4/08/2019

A dónde va México


Pablo González Casanova
La Jornada


Estas no son afirmaciones que se puedan calificar de centro, derecha o izquierda o con mescolanzas de esas posiciones. Las tesis que se sostienen son de un conocimiento riguroso. Su carácter científico, crítico del sistema en que vivimos, puede dar pie a descalificaciones que se basen en mitos, ideologías e intereses con que los aludidos se nieguen a conocer la verdad sobre lo que hacen y de que por su parte son responsables en tanto sometan la lógica de sus esperanzas a la lógica del sistema.
Una de las formas de dominación del imperialismo neoliberal y neoconservador es la privatización del sector público de los estados metropolitanos y periféricos en procesos que al realizarse incrementan la corrupción y la criminalidad organizada, con ésta bajo la sombra de corporaciones y estados, o contratada, en caso necesario, para actos criminales contra pueblos, comunidades o personas, en acciones destinadas a despojarlos de sus propiedades, de su libertad o de su cuerpo.
Con el propio acto de privatización, el neoliberalismo ha hecho de los funcionarios públicos agentes de ventas de las propiedades nacionales y sociales o cómplices pasivos de la corrupción y la represión de que a menudo se sirven para incrementar su personal patrimonio y poder.
Neoliberalismo y corrupción están a la orden del día, tanto en la periferia económica del mundo, y en no pocos países del centro, en los que tienen como antecedente el famoso gangsterismo de Chicago y las mafias de Italia. En cuanto a los países de origen colonial o semicoloniales y periféricos, son actores de permanente uso los grupos de matones al servicio de sus amos y caciques o de las compañías trasnacionales, como la Compañía de Indias inglesa o la Mamita Yunai, estadunidense.
Esos integrantes del “crimen organizado” se articulan hoy en sistemas globales dominados por las corporaciones financieras y sirven o se asocian con funcionarios que se han vuelto también empresarios, que si ayer decían estar al servicio de la evangelización, de la civilización, del progreso o del desarrollo, hoy hacen de la función pública una actividad en que el funcionario se pone al servicio de la empresa privada, mediante la coima (mordida), motor del sistema y por la que los funcionarios se vuelven socios no pocas veces mayoritarios.
En las nuevas circunstancias, como los antiguos y nuevos ricos, el “crimen organizado” combina sus conocimientos políticos con los económicos, y todos con los criminales y tecnológicos. Participa así en la dominación de un mundo en que se exige la práctica de la normativa moral en los tratos interpares de accionistas y de grandes propietarios, en que al mismo tiempo se urden medidas de especulación y depredación, que estructuran en el propio siglo XXI nuevas formas de acumulación primitiva, despojo, así como, de esclavismo, de servidumbre, de tributación y de salarios o ingresos de hambre que en gran parte del mundo pesan sobre la inmensa mayoría de una población a la que habiendo despojado de sus tierras y territorios, dejan en plena miseria, sin asomo de trabajo y sin los más elementales recursos para vivir, para comer, beber, curarse o enterrar a su muertos. De tales hechos –difíciles de contar y de escuchar– proviene el éxodo más impresionante de la historia humana, un éxodo global en que muchos son los que mueren al atravesar selvas, desiertos y mares… Entre las varias formas de descubrir a los verdaderos responsables de esos hechos y el dolor de que son beneficiarios, se encuentran los fabricantes de armas y los comerciantes en grande de narcóticos, quienes con las corporaciones y la gran banca actúan en un sistema cuyo atractor principal es la maximización de poder, riquezas y utilidades, en el que dominan con gobernantes y funcionarios, con legisladores y jueces que se asocian a sus proyectos entre mediaciones y represiones, que se apoyan en la cooptación o sometimiento de los propios líderes de los pueblos y se apoyan cada vez que es necesario en las fuerzas militares y paramilitares, con los que practican la supuesta persecución del “crimen organizado” en el que de vez en cuando sacrifican a algunos chivos expiatorios, y con el que empresarios, militares, policías y judiciales están profundamente articulados.
La comedia trágica llega al extremo de ajusticiar y desaparecer a los defensores de los pueblos en una política en que reinan la mentira y la confusión con la inmoralidad como práctica cosificadora. Un indicador de tal comportamiento del sistema es que hasta hace poco el comercio de armas ocupaba el primer lugar y que ahora lo suplanta el narcotráfico.
