Petición en línea suma más de 2 mil 600 firmas
Feministas
lanzaron una protesta contra lo que llamaron sexismo judicial luego de
que la semana pasada se vinculara a proceso a la defensora de Derechos
Humanos, Lucero Circe López Riofrío, acusada de “delitos contra el
honor” por un profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
La petición en la página de change.org, que ya recaudó más de 2 mil
600 firmas, indica que “lo que están causando este tipo de denuncias por
delitos al honor es que las activistas que apoyan a las víctimas sean
criminalizadas”. Al llamado se unió la Coordinación de Feministas de
Michoacán.
El jueves 8 de febrero el juez de oralidad en Morelia, Michoacán,
Ariel Montoya Romero, ordenó abrir un proceso en contra de la directora
de la organización Humanas sin Violencia, basándose en la denuncia de un
profesor, cuyo nombre se ha reservado en los medios de comunicación.
El profesor acusó a Circe López de cometer un delito al dañar
su honor después de señalarlo como presunto acosador sexual cuando fue
incluido en un grupo de trabajo de expertos en temas de género
conformado en 2014 por la Secretaría de Gobernación, a través de la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (Conavim).
En 2014 la dependencia conformó al grupo de expertos para analizar si
había o no elementos para declarar una Alerta de Violencia de Género
(AVG) en el estado.
López Riofrío, solicitante de la AVG en Michoacán, mostró las
acusaciones contra el profesor después de recibir dos correos de mujeres
que lo evidenciaron como presunto acosador sexual. Una de ellas
presentó una denuncia formal ante la universidad pero, según refirió, al
no existir protocolo para atender la violencia contra las mujeres, no
hubo sanciones.
López llevó las denuncias a una reunión con el grupo de trabajo y
junto con otras feministas demandó que el profesor no fuera incluido
como experto, por ese motivo fue vinculada a proceso por delitos contra
el honor.
La Procuraduría General de la Justicia del estado argumentó en la
acusación penal que la defensora debió presentar la denuncia, junto con
la presunta víctima de acoso, ante las instancias correspondientes y no
exponer al profesor públicamente durante la referida reunión.
La defensa de la feminista explicó que López Riofrío sólo buscaba el
debate sobre el perfil de las personas que debían participar en el grupo
de trabajo de la Alerta de Violencia de Género. En entrevista con
Cimacnoticias dijo que acusarla de dañar el honor de una persona es un
“retroceso para la libertad de expresión”.
Las activistas que lanzaron la petición en la web consideraron la
decisión del juez un sexismo judicial. Dijeron que en la práctica estas
acusaciones significarían que las personas que luchan contra la
violencia de género deben guardar silencio “incluso cuando están
buscando alertar a otras mujeres contra posibles acosadores u otro tipo
de victimarios”.
En su petición las mujeres pidieron que el proceso judicial que
enfrenta López Riofrío sea desde una perspectiva de género y que se
considere el contexto en el que la defensora hizo las denuncias.
Las acusaciones legales es una práctica que restringe el activismo,
según el Registro mesoamericano de agresiones a mujeres defensoras de
derechos humanos. En México entre 2012 y 2014, las defensoras más
agredidas fueron las que defienden el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia.
Al mismo tiempo, disminuyó el número de denuncias presentadas por
mujeres víctimas de agresión que defendían una causa, esto ante la falta
de confianza en el sistema de justicia y en las dependencias del
gobierno.
El uso del sistema de justicia para inhibir la labor de defensoras es
una práctica que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en
México ha observado con mayor frecuencia en los últimos años. Los
impactos para las afectadas van desde desgaste económico y emocional por
enfrentar largos procesos judiciales hasta el cese de trabajo, entre
otros.
Las feministas en la red pidieron al Supremo Tribunal de Justicia del
Estado y al Gobernador Silvano Aureoles que deroguen el artículo que
tipifica el ataque al honor. Actualmente el artículo 193 del Código
Penal del estado de Michoacán penaliza con tres a cinco años de prisión y
una multa de cien a trescientos días de salario mínimo general vigente a
quien cometa este delito.
En los últimos años otros estados e incluso a nivel federal se ha
despenalizado este tipo de delitos porque en muchos casos, se usaban
para perseguir o sancionar a periodistas o personas defensoras.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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