La Jornada
A una semana de la tormenta
financiera desatada cuando el senador Ricardo Monreal dio a conocer, en
forma sorpresiva, una iniciativa para prohibir algunas comisiones
bancarias y regular otras, asoman ya indicios de entendimiento entre los
legisladores de los grupos parlamentarios mayoritarios en ambas cámaras
del Congreso, por una parte, y los representantes de la banca privada
que opera en el país, por otra. Estas señales se manifiestan
principalmente en las reuniones establecidas entre legisladores y
banqueros en los pasados días, pero también en el regreso a la
normalidad bursátil después de la abrupta caída registrada entre el
jueves y el viernes pasados.
La distensión referida ha sido acompañada por la sumatoria de voces
que de una u otra manera respaldan la idea de poner coto a las
comisiones que la banca cobra por los servicios financieros, las cuales
representan para los usuarios una carga adicional a la que desembolsan
por concepto de intereses. Entre dichas voces se encuentran la de la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (Condusef), cuyo titular reiteró la viabilidad de
reducir varias comisiones; la del director general de Nacional
Financiera (Nafin), quien se pronunció en el mismo sentido, o la de la
Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios
(Alampyme), cuya postura fue más firme al demandar
beneficios más justos para los usuarios de servicios financieros.
Tras la propuesta del líder de la bancada de Morena en el Senado y
las muestras de apoyo que ha recibido al paso de los días se encuentra
el hecho de que estos cobros han llegado a constituir un verdadero
impuesto para los usuarios de la banca, un saqueo de divisas y una fuga
de utilidades para el conjunto de la economía mexicana. Este escenario
se ha configurado merced a la laxitud del marco regulatorio del que
gozan las instituciones financieras que operan en el país; esas reglas,
en efecto, permiten que los bancos de capital extranjero cobren por sus
servicios montos muy superiores a los que les están permitidos en sus
países de origen y que exporten las utilidades derivadas sin restricción
alguna. Para colmo, este sobrecosto por el uso de sus servicios viene
acompañado de un retraso significativo en la actualización de los mismos
a los estándares internacionales, algo visible, por ejemplo, en los
largos tiempos de espera que padecen los clientes al acudir a las
diversas sucursales. Debe reconocerse que la banca foránea no es la
única que impone estas tarifas desmedidas, pero sí constituye un caso de
particular importancia, habida cuenta de que controla la mayor parte
del mercado.
Esta situación es a todas luces inadmisible, porque supone un lastre
para la economía nacional que dificulta de manera sistemática su
reactivación: tan importante es contar con un sistema bancario sólido
como que dicha fortaleza redunde en un beneficio general para la
sociedad y la economía, y que no desemboque en una forma de extracción
de capitales.
En suma, el desarrollo económico de México requiere que las
instituciones financieras se ajusten a márgenes de ganancia razonables, y
una modificación a la legislación respectiva puede ser el primer paso
en la dirección correcta.
