Foto: Amnistía Internacional.-Ciudad
de México.- En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer (25N), Amnistía Internacional recalcó la exigencia de
cientos de colectivas feministas para que el Estado mexicano erradique
las causas estructurales que impiden a las mujeres y las niñas mexicanas
tener una vida digna, sin violencias, que frenan el pleno goce de sus
derechos humanos.
“En
el marco del nuevo gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo,
hacemos propicia la ocasión para invitarla a que dé contenido y sentido a
su frase: “llegamos todas” –dicha en su toma de
posesión–, mediante la adopción de medidas que permitan la efectiva
aplicación de la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva recién aprobada por el Poder Legislativo, para que no se quede en el papel”.
Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana.
Como
cada año, una contingenta de Amnistía Internacional se sumó a las
cientos de colectivas de mujeres que participarán en la marcha
conmemorativa del 25N, evento en el que hicieron un llamado a la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para que se concluyan
los trámites que formalicen jurídicamente, y de manera definitiva, a la
Glorieta de las Mujeres que Luchan.
La misma Olivares Ferreto,
recordó que “el intenso e incansable trabajo de diversas colectivas de
mujeres impulsó en México la creación –a lo largo de más de tres
décadas– de un robusto andamiaje legal e institucional para tutelar los
derechos de las mujeres. Sin embargo, advirtió que éste no opera de
manera adecuada porque el Estado no ha invertido en la infraestructura,
los presupuestos, ni en el personal adecuado.
“Para
atacar de raíz los factores estructurales que impiden el pleno
ejercicio de los derechos de las mujeres, sería ideal que el nuevo
gobierno dé cabal cumplimiento a las recomendaciones que el Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha hecho al
Estado mexicano, y a las que se le han realizado en el marco del Examen
Periódico Universal (EPU), el último de los cuales tuvo lugar en enero
de 2024”.
Edith Olivares Ferreto
También
recordó que la deuda de México con las mujeres «es inmensa», y el Estado
mexicano sigue quedando corto en su obligación de garantizar derechos
fundamentales como la vida y la justicia, porque cada da día, diez mujeres son
asesinadas en promedio; de estos, al menos una tercera parte son
investigados como feminicidios, y la mayoría queda en la impunidad.
A
esto se suma la violencia que enfrentan las mujeres buscadoras, quienes
además de cargar con la ausencia de sus seres queridos, enfrentan
agresiones, estigmatización y falta de apoyo estatal en su búsqueda. El
aborto sigue siendo un derecho escatimado, afectando la salud de miles
de mujeres, incluidas niñas víctimas de violencia sexual.
Los
pendientes son muchos, y urge que este nuevo gobierno tome medidas
concretas para consolidar los derechos de las mujeres, tan largamente
postergados”, afirmó Edith Olivares Ferreto.
Tareas imprescindibles
Las cifras de asesinatos de mujeres en México siguen siendo altas, en 2020 se registraron:
2020
3 mil 957
2021
4 mil 002
2022
3 mil 928
2023
3 mil 578
¡No que no, sí que sí; ya volvimos a salir!
Este #25N
Amnistía Internacional hace eco nuevamente de la exigencia de cientos
de colectivas feministas para que el Estado mexicano erradique las
causas estructurales que impiden a las mujeres y las niñas mexicanas
tener una vida… pic.twitter.com/mMZvZ3wKAm
Por
lo que más allá de la discusión de si han bajado las cifras o no, el
tema debe centrarse en que las políticas públicas puestas en práctica
hasta el momento no son efectivas para disminuir los asesinatos y
garantizar la vida de las mujeres en México.
Desde Amnistía
Internacional, advirtieron que las violencias contra las mujeres son
reflejo de un sistema de opresión y que los cambios que se requieren son
de fondo, por eso, para este organismo es imprescindible poner el
acento, como lo establecen las recomendaciones de la CEDAW, en la
prevención de las violencias con políticas articuladas, empezando por la
parte educativa, para atacar de raíz las actitudes machistas -–cuya
expresión máxima se refleja en las agresiones y asesinatos de mujeres–,
que están profundamente enraizadas en la idiosincracia mexicana.
Insistieron
en erradicar la impunidad que persiste en las investigaciones de los
feminicidios, al detallar que la sanción en éstos debe ser eficiente y
para ello dijeron que hay que poner especial atención al trabajo de las
fiscalías.
