La Red Binacional de Organizaciones de Braceros 1942-1964
presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano para exigir el pago
del dinero que debe a sus integrantes o a sus familiares desde hace más
de medio siglo por el trabajo que realizaron en Estados Unidos.
En conferencia de prensa, los inconformes explicaron que el 29 de
marzo acudieron ante la sede de la CIDH en Washington para denunciar que
en octubre de 2018 la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) echó abajo un amparo que una juez de distrito había
otorgado dos años antes a los braceros.
El 29 de febrero de 2016, recordaron los representantes de los
trabajadores, la juez segunda de distrito en materia administrativa de
la Ciudad de México, Paula María García Villegas, concedió un amparo a
más de 5 mil braceros y ordenó que el gobierno mexicano les pagara sus
fondos de ahorro.
No obstante, la SCJN anuló la sentencia al convalidar el argumento de
las autoridades del país de que las pruebas documentales sobre el
dinero que corresponde a cada ex bracero
habían desaparecidoa causa del sismo del 19 de septiembre de 1985, pero sin explicar con detalle en qué lugar se encontraban esos documentos.
Tras el largo proceso legal que han seguido para recuperar sus
ahorros, y por considerar que ya se han agotado todas las instancias
judiciales mexicanas, los ex trabajadores y sus familias acudieron ante
la CIDH y el mismo día fueron recibidos por los congresistas demócratas
Tony Cárdenas, Joaquín Castro y Raúl Grijalva, quienes les manifestaron
su apoyo.
Los ex braceros llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a
resolver definitivamente esta deuda históricay se dijeron dispuestos a negociar para que la entrega de sus fondos de ahorro no perjudique la economía del país.
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
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