Carlos Spector, el fronterizo justiciero

Víctor M. Quintana S.

Carlos Spector Calderón era un hombre de frontera, abogado muy competente, comprometido con las personas migrantes, desplazadas y explotadas. A ambos lados del Bravo se llora su fallecimiento, el domingo 1º de marzo, y se celebran sus luchas y su vida. Carlos nació en El Paso, Texas, y tenía doble nacionalidad, pues su familia materna provenía de Guadalupe DB, Chihuahua, donde su abuelo fue alcalde. Con orgullo, mencionaba que la gente de ese municipio y del vecino Práxedis G. Guerrero, ubicados en la franja entre el río y las dunas, son mexicanos por decisión propia, pues sus antepasados eligieron migrar al Valle de Juárez luego que el Tratado de Guadalupe Hidalgo los dejó del lado gringo.

Por el lado paterno, el abuelo de Carlos pertenecía a una familia judía rusa de Odessa, que decidió emigrar a Estados Unidos ante las persecuciones antisemitas. Así, Carlos llevaba en su ADN el amor a las dos naciones, la entrega a las mejores causas, la lucha contra el racismo la injusticia y el fascismo.

Estudió sociología en la Universidad de Texas, y para manejar el derecho como arma de lucha eligió la Thurgood Marshall School of Law, de la Universidad del Sur de Texas, en Houston, orientada a las comunidades afroestadunidense e hispana para preparar profesionales que tengan impacto en la vida de sus comunidades. Fue miembro activo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) y de la Alianza Latino-judía de Texas.

Carlos conoció a su esposa, Sandra Garza Canales, en la defensa jurídico-política de las personas migrantes y de las mujeres obreras. Texana, como él, organizadora sindical, con el mismo espíritu fronterizo y justiciero. Su activismo tiene una fuerte dimensión organizativa y concientizadora para que la gente se apropie tanto de las herramientas jurídicas, como del análisis político para manejar su defensa.

Durante los años 80, Carlos y Sandra defendieron a las personas activistas desplazadas por la represión en Centroamérica. Conforme la violencia criminal y de Estado se fue extendiendo en México, se dedicaron en cuerpo y alma a la defensa y protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, solicitando refugio seguro para éstas en Estados Unidos. Con varias de ellas fundaron la organización Mexicanos en Exilio.

Uno de los grandes aportes de Carlos fue su acción sistemática de defensa de decenas de personas y familias desplazadas de México por la violencia provocada por Felipe Calderón y su “guerra contra las drogas”. Carlos, Sandra, su hija Alejandra y su equipo llevaron a cabo una labor muy inteligente y sensible para obtener asilo político para las víctimas de la política de Estado y la acción de los criminales.

Fiel a su convicción de que “todo es político”, Carlos y su equipo demostraron ante los tribunales estadunidenses que la petición de asilo de las personas desplazadas de México no era un problema personal o individual, sino que obedecía a acciones, omisiones y colusiones de los diversos poderes y órdenes de gobierno con los grupos criminales. A esta alianza perversa la denominaron “crimen autorizado”. Fue una contundente crítica práctica a la política calderonista de seguridad.

Las acciones jurídico-políticas de Carlos y su equipo lograron salvar la vida de familias enteras, víctimas de asesinatos y amenazas en México, como las familias Reyes Salazar, del Valle de Juárez; la familia Porras, de Villa Ahumada. La familia Alvarado, del ejido Benito Juárez; o el hijo de Marisela Escobedo, asesinada por protestar por el feminicidio de su hija Rubí. Esas luchas han sido retomadas en documentales como El Guardián de la Memoria, de Marcela Arteaga; El Paso, de Everardo González, o Las Tres Muertes de Marisela, de Carlos Pérez.

En estos procesos de defensa jurídico-política hay que resaltar, en primer lugar, que todos fueron realizados pro bono, sin que Carlos y su equipo cobraran un centavo, llegando incluso a aportar ellos en dinero o en hospedaje y alimentación para las personas desplazadas.

En segundo lugar, gracias a la gran pericia jurídica con que se realizó la defensa, concluyó exitosamente en el otorgamiento del asilo político cuando a la mayoría de los solicitantes mexicanos se les niega. Esto contrasta con el asilo que se concede casi automáticamente a quienes provienen de Cuba o Venezuela, cuyos gobiernos son considerados enemigos de Estados Unidos.

Carlos Spector era vital, grandote, mandón. Ni el intenso dolor que le provocó el cáncer con el que lidió más de una década le impedía expresar su gran deseo de irse a defender a la gente que ha sido detenida, acosada o asesinada por el ICE en Estados Unidos. En estos momentos de fascismo trumpiano, la ausencia de personas como Carlos Spector se sentirá más y más.

El gran novelista Cormac McCarthy narra en sus sombrías y bellas novelas el avance del mal y la violencia en estas polvorientas tierras de la frontera Chihuahua-Texas. Con su vida entregada a la justicia y a la libertad, el gran activista fronterizo Carlos Spector hizo posible la resistencia del bien y la solidaridad en estos desiertos. En ellos y en los corazones de quienes salvaron su vida y su libertad gracias a su compromiso, de quienes recibimos su inspiración y su ejemplo, Carlos Spector vivirá siempre.

¡¡¡Ah, Chihuahua!!!

Víctor M. Quintana S.*

El conflicto de la extracción del agua de las presas de Chihuahua ha sido la tormenta perfecta para que muchos oportunistas se aglutinen y perfilen un primer núcleo político-electoral contra el presidente López Obrador, es cierto. Pero quedarse ahí, y reducir a la politiquería el análisis del problema es cometer un serio error de cálculo y desdeñar el núcleo duro del problema, y lo que hay de legítimo en las demandas de los productores y la población.

Cinco factores principales condujeron a esta situación: la desesperación ante la sequía más fuerte en años recientes, que infunde temor en la población al extraerse el agua de las presas, por justificada que ésta sea. La enorme presión del gobierno de EU para el pago del agua, contemplado en el Tratado de 1944. La falta de información suficiente, confiable, sobre el avance en dicho pago y el destino del líquido que se ha ido por el río Conchos. La llegada de la Guardia Nacional a resguardar las presas, que exacerba los ánimos, aun si aquella actúe dentro del marco de sus funciones.

Pero, sobre todo, la falta de operación política. La inexistencia de una instancia de diálogo, de confrontación de datos, de construcción de acuerdos entre las autoridades federales y los representantes de los productores, sin interferencias político-partidarias.

Así las cosas, la situación se polariza. Se blanden descalificaciones y satanizaciones mutuas. Se tensa el conflicto región-Federación y el conflicto se torna de suma cero: todos pierden. Para avanzar en la solución del conflicto hay que hacer tres aclaraciones básicas:

Primero, los productores no rehúsan pagar el agua que contempla el tratado de 1944, pero demandan que con datos claros e inequívocos se les demuestre cuánta agua se ha ido de Chihuahua, a dónde se ha ido y por qué, y cuánto resta por pagar; también exigen consensuar fecha y forma de pago.

Segundo, se dice que hay una gran concentración del agua en los distritos 05, 09 y 113. El hecho es que al menos en el primero hay 11 mil 700 productores y 45 mil hectáreas de riego, lo que hace que el promedio de dotación sea la necesaria para irrigar cuatro hectáreas. Habría que investigar la venta de derechos de agua que se propició desde que el neoliberalismo, con Salinas de Gortari, se adueñó del manejo de los recursos hidráulicos del país.

Tercero: sí hay huachicol de agua: tomas directas y aprovechamientos ilegales de presas, canales y el caudal mismo del río. El máximo se da por parte de Altos Hornos de México, que extrae hasta 200 litros por segundo en una toma directa de la presa Rosetilla para alimentar el ferroducto que va del mineral de La Perla, Chihuahua, hasta Monclova, Coahuila, 382 kilómetros más adelante. La concesión de este volumen de agua y su cambio de uso agrícola a industrial, supuestamente fue autorizada por el gobierno federal en la década de los 80. En 2013, el IFAI ordenó a Conagua transparentar las condiciones de esa misteriosa concesión y hasta la fecha no se ha hecho. Otro huachicoleo muy significativo es el que se da delante de la presa Las Burras y hasta la presa El Granero, donde se riegan ilegalmente varias huertas nogaleras. También hay que investigar el uso y eventual acaparamiento de las aguas del distrito de riego 113, San Francisco de Conchos-Camargo.

Para resolver el conflicto se requiere integrar una instancia de información, debate y construcción de consensos donde participen sólo los representantes fijos y democráticamente elegidos por las diversas organizaciones de productores, de los gobiernos federal y estatal. Debe darse en el marco del consejo de cuenca del río Bravo. Pudieran asistir testigos de calidad, expertos en el tema y en el derecho humano al agua.

Esa instancia debe ser alimentada con información en tiempo real, proporcionada por CILA y Conagua y ahí analizada sobre el caudal de los ríos, el almacenaje de las presas, los volúmenes entregados, los destinos de cada entrega, los pagos y los débitos.

Debe emprenderse un reordenamiento de los distritos de riego, su administración, de cultivos prioritarios, formas de control y auditoría del uso del agua y de los recursos ahí asociados.

