos
grupos de la delincuencia, (ya que se enfrentan) con el riesgo de ser
procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos”.
En
respuesta, tres partidos políticos (PRI, PAN y PRD) presentaron en el
Congreso su propia iniciativa de Ley de Seguridad Interior, para dotar a
las Fuerzas Armadas de un marco legal que regule su participación en la
guerra contra el narco.
Sin embargo, según el Instituto Belisario Domínguez, las
tres iniciativas de ley presentan distintas deficiencias, empezando por
que las tres incumplen con su objetivo central, que es “acotar la
presencia militar en tareas de seguridad pública”.
Según
el centro de estudios del Senado, en vez de limitar la participación del
Ejército, estas iniciativas buscan “otorgar amplias facultades a las
Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública, y
posibilitan una presencia militar de largo plazo, si no es que
permanente”.
Aunque estas tres iniciativas persiguen objetivos
“bien intencionados”, el Instituto Belisario Domínguez concluyó que los
procedimientos que proponen convertir en ley “pueden resultar
cuestionables”.
De aprobarse estas enmiendas legales, las
Fuerzas Armadas quedarían autorizadas para realizar “investigación de
delitos federales y locales”, “amenazas a la gobernabilidad”,
“perturbaciones a la paz pública” e incluso “riesgos sanitarios”.
Además, por simple decisión presidencial, sería
posible “la suspensión de derechos humanos”, tales como “la libertad de
tránsito”, el “derecho a no ser molestados en nuestra persona, familia,
papeles o posesiones”, “los derechos a no ser detenidos y a no ser
objeto de violencia por parte de las autoridades”, e incluso, se
permitiría “el uso de la fuerza pública para controlar actos de
resistencia no agresiva por parte de la población”.
Todas estas propuestas presentadas por el PAN, PRI y PRD para atender la solicitud del titular de la Sedena, no obstante, entran en contradicción con diversos artículos de la Constitución,
tal como concluyó el centro de estudios del Senado, entre los cuales
están los artículos 11, 16, 22, 29 y 129 de la Carta Magna.
Asimismo, el Instituto Belisario Domínguez advirtió que ninguna
de las iniciativas legales contempla “políticas especiales para la
atención y garantía de las víctimas de violaciones a derechos humanos,
en el contexto de las acciones contra amenazas a la seguridad
interior”, y tampoco precisa “medidas específicas para garantizar el
trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos”.
Por
todas estas razones, el centro de estudios del Senado determinó que la
militarización de la seguridad pública no ayuda a disminuir la
violencia, sino que sólo la incrementa “de forma drástica”, además de
que los proyectos para normalizar legalmente la participación de
militares en la guerra contra el narco atentan contra el orden
constitucional.
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