Ciudad de México. La justicia por el feminicidio de
Mariana Lima Buendía –ocurrido hace 10 años en Chimalhuacán, Estado de
México– podría llegar este año, cuando se concluya la etapa de desahogo
de pruebas y se dicte una nueva sentencia apegada a la perspectiva de
género.
Mariana Lima Buendía fue asesinada el 28 de junio de 2010 por su
expareja, Julio NN, que se desempeñaba como policía ministerial en el
Edomex. En marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) emitió una sentencia (554/2013) por este caso, el primero
relacionado que revisa el Máximo Tribunal relacionado con un
feminicidio.
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La sentencia de Mariana Lima reconoció que policías, peritos y
agentes del Edomex cometieron omisiones, negligencias y obstrucciones
que llevaron a clasificar un homicidio como suicidio a pesar de las
pruebas: el cuerpo de Mariana había sido lavado, tenía golpes y el
cordón con el que presuntamente se suicidó no hubiera podido soportar el
peso de la joven.
También obliga a todas las autoridades judiciales a investigar y
juzgar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres y
reabrir el expediente de Mariana para que el sistema de justicia
investigue el caso como homicidio calificado. Aunque el asesinato de
Mariana Lima cumple con las características de un feminicidio, no puede
ser juzgado así porque ocurrió en 2010, un año antes de que se
tipificara ese delito en el Edomex.
La SCJN también pide que, con una nueva investigación, se repare el
daño e impulse un cambio cultural. Pero a casi cinco años de esa
sentencia de la SCJN, Julio NN permanece preso en el Penal de
Santiaguito en Almoloya, en Edomex, sin recibir una sentencia.
Un largo camino por justicia
Luego del fallo de la SCJN, la Fiscalía General del Estado de México
conformó un grupo especializado para investigar nuevamente los hechos,
narró en entrevista con Cimacnoticias Ana Yeli Pérez Garrido, una de las
asesoras legales del caso.
Dado que no todas las personas de este grupo investigador cumplían
con el criterio de la perspectiva de género, la Fiscalía reabrió la
investigación desde la hipótesis de un feminicidio con la coadyuvancia
del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, quien acompaña
legalmente a la familia Buendía.
Como parte de esta investigación se decidió exhumar los resto de
Mariana en septiembre de 2015 para que se hicieran diversos peritajes.
entre ellos se consiguió un peritaje médico forense de carácter
independiente que realizó el doctor guatemalteco Mario Nájera, el mismo
que posteriormente participó en las investigaciones por el feminicidio
de Lesvy Berlín Rivera Osorio.
Estos peritajes demostraron que Mariana Lima fue asesinada por
asfixia y, junto con análisis del contexto, llevaron a concluir que
quien cometió el homicidio fue su pareja, Julio NN, quien entonces se
desempeñaba como policía ministerial.
Con estas pruebas y después de su detención, se consiguió que el
Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Nezahualcóyotl ordenara el 29 de junio de 2016 al auto de formal prisión
contra Julio NN, por su probable participación en el homicidio de
Mariana.
Esta fecha es simbólica, ya que ese mismo día pero de 2010 (seis años
atrás), Irinea Buendía tocó por primera vez las puertas de las
autoridades de justicia para avisar que su hija había sido asesinada un
día antes.
Tras su captura, el agresor fue llevado al Penal de Neza- Bordo, pero
pidió que se le trasladara a un penal distinto porque él trabajaba como
ministerial precisamente en esos municipios y estaba en riesgo su
seguridad.
En consecuencia, la investigación del caso se trasladó a los juzgados
del Penal de Almoloya, también en el Edomex. Después de varios meses,
el acusado se amparó para que el expediente regresara a los juzgados de
Nezahualcóyotl bajo el argumento de que los hechos ocurrieron en el
municipio colindante de Chimalhuacán.
Aunque el Observatorio alegó que en esos juzgados podrían prevalecer
las redes de apoyo para Julio NN que obstruyeron la justicia la primera
vez que se investigaron los hechos, el Poder Judicial concedió este
amparo al agresor y el expediente regresó al Juzgado Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, donde Julio NN
permanece recluido sin sentencia.
