9/28/2019

23 de septiembre Día internacional contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual

Este día fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladés, en enero de 1999. Fue un 23 de septiembre, en el año 1913, cuando se promulgó la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil: el país pionero fue Argentina con la denominada “Ley Palacios”.
Si el pasado viernes, 20 de septiembre se convocaron concentraciones masivas por la noche para encender el Estado con luz violeta, ante la necesaria emergencia feminista por los continuos asesinatos de mujeres, no podemos perder de vista que el lunes 23 conmemoraremos otra fecha importante para los derechos de las mujeres y de la niñez.
No debemos olvidar que detrás de toda crisis humanitaria existe un gran negocio de trata de personas con diversos fines: Explotación laboral, sexual, trabajos forzados, tráfico de órganos etc. La trata de personas se ha convertido en la esclavitud del siglo XXI y en un gravísimo atentado a los Derechos Humanos de todas las personas que han sido compradas y vendidas en todo el mundo.
Quizás el fin más conocido de este lucrativo negocio sea la trata de mujeres y niñez con fines de explotación sexual. Y este negocio lo relata muy bien la película “El Proxeneta” de Mabel Lozano. En dicho film se hace un recorrido sobre la evolución de la prostitución y, a su vez, un recorrido por la vida emocional e incluso física de las víctimas de esta trata de mujeres que son convertidas en prostitutas con el único objetivo de esclavizarlas para que la máquina de ganar dinero no solo no se pare, sino que aumente continuamente.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que existen, aproximadamente, 21 millones de personas en el mundo víctimas de trabajos forzosos que, por supuesto, incluye a las víctimas de trata para la explotación sexual. Según dicho informe, todos los países están afectados por la trata ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas.
Lo más duro de las cifras es que 30 por ciento de las víctimas son niños y 70 por ciento son mujeres y niñas. Esta forma de esclavitud moderna se ceba mayoritariamente en las mujeres y en las niñas puesto que representan 99 por ciento del lucrativo negocio de la prostitución, pero además son 58 por ciento en otros sectores de trabajos forzados como el trabajo doméstico, por ejemplo. Solo en la prostitución se calcula que hay esclavizadas más de 4.8 millones de mujeres en el mundo, víctimas del doble estigma: ser compradas es sus países de origen, habitualmente pobres, y ser vendidas para ejercer la prostitución.
La pobreza y las guerras son habitualmente las situaciones que empujan a las mafias a buscar seres humanos con los que tratar con fines delictivos. A dichas mafias no les importa para nada sus Derechos Humanos. Lo único que buscan es aumentar sus beneficios a toda costa, sin importar para nada ni los Derechos Humanos, ni la dignidad de las víctimas.
Desgraciadamente el Estado Español es uno de los principales destinos de la trata de mujeres de entre 18 y 25 años sobre todo de Nigeria, Rumanía, China, Brasil y Bolivia llegan a España en su mayoría con fines de explotación sexual.
Y lo que es peor, la propia Fiscalía también denuncia que en España no están tipificados los delitos de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso como delitos propios e independientes, lo que considera como “una de las mayores carencias de nuestro ordenamiento jurídico penal”.
Como vemos es más que necesario seguir denunciando estas situaciones y seguir haciendo pedagogía para evitar que estas situaciones que generan graves consecuencias para las víctimas, no se den. Y como ciudadanas y ciudadanos que creemos en la libertad de las personas, de todas las personas, tenemos que actuar, cada cual desde su posición, para evitar tanto sufrimiento a tantas personas.
Las víctimas extranjeras de trata con fines de explotación sexual “quedan bajo una cobertura de muy dudosa eficacia” en España, no existe un régimen de protección integral de este colectivo y los casos que finalmente se investigan en la Fiscalía General del Estado “son solo la punta de un iceberg”.

CIMACFoto: César Martínez López

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