El agua de pozos profundos es el problema mayor en Chihuahua. Debe operarse una cirugía y acabar con la ilegalidad al respecto. Cuando la superficie irrigada por presas apenas llega a 100 mil hectáreas en el estado, la irrigada con aguas de subsuelo es de casi 500 mil. Aquí es donde se da con más claridad el acaparamiento: 60 por ciento de ellas está controlado por colonos menonitas. La sobrexplotación de los mantos es irreversible en varios lugares. Debe seguirse la pista de las concesiones ilegales entregadas por Conagua, que son cientos, y las conexiones, ilegales que hace a dichos pozos la CFE.

Sobre todo, deben tomarse en cuenta los derechos de la población donde nace el agua de los ríos, tanto los que desembocan en el Bravo, como los que van al Yaqui y al Mayo. Todos ellos se forman en la Sierra Tarahumara. No puede haber agricultores muy ricos río abajo e indígenas en extrema pobreza donde se produce el agua. Si a éstos no se les apoya por la contribución ambiental, si no se combate la tala clandestina del bosque, si no se les ayuda a retener el agua y recargar corrientes, a producir sus alimentos y mejorar sus bosques, ya no habrá agua que disputar en los valles.

Todo esto implica una nueva ley de aguas nacionales, como la que promueve la coalición Agua para Todos, Agua para la Vida, incorporando consideraciones especiales para Aridoamérica: un nuevo entramado institucional que supere la consideración neoliberal del agua y la valore como bien común para la vida y los ecosistemas y, una estrategia para el cambio climático que ya nos rebasó.

* Investigador-docente de la UACJ

Galeano, el irruptor

Víctor M. Quintana S.

Desde que al candidato Peña Nieto le demandaron cuál era el libro que más había influido en su vida, yo me lo pregunté y, sin pensarlo mucho, me respondí: Pedagogía del oprimido, de Paulo Freyre y la trilogía Memoria del fuego, de Eduardo Galeano. Más recientemente, los de Leonardo Boff. Todos latinoamericanos.

Lo primero que leí de Galeano fue Las venas abiertas de América Latina. Independientemente de las críticas o autocríticas de él a ese trabajo, me proporcionó un muy buen instrumento de análisis. Cuando un día sí y otro también uno se encuentra con la realidad del extractivismo, del capitalismo del despojo, en los grandes proyectos mineros a cielo abierto, en la devastación forestal perpetrada por negociantes y por cárteles de la droga, en la extracción sin límites de los agotados mantos acuíferos, no puede menos que pensar en las venas abiertas de la Sierra Tarahumara, en las venas abiertas del desierto chihuahuense, en las venas abiertas de Aridoamérica. Puede ser que luego al propio Galeano el libro le pareciera aburrido, pero uno de sus abordajes, el del pillaje voraz de la naturaleza, como forma de acumulación y ahora como recurso de recomposición del capitalismo, es de enorme actualidad.

Poco después vendría la espléndida trilogía sobre la historia de América Latina: Memoria del fuego. Una y otra vez la he releído. De ella he aprendido nuestra historia contada desde los pueblos indios, desde las mujeres, desde los esclavos, desde las y los excluidos, las y los marginales, desde la clase trabajadora, desde la subversión, desde las micro emancipaciones hasta las grandes gestas libertarias.

Lo que Howard Zinn hace en La otra historia de los Estados Unidos, lo hace en esta trilogía, Eduardo Galeano, pero en un estilo para mi gusto mucho más ágil y literario. No sólo en el contenido, reconstruye, mejor dicho, deconstruye, nuestra historia, sino en su forma de narrarla. Su prosa ágil, bella, a veces sarcástica, a veces tierna, su estilo sencillo y atractivo, nunca en parrafadas y paginadas largas, captura y fascina. Él es el creador de esa especie de epigramas histórico-periodístico-poéticos en que en media cuartilla nos entregan un pasado como experiencia de opresión o de explotación y que es futuro en cuanto inspiración libertaria.

En la literatura de Galeano aprendí a ver la realidad desde el punto de vista de las personas, las comunidades y los grupos sociales que sufren la opresión de clase, racial, sexista, colonial, siempre encarnada en personas, lugares y fechas concretos. Poco a poco me fui formando en esa manera de sentir y entender las cosas. Muchos años después encontré todo esto teorizado, expresado en los complejos, densos, y a la vez muy bien fundamentados planteamientos de los autores de la Teoría de la decolonialidad, de las epistemologías del sur. Pude comprobar directamente lo que muchos dicen sobre el valor de la literatura para exponer de una bella manera, sintética, el pensamiento complejo.

Algo más: siempre en esos escritos de Galeano y en sus libros posteriores, he visto un llamado continuo, pero muy sutil a la acción. No puede uno quedarse en el encanto, en la emoción estética que produce su pluma. Porque también le sacude a uno la conciencia, le hace cuestionar la actitud ante las múltiples formas de opresión a su alrededor, a buscar una forma de participación, así sea modesta, en tantos procesos de denuncia y de emancipación que se van gestando todos los días. En este sentido se da en la obra de Galeano lo que Walter Benjamin dice del tiempo del ahora: el momento originario de la creación que anticipa una nueva historia sin injusticias ni enajenaciones.

Quiero terminar reconstruyendo una maravillosa experiencia de mi persona con relación a Eduardo Galeano. Parto de un acontecimiento que narré en una Carta abierta al autor, publicada en estas mismas páginas de La Jornada en 2009. https://www.jornada.com.mx/2009/04/03/opinion/021a2pol

Ahí le cuento a Galeano cómo, sin saberlo, me salvó la vida. Fui secuestrado ocho horas en 1997 en la Ciudad de México. Salvé mi vida –así lo declararon mis captores cuando fueron aprehendidos un año después– gracias a que les narré una anécdota sobre Hugo Sánchez, el equipo de Epigmenio Ibarra y la guerra de Bosnia que había publicado Galeano en Ventanas de este querido diario el domingo anterior, que aparece en su libro El futbol a sol y sombra.

Galeano tuvo el detalle de responder con un breve correo a mi carta abierta, lo que me dio mucho gusto. Pero luego él mismo la narró, con algunas leves modificaciones, en Deportv, un programa de la televisión argentina donde solía hacer comentarios sobre futbol: ttps://twitter.com/canaldeportv/status/1301595245524725762?s=08 y, para más sorpresa de quien esto escribe, Galeano vuelve a retomar la anécdota en su libro póstumo, Cazador de historias, en la pág. 214.

Así, puedo decir que Eduardo Galeano irrumpió en mi vida, para maravillarla, para cuestionarla, pero también para salvarla.

* Investigador-docente de la UACJ

Jiménez: del desierto a la desertificación

Víctor M. Quintana S.*

En el Macondo de Cien Años de Soledad cayó un diluvio que duró cuatro años once meses y dos días. Cuatro diluvios como ése apenas serían suficientes para que se recupere el manto acuífero del que se surte Ciudad Jiménez, Chihuahua. De nuevo, como dijo Gabriel García Márquez, la realidad es peor que la ficción.

El martes 28 en esta ciudad, de casi 50 mil habitantes, en el desierto del Bolsón de Mapimí, cruzada por el río Florido, un nutrido grupo de ciudadanas y ciudadanos iniciaron un movimiento y huelga de hambre demandando agua potable de calidad para la población y para que se ponga un alto al saqueo de su exhausto manto acuífero por parte de los nogaleros de la región. Un puñado de empresarios, algunos de ellos de La Laguna, son dueños de las más de 11 mil hectáreas de plantaciones de nogal, que riegan con más de mil 200 pozos profundos, muchos de ellos ilegales, cuando de los 18 pozos que surten a la comunidad, cinco ya se han agotado. Se ha descendido tan profundo para extraer el agua, que el líquido, supuestamente para consumo humano, tiene concentraciones de arsénico y de metales pesados superiores a la norma oficial mexicana (NOM 127-SSAI-1994). Con el agua de riego sucede lo mismo, o peor.

En la década de los 50 Jiménez, que por cierto es cuna de los cineastas Roberto Gavaldón y Julián Soler y del pintor Benjamín Domínguez, vivió un gran auge con el algodón. De pueblo se convirtió en una ambiciosa ciudad, en los tiempos del llamado desarrollo estabilizador. Pero las glorias del desarrollismo fueron apagándose y las fibras sintéticas produjeron una fuerte crisis de la producción algodonera.

Un nuevo ciclo de políticas federales hacia el campo bajo Luis Echeverría y José López Portillo impulsó la producción de los ejidos aledaños a Jiménez. Hubo una reconversión a la producción de chile, cebolla, alfalfa y otros cultivos. Destacó el ejido Héroes de la Revolución, formado y organizado por la Cioac, encabezado por el luchador comunista José Viezca. En esa época, Jiménez experimentó un auge menos espectacular, pero más sostenido, pues la actividad productiva de los ejidos generaba una considerable demanda de productos y servicios en la ciudad.

Pero en la década de los 90 volvieron a cambiar la realidad de Jiménez. La imposición del neoliberalismo en el campo y la desaparición de apoyos a la producción campesina generaron una fuerte dinámica de privatización de las tierras ejidales y de concentración de éstas en unos cuantos productores privados. Éstos comenzaron de inmediato a perforar pozos para regadío de enormes plantaciones del oro café: la nuez pecanera. Por esos años también empezó a operar la presa Pico de Águila sobre el río Florido y las aguas de éste dejaron de fluir por su cauce.