Los fabricantes de armas están entre quienes actúan en un sistema cuyo atractivo principal es la maximización del poder. Foto Marco Peláez
Es en ese mundo en el que vive hoy la República Mexicana, donde tras la victoria electoral más impresionante de la historia, de éste y muchos otros países, la ciudadanía ha puesto a la cabeza del Estado a un presidente que no sólo aparece en la escena política como famoso por su honradez, sino por su valentía y habilidad política, innegables.
A la euforia causada por semejante triunfo electoral se ha añadido otra, con el entusiasmo que ha despertado la firme tesis del elegido de que en su gobierno va a emprender la Cuarta Transformación de México, siendo que las tres primeras fueron la Independencia de México, encabezada por el cura Hidalgo; la Reforma, que con Juárez creó el Estado laico y republicano, y la Revolución Mexicana, que culminó con el gobierno agrarista, obrerista y popular que nacionalizó el Petróleo y repartió el mayor número de tierras entre los campesinos beneficiados como comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios.
En nuestros días, a tan democráticos, justicieros y revolucionarios hechos de la Tercera Transformación, se añadió un sabor de alivio al pensar que ya no iban a estar al frente del gobierno una serie de políticos que desde los dos principales partidos –PRI y PAN– habían hecho del gobierno una fuente de enriquecimiento personal de sus jefes, que llegó a alcanzar proporciones escandalosas con los sucesivos presidentes y gobiernos para los que se volvió norma inteligente de “saber y gobierno” aquella frase que salió del decadente Atlacomulco, de que “un político pobre es un pobre político”, y con la que el presidente saliente Peña Nieto revistió orgulloso su enriquecimiento y el de la inmensa mayoría de sus colaboradores.
El triunfo colosal de López Obrador con 53 por ciento de los votos, generó un entusiasmo nacional poco común, que se hizo extensivo a buena parte de la izquierda mexicana, incluso a la que proviene del extinto Partido Comunista. Y aunque no dejó de preocupar a buena parte de los ricos y poderosos, pronto varios de los más acaudalados y famosos se integraron a un nuevo Consejo Asesor Empresarial del Presidente.
La historia de las contradicciones que en el nuevo gobierno surgieron se hizo inevitable, y si en la izquierda gubernamental se arguyó con la lógica de que no se podía ir más lejos, en la banca y las corporaciones por su parte se acentuaron medidas de presión tanto con los valores financieros, como con la moneda, y con la gasolina y el petróleo, que parecieron retar al nuevo gobernante, a confirmar su firmeza, o a negociar lo no negociable.
La primera respuesta del Presidente pareció que los actos de gobierno confirmaban su firmeza al anular un proyecto de aeropuerto en Texcoco, lugar próximo a la Ciudad de México, que no sólo había sido considerado inviable por diferentes expertos, sino al que se habían opuesto, una y otra vez, los pueblos aledaños, con tenacidad y valentía impresionantes.
La crítica de la derecha a la liquidación de la obra no se hizo esperar, lo que le valió al Presidente todo tipo de ataques por cuanto medio pudieron lanzar los inversionistas afectados y sus cómplices, quienes tacharon de irresponsable al Presidente al no tomar en cuenta que ya se habían invertido cientos de millones de pesos que él tiraba por la borda como si todavía estuviera en la campaña electoral y no se diera cuenta de su responsabilidad de gobernar.
Fue así como empezó a darse abiertamente –en las palabras y las decisiones– la lucha por definir al nuevo gobierno. En ella pareció ir triunfando el verdadero poder de la derecha, no sin escollos oficiales que frente a crecientes presiones el Presidente luchó por vencer. La destreza con que enfrentó a ese y otros problemas planteados pareció advertirse en las concesiones que hizo a uno y otro embates, entre críticas y asentimientos con que fue respondiendo a los ricos y poderosos y a la izquierda que lo acompaña.
Del conjunto de sus actos derivaron nuevas críticas a los ex presidentes neoliberales del PRIAN y a la corrupción que los caracterizaba, y críticas no menos firmes a la izquierda que no lo apoyaba acusándola, en forma visceral, de hacerle el juego a los “conservadores”.
