Para el debate del 15º periodo de sesiones en donde se examinará al Estado mexicano
La Coalición de
organismos defensores de Derechos Humanos conformada por el Comité de
Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (México), la Red
Nacional de los Derechos Humanos (Venezuela), La Liga Mexicana para la
Defensa de los Derechos Humanos-Filial Región Sureste (México) y el
Consejo Nacional para la Defensa del Derecho Humano a la Salud
(Venezuela) han presentado el día de hoy un informe en materia de la
grave situación de desapariciones forzadas que se padece en México
dirigido al Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de
Naciones Unidas, para que dicho documento sea integrado y tomado en
cuenta en el 15º. Periodo de sesiones del Comité Sobre Desapariciones
forzadas que se realizará en la sede de la ONU en Ginebra del 5 al 16 de
noviembre de 2018 en donde será evaluado el Estado mexicano durante los
días 7 y 8 de noviembre y en donde el Comité examinará la información
complementaria presentada por México en virtud del artículo 29, párrafo 4
de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas.
En el informe expresamos
nuestra preocupación por la falta de interés que ha manifestado el
gobierno de México para reconocer la profunda y grave crisis de
desapariciones que se vive cotidianamente y en su negativa en reconocer
la plena competencia de la Convención Internacional para la Protección
de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y del Comité
contra la Desaparición Forzada sobre las Desapariciones Forzadas o
Involuntarias.
En el informe que presentamos nos hemos sumado a
la exigencia de víctimas, colectivos y organismos defensores de
Derechos humanos y del GTDFI que “… alienta enérgicamente al Estado
parte a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar
comunicaciones individuales e interestatales en virtud de los artículos
31 y 32 de la Convención con miras a reforzar el régimen de protección
contra las desapariciones forzadas previsto en la misma.” México se
ha negado reiteradamente a reconocer la competencia del Comité en virtud
de los artículos 31 y 32 de la Convención y en el informe presentado al
Comité evade esta exigencia aduciendo que México ha firmado y
ratificado los principales instrumentos y básicos internacionales de
Derechos Humanos y que México cumple con la presentación de informes
periódicos y ha “procurado” responder oportunamente a las observaciones y
recomendaciones que formulan dichos órganos de tratados y que están en
proceso de tomar en cuenta esta petición.
A pesar de las
recomendaciones formuladas en febrero de 2015 a México por el GTDFI, en
este momento México aún no cuenta con un registro único de personas
desaparecidas a nivel nacional. Ello ha dificultado la posibilidad de
realizar un efectivo diagnóstico nacional sobre el estado de la
desaparición forzada de personas que permita estar en condiciones de
adoptar las medidas integrales y efectivas para su prevención,
erradicación, investigación, sanción y reparación. En su informe de
seguimiento de septiembre de 2015, el GTDFI, en relación a la Ley del
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas
(RNPED), observó con preocupación que “la Ley no incluye la categoría específica que permita registrar a una persona como víctima de desaparición forzada (Informe de seguimiento sobre la misión a México, doc. A/HRC/30/38/Add.4 del 11 de septiembre de 2015, párr. 22.)
Enfatizamos la tendencia preocupante y negligente de México en insistir
en cifras no desagregadas, que mezclan la condición de personas
“ausentes” con la de las personas víctimas de desaparición forzada o
desapariciones perpetradas por particulares, y que impide tener certeza
sobre la dimensión real del problema de la desaparición forzada en
México y contar con una política institucional clara para reconocer y
enfrentar el problema. Situación que como han denunciado colectivos de
familiares de desaparecidos es más grave aún de lo que se consignan en
los registros del Estado.
En el informe hemos manifestado
nuestra preocupación ante la existencia de indicios claros y las
denuncias de Colectivos de familiares de desaparecidos y organismos de
Derechos Humanos en el sentido de que el gobierno ha sido negligente e
incluso ha actuado con dolo para cumplir con sus obligaciones de
búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, y han
sido las propias víctimas quienes han realizado búsquedas, localizado
fosas y dado pasos para la debida identificación, un ejemplo de este
actuar de las autoridades quedó demostrado con la atrocidad de abandonar
cientos de cuerpos en trailers por parte de la Fiscalía del Estado de
Jalisco y que ha causado una conmoción nacional, así como en la negativa
de la Fiscalía de Veracruz, al obstaculizar la participación de
colectivos y víctimas en las labores de levantamiento de restos
encontrados en la fosa de Arbolillo, municipio de Alvarado en septiembre
de 2018.