La proliferación de pozos profundos para el riego de las nogaleras y la extinción práctica del cauce del río empezaron a provocar la baja severa del nivel dinámico del agua en el manto freático de Jiménez-Camargo, que ha venido presentando déficit entre la carga y la recarga pluvial desde 1974 por la sobrexplotación de aguas subterráneas, pues en promedio se extraen 580 millones de metros cúbicos anuales y la recarga apenas ronda los 400 millones de metros cúbicos. La sobrexplotación del manto freático, la apertura de pozos ilegales o con títulos fraudulentos, a ciencia y paciencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), llevaron al colapso al acuífero, dejándolo con un déficit de agua de más de 197 millones de metros cúbicos.

En Jiménez se presume la producción de la mejor nuez pecanera del mundo. En Chihuahua, el estado que produce más de 60 por ciento de este fruto seco en la nación, Jiménez encabeza a todos los municipios con hectáreas sembradas, 11 mil 228, y toneladas producidas: 18 mil, más que todo el estado de Texas, la gran mayoría para la exportación. Todo a costa de la sed de los habitantes de Jiménez, pues cada kilogramo de nuez que se produce requiere 9 mil 850 litros de agua. Para empeorar las cosas, ahora la derrama económica de la producción nogalera beneficia menos a la ciudad, pues varios de los grandes productores se llevan el dinero a Torreón o a otras partes. Jiménez se queda con poco dinero y mucha sed.

Los y las jimenenses han sabido convivir armónicamente con el desierto. Lo hicieron producir sin agotarlo y construyeron acequias que riegan frondosos árboles en sus calles. Del desierto pueden ser amigos, pero de la desertificación producto de la sobrexplotación del acuífero sólo pueden ser víctimas. De seguir las cosas así, en 10 años Jiménez se parecerá más a Luvina, a los pueblos fantasma del escritor mexicano Juan Rulfo.

Por todo esto urge que se apruebe la nueva Ley General de Aguas. Porque la ley actual, así como todo su entramado institucional, incluida aquí la Conagua y algunos de sus funcionarios, obedecen al concepto neoliberal del agua no como bien público que responde a un derecho, sino como mercancía apropiable y concentrable por unos cuantos. La Cuarta Transformación no puede seguir manejando el recurso más preciado y cada vez más escaso en nuestro país con moldes neoliberales. Por el bien de todos, primero quienes tienen sed.

* Investigador-docente de la UACJ

Elegir la audacia: el pacto ecosocial del sur

Víctor M. Quintana S.

Es tiempo de elegir la audacia. No en solitario, porque si algo hemos aprendido de esta pandemia es que todas y todos dependemos de todas y todos. Es importante atreverse en colectivo. A eso nos convoca un amplio grupo de personas del sur global, de toda América Latina, de algunas naciones europeas y de Estados Unidos. Podríamos mencionar algunos nombres famosos, pero no queremos menospreciar a tantos nombres que nos suenan desconocidos, pero que resultan tan importantes como los demás.

Todas estas personan firman el documento: Por un pacto social, ecológico, económico e intercultural para América Latina, que sigue abierto a quienes quieran suscribirlo en el sitio https://pactoecosocialdelsur.com/

El llamado parte de las verdades que hemos constatado con la pandemia: se puede detener la desbocada carrera del capital cuando la vida está en peligro, así como la destrucción de ecosistemas y la emisión de CO2. La crisis desnuda y exacerba las desigualdades sociales y planetarias y muestra que nuestro futuro está en juego.

También hemos caído en la cuenta que podemos vivir fuera de la lógica del consumismo exacerbado, de la acumulación sin límite y dentro de redes de ayuda mutua y de intercambios no monetarios. Hemos valorado nuestra codependencia, la importancia de la naturaleza, de la que formamos parte, de las relaciones afectivas, de los cuidados, de la reciprocidad, del sentido de la comunidad.

Esta nueva conciencia hace viables los inéditos que antes no lo parecían. Es a partir de estas constataciones que se propone el Pacto social, ecológico, económico e intercultural para América Latina.

No se trata, y hay que dejarlo bien claro, de una nuevacarta a Santa Claus, una serie de demandas a los gobiernos. Más que nada es una invitación a construirimaginarios colectivos, a acordar un rumbo compartido de transformación y una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades. Más que esperar que vengan de arriba, el pacto invita a desarrollar fuerza y organización en la sociedad para imponer estos cambios a las instituciones, articulando justicia redistributiva, de género, étnica y ambiental. Se divide en nueve puntos:

Transformación Tributaria Solidaria. Es necesario estructurar propuestas de reformas tributarias a nivel nacional que incluyan impuestos a las herencias, a las grandes fortunas, a los mega proyectos, a las ganancias financieras, al daño ambiental, mientras se legisla para impedirlo totalmente

Anulación de las deudas externas de los estados, sobre todo de los países del sur global y construcción de una nueva arquitectura financiera mundial que permita la reconstrucción de las economías, las sociedades y el medio ambiente y sea un paso en la reparación histórica por tantos siglos de despojo.

Creación de sistemas nacionales y locales de cuidado: la sostenibilidad de la vida debe estar en el centro de nuestras sociedades. El cuidado es un derecho de toda persona y a él deben concurrir el Estado, las empresas y las comunidades. Hay que redistribuir las tareas del cuidado entre las clases sociales y los géneros, pues ahora sólo recae en las mujeres. Deben implementarse políticas públicas que construyan redes de protección social en favor de niñas y niños, personas mayores o con discapacidad. Esto implica terminar con la precariedad laboral y de ingreso de las familias.

Una Renta Básica Universal: sería el punto de partida de la política social, se concibe como un derecho básico de todas y todos para poder salir de la extrema pobreza y debe sustituir a las transferencias monetarias focalizadas y condicionadas. Se combinaría con la disminución del tiempo de trabajo formal sin disminuir el salario para dedicar más tiempo a la convivencia familiar y a los cuidados.

Priorizar la Soberanía Alimentaria. Desarrollar políticas que apunten a la redistribución de la tierra, del acceso al agua y a la tierra. Priorizar la producción agroecológica, pesquera, campesina y urbana por sobre la agricultura industrial de exportación, con todos sus nefastos efectos ambientales y sociales. Fortalecer los mercados campesinos y locales.

Construcción de economías y sociedades postextractivistas. Es necesaria una transición socioecológica radical y progresiva de la dependencia del petróleo del carbón y del gas, de la minería –incluida la del agua– de la deforestación y de los monocultivos para cuidar los comunes y regenerar nuestras sociedades.

Recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad, pues actualmente los medios y las redes sociales son dominadas por las corporaciones más poderosas.

Autonomía y sostenibilidad de las sociedades locales. Las cadenas de valor de la globalización neoliberal se han cimbrado con la pandemia. Por eso es importante reconstruir la economía y la política con base en la autonomía y sostenibilidad de lo local. Fortalecer la autodeterminación de los pueblos indígenas, campesinos, afroestadunidenses y de las comunidades urbano-populares.

Por una integración regional y mundial soberana. Fortalecer los intercambios locales, regionales, nacionales y a escala latinoamericana, con autonomía del mercado mundial globalizado y su instrumento: el dólar. Diversificarnos y complementarnos como comunidad económica latinoamericana.

Aquí está una agenda, un referente para nuestras luchas. No podemos esperar a que los grandes actores políticos comiencen a operar los cambios que nos exige el mundo después de la pandemia. Hay que cultivarlos desde abajo, desde ahora. La única manera de continuar siendo, es siendo audaces.

Jóvenes juarenses: entre las bandas y la chota

Víctor M. Quintana S.*

Ser joven y pobre en Ciudad Juárez es cuestión de alto riesgo. Aquí la impunidad es tanta que todos los crímenes se hacen seriales: siempre con el feminicidio, ahora con las narcoejecuciones y la brutalidad policiaca.

En Juárez pasa lo que hace días señaló Clara Jusidmann, presidenta del Grupo Tepoztlán Víctor L. Urquidi: además del hambre y la violencia social que dejará el Covid-19, el principal riesgo es la balcanización del país, pues las bandas criminales se están apoderando de territorios completos ( El Financiero, 8/6/20)

A la par del avance del Covid-19, iniciado en las maquiladoras de esta frontera, que ya causó 420 defunciones, 81 por ciento del total de Chihuahua, ha surgido una nueva oleada de homicidios dolosos, comparable cuantitativamente, a la de los aciagos años 2008-2011. En 2019 esta frontera sufrió mil 286 homicidios, las dos terceras partes de todo Chihuahua. En lo que va de 2020 la tendencia es peor: al 15 de junio se contabilizaban 763 asesinatos (https://ficosec.org/homicidios-dolosos-2020/). Juárez vuelve a figurar como una de las cinco ciudades con más homicidios por 100 mil habitantes de todo el mundo, con 104.54, sólo por debajo de Tijuana a escala nacional ( Forbes, 2/6/20).