En el informe Juicio a la Justicia,
Amnistía Internacional documentó las ineficiencias en que incurren
éstas y que impiden el acceso a la verdad, la justicia, la reparación
del daño y a las garantías de no repetición para las familias de las
víctimas.
En dicho informe se destaca la necesidad de que las
fiscalías cuenten con personal calificado; capacitación permanente y
adecuada; infraestructura necesaria para efectuar su trabajo y
presupuestos suficientes. De lo contrario, advirtieron, persistirá la
impunidad y con ello el mensaje de que no habrá ninguna consecuencia por
violentar una mujer en este país.
César Martínez López.- Ciudad
de México.- En la sesión matutina del martes 5 de noviembre, el Pleno
de la Cámara de Diputados determinó por votación que el Estado mexicano
deberá garantizar por ley, el goce y ejercicio del derecho de igualdad
sustantiva para las mujeres, por lo que se se reformarán artículos
constitucionales en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de
género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y
erradicación de la brecha salarial por razones de género.
El pleno
de la Cámara de Diputados aprobó estas disposiciones con 468 votos a
favor, para también establecer que la actuación de las instituciones de
seguridad pública se regirán por el principio de perspectiva de género.
Se
determinó que las instituciones de procuración de justicia deberán
contar con fiscalías especializadas de investigación de delitos
relacionados con las violencias de género contra las mujeres, para
proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.
Además,
a la letra se menciona que a trabajo igual corresponderá salario igual,
sin tener en cuenta sexo, género ni nacionalidad. Las leyes
establecerán los mecanismos tendientes a reducir y erradicar la brecha
salarial de género.
Los artículos que se
reformarán y adicionarán para la Igualdad Sustantiva votada serán: 4º,
21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política.
El día
anterior a esta votación, durante la discusión en la Comisión de Puntos
Constitucionales, durante la segunda ronda de argumentación, la diputada
Karina Margarita del Río Zenteno de Morena, aseguró que
«La
igualdad sustantiva no puede ser total mientras haya mujeres indígenas
enfrentando exclusión, por lo que la reforma es una oportunidad para
avanzar en el reconocimiento de sus derechos y en la construcción de una
sociedad verdaderamente incluyente».
A su vez, la diputada
Anayeli Muñoz Moreno de Movimiento Ciudadano, en la tercera ronda de
participación, destacó la reforma, pero señaló
«Hay
que reconocer que la igualdad sustantiva no se da por decreto; se debe
avanzar en cuanto a brecha salarial, acceso a vivienda, violencia y
despenalización del aborto. “Para cristalizar esta igualdad de
oportunidades es necesaria la perspectiva de género en el presupuesto”.
Con
esta aprobación los nombramientos de las personas titulares en la
administración pública federal del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas y municipios, deberán observar
el principio de paridad de género.
Además, las autoridades
federales también podrán conocer de las medidas u órdenes de protección
que deriven de violencias de género en contra de las mujeres o de
delitos del fuero común relacionados con las violencias de género contra
las mujeres.
A partir de ahora el Congreso de la Unión tiene 90
días para armonizar el marco jurídico correspondiente para adecuarlo al
contenido de esta ley, así como las entidades federativas quienes
deberán armonizar el marco jurídico respectivo en un plazo que no
excederá de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto.
La discusión en el Senado
Las
comisiones unidas de Puntos Constitucionales, para la Igualdad de
Género y Estudios Legislativos del Senado discutieron la iniciativa de
decreto el 22 de octubre del 2024, la cual fue enviada por la presidenta
Claudia Sheiubaum Pardo la cual presentó en su conferencia de prensa
matutina el día 3 de octubre.
La razón por la que se propone
reformar estos artículos, de acuerdo con la presidenta, es apoyar y
proteger a las mujeres en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de
género, derecho a una vida libre de violencia y erradicación de la
brecha salarial por razones de género. No obstante, su discusión trae
muchas interrogantes, entre ellas si estas reformas realmente
beneficiarán a las mujeres.
Respecto a las modificaciones a estos
artículos, Angélica de la Peña, feminista, defensora de derechos humanos
y política mexicana, comentó a Cimacnoticias en el programa de
Mesa de Análisis, de la periodista Lucía Lagunes Huerta, qué implica la
reforma a estos artículos y cómo afecta -de forma positiva y negativa- a
las mujeres.
De forma contundente, De la Peña señaló que esta
reforma sin duda es necesaria, puesto que pone el foco en las mujeres.
