La experta del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW , por sus siglas en
inglés), y relatora en ocasión del noveno informe de México ante la
CEDAW, Magalys Arocha Domínguez, reconoció en una conferencia magistral
en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que el país ha dado
pasos importantes hacia una igualdad sustantiva, sobre todo en materia
de leyes, pero advirtió que necesita transferir estos avances a la
realidad.
Arocha Domínguez, fue invitada por el Tribunal Electoral y la
presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Derechos Humanos
de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los
Estados Unidos Mexicanos, Alejandra Chávez Camarena, a platicar sobre
“La CEDAW y los Derechos Político-Electorales”. Recordó que dentro de
las observaciones que el Comité hizo respecto a México, destacaron las
trabas institucionales, estructurales y prácticas que dificultaban el
acceso de las mujeres a la justicia.
“La ley no basta. Hay que ver en la práctica, que es la igualdad
sustantiva”, enfatizó. Uno de sus ejemplos fue la paridad en el
Congreso: “La paridad no implica paridad, hay que ver de dónde vienen
esas mujeres”, dijo, por ejemplo, las mujeres indígenas estarían lejos
de ser representadas acorde a su proporción demográfica. Por eso sería
importante el párrafo 18 del artículo 2 de la CEDAW sobre la
interseccionalidad, porque los puntos de vista de mujeres indígenas,
afros, lesbianas o con discapacidad podrían ser distintas a los de una
mujer blanca, dijo la experta.
Refirió que el comité observó, que las y los integrantes del poder
judicial, así como la policía tienen estereotipos discriminatorios y
escasos conocimientos sobre derechos de las mujeres, además de que se
detectó una parcialidad judicial en la resolución de casos y la falta de
rendición de cuentas, junto con el escaso acceso público a las
decisiones judiciales. Al mismo tiempo, las barreras financieras,
lingüisticas y geográficas impedían el acceso a la justicia de mujeres
de bajos ingresos, indígenas, y rurales.
“A veces se crean leyes maravillosas, pero después, ¿Qué pasa en este
municipio empobrecido?”, se preguntó Arocha Domínguez, aludiendo a
mujeres que por escasez financiera o desconocimiento no acuden a las
instituciones. La CEDAW obligaría a los países a acelerar la igualdad
mediante medidas especiales, “pero la mayoría de países no entiende
eso”. El comité de la CEDAW criticó severamente a México por el rezago
que llevan regiones con poblaciones en vulnerabilidad. Los presupuestos
estatales, observó el informe, serían insuficientes para la aplicación
de las leyes sobre la igualdad de género y el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia.
Otro ejemplo sería la Norma NOM-046 sobre violencia familiar, sexual y
contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. “No
funciona”, concluyó la experta, un incumplimiento que el Comité de la
CEDAW habría criticado en 2012, y otra vez en 2018. De la misma manera,
el Estado mexicano no habría evidenciado avances para modificar
conductas culturales y patrones que discriminan a las mujeres, así como
estereotipos. “Hicimos campañas en televisión”, sería una de las
respuestas al fenómeno, “pero con eso no se resuelven problemas.” Arocha
Domínguez destacó que sería importante cambiar esas conductas, sobre
todo porque los estereotipos de género que existen en las cabezas del
personal jurídico y de la policía impedirían el acceso a la justicia
para las mujeres.
Sin embargo, la antes relatora del Comité CEDAW también notó avances
en la posición del gobierno mexicano. Mientras que el informe en 2012
fue desastroso e intentaba desviar los problemas en materia de
discriminación de la mujer, el equipo del gobierno en 2018 habría sido
muy bien preparado, no evitó preguntas críticas y reconoció los
problemas graves como la violencia de género. En el nuevo gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, “veo una voluntad política de incorporar la
perspectiva de género”, dijo Arocha Domínguez. Los indicadores para
eso, serían el reconocimiento oficial de la violencia de género, los
recursos, también humanos, que se emplean para este tema, y el
compromiso de las instituciones públicas. Relató que a comparación de
otros países, el Instituto Nacional de Mujeres tendría más competencias,
más capacidad técnica y recursos (aunque todavía insuficientes).
Arocha Domínguez hizo hincapie en los casos de feminicidio no
resueltos y la poca visibilización de la violencia laboral, así como la
persistencia de esterotipos de género en funcionarios públicos. Destacó
que resolver el problema de la violencia de género, sería la prioridad
numero uno para el Comité de la CEDAW: “Es la condición básica para
resolver todo lo demás”, dijo la experta.
Magalys Arocha Domínguez (centr.) experta del Comité de la CEDAW, en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Foto: Sonia Gerth/Cimac
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