El padre Óscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte afirma: “lo que distingue la marejada de violencia de la de hace una década es que aquella era resultado de la intervención directa del Ejército y Policía Federal, a partir del Operativo Conjunto Chihuahua, iniciado en marzo de 2008, como parte de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón”. La intervención de las fuerzas federales buscaba controlar el territorio de esta frontera y el mercado de enervantes. Esto generó una escalada de homicidios dolosos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, secuestros, extorsiones y cobros de piso. Ante ello los cárteles buscaron acumular fuerzas y reposicionarse, aliándose a ciertos sectores de las fuerzas de intervención y combatiendo a otras.

Ahora, a pesar de que no hay una intervención de fuerzas federales, ni se ven extorsiones, secuestros ni cobros de piso, se ha dado un terrible incremento de los homicidios de jóvenes en las colonias populares, vinculados con el consumo o el comercio al menudeo de enervantes, sobre todo el cristal.

La acción de los diversas policías no sólo es insuficiente para contrarrestar la criminalidad, sino hasta contraproducente, dados los altos niveles de violencia policial contra la población de jóvenes de las colonias pobres, misma que viene denunciando desde 2011 el Centro Paso del Norte: detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.

En el más reciente hecho de violencia policial, nueve agentes estatales acaban de ser detenidos como presuntos responsables de delitos de robo con penalidad agravada, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza en perjuicio de un adolescente al que arrestaron ilegalmente y saquearon su domicilio de donde robaron 400 mil pesos. José Ángel Magaña, de 40 años, tío del joven denunció el atropello cometido por los agentes estatales, pero luego fue encontrado sin vida en su vehículo. Ahora la familia se encuentra en autoexilio por temor a represalias policiacas.

Para el padre Óscar los abusos de las policías municipal y estatal, como antes lo fueron de la Federal y del Ejército, son ya estructurales en Juárez. Las detenciones arbitrarias, las torturas dentro de los separos de la Fiscalía son ordinarias. Nos sentimos impotentes por no haber logrado el impacto que pretendemos, reconoce, pues estas prácticas continúan, a pesar de que otras organizaciones de jóvenes también las han denunciado.

Pero el viernes 12 las muchachas juarenses gritaron: ¡Basta! en una combativa manifestación en el centro de Juárez de los colectivos Hijas de su Maquilera Madre y Anarcobrujas del Desierto, protestando airadamente, haciendo pintas y gritando la consigna: La chota no nos cuida, mata. ( La Verdad Juárez, 12/6/20). Detrás de las expresiones, aun vandálicas de las jóvenes está una muy justificada demanda por el cuidado hacia las y los jóvenes: no sólo a que las cuiden de la violencia del crimen, sino a que les garanticen su seguridad humana, entendida como señala la ONU: vivir libres del miedo y libres de la necesidad.

Porque es la falta de justicia, de sentido de su vida, de atención a sus derechos básicos, la violencia familiar, es lo que cada vez orilla a más y más jóvenes de por acá a las adicciones. En septiembre de 2019 la Fiscalía General del Estado de Chihuahua contabilizaba 108 mil adictos en Juárez; hoy habla de casi 150 mil.

Acabar con el juvenicidio en Juárez, implica un gran esfuerzo de los diversos órdenes de gobierno y la sociedad civil por disminuir la demanda creciente de drogas, atendiendo las causas sociales y sicosociales que precipitan a las y los jóvenes a las adicciones. Garantizarles el acceso diversificado y pertinente al sistema educativo, al empleo, a la cultura y al deporte. Poner a su disposición espacios de atención sicosocial, de acompañamiento, en procesos siempre diseñados desde los barrios, desde abajo. Se requiere una dosis ilimitada de maestros, tutores, sicoterapeutas. Y dosis limitadas de policías capacitados, cercanos a la comunidad, que los conozcan, que los cuiden.

Sólo así, con cuidados y no con chotas que maten, irán las y los jóvenes de Juárez rescatando el territorio para ellos, no para las bandas criminales.

*Investigador-docente de la UACJ

Una pandemia que se ensaña en los jóvenes

Víctor M. Quintana S.*

Cuauhtémoc, Chihuahua, casi podría ser un municipio de la esperanza en lo que a Covid-19 se refiere: a la fecha únicamente se han presentado dos defunciones por la pandemia, poco más de una por cada 100 mil habitantes, y 20 contagios. Pero en la pandemia de desapariciones de personas, esta ciudad del oeste chihuahuense ha de encabezar a toda la nación, con más de 650 expedientes vigentes en su región de influencia, muy por encima de la tasa nacional.

Desde finales de 2019 se ha desatado una terrible oleada de desapariciones de muchachos muy jóvenes, de entre 15 y 16 años, que tiene conmocionadas a muchas familias. En enero se reportaron alrededor de 30 desapariciones. Sólo dos o tres de ellos han sido encontrados sin vida.
Las especulaciones señalan que se trata de la pugna entre dos cárteles, como sucede en la Sierra: La Línea, o cártel de Juárez, y el grupo del Tigre, un tránsfuga de La Línea que ahora forma parte del cártel de Sinaloa. Según esto, los muchachos son desaparecidos porque los identifican como pertenecientes o consumidores del cártel rival. Pero eso no se puede generalizar, es muy injusto decir que todos los jóvenes desaparecidos andaban metidos en algo.
Son muy diferentes las maneras cómo los dos cárteles reclutan a sus efectivos: mientras La Línea prefiere reclutar a ex militares y ex policías, el cártel de Sinaloa prefiere muchachos muy jóvenes, sobre todo menores de edad. Los entrena, los arma y, los capacita en sus derechos. Les entrega ejempla-res de la Constitución, que los jóvenes llevan consigo para, en caso de ser arrestados, demostrar que por su edad son inimputables y sean dejados en libertad. Estrategia que nos remonta al reclutamiento de niños en las milicias y ejércitos mercenarios de África.
Los primeros casos de desapariciones empezaron a darse entre 2010 y 2011 en la región de Cuauhtémoc, centro de influencia en varios municipios del llano y de la sierra de Chihuahua. Quien empezó a dar seguimiento a las denuncias desde entonces es el Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEHM, de Chihuahua, encabezado por Gabino Gómez Escárcega, coordinador del área de personas desaparecidas, personas defensoras de derechos humanos y personas desplazadas de esa organización. Ellos llevan los casos de más de 270 personas desaparecidas en este estado.
Tres casos colectivos de 2011 fueron los que hicieron que elCEDEHM y Gabino se involucraran de lleno en su labor de acompañamiento y denuncia: el de ocho hombres de la familia Muñoz Veleta, secuestrados de la casa donde celebraban el Día del Padre, en la colonia Anáhuac. El caso de la familia Ibarra, de la cual primero desparecieron a Mario Ibarra Jr., luego, a su padre, Mario Ibarra Sr., y dos hermanos de éste, Artemisa y Jorge, mientras llevaban a cabo su búsqueda. Antes, en Guadalajara, había desaparecido ya un cuarto hermano, de nombre Aristófanes. El tercer caso es el de siete personas internas en un centro de rehabilitación, secuestradas de ahí mismo. Hasta ahora no se tienen noticias de ninguna de ellas.

En el largo proceso de búsqueda, ha habido tres heroínas, tres mujeres que han desaparecido por buscar a sus parientes desaparecidos: Guadalupe Fierro, de la comunidad de Pachera, municipio de Guerrero, Artemisa Ibarra y Martha Loya, esta última desaparecida mientras buscaba a sus hijos.
Las familias de las personas de-saparecidas, acompañadas siempre por el CEDEHM llevan ya casi 10 años de búsqueda y de activismo. Cada año marchan a la Ciudad de México para demandar justicia el Día de las Madres, aunque en el presente año sólo lo hicieron de manera virtual debido a la cuarentena del Covid-19. Una y otra vez demandaron a César Duarte, entonces gobernador, se firmara un convenio con el Equipo Argentino de Antropología Forense, el EAAF, para realizar un peritaje sobre un conjunto de fragmentos de restos humanos encontrados en 2011 en tres ranchos: Dolores, El Mortero y Brecha El Porvenir. Duarte se negó sistemáticamente, decretando que: en Chihuahua no había desaparecidos. Los restos permanecieron años sin ser identificados. Por fin la demanda de las familias de las víctimas fue escuchada por el gobernador Javier Corral, quien firmó un convenio de colaboración con el EAAF. A la fecha se han identificado plenamente los restos de 24 personas, todas desaparecidas en 2011. El CEDEHM asesora a las familias en las labores de demanda de justicia, de búsqueda y en el acompañamiento sicosocial, la edificación de la resiliencia ante pérdidas tan dolorosas, hasta sentidas y muy solidarias ceremonias de duelo para las personas desaparecidas ya identificadas.
Heroínas y héroes no han faltado. Mujeres y hombres, sobre todo mujeres que recorren todo el camino para transformarse de víctimas a sujetos. Activistas, abogadas, sicoterapeutas, que marchan junto con ellas. Desgraciadamente las desapariciones se han vuelto más virulentas convirtiendo el futuro de muchos jóvenes en un presen-te de espanto y de muerte. Se hace imprescindible, la intervención coordinada de las fiscalías federal y estatal para que se haga justicia y terminar con este silencioso juvenicidio en los llanos de Chihuahua.
*Investigador-docente de la UACJ

Juárez: al sur de la pandemia

Víctor M. Quintana S.*

Juárez está al sur geográfico de Estados Unidos, pero, más que nada en el sur global, como lo concibe Boaventura de Sousa: el lugar social donde la opresión capitalista, colonialista y patriarcal se condensa y se agudiza. Eso lo confirma la manera cómo se vive en esta frontera la pandemia del Covid-19.