Sin embargo, desde su experiencia, no toma en consideración toda la
gravedad de los problemas sociales que actualmente tienen las mujeres y
solo “hace una especia de maquillaje minúsculo” y no toca de fondo el
problema estructural actual del país en materia de igualdad sustantiva
para las mujeres.
“Seguimos
viendo muchos pendientes que desde mi punto de vista no garantizan el
tránsito, el paso fundamental que deberíamos dar para lograr un
verdadero cambio en favor de las mujeres”, detalló la especialista.
Para
ejemplificar esta falta de profundidad en esta reforma, la feminista de
larga data retomó la problemática que tienen las mujeres del poder
judicial actualmente para acceder a puestos de poder y cómo no es
posible observar una garantía a la paridad de género en estos espacios.
“Me
parece importante llamar la atención de que se han quedado sin trabajo
el 30% [de las y los trabajadores] y nadie garantiza que vaya a ver en
una elección donde haya paridad”.
Asimismo, señaló que las
reformas a los artículos no abordan las medidas de prevención a la
violencia de género y habrá que ver cómo quedan finalmente en las leyes
secundarias que se discutirán después, pero con lo que conocemos, de la
Peña es contundente: “esta reforma tiene un déficit que solo maquilla el
problema” en materia de igualdad sustantiva.
La especialista
también hizo hincapié en que esta reforma no aborda de manera integral
el Sistema Nacional de Cuidados y la Secretaría de las mujeres, otros
pendientes que desde el sexenio pasado han dejado mucho que desear.
También
dijo que es importante no perder el foco en que esta reforma no incluye
el sexo. De la Peña señala que el sexo “es el origen de la
discriminación ancestral que sufren las mujeres en la humanidad en todas
partes del mundo desde siempre y me parece que eso no puede, no puede
desaparecer”.
“Siguen estando pendientes las discriminaciones y la violencia contra las mujeres precisamente porque son mujeres”.
El dictamen en Comisiones
Un
día previo a la votación, es decir, el lunes 4 de noviembre, el
dictamen fue avalado por 38 votos a favor y cero en contra; por lo que
se remitió a la Mesa Directiva y fue votado favorablemente.
Durante
la Primera ronda en la la Comisión de Puntos Constitucionales,
presidida por el diputado Leonel Godoy Rangel de Morena, la diputada
Annia Sarahí Gómez Cárdenas del PAN, aplaudió la propuesta para
incorporar en el texto constitucional la igualdad sustantiva; sin
embargo, consideró importante que en el tema de las fiscalías
especializadas se tome en cuenta el impacto presupuestal que habría,
pues es urgente atender la violencia contra las mujeres.
Por su
parte, la diputada Ana Erika Santana González (PVEM), vía remota,
celebró elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva de las
mujeres, pues se tienen décadas luchando para que exista a nivel
vertical y transversal que la igualdad sea reconocida”. Aplaudió que
exista un fiscal a nivel federal que represente a las mujeres y vele por
sus intereses.
También de manera remota, la diputada Nadia
Navarro Acevedo del PRI, señaló que acompañarán la reforma, pero se debe
reflejar en el aspecto presupuestal para que no quede solo en demagogia
o en discurso. “Esperamos que los derechos laborales, la participación
política libre de violencia y la brecha salarial desaparezca, y se hagan
una realidad para las mujeres”.
La diputada Irais Virginia Reyes
De la Torre, de Movimiento Ciudadano, precisó que el dictamen señala la
igualdad sustantiva como una obligación que tiene el Estado mexicano,
habla del derecho que tienen las mujeres a una vida libre de violencia
en donde el 70 por ciento de ellas ha experimentado algún tipo de
violencia en razón de género, y aborda la paridad en los gabinetes
municipales y estatales.
Mary Carmen Bernal Martínez, diputada del
Partido del Trabajo, destacó la reforma al artículo 21 sobre los temas
de seguridad pública, ya que es un viacrucis cuando ellas
intentan presentar una denuncia por algún delito de género, aunque queda
pendiente el delito de feminicidio. “Habrá presupuesto para generar
acciones que reduzcan la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres”.
De
Morena, la diputada Julieta Kristal Vences Valencia afirmó que la
reforma es resultado de una lucha de más de 200 años para incorporar a
las mujeres en la vida política del país, y garantizar las mismas
oportunidades que los hombres. Hizo votos por un presupuesto que haga
realidad la igualdad sustantiva, con las mujeres al centro frente y sus
derechos al centro.
