Pero el de Lesvy no
es el único hecho de violencia contra universitarias, pues posterior al
asesinato de la joven, han salido a la luz más situaciones de violencia al
interior de la UNAM: violaciones sexuales y otro asesinato cometido en las
instalaciones del CCH Oriente, todos ellos ante el silencio y omisión de las
autoridades universitarias.
Luego de aquel 3 de
mayo de 2017 que estremeció a la comunidad estudiantil universitaria quien se
enteraba del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en una caseta telefónica
ubicada frente al Instituto de Ingeniería con un cable de teléfono enredado en
su cuello y lesiones visibles, la reacción de las autoridades de la UNAM, fue
tardía y poco comprometida.
Tras la publicación
en la cuenta de Twitter de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México, (PGJ) sobre el hallazgo de la joven donde aseguró a través de varios
tuits “que el día de los hechos, la pareja se reunió con varios amigos en CU,
donde estuvieron alcoholizándose y drogándose”, “El novio con quien la víctima
vivía, informó que él trabajaba en el área de intendencia de la Preparatoria
6”, “su madre y su novio aseguraron que ella ya no estudiaba desde 2014, y dejó
sus clases en CCH Sur, donde debía materias”, la UNAM también desconoció a
Lesvy como parte de la comunidad universitaria.
Lesvy era estudiante
en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, también formaba
parte de la Estudiantina Femenil de la UNAM, y Jorge Luis González Hernández,
su expareja y hoy declarado culpable del feminicidio, se desempeñaba como
trabajador de intendencia de la UNAM.
Fue hasta días
después del hallazgo del cuerpo y debido a la presión de la comunidad de
universitarias, que el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers emitió un
escueto comunicado donde dijo “sentirse en deuda con la comunidad universitaria
por no haber podido eliminar aquella violenta realidad. Son las mujeres quienes
más sufren. Son ellas las que miran por encima del hombro para cerciorarse de
que pueden caminar seguras, y también son ellas las que más han luchado para erradicar
esta lacerante realidad”.
Se comprometió a
reforzar la vigilancia al interior de la casa de estudios y conformó un grupo
de académicas expertas en violencia de género que seguirían de cerca las
indagatorias del caso.
Este grupo
interdisciplinario lo integraron la presidenta de la Comisión de Equidad de
Género del Consejo Universitario, Leticia Cano Soriano; del Centro de
Investigaciones en Estudios de Género, la doctora Lourdes Enríquez; de la
Federación Mexicana de Universitarias, la doctora Ydalia Pérez Fernández; de la
Cátedra UNESCO en Derechos Humanos, la doctora Gloria Ramírez Hernández; y del
Instituto de Investigaciones Jurídicas, la doctora Alicia Elena Pérez Duarte.
El grupo se comprometió con cuatro acciones que no sólo atendían al
feminicidio de Lesvy sino que abarcaban la violencia que viven las
universitarias:
- Seguimiento de las mesas de discusión del “Protocolo de atención de casos de violencia de género” en la Universidad
- Impulsar un protocolo de actuación con perspectiva de género para el personal de seguridad
- Incluir en la licenciatura en Ciencias Forenses una materia de elaboración de periciales en distintas especialidades con perspectiva de género
- Gestionar acciones académicas de difusión, reflexión y debate en torno a la prevención de la violencia de género.
Todo ello se redujo a esporádicos pronunciamientos donde condenaron
la manera en que la PGJ dirigía la investigación; a la realización de
algunos foros en la UNAM y la develación de una placa en memoria de
Lesvy en su primer aniversario luctuoso.
La participación institucional de la UNAM se desdibujó
mientras los familiares proseguían la lucha por la verdad y justicia,
acompañados de las jóvenes universitarias.
Pasaron ya 2 años, y
hasta ahora, ni las académicas, ni las autoridades de la Universidad Nacional
se han pronunciado respecto a la investigación y fallo del Tribunal, que este
jueves 24 de octubre leerá la sentencia definitiva por la que condenó a 45 años
de prisión al feminicida de Lesvy, su expareja.
El deslinde
Durante el juicio
oral que comenzó el pasado 9 de septiembre en el Juzgado del Reclusorio Oriente,
compareció ante el Tribunal de Justicia el coordinador de vigilancia de la
UNAM, Teófilo Licona Ferro, quien refirió que “no recordaba” la participación
que tuvo en el levantamiento del cuerpo de Lesvy, y evadió responder los
cuestionamientos de los agentes de la PGJ y de las abogadas de la familia de la
víctima, sobre el protocolo que se sigue en este tipo de casos.
Nuevamente las
estudiantes tuvieron que presionar a las autoridades universitarias. Mientras
el juicio seguía su curso, entregaron una carta a la abogada general, Mónica
González Contró, en la que exigieron que se dejara de anteponer el supuesto
prestigio de la Universidad sobre la vida de las mujeres, y que los
funcionarios convocados a testificar en el juicio de Lesvy lo hicieran con apego
a la verdad de los hechos y sin omisión.
A pesar de las
resistencias de quienes comparecieron por parte de la UNAM, quedó expuesto ante
el TSJ que el personal de vigilancia de la Máxima Casa de estudios no preservó
la escena del crimen, lo que derivó en la pérdida de evidencia fundamental para
llegar a la verdad de los hechos.
A las audiencias, que
fueron públicas y que iniciaron el 9 de septiembre y culminaron el 11 de
octubre, no asistieron ni la abogada general, ni un representante de la
Rectoría, ni del grupo de académicas.
Una violencia que no acaba
El feminicidio de
Lesvy Berlín parece no haber sido suficiente para detener los graves casos de
violencia contra mujeres en la UNAM. Entre los más recientes está una denuncia
por una violación tumultuaria contra una estudiante del CCH Plantel Sur de la
UNAM, en el caso podrían estar involucrados sus propios compañeros de clase.
También está el
asesinato aún sin esclarecer de Aidée Mendoza Jerónimo, la estudiante de 18
años del CCH Plantel Oriente a quien le impactó una bala cuando tomaba clases
el 29 de abril de 2019. A diferencia de la presión de la Academia en el caso de
Lesvy, por la muerte de Aidée Mendoza no ha existido pronunciamiento ante la
opacidad con la que lleva las averiguaciones la PGJ. La familia ha acusado
también que no cuenta con el acompañamiento de la Máxima Casa de Estudios.
Pese a su compromiso y
responsabilidad de garantizar la seguridad de sus estudiantes dentro de sus
instalaciones, y más en el caso de la violencia de género, la UNAM ha guardado
un silencio lastimoso para la comunidad estudiantil y para las familias de las
víctimas, lo que contribuye a la impunidad.
CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de México.
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