La letalidad sigue siendo un distintivo de esta multivulnerada ciudad: no digamos los homicidios dolosos y culposos que en el primer cuatrimestre de 2020 sumaron 566, de los cuales 171 fueron en abril; sino la mortandad provocada por la pandemia: al 6 de mayo, de los 684 casos confirmados de Covid-19 en Chihuahua, 433 estaban en Juárez y de las 125 defunciones en el estado, 104 se han dado en esta frontera: 83 por ciento, cuando esta ciudad representa 39 por ciento de la población estatal. La tasa de letalidad, entendiendo esto como la proporción de defunciones sobre la totalidad de contagios, ese día era de 9.7 por ciento para el país; para Chihuahua, casi el doble, 18, pero para Juárez, 24 por ciento, prácticamente dos veces y media el promedio nacional.

Varios factores pueden estar detrás de las altas tasas de mortalidad por la pandemia en Juárez, el más importante: el contagio que se da en la industria maquiladora por las condiciones de trabajo y transporte que no permiten la sana distancia, por lo tardío que resultó el cierre o suspensión de labores de muchas plantas, por la falta de protección adecuada al personal, por la negativa a dar permisos con goce pleno o parcial de sueldo a las y los trabajadores; por el miedo de ellas y ellos a perder el empleo si se declaran sintomáticos. Las primeras defunciones en Juárez se dieron entre trabajadores de la empresa Lear, luego en Electrolux, después en otras. Al 7 de mayo 104 trabajadores de la industria maquiladora habían fallecido por la pandemia, casi 90 por ciento del total para la ciudad. ( La Jornada, 8/5/20) La clase obrera va al contagio.

El alto porcentaje de la población local o migrante en pobreza es otro factor: el personal de salud reporta que a los hospitales llegan muchos migrantes del sur del país en condiciones de desnutrición, con las defensas muy bajas por las malas condiciones de alojamiento y de transporte. En situación similar están muchos de los habitantes de esta frontera, donde se condensa el mayor núcleo de extrema pobreza en Chihuahua; además de la mala alimentación, padecen la precariedad de sus viviendas, la falta de servicios sanitarios y de salud, de agua potable. Todo esto se agudiza porque, dada su ubicación en el desierto, por el desmonte de tierras aledañas y el alto porcentaje de calles sin pavimentar, en Juárez hay una proporción muy alta de partículas suspendidas, lo que, sean tiempos de coronavirus o no, genera una fuerte incidencia de neumonías y enfermedades bronquio respiratorias.

Por otra parte, la frontera sigue estando abierta para el tránsito de allá para acá. Diariamente centenares de personas siguen cruzando de El Paso (donde hay mil 119 contagios y 23 defunciones) e inundan los comercios juarenses sin ningún control sanitario. No hay que olvidar que la pandemia nos viene del norte. Nuestros vecinos estadunidenses encabezan al planeta en número de contagios y defunciones.

Ahora que la mayoría de las maquiladoras ha cerrado, salvo las esenciales, podría decirse que ya vamos de gane, pero no es así. Hay una fuerte presión de todos lados: empresas, grupos de empresarios, gobierno de Trump, para que las plantas maquiladoras vuelvan a abrir sus puertas a los más de 300 mil trabajadores de esta frontera para que no se rompan las cadenas de suministro, sobre todo de la industria automotriz.

Los trabajadores han luchado, pese a la pasividad de la CROM y la CTM que acaparan su representación.Con la mente en los compañeros muertos por contagio han demandado el cierre temporal de sus centros de trabajo con pago de 100 por ciento; solicitan protección sanitaria en las líneas de producción y en el transporte, mayor vigilancia al gobierno, pero entre ellos hay opiniones divididas: junto a quienes exigen los cierres temporales, están quienes manifiestan que ya no pueden resistir más tiempo sin laborar o con el sueldo pelón, sin estímulos ni bonos. Y ante la amenaza velada del cierre de su fuente de trabajo o del éxodo de las maquiladoras tienen que optar ante la opción del diablo: la chamba o la vida.

También han protestado los trabajadores de dos clínicas del IMSS reclamando insumos y equipos de protección. A la fecha se han contagiado en Juárez 36 enfermeras, 18 enfermeros, 25 médicos y 16 médicas: un total de 95 trabajadores de la salud.

A pesar de todo, la gente de Juárez va teniendo muy clara una cosa: ya estuvo bueno de ser siempre los de la periferia de la nación, de ubicarse en el sur global de la explotación laboral, de la exclusión presupuestal y ahora de la pandemia. La primera hora del día después debe ser para esta frontera la hora de la justicia.

*Investigador-docente de la UACJ

Ni sangre, ni agua

Víctor M. Quintana S.*

La crisis de rápida explosión del coronavirus no ha podido ocultar otra crisis de larga gestación y efecto más letal: la del agua. En un mes en Chihuahua emergieron, primero, el conflicto del eventual trasvase de la presa de La Boquilla para cumplir el Tratado Internacional de Aguas de 1944, y el domingo pasado, el ataque de los propietarios del rancho La Mohína a los campesinos barzonistas del ejido Constitución en el municipio de Ahumada.

Los campesinos de Constitución, en el desierto norte de Chihuahua, han defendido su agua desde siempre, sobre todo desde 2012 cuando, junto con el ejido Benito Juárez y muchos productores de toda la región, emprendieron un fragoroso movimiento para defender la cuenca del río del Carmen, diezmada por la perforación y aprovechamientos ilegales del agua por parte de colonos menonitas.

En 2017, los barzonistas denunciaron a Joel LeBarón Soto por plantar nogales y perforar 12 pozos ilegales en el rancho La Mohína, vecino a su ejido. Ante la omisión de las autoridades, ingresaron a la propiedad para detener las perforaciones. Entre más se explota el manto acuífero, se abate el agua de los pozos agrícolas del ejidoy de los pozos de agua potable de la comunidad: hasta las escuelas se han quedado sin el vital líquido. La situación se tensó mucho, hubo destrucción de equipo y los LeBarón acusaron al gobierno de Chihuahua de proteger a los productores barzonistas.

Los dueños de La Mohína han montado un entramado de artimañas jurídicas para operar sus pozos ilegales. Acogiéndose a viejos decretos del Ejecutivo federal alegaron haber ingresado una solicitud para que se les reconociera la legalidad de sus aprovechamientos desde diciembre de 2008. Aunque ésta fue presentada ante la CFE, nunca ante Conagua.

Conagua interpuso un recurso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el 5 de enero de 2018 para que no se reconozca la legalidad de los aprovechamientos, mismo que fue resuelto el 30 de enero de 2018, concediéndole la suspensión definitiva a Conagua para el efecto de que las cosas se mantengan en la misma situación que se encontraban al momento en que fue presentada la demanda.

En junio de 2018 los propietarios de La Mohína demandaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de la sentencia y, el 22 de agosto del mismo año, el primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa del décimo séptimo circuito admitió el juicio de amparo y le asignó el número de expediente 280/18. El 7 de junio de 2019 el citado tribunal resolvió por unanimidad de votos el juicio de amparo 280/2018, negando el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos Joel LeBarón y Ellen Nadine Jones en contra de los actos reclamados a la Conagua. Resolución definitiva que quedó notificada el 14 de junio del mismo mes. Montados en su macho, los LeBarón presentaron ante la SCJN primero, un recurso de revisión (Exp. 1563/19) que fue declarado infundado el 9 de octubre de 2019 y, posteriormente, el recurso de reclamación (2321/2019), mismo que fue también declarado infundado y se confirmó el acuerdo recurrido por los LeBarón, en sesión de la segunda sala de la SCJN el 27 de noviembre de 2019.

A pesar de haber resultado vencidos en todas las instancias legales, los LeBarón, todo este tiempo, han tratado de conectar sus pozos ilegales a la energía eléctrica. Piensan que al tener la protección de sus personas por parte de la Policía Federal, primero, y de la Guardia Nacional, luego de la masacre de Bavispe, disuadirán a los ejidatarios de cualquier movimiento para impedir que operen sus pozos.

Pero las y los campesinos saben para qué sí y para qué no es la protección federal. Por eso, el domingo pasado, al darse cuenta de que los propietarios del rancho estaban instalando la postería y el tendido a fin de conectarse a la línea de transmisión, se reunió más de un centenar de ellos y procedieron a derribar un poste. Fueron recibidos a balazos por los propietarios del rancho y dos campesinos resultaron con heridas leves.

Los LeBarón han estado denunciando la supuesta invasión y agresión de los campesinos, aprovechando la presencia que les ha dado en los medios las muy reprobables y lamentables tragedias que han sufrido. De nuevo volvieron a invocar la intervención del FBI, apelando a que gozan de doble nacionalidad, revelando al mismo tiempo su desprecio por las leyes mexicanas. Pero los productores y El Barzón siguen en pie de lucha, bloquearon con zanjas la carretera Sueco-Nuevo Casas Grandes y están demandando a las autoridades de Conagua y de la CFE que no se electrifiquen y clausuren ya los pozos ilegales.

