Ciudad de México.- El Congreso de Nuevo León aprobó
incluir en su Ley Estatal de Salud la objeción de conciencia, una
reforma normativa que podría vulnerar los Derechos Humanos de las
mujeres al restringir la atención médica en casos de interrupción del
embarazo o servicios de salud sexual y reproductiva.
El 15 de octubre las y los diputados locales aprobaron introducir el
principio de objeción de conciencia en el artículo 48 de la Ley Estatal
de Salud para que el personal médico y de enfermería que forme parte del
Sistema Estatal de Salud pueda ejercerla y “excusarse de participar en
la presentación de servicios que establece esta ley”.
Las ideologías partidistas se desvanecieron a la hora de aprobar la reforma propuesta en abril pasado por el diputado Juan Carlos Leal Segovia,
quien entonces era integrante de Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) y quien más tarde renunció para integrarse al conservador
Partido Encuentro Social (PES).
A favor del dictamen, avalado previamente por la Comisión de Salud y
Atención a Grupos Vulnerables, votaron los 15 integrantes de la bancada
del Partido Acción Nacional (PAN), la fuerza política en el Congreso;
nueve del Partido Revolucionario Institucional (PRI); cinco de los siete
legisladores de Morena; cuatro de Movimiento Ciudadano (MC) y dos del
Partido del Trabajo (PT).
Sólo hubo 5 votos en contra de la reforma: uno del legislador de
Morena, Luis Armando Torres; dos de MC, Mariela Saldívar Villalobos y
Arturo Bonifacio de la Garza Garza; uno del partido Nueva Alianza, con
la diputada María Dolores Leal Cantú y otro de la diputada independiente
Claudia Tapia Castelo.
El tema causó gran revuelo en la opinión pública por sus posibles
efectos negativos en el derecho a la salud. Diversas instituciones como
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL)
expresaron en un comunicado su preocupación por la posibilidad de que
esta figura jurídica impida el acceso a servicios de salud a todas las
personas.
De acuerdo con el organismo, la reforma no prevé la obligación de las
instituciones de salud pública de contar con personal, tanto objetor,
como no objetor de conciencia, para minimizar la posibilidad de que las
personas que requieran los servicios de salud queden desatendidas.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)
también se posicionó. El 22 de octubre emitió un comunicado en donde
enfatizó que la objeción de conciencia no debe ser pretexto para dejar
de prestar servicios médicos a la ciudadanía, sobre todo si dicha
objeción está motivada por actos de discriminación.
La reforma en Nuevo León es similar a la aprobada en 2018 por el
Congreso de la Unión para adicionar al artículo 10 Bis de la Ley General
de Salud la objeción de conciencia. La ley federal establece que el
personal médico y de enfermería, en instituciones públicas o privadas,
tendrán derecho a no prestar servicios que resulten contrarios a sus
convicciones, creencias religiosas o éticas.
No obstante, la Ley General de Salud indica que se exceptúan aquellos
casos en que se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una
urgencia médica.
En Arthemisas por la Equidad AC, una organización civil que defiende
los derechos de las mujeres en Nuevo León, observan que las decisiones
del Congreso estatal responde a una oleada conservadora y antiderechos
ante el movimiento feminista que cada vez toma más fuerza a través de
movilizaciones como la llamada “Marea Verde”, que busca despenalizar el
aborto.
Protección de la vida en Nuevo León
En entrevista con Cimacnoticias, la presidenta de Arthemisas, Irma
Alma Ochoa Treviño, señaló que quienes están legislando “no llevan la
camiseta partidista como sucedía antes”, pues a pesar de que el Congreso
está dominado por el partido conservador de Acción Nacional,
legisladores identificados como de izquierda, como es el caso de Morena,
también se han sumado a estas iniciativas que obstaculizan los Derechos
Humanos.
Lo mismo sucedió con la reforma que “protege la vida desde la
concepción”, recordó la defensora. En marzo de este año las bancadas del
PAN, PRI, PES, PT, y parte de la bancada de Morena del Congreso de
Nuevo León, aprobaron reformar el Artículo 1 de la Constitución local
para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, iniciativa que en el fondo criminaliza el aborto.
En ese sentido, la reforma a la Ley Estatal de Salud es la segunda
modificación normativa del Congreso de Nuevo León que atenta contra los
derechos de las mujeres, en este caso porque podría generar que el
personal médico se niegue a practicar la interrupción legal del
embarazo, entre otros servicios.
Ante ello, Irma Ochoa advirtió que el movimiento en favor de los
derechos de las mujeres debe estar atento del trabajo que está
realizando el Congreso estatal. Para la defensora una forma de responder
a las iniciativas conservadoras es por medio de el mecanismos de Alerta
de Violencia de Género (AVG).
Es decir, Irma Ochoa, señaló que se podría solicitar la AVG por
Agravio Comparado, una causal que busca erradicar los marcos normativos
que atentan contra los derechos de las mujeres y niñas. O bien, otras
vías como presentar una acción de inconstitucionalidad contra estas
leyes discriminatorias, que podrían continuar avanzado en otros estados.
Iniciativa divide al Congreso federal
Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo de la Junta
de Coordinación Política (Jucopo), para exhortar al Congreso del estado
de Nuevo León a que reconsidere la aprobación de la reforma a la Ley
Estatal de Salud.
El exhorto se aprobó ayer, cerca de las 10 de la noche, unos minutos
antes de finalizar la sesión y se avaló en votación económica, es decir,
con las y los legisladores presentes, aun cuando no había quórum porque
solo se encontraban alrededor de 237 de los 500 legisladores..
Como respuesta, en la sesión de este jueves el diputado del PAN,
Jorge Arturo Espadas Galván, dijo que el exhorto fue inadecuado y estaba
mal informado por lo que pidió que se registrara que su grupo
parlamentario rechazaba ese llamado por basarse en información falsa.
“Esta reforma que realizó el Congreso del estado de Nuevo León es
perfectamente apegada a los tratados internacionales y a la Constitución
Política de este país. Y es prácticamente literal la homologación con
el texto que tenemos en la Ley General de Salud”, dijo.
El diputado Espadas pidió que la Jucopo reconociera su pifia y
ofreciera disculpas al Congreso de Nuevo León. Sin embargo, el documento
fue firmado por los coordinadores de los ocho partidos políticos,
incluido Juan Carlos Romero Hicks, del PAN.
Es de recordar que el 11 de junio de 2018 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma a la Ley General de Salud.
CIMACFoto: María Esparza Quintana
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