A semejantes luchas verbales, el Presidente añadió, por un lado, la decisión de seguir construyendo dos termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto. Aquéllas iban a operar en zonas de por sí carentes de agua y a las que las empresas les quitarían gran cantidad de “aguas vivas” para devolvérselas como “aguas muertas” imbebibles e inútiles para el riego de sus campos y el mantenimiento de su vida… En cuanto al gasoducto le confirmaron también lo que a las poblaciones y al propio gasoducto dañaría, pues el gasoducto había sido trazado para pasar por tierras volcánicas y estaría expuesto a violentas rupturas y explosiones de que haría víctimas también a sus vecinos.
Si contra el informe de los especialistas y contra el sentir de los pueblos, el Presidente optó por apoyar a los voraces empresarios, a esa lamentable decisión añadió una curiosa forma de pedir a la oposición que no fuera a “politizar la muerte” (así dijo) de quien había sido asesinado a balazos: el dirigente Samir Flores, respetadísimo líder de los pueblos que encabezaban la oposición al proyecto, y que no “murió”, como dijo el Presidente, sino al que a tiros mataron y de ese modo acallaron, buscando intimidar de paso a los sobrevivientes.
Tal vez esa decisión y esa forma de eludir la palabra exacta, marcan la posición que, en los hechos, iría tomando el nuevo Presidente. Juntos, actos y expresiones verbales irían definiéndolo más que los meros calificativos. La sola enunciación de los mismos reveló que el gobierno del nuevo Presidente estaba o está en las antípodas de una Cuarta Transformación liberadora.
Del poco esperado y verdadero caminar se darían en la campaña electoral varios ofrecimientos que no cumplió, como el Proyecto Integral Morelos ya señalado, y la falta de una verdadera reforma educativa que sustituya a la mal llamada “reforma educativa” del régimen anterior, que en realidad busca reformar la educación “a modo de los empresarios” y controlar a los profesores con exámenes que se les aplican con base en algoritmos de una educación y un profesorado al servicio de las empresas y corporaciones, y frente a la cual puso como secretario de educación a quien siendo secretario de Gobernación con el presidente Zedilllo, que entre otras medidas autoritarias y represivas se negó a firmar los acuerdos de San Andrés, ya aprobados y firmados por sus representantes, y por todos los partidos políticos institucionales, así como por los rebeldes del EZLN que luchaban en busca de que los derechos de los pueblos indios para que fueran parte de la Constitución real y formal de la República, y que siguen luchando por que se respeten sus derechos a organizarse como comunidades realmente autónomas que practiquen la distribución del poder y el genuino respeto de la libertad y la democracia de las comunidades y redes de comunidades.
A la definición del actual gobierno con decisiones contrarias a los ofrecimientos de campaña al sentir, pensar y actuar de los pueblos y los trabajadores intelectuales con éstos que son los maestros urbanos y rurales atacados por la derecha desde los cristeros, se añadieron proyectos en que no fueron atendidas las experiencias históricas, ni los informes de los expertos, ni quienes ven en ellos amenazas para los pueblos comprobadas en la historia de México, de América Latina, e incluso de Estados Unidos.
Para la aprobación de varios de esos y otros proyectos que son objeto de diferencias se realizó una “consulta” legalmente obligatoria, pero simulada con encuestas de individuos que no representan el sentir ni la voluntad de las comunidades, ni su costumbre de “tomar acuerdo”. Los símiles de “consultas” en realidad se llevan a cabo con “muestras aleatorias” de “individuos”, seleccionados en formas que carecen de todo rigor técnico y científico, y que en términos de los especialistas en la materia no son ni “confiables” ni “válidas”.
Se trata de proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico que corresponden a una larga historia de nuestro continente, particularmente dolorosa. El proyecto del Tren Maya nos hace recordar que –como es bien conocido– el desarrollo de los ferrocarriles en Estados Unidos está estrechamente vinculado a la geografía de la desaparición de los pueblos indios….