Segunda ronda
La
diputada Laura Hernández García de Movimiento Ciudadano, dijo que esta
reforma es toral para las mujeres, ya que promoverá que haya fiscalías
especializadas, capacitación para los operadores de justicia y policías,
a fin de que conozcan los protocolos signados en materia de justicia a
víctimas directas e indirectas.
Del PAN, la diputada Laura
Cristina Márquez Alcalá señaló que la reforma será efectiva si se
trabaja de manera conjunta para su implementación y con voluntad para
hacer lo necesario, a fin de que las mujeres sean consideradas iguales
en oportunidades, derechos, dignidad, así como seguir avanzando en la
eliminación de brechas y barreras, y que vivan libres de violencia.
La
diputada Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo, expresó que se
trata de una modificación que no solo se hace cargo del concepto de
igualdad sustantiva ni es una reforma de papel, sino desde la
Constitución hay elementos para hacerlo realidad, mediante lo que se
conoce como “deberes reforzados del Estado”, no solo en materia de
seguridad sino en todos sus elementos. “Como mujer se entiende que las
violencias no son únicamente físicas”.
Tercera ronda
A
su vez, la diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) adelantó su voto a
favor porque la reforma reconoce un grave problema sobre desigualdad y
violencia hacia mujeres. Sin embargo, manifestó dudas respecto a su
materialización, pues las propuestas y políticas públicas en esta
materia fueron rechazadas o eliminadas en la pasada administración, y
planteó que se repongan, mejoren y reimpulsen.
Ruth Maricela Silva
Andraca, diputada del PVEM, apuntó que el dictamen protege y amplía los
derechos sociales y económicos de las mujeres mediante el
fortalecimiento de la igualdad sustantiva, la perspectiva de género,
derecho a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha
salarial en razón de género; además, es consecuente con los compromisos
internacionales.
De Morena, la diputada Xóchitl Nashielly Zagal
Ramírez hizo referencia a la cartilla de derechos y pensiones para las
mujeres adultas mayores que se contempla. La reforma va a combatir la
inequidad salarial, la violencia de género, fortalece el acceso a la
justicia, mejora la salud y el bienestar, reconoce la brecha que hay,
pero debe considerar el enfoque de interseccionalidad y la diversidad.
En
su oportunidad, la diputada Katia Alejandra Castillo Lozano (Morena)
manifestó que la igualdad sustantiva no es un ideal abstracto, es la
necesidad urgente de garantizar que las mujeres tengan las mismas
oportunidades de desarrollo, acceso a un salario justo, vivir sin miedo a
la violencia y ser valoradas en cada participación; ofrece pasos firmes
para erradicar la brecha salarial por razón de género.
¿Qué artículos y reformas secundarias modificarán?
Para entender a qué nos referimos, vale la pena detenernos a conocer los artículos que se reformarán.
Artículo 4:
En
este artículo a partir de reconocer las desigualdades históricas entre
mujeres y hombres se busca establecer el derecho a la igualdad
sustantiva además de establecer el derecho de todas las personas a una
vida libre de violencia.
Artículo 21, 41 y 116:
En el artículo 21 se
dispone de manera particular que las instituciones de seguridad pública
ajustarán sus actuaciones a la perspectiva de género.
La misma previsión se establece en el artículo 116 para
la actuación de las instituciones de procuración de justicia de las
Entidades Federativas así como la disposición de las Entidades
Federativas que deberán contar con Fiscalías de investigación de delitos
por razón de género.
En cuanto al artículo 41 se establece la obligatoriedad de la paridad de género en la Administración Pública Federal, Estatal.
Artículo 73:
En
este artículo fracción XXI último párrafo, se establece que la
Federación conocerá las Medidas de Protección que deriven de violencia
de género o de delitos del fuero común por razón de género.
Artículo 123:
La brecha salarial de género es una práctica retributiva desigual y por tanto injusta. Por ello, el artículo 123 establece
que en ambos apartados la disposición expresa y específica para que en
las Leyes del trabajo se establezcan medidas tendientes a erradicar la
brecha salarial de género.
Además de la modificación/adición a
estos artículos, se tiene previsto modificar algunas leyes secundarias,
leyes donde se espera haya una mayor especificidad respecto a la
prevención, cuidado y sanciones contra la violencia de género:
La experta del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW , por sus siglas en
inglés), y relatora en ocasión del noveno informe de México ante la
CEDAW, Magalys Arocha Domínguez, reconoció en una conferencia magistral
en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que el país ha dado
pasos importantes hacia una igualdad sustantiva, sobre todo en materia
de leyes, pero advirtió que necesita transferir estos avances a la
realidad.
