
Ante el abandono del Estado, las familias de personas desaparecidas señalaron que, por más de catorce años, se han dedicado a la labor de búsqueda individual, grupal, en colectividad y acompañada por organizaciones de la sociedad civil. De esta manera, han proporcionado información al Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) sobre la crisis de desapariciones en México.
También se ha evidenciado las deficiencias de las medidas de cuatro administraciones federales encabezadas por tres partidos distintos (Felipe Calderón con el PAN, Enrique Peña Nieto con el PRI, así como Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo con Morena), sobre la búsqueda de personas, identificación forense, e impartición de justicia.
Gracias al panorama que atraviesa México, las familias solicitaron desde el 2015 la aplicación del artículo 34° de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por el CED a México, siendo que «el acompañamiento de la ONU es indispensable», señalaron las familias. Diez años después, dicha petición comienza a ver la luz ante el ultimo hallazgo en el rancho Izaguirre en Jalisco donde se encontraron restos óseos, 400 pares de zapatos y pertenencias personales.
Dicho artículo establece que: «Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas».
Es decir que se le exigirá al Estado mexicano enviar información a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las desapariciones que contenga cifras y el estado actual de la situación. Después, el Secretario General decidirá las primeras acciones para hacer frente a la crisis de desapariciones. Se trata de un hecho histórico, ya que sería la primera vez que se aplican estas medidas en un país miembro de la ONU.
Otra posible consecuencia es la intervención de la Asamblea Genera para que el Estado mexicano se vea forzado a cumplir sus obligaciones y garantías de no repetición, siempre que el gobierno mexicano envíe información honesta y reconozca la crisis.
«El artículo 34° no es una amenaza, es esperanza. Al ser el último recurso que la comunidad internacional ofrece cuando un Estado no responde ante una crisis humanitaria. Por ello invitamos a toda la sociedad mexicana a alzar la voz. Porque el momento exige verdad, no neutralidad. La desaparición forzada no puede negarse. Se vive cada día. Es un crimen contra la humanidad que continúa cometiéndose mientras la persona siga desaparecida. Duele. Destruye. Desgarra. Y no debe repetirse jamás. -Familias, colectivos, organizaciones y personas solidarias.
Negar a las familias el derecho de contar con mecanismos internacionales, lo que hizo el Senado
Derivado de la declaración de Dr. Oliver de Frouville, presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), cuando señaló que las desapariciones en México eran un tema «preocupante» por ser sistemáticas, así como la activación del protocolo para que México rinda cuentas, el Sendo de la República tomo revancha.
El pasado 08 de abril, el presidente de la mesa directiva Cámara de Senadores, Gerardo Noroña anunció que el Estado mexicano emprenderá ante las más altas instancias de las Naciones Unidas acciones condenatorias para el presidente de la CED, Olivier de Frouville, decisión que fue sometida a votación con 71 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones.
Las familias, colectivos y organizaciones rechazaron el pronunciamiento del Senado de la República en el cual niegan que en México las desapariciones forzadas se practica de manera generalizada o sistemática. Se trata de una estrategia del nuevo gobierno en el que se pretende echar para atrás la responsabilidad de la crisis de desaparecidos a otros sexenios.
De acuerdo con el Centro Prodh, esta estrategia queda en evidencia incluso en la propuesta de iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando señala que las desapariciones forzadas tenían la participación directa de las autoridades en el Siglo XX y desde el 2006 esta situación ha cambiado, pues quien desaparece es solo el crimen organizado y no el Estado.
«En México durante la guerra sucia, la desaparición forzada de personas era perpetrada por agentes del Estado. En la actualidad la comisión de este delito ha mutado y ahora la desaparición está vinculada con la delincuencia organizada y es cometida por particulares» fragmento sacado de la iniciativa de reforma de Claudia Sheinbaum.
Claves para entender iniciativa sobre desaparición de Sheinbaum – cimacnoticias.com.mx
«Este pronunciamiento aprobado por mayoría en el Senado y respaldado por su Mesa Directiva representa una negación oficial del contexto de violencia que viven cientos de miles de familias en el país» -Familias, colectivos, organizaciones y personas solidarias.
Apuntaron que es el Estado quien tiene la obligación de investigar, buscar y sancionar las desapariciones forzadas, así como de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de funcionarios públicos e integrantes del crimen organizado, dos actores que participan activamente en este delito.
Además, mencionaron que el actuar del Senado de la República es negarles a las familias la oportunidad de contar con mecanismos internacionales como el CED para combatir la crisis de desapariciones, crear un clima de confianza y verdadera apertura a soluciones: «Lo que necesitamos no son negaciones ni discursos evasivos, sino cooperación internacional, verdad y justicia», mencionaron.
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