Fuentes: SEMlac
La Reforma al Poder Judicial está pensada desde la
perspectiva de género, asegura un ambiente libre de violencia para las
mujeres y garantiza la paridad en magistraturas, en los juzgados y en la
Carrera Judicial tomando en cuenta que apenas el 23 por ciento de
quienes juzgan son mujeres.
Se anunció como una Reforma que busca acabar con las redes de
corrupción, nepotismo e impunidad entre los juzgadores y entre
magistrados y magistradas, es «autocrítica» porque reconoce la
desesperanza en la sociedad mexicana que sabe no accede a la justicia y
vive la impericia y la desesperanza. Será gradual, dijo el presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Así lo dijeron
el presidente de la SCJN, Arturo Záldivar Lelo de Larrea; la presidenta
del Senado, Mónica Fernández Balboa, y el jefe de la junta de
Coordinación Política de esa cámara, Ricardo Monreal Ávila, durante la
reunión en la que se explicó y se entregó el texto de la iniciativa,
enviado ya a la cámara alta.
Según esos funcionarios, se trata de
realizar cambios funcionales, de operación en todo el aparato de
justicia que ha caído en el descrédito y la desconfianza por la
creciente impunidad, corrupción e inoperancia.
La iniciativa firmada
por el Presidente de la República y el presidente de la SCJN, reforma
siete artículos de la Constitución, la expedición de dos leyes
federales y reformas a cinco ordenamientos legales, para crear la
carrera judicial, modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación y hace cambios a la ley de amparo, la de procedimientos
penales y la de Defensoría Pública, señalada esta como esencial para que
quienes viven con desesperanza por no obtener justicia, como las y los
pobres, las y los indígenas, logren tener una verdadera defensa ante
tanta estulticia, se dijo.
Al explicar los puntos fundamentales de la
Reforma, Saldívar Lelo de Larrea dijo que se establece que el Poder
Judicial incorporará la perspectiva de género de forma transversal y
progresiva a todas sus decisiones, y se adiciona a la paridad de género
como principio de la Carrera Judicial, como criterio de desempate en
los concursos y como política para el otorgamiento de nombramientos.
Además,
afirmó que la Reforma está comprometida con un ambiente laboral libre
de violencia y discriminación, en el que las mujeres se sientan
seguras, «dejamos claro en la ley que el acoso, el hostigamiento y toda
conducta de naturaleza sexual, sin el consentimiento de la mujer,
constituyen faltas graves y serán sancionadas con energía».
Luego
relató que en el último año en la SCJN se inició una seria
transformación del Poder Judicial de la Federación, en el combate a la
corrupción, el nepotismo y la impunidad, en la formación de un nuevo
perfil de juzgador y la juzgadora federal, en la consolidación de un
Instituto Federal de Defensoría Pública más eficiente y cercano a la
gente, que sirva a los más pobres y necesitados.
También, afirmó, se
avanza en la paridad de género para que esta sea una realidad y
«tengamos más y mejores mujeres en más y mejores puestos, así como en
el uso más eficiente de recursos públicos entre muchos otros avances».
Indicó
que una de las grandes deudas del Poder Judicial es con las mujeres.
«Estamos muy lejos de lograr la paridad de género y de proveer un
entorno laboral igualitario. Para ello, una de las mayores apuestas de
esta reforma, es alcanzar la paridad en todas las categorías».
Principales propuestas
La iniciativa tiende a profundizar y consolidar un Poder Judicial
más fuerte, más independiente, más cercano a la gente, pero, sobre
todo, que imparta justicia para todas las personas, con estándares de
excelencia y de honestidad.
La reforma plantea cambios profundos,
que toquen el meollo del Poder Judicial, que ataca los problemas de
raíz. No de forma, no está orientada a los reflectores, sino a los
resultados.
Se propone reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La
Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional,
para reforzar a la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, con la
finalidad de generar una doctrina constitucional y de derechos humanos,
que guíe la actuación de todo el Estado Mexicano hacia el pleno respeto
de todas y de todos.
Busca revolucionar el sistema de
Jurisprudencia en México, para dotar de mayor coherencia, uniformidad y
fuerza, a la doctrina de la Suprema Corte.