Durante los años que lleva el proceso, el Poder Judicial ha cambiado
cuatro veces a las y los jueces que del caso, así como al secretario de
actas y otros integrantes del personal judicial que conocieron el
expediente.
Durante el proceso ha habido una constante rotación de personal
judicial, retrasos injustificados durante el desahogo de pruebas y falta
de perspectiva de género en algunos jueces.
En total, después de la sentencia de la SCJN, el caso de Mariana Lima
ha sido revisado en dos juzgados pero por cuatro jueces distintos: Raúl
Alberto Castrejón Núñez (dos veces), Maximiliano Vázquez Castañeda,
Álvaro Higareda Flores, Yolanda Romero Vázquez, y Sergio Beristáin
González, actual juzgador.
Esta rotación podría ser consecuencia del cambio del sistema de
justicia penal mexicano que ocurrió desde 2016, explicó la abogada, el
problema es que de esa forma los jueces no conocen de primera mano todo
el desahogo de pruebas que se ha hecho durante estos cinco años desde
que se reabrió el caso. “No es lo mismo escuchar los interrogatorios de
viva a voz a sólo leer los expedientes”, detalló Pérez Garrido.
Además, la asesora legal de la familia Buendía observó que hay
amplias diferencias en el carácter, disciplina , formalidad y criterios
de estos juzgadores, lo que ha impactado en la celeridad con la que
avanza el caso.
Por ejemplo, el juez que llevaba el expediente en el juzgado del
Penal en Almoloya era más estricto y sus criterios siempre eran fundados
y motivados, además de que llevaba a cabo con puntualidad las
audiencias y todas las diligencias legales que se requerían.
En contraste, hubo entre los jueces quien desconocía la sentencia de
la SCJN, quien no permitía indagar en el contexto de violencia en el que
vivía Mariana, quien rechazó integrar las agresiones contra la familia
Buendía como parte del proceso, y quien fue flexible con las
formalidades y no agilizó el proceso para acceder a la justicia.
Si bien el acusado sólo ha presentado un par de recurso legales para
frenar la sentencia, su defensa privada ha incurrido en inasistencias y
ha solicitado acciones durante la etapa de desahogo de pruebas que,
aunque forma parte de los recursos a los que puede acceder, resultaron
injustificadas o irrelevantes para la investigación y, en cambio, han
dilatado mucho esta parte del proceso.
Un ejemplo de esto es citar a personas para interrogarlas sin que
ellas tengan algo adicional qué aportar a la teoría del caso de la misma
defensa de del acusado. “Este tipo de solicitudes indiscriminadas, sin
lógica y sin argumentar la pertinencia implican destinar un día completo
en peritajes y testimonios que al final no aportan nada al caso”,
explicó la abogada.
Y agregó: juzgar con perspectiva de género va más allá de la
sentencia. Empieza con que las y los juzgadores sean más estrictos con
el orden, la formalidad y sus criterios, pero también en que exijan que
las y los abogadas de ambas partes argumenten mejor cada una de sus
peticiones, esto garantizaría mejor diligencia y celeridad de los
procesos.
Durante el tiempo que ha transcurrido este segundo camino legal, el
padre de Mariana falleció; su madre, Irinea Buendía, se convirtió en una
defensora de Derechos Humanos reconocida a nivel internacional por sus
mensajes a favor del acceso a la justicia para las mujeres; y sus dos
hermanos mayores —cuyos testimonios fueron claves— han enfrentado
atentados contra su vida. El más reciente fue el intento de homicidio
contra Guadalupe Michel Buendía, ocurrido el pasado 19 de enero de 2020,
el mismo día que se celebró una de las audiencias por este caso.
Pese a estos retrasos y diez años después del asesinato de Mariana,
la etapa de desahogo de pruebas ya está por cerrar, explicó Pérez
Garrido. Lo que sigue a ese momento es presentar conclusiones y calcular
una fecha para que se dicte la sentencia, la cual podría llegar –según
espera el Observatorio y la familia de Mariana- este 2020.
La defensa legal espera que, al llegar este momento, la autoridad
judicial garantice una sentencia como la ordenó la Corte; esto quiere
decir que tenga perspectiva de género, vocación transformadora, que
repare de manera integral el daño y, especialmente, reconozca el
contexto de violencia contra las mujeres que permitió el feminicidio de
Mariana.
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