Las y los barzonistas de Chihuahua no quieren que se derrame una gota más de sangre ni de la familia LeBarón ni de ellos mismos. Pero exigen que no se perfore un pozo más en su sobrexplotado subsuelo. Toca a las autoridades federales proceder con prontitud y energía.

* Investigador-docente de la UACJ

Invisibles entre los vulnerables

Víctor M. Quintana S.*

Se les ha invisibilizado siempre. Sin embargo, el número de personas jornaleras agrícolas y sus familias llega a representar casi 5 por ciento de la población nacional, más que la de un buen número de estados de la República. Cuando menos la cuarta parte de ellas son indígenas. Y vaya que su trabajo es esencial: gran parte de la actividad productora de los alimentos que llegan a nuestra mesa depende de ellas, así como la exportación de hortalizas, importante fuente de divisas.

Por ello los jornaleros agrícolas no pueden parar, ni confinarse, ni dejar de migrar de acuerdo a la temporalidad de los cultivos. De sus callosas manos y de sus espaldas siempre dobladas depende nuestra alimentación, en tiempos de coronavirus o no.

Sin embargo, como muestra la Red de Jornaleros Agrícolas, este tipo de personas, como pocas, son más vulnerables a la pandemia del Covid-19. A ello concurren varios factores: su continua movilidad, las condiciones de hacinamiento en los albergues, en el transporte y en sus viviendas –según el Inegi, el promedio de personas por vivienda en el caso de los jornaleros es de cinco, contra una media nacional de 3.7 personas–; la desnutrición que predomina en sus familias, aunada a su exposición continua a los agroquímicos, baja sus defensas inmunológicas, por sólo señalar las principales.

Todo esto se agudiza en el caso de las niñas y niños de personas jornaleras, casi un millón de ellos, entre cinco y 17 años, y los menores de ese rango de edad. Además de los factores de vulnerabilidad anteriores, se agregan ahora el cierre de escuelas y de albergues infantiles lo cual agudiza los riesgos de exposición a agroquímicos y a diversos tipos de accidentes, incluso a la violencia familiar.

La mayor exposición y mayor vulnerabilidad de las niñas y niños de los jornaleros agrícolas exige de los diversos niveles de gobierno y de los empleadores acciones urgentes y eficaces para construir una red social de cuidado ante la pandemia del coronavirus, y también ante los riesgos de accidentes y diversos tipos de violencia. Algunos sectores y grupos sociales proponen varias líneas básicas de acción en este sentido:

En primer lugar, es necesario establecer entre las autoridades federales, estatales, municipales, tanto sanitarias como laborales y las empresas agrícolas, un protocolo de salud adaptado a las condiciones de movilidad, vivienda y trabajo de las personas jornaleras, sobre todo de las niñas y niños. Este protocolo debe contemplar prioritariamente el acceso oportuno y suficiente a servicios médicos y de atención a la salud, de preferencia en el lugar de trabajo.

Debe desplegarse un operativo de información sobre la pandemia, las condiciones de riesgo, las medidas preventivas, las instancias a donde se debe acudir en caso de contagio, etcétera, en medios y formatos accesibles para los jornaleros; carteles, altavoces, radios comunitarias, perifoneos y demás. Este operativo de comunicación debe hacerse en las diferentes lenguas indígenas que habla la población jornalera.

Tanto los empleadores como las autoridades municipales deben asegurar las condiciones materiales que prevengan el contagio y la expansión del Covid-19: habilitar espacios para viviendas y albergues que eviten el hacinamiento y llenen los requerimientos sanitarios; proveer de agua potable suficiente para el consumo y para el aseo; dotar de jabones, desinfectantes, mascarillas, guantes, no sólo a quienes trabajan directamente en el campo, sino también a sus familias. Disminuir al máximo el uso de agroquímicos para evitar mayor vulnerabilidad al contagio; evitar el hacinamiento en los transportes, etcétera.

Además, hay un aspecto que no debe dejarse de lado, y no sólo en el caso de los jornaleros: el sicosocial. Las condiciones de miedo, de confinamiento, de mayor convivencia y roce al interior de viviendas precarias, tienden a multiplicar las tensiones al interior de ellas y, consecuentemente, la violencia sobre todo contra las mujeres, niñas y niños. Aquí se hace necesaria la concertación, además de los diversos órdenes de gobierno y los empleadores, de las instituciones de educación superior y organismos de la sociedad civil, como organizaciones y colegios de sicólogos y otras instituciones enfocadas a esta problemática. En sólo unas cuantas semanas existen ya experiencias muy significativas, montadas por diversos sectores de la sociedad civil, para apoyar a quienes más sufren los efectos sicoemocionales de la pandemia.

Pocos sectores de la sociedad mexicana tan vulnerables como las personas jornaleras y su prole: pobres, migrantes, muchas de ellas indígenas, y la mitad, niñas y niños. Ahí donde la vulnerabilidad se agudiza por la invisibilidad es donde hay que concentrar los apoyos certeros de autoridades gubernamentales y de la sociedad.

*Investigador-docente de la UACJ

La Boquilla: necesidad de un nuevo pacto por el agua

Víctor M. Quintana S.*

Cuando, habiendo desatendido el diálogo en curso, Con

agua abre las compuertas de una presa tan importante como La Boquilla, no sólo deja el paso libre a miles de metros cúbicos adicionales de agua, sino también a la resistencia espontánea y furiosa de los productores y la población, a descalificaciones, lucros políticos y hasta a los infiltrados y provocadores.

El pasado miércoles 25 por la noche, Conagua decidió incrementar el gasto de extracción de la presa La Boquilla, la principal del sistema de riego 05 y la más importante de Chihuahua, de 42 a 110 metros cúbicos por segundo, a pesar de que, desde finales de 2019, había acordado con los productores y con el gobierno del estado dialogar antes de aumentar el volumen extraído.

Los productores, agrupados en la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua, Aurech, cuyo dirigente es Salvador Alcántar Ortega, reaccionaron con furia, hicieron caso omiso de todas las recomendaciones ante la pandemia del coronavirus y bloquearon varios puntos de la autopista Chihuahua-Jiménez, tomaron casetas de cobro. Y grupos enardecidos quemaron más de una decena de vehículos gubernamentales y privados, sumergieron en un canal dos camionetas de Conagua, incendiaron dos casetas de la misma dependencia y se enfrentaron a pedradas con la Policía Militar.

El dirigente de la Aurech, quien en todo momento buscó que se redujera el volumen extraído y se retomara el diálogo, reconoció que la protesta se le salió de las manos y se incurrió en actos de violencia y vandalismo. Sin embargo, la resistencia surtió efecto: a eso de las cinco de la tarde, Conagua redujo el volumen de extracción a 42 metros cúbicos por segundo, lo necesario para el riego del distrito.

La justificación de la Conagua para el incremento intempestivo de la extracción es que es necesario que Chihuahua entregue su parte del caudal que estipula el Tratado Internacional de Aguas de 1944, pues el imprevisible Donald Trump puede tomar el pretexto del no pago para salirse de este acuerdo que es claramente favorable para México. Algo hay de razón en eso…

Pero los productores organizados, bien conocedores del tratado argumentan que ya se entregó todo el caudal que debe aportar Chihuahua durante este quinquenio: en los pasados 75 años ha entregado un promedio de 725 millones de metros cúbicos anuales. En caso de que no se haya completado lo que se debe, se dispone hasta el 27 de octubre para pagarlo, según el propio tratado. Alegan que esta es la temporada menos indicada para soltar el agua, pues los cauces de ríos están secos y absorberán buena parte del líquido, y las altas temperaturas evaporarán otra, y sólo llegará al Bajo Bravo una muy pequeña parte del caudal. Esto no sucedería si se espera hasta el otoño, cuando las temperaturas desciendan y se aprovechen los escurrimientos del tiempo de lluvias.

No se oponen de ninguna manera al pago convenido de agua a Estados Unidos, aunque no dejan de sentir, que por más favorable que sea a México el tratado de 1944, no lo es para Chihuahua, que ha de ceder buena parte de su agua para que Baja California pueda recibir un buen caudal por el Río Colorado. Señalan que, con el pretexto de pagar el agua a Estados Unidos, se pretende favorecer a Tamaulipas en detrimento de los productores de Chihuahua, por la intervención de funcionarios de la paraestatal que vienen de gobiernos anteriores. Denuncian la opacidad de la dependencia, de la información parcial o contradictoria que brinda.

Conagua no puede seguir actuando de esta manera. No basta con que sea una dependencia de la 4T para que se legitime en automático todo lo que desde el centro decide. Ha de mantener un diálogo continuo y escuchar la voz de las regiones, de las comunidades y de los diversos tipos de productores, buscando el interés de la nación y viendo la forma de conjugarlo con el bien de las regiones.