Un avance a un sistema de precedentes en el que todas y cada una de sus sentencias tengan un impacto en la vida pública.
Se
propone que las razones que justifiquen las decisiones de las
sentencias aprobadas por una mayoría calificada sean obligatorias para
todos los órganos jurisdiccionales del país, sin necesidad de
reiteración.
Todas las sentencias de la Suprema Corte serán
relevantes y los justiciables podrán exigir que sean observadas por
todos los tribunales. Un sistema de precedentes implica también explicar
de mejor manera el contenido de las decisiones.
La Ley de Amparo se
transforma el concepto de tesis para que en ella se expongan los
hechos relevantes del caso, el criterio jurídico y los argumentos que
justificaron la decisión, para que los operadores jurídicos y la
ciudadanía puedan conocer cómo, a través de las decisiones judiciales,
se va construyendo el derecho.
Reforma las reglas de procedencia de
la controversia constitucional y del amparo directo en revisión, para
permitir que la Corte se enfoque a resolver sólo aquellos casos que
entrañen violaciones directas a la Constitución y aquellos que revistan
un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
Ello para que la Corte resuelva los asuntos más complejos y los que
tengan el potencial de transformar vidas.
Se crean plenos regionales,
como órganos permanentes del Poder Judicial, encargados de unificar
los criterios de los tribunales colegiados de su región, con la
finalidad de dar certeza jurídica y coherencia a la doctrina judicial a
nivel federal y descargar el trabajo del Tribunal Constitucional.
Se
propone expedir ley de carrera judicial en el Poder Judicial de la
Federación que reglamenta un servicio profesional de carrera que
garantice que sólo personas honestas, capaces y comprometidas con los
derechos, impartan justicia. Así el Instituto de la Judicatura Federal
se convierte en Escuela Federal de Formación Judicial, como agente
fundamental en el desarrollo de la carrera judicial, encargado de llevar
a cabo concursos de oposición para todos los cargos de la función
jurisdiccional.
La Escuela Judicial será una institución académica
seria, moderna, de excelencia, en sintonía con los avances de la ciencia
jurídica. Su misión será la de formar jueces con pensamiento crítico y
con herramientas argumentativas sofisticadas, que les permitan dar
soluciones sencillas, claras y justas.
Asimismo, mediante convenios
de colaboración con las entidades federativas, la Escuela Judicial podrá
capacitar a los impartidores de justicia en el ámbito local, para que
el nuevo perfil del juzgador llegue a todos los rincones del país.
Se
reestructura el trabajo de la defensoría pública, donde están los
abogados de los pobres y para que los pobres puedan tener justicia,
necesitan una defensa técnica, sensible y de calidad. La escuela
judicial capacitará a los defensores públicos y realizará los concursos
para el ingreso y promoción en la carrera del defensor público.
Esta
defensoría pública, además debe brindar representación y asesoría en
materia de amparo familiar, y en cualquier otra materia de amparo que
determine el Consejo de la Judicatura Federal, además de las materias
penal y laboral.
Considera también la expedición de una nueva Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dote de herramientas
para combatir la corrupción y el nepotismo.
Deja en claro como causa
de responsabilidad, el influir en el nombramiento de algún familiar en
el Poder Judicial Federal, y se prevé que queden sin efectos los
nombramientos que se lleguen a otorgar en violación a esta prohibición.
Se
eleva a rango de ley la política de adscripciones que ha permitido
desarticular las redes familiares en los distintos circuitos judiciales.
En
materia anticorrupción, se reforma todo el procedimiento de
responsabilidades administrativas para garantizar un proceso efectivo de
investigación y sanción para los servidores públicos que cometan actos
de corrupción.
Se le otorgan al Consejo de la Judicatura facultades
para dictar medidas cautelares que eviten que actos de corrupción
causen más daños, hasta en tanto se concluyen las investigaciones
correspondientes.
Se propone reformar los artículos 94, 97, 99, 100,
103, 105 y 107 de la Constitución; expedición de dos nuevas leyes
federales: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de
Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
Reformas a
cinco ordenamientos: Ley de Amparo, Reglamentaria del artículo 103 y 107
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley
Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Federal de
Defensoría Pública; el Código Federal de Procedimientos Civiles y Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria de
apartado B) del artículo 123 constitucional.
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