En cuanto al Corredor Interoceánico, sin duda antecedente de un canal acuático que dados los costos mucho menores de transporte, es perfectamente previsible en un futuro inmediato. El proyecto, nos recuerda que su predecesor –el Canal de Panamá– fue causa determinante para arrebatar un inmenso territorio a la República de Colombia con la que se fundó la República de Panamá. Las políticas de balcanización han sido preferentes en la política expansionista estadunidense, con Vietnam del Sur y del Norte, Corea del Sur y del Norte, o con los países centroamericanos que se desprendieron de la antigua capitanía de Guatemala, o la destrucción de Yugoslavia y su transformación en un conjunto de republiquetas. A semejantes desastres se añade el de los “two Méxicos” que el historiador y antropólogo Lesley Byrd Simpson distinguió hace mucho tiempo en su libro titulado Many Mexicos... Su previsión ha sido confirmada recientemente por la titular de la Secretaría de Gobernación, que en su plática en Miami con la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, le hizo ver, que ahora Estados Unidos va a contar con dos fronteras para la contención de las “bandas de tráfico de seres humanos” desplazados de los países centroamericanos y el Caribe…
A semejantes proyectos de pérdida de la soberanía, en México se añade el de un incremento de las “zonas económicas especiales”, cuya geografía, hasta ahora, es la que conviene al comercio internacional de puerto a puerto entre el Pacífico y el Golfo, y que puede crecer y articularse en forma de “nodos” que dominen algo más que la industria y el comercio y desde luego un mercado hasta hoy nacional en el que van a instalar redes fabriles y comerciales de corporaciones de Estados Unidos a los que la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, publicada el 1º de junio de 2016, otorga derechos y privilegios de que gozarán los sectores privado y público y en que sus delegados ejercerán su autoridad soberana.
Hechos y medidas no menos importantes son los que se presentan a la ciudadanía como muestra del valor físico y cívico del presidente López Obrador y su decisión de no quedarse en el poder aunque muchos lo censuren. Es el caso, por un lado, de dar término al Estado Mayor Presidencial con el mensaje de que él es un Presidente que se cuida solo o a quien lo cuida el pueblo y, por otro, de que propone una reforma legislativa que dé el derecho a la ciudadanía para la remoción del mandato y el mandatario cuando así lo juzgue el pueblo, medidas admirablemente democráticas, pero que dejan mucho que desear en términos de la estabilidad del país y de una facilidad creciente con que podrá derrocarse al jefe de Estado. A esas medidas y otras con que parece legitimarse el presidente López Obrador, y que en lo concreto afectan la estabilidad del Estado mexicano, se añaden otras, como la creación de una Guardia Nacional, cuyo proyecto original del Ejecutivo era del todo militarista y que sólo dejó en parte de serlo por una inmensa corriente en contrario de la opinión pública.
El Estado Mexicano era un Estado antigolpe, y si desde Guadalupe Victoria el Presidente disponía de una Guardia Presidencial, que más tarde se convirtió en Estado Mayor Presidencial bajo las órdenes directas del Presidente, en tiempos del general Ávila Camacho, el Estado Mayor Presidencial llegó a tener la misma capacidad de fuego que el Ejército nacional. La estabilidad del gobierno no sólo dependía de la lealtad de las fuerzas armadas sino, también, de la estructuración para el control de sus fuerzas. Ahora y en el futuro sólo dependerá de la lealtad de los militares, como en todos los estados de América del Sur, lo que por la experiencia histórica hasta hoy da a la política del imperio mucho mayor posibilidad de intervención abierta o encubierta.
Es el caso que, para sorpresa de muchos, la restructuración del poder como su ejercicio, cuando se les analiza en su conjunto y en sus partes, tienen más que ver con el neoliberalismo populista en sus explicaciones y en sus reformas o proyectos de reforma institucional, y que no es exagerado afirmar que estas reformas son neoliberales tanto cuando dan más importancia a la corrupción que al capitalismo como causa de la inmensa desigualdad, criminalidad y amenazas de ecocidio con sus proyectos de muerte tanto aislados como sumados que se atribuyen a la corrupción y no al modo de dominación y acumulación movido por la maximización de poder y riquezas del capitalismo, y en la inmensa mayoría de las medidas que el Ejecutivo toma para un desarrollo con políticas de muerte que de lo micro a lo macro que están llevando al término de la vida en la Tierra.
Por pequeña que parezca hoy, tarde o temprano, el EZLN, el Congreso Nacional Indígena y la Red de Redes Nacional de Pueblos y Comunidades serán quienes logren la Cuarta Transformación, con la democracia basada en el poder distribuido entre pueblos y trabajadores formales e informales, quienes como quiso la izquierda de la Revolución Francesa asuman la soberanía para el logro concreto de la independencia, la libertad y el socialismo que en México quisieron y quieren los antiguos y nuevos descendientes de Zapata.

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