Arocha Domínguez, fue invitada por el Tribunal Electoral y la
presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Derechos Humanos
de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los
Estados Unidos Mexicanos, Alejandra Chávez Camarena, a platicar sobre
“La CEDAW y los Derechos Político-Electorales”. Recordó que dentro de
las observaciones que el Comité hizo respecto a México, destacaron las
trabas institucionales, estructurales y prácticas que dificultaban el
acceso de las mujeres a la justicia.
“La ley no basta. Hay que ver en la práctica, que es la igualdad
sustantiva”, enfatizó. Uno de sus ejemplos fue la paridad en el
Congreso: “La paridad no implica paridad, hay que ver de dónde vienen
esas mujeres”, dijo, por ejemplo, las mujeres indígenas estarían lejos
de ser representadas acorde a su proporción demográfica. Por eso sería
importante el párrafo 18 del artículo 2 de la CEDAW sobre la
interseccionalidad, porque los puntos de vista de mujeres indígenas,
afros, lesbianas o con discapacidad podrían ser distintas a los de una
mujer blanca, dijo la experta.
Refirió que el comité observó, que las y los integrantes del poder
judicial, así como la policía tienen estereotipos discriminatorios y
escasos conocimientos sobre derechos de las mujeres, además de que se
detectó una parcialidad judicial en la resolución de casos y la falta de
rendición de cuentas, junto con el escaso acceso público a las
decisiones judiciales. Al mismo tiempo, las barreras financieras,
lingüisticas y geográficas impedían el acceso a la justicia de mujeres
de bajos ingresos, indígenas, y rurales.
“A veces se crean leyes maravillosas, pero después, ¿Qué pasa en este
municipio empobrecido?”, se preguntó Arocha Domínguez, aludiendo a
mujeres que por escasez financiera o desconocimiento no acuden a las
instituciones. La CEDAW obligaría a los países a acelerar la igualdad
mediante medidas especiales, “pero la mayoría de países no entiende
eso”. El comité de la CEDAW criticó severamente a México por el rezago
que llevan regiones con poblaciones en vulnerabilidad. Los presupuestos
estatales, observó el informe, serían insuficientes para la aplicación
de las leyes sobre la igualdad de género y el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia.
Otro ejemplo sería la Norma NOM-046 sobre violencia familiar, sexual y
contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. “No
funciona”, concluyó la experta, un incumplimiento que el Comité de la
CEDAW habría criticado en 2012, y otra vez en 2018. De la misma manera,
el Estado mexicano no habría evidenciado avances para modificar
conductas culturales y patrones que discriminan a las mujeres, así como
estereotipos. “Hicimos campañas en televisión”, sería una de las
respuestas al fenómeno, “pero con eso no se resuelven problemas.” Arocha
Domínguez destacó que sería importante cambiar esas conductas, sobre
todo porque los estereotipos de género que existen en las cabezas del
personal jurídico y de la policía impedirían el acceso a la justicia
para las mujeres.
Sin embargo, la antes relatora del Comité CEDAW también notó avances
en la posición del gobierno mexicano. Mientras que el informe en 2012
fue desastroso e intentaba desviar los problemas en materia de
discriminación de la mujer, el equipo del gobierno en 2018 habría sido
muy bien preparado, no evitó preguntas críticas y reconoció los
problemas graves como la violencia de género. En el nuevo gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, “veo una voluntad política de incorporar la
perspectiva de género”, dijo Arocha Domínguez. Los indicadores para
eso, serían el reconocimiento oficial de la violencia de género, los
recursos, también humanos, que se emplean para este tema, y el
compromiso de las instituciones públicas. Relató que a comparación de
otros países, el Instituto Nacional de Mujeres tendría más competencias,
más capacidad técnica y recursos (aunque todavía insuficientes).
Arocha Domínguez hizo hincapie en los casos de feminicidio no
resueltos y la poca visibilización de la violencia laboral, así como la
persistencia de esterotipos de género en funcionarios públicos. Destacó
que resolver el problema de la violencia de género, sería la prioridad
numero uno para el Comité de la CEDAW: “Es la condición básica para
resolver todo lo demás”, dijo la experta.
Magalys Arocha Domínguez (centr.) experta del Comité de la CEDAW, en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Foto: Sonia Gerth/Cimac