Hemos retomado también en el informe las
observaciones del GTDFl que ha lamentado el abandono del Estado mexicano
al problema de las desapariciones forzadas perpetradas durante el
periodo de la denominada “Guerra Sucia”. “Parecería que en este tema
el Estado ha renunciado al cumplimiento de sus obligaciones
internacionales. Salvo el trabajo de la Comisión de la Verdad del Estado
de Guerrero y las limitadas compensaciones otorgadas a algunas víctimas
referidas en la recomendación 26/2001 de la CNDH, no se registran
avances de otra índole. La impunidades generalizada y no se conocen
acciones efectivas y resultados concretos para la investigación de lo
sucedido. Sigue sin garantizarse el derecho a la verdad. Más aún, se han
registrado retrocesos para acceder a documentos históricos de la
“Guerra Sucia” (GTDFI, en la sesión del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU de fecha 11 de septiembre del 2015. Párrafo 30,
A/HRC/30/38/Add.4).
Es aterrador el dato del porcentaje de
mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas a nivel nacional que es el
25% del total de las personas desaparecidas, y que en el Estado de
México ese porcentaje asciende al 46%. Según información de la ONG
I(dh)eas, en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o
Desaparecidas (RNPED), existen en México un total de 35.424 personas
desaparecidas, de las cuales 8.987 son mujeres (de todas edades). El
Estado de México es la entidad con el mayor número de casos de mujeres,
adolescentes y niñas desaparecidas del país con un total de 1.790 casos
oficialmente registrados, 1.779 en el fuero común y 11 en el fuero
federal.
Hacemos nuestras y nos sumamos a las exigencias que
están solicitando los colectivos de familiares de víctimas de
desaparición en México y que han hecho llegar al próximo gobierno
electo; colectivos que consideran han sido víctimas de la simulación y
que existen nulos avances en la implementación de la Ley General sobre
Desaparición Forzada y Desapariciones cometidas por particulares.
Entre las recomendaciones que realizamos retomamos la recomendación del
ACNUDH, México atienda la Ratificación de instrumentos internacionales:
a) Promover la firma y ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del
Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño; y reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada conforme a los artículos 31 y 32 de la Convención;
b) Firmar y ratificar todos los tratados Interamericanos de derechos
humanos adoptados por la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos que están pendientes de ratificación.
Este informe
ha sido presentado para su conocimiento y seguimiento a la Oficina en
México y al responsable para México en Ginebra del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sobre los organismos de Derechos Humanos.
Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, trabaja por
la defensa y promoción de los derechos humanos de las comunidades
indígenas y campesinas, en Chiapas México, y en articulación con
organizaciones sociales de Latinoamérica, para unificar esfuerzos en
defensa de los derechos humanos reconocidos en convenciones y mecanismos
internacionales, los logros sociales y reconocimientos de los derechos
de las comunidades indígenas y campesinas de Chiapas. Contacto: ddhh.chiapas@gmail.com @ddhh_chiapas
El Consejo Nacional para Defensa del Derecho Humanos a la Salud, es una
Red de Organizaciones no Gubernamentales, movimiento y colectivos
Sociales, trabajadores/as de la Salud, Docentes, Estudiantes, las
Familias, Comunicadores/as Sociales, Defensores/as e Individualidades
que trabajamos articuladamente para promover, difundir y defender la
salud como un derecho humano. Contacto: www.cnddhs.org.ve cnddhhs@gmail.com
La Limeddh es una Organización No Gubernamental legalmente constituida
bajo el régien de asociación civil, sin fines lucrativo. Fue creada en
1985 en la Ciudad de México, como una tribuna abierta, independiente y
plural para promover y proteger los derechos humanos. Su filiar
Sur-Sureste es coordinado por el sacerdote Franciscaco Blas Alvarado,
fundador del albergue La 72 en Tabasco, y se centra en la defensa de los
Derechos Humanos de los Migrantes en tránsito. Contacto: frblas68@hotmail.com
LA Fundación Red Nacional de Derechos Humanos (RENADDHH) tiene como
misión: Desarrollar estrategias de investigación educación. y
divulgación desde enfoques críticos de los derechos humanos dirigidos a
toda persona, comunidad, organizaciones, movimientos sociales, para
contribuir desde la construcción de experiencias significativas con la
transformación social fundada en los valores de justicia equidad
igualdad libertad cooperación solidaridad honestidad y
corresponsabilidad de acuerdo al Estado Social de Derecho y de Justicia.
Contacto: Red Nacional de Derechos Humanos (RENADDHH) www.renaddhh.org.ve email rednaddhh@gmail.com @renaddhh
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