Además, debe desterrar las inveteradas prácticas corruptas que se anidaron entre algunos productores y en ella misma en el manejo del agua: en Chihuahua se propició o cuando menos toleró la perforación y operación de cientos de pozos ilegales, la concentración de concesiones, la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Hay huachicoleo del agua robada para riego, desperdicio criminal. Todos estos problemas y vicios tienen que desterrarse en un diálogo sincero y valiente entre la dependencia, los usuarios, los productores, los diversos niveles de gobierno, que dejen fuera manipulaciones y lucros políticos.

Un gobierno empeñado en la lucha contra la corrupción debe propiciar un nuevo pacto con la sociedad basado en una nueva ética pública que considere el agua como un bien común para todos, que evite acaparamientos, lucros y despilfarros y construya una nueva gobernanza con la participación de usuarios, productores y comunidades. La consulta de Mexicali es un buen comienzo en este sentido.

Los comunes como el agua, no aguantan más despojo, acaparamiento y devastación, este también es un mensaje de la pandemia que nos urge atender.

*Investigador-docente de la UACJ 

Por fin un triunfo de los productores de alimentos básicos

Víctor M. Quintana S.

Las incansables movilizaciones rurales, sobre todo en el norte del país, durante  el 2015 arrojaron por fin un resultado satisfactorio el pasado 30 de diciembre. Ese día el Diario Oficial de la Federación publicó los subsidios a los combustibles para la producción agrícola y la pesca. El diesel para las labores agrícolas de los cultivos de maíz, frijol y hortalizas,  baja de 14 pesos el litro a 7.90 pesos, y la gasolina para pesca, a 8.87 pesos el litro.

Con la rebaja del precio del diesel agropecuario se beneficiarán más de 400 mil productores nacionales de alimentos con un  total de 600 millones de litros, según datos de la organización de agricultores y ganaderos, El Barzón.

Además, a fines de diciembre, los representantes barzonistas y de otras organizaciones de agricultores concretaron un acuerdo con la Secretaría de Energía, del Gobierno Federal que reduce el precio del kilowatt/hora para riego agrícola de 50 a 35 centavos, una demanda largamente presentada por los agricultores del norte del país y de la zona de El Bajío. Están por concretarse, además, acuerdos que contemplan la puesta en marcha de un programa piloto para compras consolidadas de fertilizantes y semillas, conjuntamente con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias, y la Distribuidora Nacional de Subsistencias Populares, que podrán abatir los precios de éstos hasta en un 45%.

Estos logros vienen a responder en buena parte el planteamiento presentado por El Barzón desde hace un año: para mantener bajo el precio de los alimentos básicos a la población sin descapitalizar más a los agricultores es necesario que el gobierno establezca significativos subsidios a los insumos y ponga orden en el mercado de los mismos, dominado por unas cuantas empresas trasnacionales.

Una argumentación fundamentada de lo anterior lo constituye el Reporte sobre las Condiciones de Competencia en el Sector Agropecuario, de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), dado a conocer el 15 de diciembre pasado. Según el reporte, la reducción del ingreso de los hogares del país que disminuyó en un 15% entre 2006 y 2014, implicó una reducción del gasto en alimentos como las carnes, la leche y sus derivados, los cereales y los aceites y la sustitución de productos de mayor precio (y calidad) por otros de menor precio.

Los agricultores de El Barzón y sus aliados buscan resarcir la disminución del poder de los hogares para adquirir alimentos, no encareciendo lo que ellos producen. Pero esto no lo pueden hacer porque el mercado de los insumos para la agricultura está dominado por un puñado de empresas trasnacionales. De acuerdo al mismo reporte, Monsanto, Pionner, Syngenta y Limagrain, tienen el control del 94% de la venta de la semilla. En fertilizantes un mercado de más de 1500 millones de dólares al año lo tienen concentrado cinco firmas a través de Isasosa, Proferno, Disagro, Pacifex, Omagro y Fertiquim. Lo mismo ocurre con los agroquímicos y plaguicidas a través de Bayer de México, Cheminova, Agromex, Arysta, Dupont. Desde el inicio de la producción, los agricultores enfrentan la exclusividad, la fijación de precios, la falta de competencia y el encarecimiento de los costos de producción, así como la existencia de grandes extensiones de tierra sin semillas mejoradas y sin fertilización.

De ahí que la COFECE insista en la relevancia de garantizar una oferta competitiva de insumos para las actividades primarias del sector agropecuario.

Pero ni los datos ni los argumentos, así sea de la COFECE bastaron. Fue necesario todo un año de continuas e intensas movilizaciones para arrancarle al Gobierno Federal las primeras políticas de reducciones significativas en los precios de los insumos. Desde el 5 de febrero, El Barzón Chihuahua comenzó su accionar con sendas caravanas de docenas de vehículos a Ciudad Juárez para adquirir gasolina fronteriza a la mitad del precio del resto de la República. Después, se sumaron a los movimientos varias organizaciones de productores de Zacatecas, Durango, Coahuila, Sinaloa, Guanajuato y Jalisco. En Chihuahua, además de productores de maíz y de frijol, se integraron a la lucha los manzaneros y los lecheros organizados.

En esta ocasión los productores movilizados, acordaron presionar desde la periferia al entro en lugar de irse a cabildear las migajas del presupuesto a la piñata de la Cámara de Diputados. Así, el 26 de octubre tomaron el puente internacional Córdova-Américas en Ciudad Juárez. Al sentir que no se les escuchaba, bloquearon carreteras en varias partes de la República y cerraron las vías de ferrocarril en varios puntos de Chihuahua. No se equivocaron. Sólo entonces se les llamó a dialogar y a negociar. Al máximo nivel: la Secretaría de Gobernación coordinó una mesa a la que convocó a todas las dependencias involucradas. La contundencia de los movimientos fue ahora reforzada por la de los planteamientos. No hubo declaraciones triunfalistas de los agricultores, ni salidas efectistas del gobierno. Simplemente los acuerdos enunciados más arriba.

En estas luchas no fueron las principales protagonistas las centrales campesinas de siempre, más bien El Barzón y  varias organizaciones productivas. Se trató de demandas enarboladas sobre todo por productores medianos, la mayoría del norte del país,  de riego por bombeo. Radicaron sus demandas en cambiar los términos de intercambio del sector agropecuario, dirigiéndolas certeramente a la baja de precio de los insumos, en un contexto de caída de los precios internacionales de las materias primas. Con esto parece que se está iniciando un nuevo ciclo de movilizaciones rurales en México.

- Víctor M. Quintana S. es asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua e investigador/profesor de  la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

http://www.alainet.org/es/articulo/174810  

Lo que mostró Peña Nieto en el desfile de los Campos Elíseos

Víctor M. Quintana S.

Alai

Los protagonistas de la defensa de la República Mexicana en los 1860s, Zaragoza y Escobedo, y sus adversarios los generales de la Intervención Francesa, Lorencez y Bazaine, no han de haber estado muy cómodos en sus tumbas. Ciento cuarenta y nueve cadetes mexicanos y un oficial abriendo el desfile de la fiesta nacional francesa el pasado 14 de julio en la avenida de los Campos Elíseos, en París. Junto al presidente Hollande, Peña Nieto presidiendo la parada. Su esposa, la actriz de telenovelas, Angélica Rivera, con un vestido rojo tan intenso que recuerda las estrofas sangrantes de La Marsellesa.

Sin embargo, muchas mentes críticas francesas y mexicanas presentes ese día han de haber exclamado, cuando menos en voz baja al pasar los militares mexicanos: ¡Aparición con vida de los 43 de Ayotzinapa¡” “¡Tlatlaya no se olvida¡, ¡Los 26 mil desaparecidos no se olvidan¡”

Porque con ocasión de la visita de Peña Nieto y su comitiva de militares, empresarios, funcionarios y familiares a París y luego, con motivo de la fuga del capo, ahora de nuevo más buscado por Interpol, Joaquín El Chapo Guzmán, del penal de alta (¿?) seguridad del Altiplano, el prestigiado vespertino parisino Le Monde se dedicó a contextualizar bien la visita y no al estilo de la oficina de prensa de Los Pinos, para que el público francés pudiera entender el revés y el por qué de la trama. 

En un trabajo del corresponsal del periódico en México: “14 de julio, el embarazoso desfile del Ejército mexicano en los Campos Elíseos”, el autor, Fréderic Saliba hace un recuento de las muy extendidas prácticas de las fuerzas armadas y de las policías mexicanas: tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias. Señala el asesinato por parte de militares de 22 personas en Tlatlaya, la posible complicidad del 27 batallón de infantería de Iguala en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que se suman a las 26 mil víctimas de desapariciones forzadas en el país. Recuerda las 7 mil denuncias de tortura presentadas ante la CNDH y destaca que sólo han sido detenidos 7 torturadores.

Recuerda que hay en las calles del país de 35 a 40 mil efectivos militares, desplegados ahí para paliar la corrupción e incapacidad policíacas y que en nueve años ha habido 9 mil enfrentamientos armados entre los cárteles entre sí y entre ellos y las fuerzas armadas, generando una espantosa espiral de violencia en el país que ha causado además una gran ola de violaciones a los derechos humanos.

