Por Imelda García -
Cada
año se repite el ritual: la Auditoría Superior de la Federación entrega
el Informe de la Cuenta Pública, que documenta el mal uso o la pérdida
de miles de millones de pesos de dinero público, y nunca –o casi nunca-
hay consecuencias.
En meses pasados se han destapado grandes casos
de corrupción –que han implicado sobre todo a gobernadores-, y nadie
está en la cárcel por estos hechos. Del dinero, ni hablar.
De las
cuentas públicas del 2011 al 2015, han quedado pendientes de solventar
un total de 216 mil 400 millones de pesos (mdp), que en parte pueden
considerarse como un daño al erario público.
El propio titular de
la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, reconoce que
ese dinero prácticamente puede darse por perdido.
“Difícilmente
se puede recuperar 100 por ciento de esto. Son observaciones que, en
muchos casos, no hay forma de recuperarlos. ¡Ya se los llevaron! Y
aunque se pueda meter a la cárcel a alguien, ¿cómo se le quita el
dinero? Ojalá se pueda recuperar lo más posible”, expresó el auditor
ayer, tras entregar a diputados federales el Informe de la Cuenta
Pública del 2015.
Uno de los casos más emblemáticos es el de
Veracruz. El exgobernador, Javier Duarte, fue acusado de desfalcar al
estado por 35 mil millones de pesos durante su gestión. Portal considera
que poco se puede hacer para que esos recursos vuelvan a las arcas
nacionales.
“Tanto como recuperar (el dinero) lo veo difícil.
Ojalá se pueda recuperar con lo que tiene el gobierno, la actual
administración, que tenga recursos para poder reintegrar.
“Lo que
veo complicado, en el caso de Veracruz, es que existan recursos
suficientes para poder mantener y pagar los pasivos que tienen, ya no
para devolver (…) Con qué lo van a devolver, no sé; pero parte se podrá
recuperar”, apuntó.
Portal dijo que “siente” que los secretarios
de finanzas, tesoreros y contralores de esa entidad 5 o 6 años para
atrás, fueron partícipes del desfalco a la entidad y estuvieron
permitiéndolo.
Y así como hay problemas en esa entidad, los hay en toda la Administración pública, tanto federal como estatal.
En
la Cuenta Pública del 2015, Portal informó que se detectaron
observaciones por alrededor de 165 mil millones de pesos; de ellos, 100
mil millones corresponderían al Gobierno central y 65 mil a los estados.
En
los estados se detectó que 33 mil 339 mdp corresponden a subejercicios;
mientras que la falta de 31 mil 745 mdp se debe a violaciones
normativas y se presume un daño al erario.
Aunque se habla de miles de millones de pesos de daño a la Hacienda pública, la rendición de cuentas es casi nula.
Hasta
el año 2015, la Auditoría Superior de la Federación había presentado
656 denuncias ante la Procuraduría General de la República por el mal
uso del dinero público. Hasta ese momento, solo había 19 personas en la
cárcel, por esos hechos. Es decir, la impunidad es del 97 por ciento
para hechos de corrupción.
Desde el año 2000 hasta el 30 de enero
de este año, la ASF ha presentado 741 denuncias penales. Y aunque el
aumento ha sido exponencial durante la gestión de Juan Manuel Portal
–han crecido más de mil 600 por ciento-, el índice de impunidad sigue
imparable.
Las denuncias se topan con pared en la PGR, que lleva a
cabo las investigaciones y donde se decide si un servidor público
pisará o no la cárcel.
Para la Cuenta Pública del 2015, las
denuncias penales comenzarán a presentarse en unas semanas, cuando se
agoten los tiempos legales para aclaraciones y el posible resarcimiento
de los daños.
Uno de los sectores más opacos es el de las obras
públicas, donde se han detectado conductas irregulares ya por varios
años consecutivos y que se han convertido en una puerta abierta para la
corrupción.
Legislativo: Barril sin fondo
Como
cada año, las dos Cámaras del Congreso de la Unión son dos de los entes
donde se detecta un daño mayor a la Hacienda pública por el manejo
opaco de sus recursos.
En el caso de la Cámara de Diputados, la
Cuenta Pública del 2015 revela que mil 742 millones de pesos (mdp) que
fueron asignados como subvenciones para los grupos parlamentarios se
ejercieron en completa opacidad.
“No se contó con la información
que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que
los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos
legislativos”, expone el Informe.
No es el único recurso opaco.
Como parte de sus prestaciones, los diputados federales reciben dinero
mensualmente como concepto de Asistencia Legislativa –para contratar
asesores-; Atención Ciudadana –para instalar casas de atención-; Informe
de Actividades Legislativas; Contratación de Personal en sus Distritos y
Apoyo para Transporte –para trasladarse a sus lugares de origen-.
Todas
estas actividades se engloban en un concepto conocido como
“Asignaciones para el Cumplimiento de la Labor Legislativa” y
significaron un gasto de más de 697 mdp. De acuerdo con la norma que
rige el gasto de la Cámara baja, basta con que el legislador firme de
recibido el dinero o muestre la comprobación de la transferencia
electrónica, para que se dé por comprobado.
En el caso de Apoyo
para Transporte a sus lugares de origen, los diputados gastaron en
conjunto 202 millones 522 mil pesos en 2015. Este gasto se hizo sin
saber a ciencia cierta si los legisladores utilizaron o no ese dinero
para ese propósito del cual, no pagan impuestos, pues no es considerado
como un ingreso extra.
El Informe de la ASF revela que en marzo
del 2015, la Cámara de Diputados firmó un convenio con la Secretaría de
Hacienda para liberar 500 mdp del Ramo 23 para la conservación,
reparación y el mantenimiento de su sede. El dinero fue entregado aún
sin que se especificara en qué sería usado.
Finalmente, de ese dinero, solo el 44 por ciento se utilizó en lo que se planeaba.
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