Gilles Bataillon no pudo ser más claro en el artículo de Le Monde: “Nadie sabría ignorar que después de una decena de años México está siendo presa de fenómenos de violencia, que mezclados a fenómenos endémicos de corrupción, debilita peligrosamente el proceso de creación de instituciones democráticas”. (“México: huésped problemático de Francia para el 14 de julio, Le monde, 12 de julio).

Bataillon, maestro de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, también analiza la violencia criminal y las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. Certeramente señala que, a pesar de las reformas neoliberales pactadas por Peña con los tres principales partidos buscaban relanzar el crecimiento económico, restaurar la autoridad del Estado y combatir eficazmente al crimen organizado y la corrupción. Pero pone en tela de juicio todo esto y recuerda que la corrupción se hace presente en todos los partidos y en la clase política. Muestra cómo ha tocado al mismo Peña Nieto por el escándalo de la mansión de su esposa y la constructora HIGA. El México de Peña Nieto es un país debilitado por la corrupción, la impunidad, la violencia del crimen organizado y de Estado, y por la incapacidad de sus élites para reemprender el camino del desarrollo. 

Entonces, ¿por qué Peña Nieto y su comitiva de más de 400 personas fueron invitados de honor de François Hollande, el presidente francés? Bataillon apunta el porqué: los contratos. Están por firmarse contratos para que el gobierno de México le compre a Francia 50 helicópteros Superpuma, armamentos y equipo de transporte. Además, Francia ha ofrecido su colaboración para la formación de la Gendarmería Mexicana, y la gran empresa gala de hidrocarburos, Total, estaría echándole el ojo a los hidrocarburos mexicanos. Por eso, Bataillon concluye:

“¿Es decir, que invitando a Peña Nieto y a un destacamento de las fuerzas armadas mexicanas a la fiesta nacional en París se desea sobre todo entregarse a una caza desenfrenada por los contratos? ¿O también se puede entender que se va a apoyar a los sectores de la población mexicana que favorecen las reformas para la consolidación del estado de derecho así como el fin de la violencia y la corrupción?”

Resulta, pues, que Peña Nieto tuvo que sufrir la presencia de asuntos y personajes en su amplia comitiva a Francia: los 26 mil desaparecidos, los 43 de Ayotzinapa, los 22 de Tlatlaya, las casas blancas de su esposa, y a última hora, hasta Joaquín El Chapo Guzmán. Todos ellos desfilaron ante los críticos ojos franceses en los Campos Elíseos.

URL de este artículo: http://www.alainet.org/es/articulo/171227

Los varios mexicos ante las elecciones

Víctor M. Quintana S.

No uno sino varios méxicos se revelaron en las elecciones del domingo 7 de junio pasado. Elecciones federales de medio término para renovar la Cámara de Diputados. Comicios para elegir gobernadores, ayuntamientos, o renovar congresos en 17 de las 32 entidades federativas del país.  Se eligieron además jefes de cada una de las 16 delegaciones en que está dividida la Ciudad de México.  Todo este proceso electoral les costó a los contribuyentes mexicanos mil 400 millones de dólares, 21 mil millones de pesos, más que nunca en la historia.

Los resultados numéricos pueden ser muy engañosos: el partido del presidente Peña Nieto, el PRI, junto con sus aliados, los verdes del PVEM y el corporativo sindicato de maestros, con las siglas del Partido Nueva Alianza, mantienen la mayoría en la Cámara de Diputados.  En segundo lugar, viene el derechista Partido Acción Nacional.  El otrora insignia de la izquierda, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), corroído por divisiones internas, alianzas con Peña y múltiples casos de corrupción, ve derrumbarse su votación casi en la mitad. Mientras que la nueva formación de izquierda, MORENA, el partido encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en su primera incursión electoral, obtiene casi el 9% de los votos, le gana al PRD la mayoría de los diputados en la Ciudad de México y se lleva 5 de las 16 delegaciones de esta demarcación.  De los diez partidos registrados corren el riesgo de perder dicho registro por no alcanzar el 3% de la votación, el Partido del Trabajo y el Partido Humanista.

En cuanto a los estados de la República, hay cambio de partido en la gubernatura en varios de ellos: Sonora, Nuevo León, Querétaro, Guerrero, Michoacán.  En total, hasta el momento, el PRI se lleva cinco gubernaturas por dos del PAN y una del PRD.  En Nuevo León, el estado más industrializado y uno de los más ricos del país, un candidato independiente, Jaime Rodríguez, “El Bronco” se alza con la victoria con un caudal de votos que supera a los del PRI y del PAN reunidos.

El fenómeno de las candidaturas independientes, junto con el ascenso del MORENA, es la noticia de estos comicios.  Por primera vez fue posible que se presentaran formalmente candidatos independientes, reconocidos por los organismos electorales.  Aunque sólo tres obtuvieron el triunfo: “El Bronco” y dos candidatos a diputados federales, la vía se abre para que el electorado, harto de la partidocracia, y de una clase política arrogante, busque nuevas opciones que no vengan a engordar a la ya muy obesa y arrogante clase política.

Es precisamente por esto que llama la atención el ascenso del MORENA.  A pesar de haber realizado campañas muy austeras, con un mínimo de gasto por voto logrado, se colocó como la principal fuerza política en la Capital de la República y consolidó una fuerte presencia en más de la mitad de los estados.  Buena plataforma de lanzamiento para la tercera candidatura presidencial de López Obrador, en 2018.

Los perdedores netos de la jornada del 7 de junio son el PAN y el PRD.  Aun a pesar de haber ganado dos gubernaturas el primero y una el segundo, su caudal de votos disminuyó significativamente. Más en el caso del PRD donde obtuvo la peor votación desde 1991 y siente los pasos de MORENA en la azotea.  La obsesión perredista por ser una “izquierda civilizada”, la captura del partido por los grupos de interés, su cercanía a Peña Nieto y varios escándalos de corrupción lo han sumido en la agonía.

Sin embargo, las esperanzas que puedan suscitar los independientes y MORENA son todavía muy relativas porque Peña Nieto, el PRI y sus aliados seguirán controlando la Cámara Baja y proseguirán las “reformas estructurales” que han entregado los hidrocarburos, el territorio y las telecomunicaciones a las empresas trasnacionales y a los oligopolios nacionales.  Seguirán respaldando una política económica que, a pesar de las promesas de Peña Nieto, no ha logrado reactivar ni el empleo ni el ingreso.  Proseguirán también la guerra contra el crimen organizado iniciada desde la presidencia de Felipe Calderón que le ha costado mucha sangre y mucha muerte al país.

El continuismo del PRI-Gobierno-Aliados se basa en la impunidad.  Impunidad en el manejo de los recursos públicos para financiar las campañas electorales.  Impunidad del Partido Verde a pesar de haber violado la ley electoral un día sí y otro también, con la complacencia de las autoridades electorales y el respaldo del duopolio televisivo.  El hecho de que las autoridades, el Instituto Nacional de Elecciones y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no hayan podido ni querido poner fin a estas prácticas fraudulentas que despojan de equidad y certidumbre a los comicios es señal inequívoca que el sistema electoral de México, tal vez el  más costoso del mundo, se está colapsando.

Porque, por más que se diga que el gobierno de Peña Nieto pudo no sólo llevar a término las elecciones, sino continuar dominando la Cámara de Diputados, el modelo de elecciones y de representatividad política está en su fase terminal.  Esto, por dos vertientes: de un lado, por la fuerza que están tomando las candidaturas independientes que ya obtuvieron la gubernatura de Nuevo León y, de alguna manera, la alcaldía de Guadalajara, la segunda ciudad del país.

De otro lado, por las explosiones violentas que rodearon este proceso electoral.  En los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán hay una insurgencia social que cuestionó las elecciones e incluso buscó boicotearlas.  Los múltiples agravios, como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, la represión a los maestros, la colusión de gobiernos y partidos con el crimen organizado, la persistencia de la extrema pobreza estas que son las entidades de más alta marginalidad del país, activaron un cúmulo de manifestaciones violentas, que llegaron incluso al incendio de varias sedes partidarias y la destrucción de papelería electoral.  Sólo la militarización de esos estados, el virtual estado de sitio en los mismos hizo posible la celebración de los comicios.  Pero la violencia no sólo afectó a estas entidades: a lo largo de todas las campañas fueron asesinadas en todo el país 21 personas ligadas a los procesos electorales: pre candidatos, candidatos, coordinadores de campaña, activistas. Además, hay estados donde el control territorial del crimen organizado tornó imposible que ciertos partidos realizaran campañas en algunos municipios o que siquiera fueran visitados por los candidatos.  Es el caso de Chihuahua y Tamaulipas.

Por esto el proceso electoral que se acaba de vivir en este país lo que más revela es los varios méxicos que en él se expresan: el México de las inercias, de la transición democrática atorada, de la apatía ciudadana.  El México que rompe con ellas y se expresa a través de candidaturas independientes u opciones como MORENA o partidos “tomados” por la participación ciudadana.  Y el  México donde la violencia institucional y la violencia criminal, casi siempre coludidas, no le dejan al pueblo otro camino más que la violencia de respuesta.

La gran interrogante es, ¿cuál de estos méxicos va a predominar en las elecciones presidenciales de 2018?

- Víctor M. Quintana S. es asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua e investigador/profesor de  la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

http://www.alainet.org/es/articulo/170357