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5/09/2016

Productividad de legisladores alcanza apenas el 7.8%


Un recuento elaborado al SIL, afirma que en lo que va de la presente legislatura se presentaron en los dos plenos 1,833 iniciativas, pero sólo 144 han sido aprobadas. 


CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- La productividad del Congreso mexicano está por los suelos, pues todos los grupos parlamentarios, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, presentaron en ocho meses  casi dos mil iniciativas, pero la mayoría están en la congeladora o fueron desechadas por ser malas propuestas. 
Un recuento elaborado al Sistema de Información Legislativa (SIL) --instancia que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob) y que monitorea la actividad del Congreso— afirma que en lo que va de la presente Legislatura se presentaron en los dos plenos 1,833 iniciativas, pero sólo 144 han sido aprobadas. 
La cifra de iniciativas aprobadas en ambas cámaras del Poder Legislativo representa sólo el 7.8 por ciento de productividad total, en el periodo comprendido entre 1 de septiembre de 2015 al 5 de mayo de 2016, etapa de vigencia de la actual legislatura. 


Los resultados del Senado   
En estos primeros ocho meses de actividad, las cinco bancadas en el Senado de la República presentaron 576 iniciativas, pero de acuerdo con el SIL sólo fueron aprobadas 51 de ellas (8.8 por ciento del total), las 525 restantes siguen en calidad de “pendientes”.   
En este recuento, el PRD en la Cámara Alta, que dirige Miguel Barbosa Huerta, es el grupo parlamentario que más iniciativas ha presentado (175 iniciativas), aunque sólo se han avalado seis en el pleno. 
La bancada del PRI, que coordina Emilio Gamboa Patrón, cerró el periodo ordinario el pasado 30 de abril con 125 iniciativas presentadas; luego va el grupo parlamentario del PAN, que es representado por Fernando Herrera Ávila, con cien proyectos. 
Le sigue el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, que coordina Manuel Barlett Díaz, con 38; luego el PVEM, de Carlos Puente Salas, con 16 iniciativas presentadas.  
De las 125 iniciativas del PRI están pendientes por resolver 122. De las 38 presentadas por el PT, 35 están esperando el turno correspondiente; mientras que todas las del Verde están congeladas
También en este lapso de tiempo, el Ejecutivo Federal envío al Senado 11 reformas, sin embargo, hasta momento sólo dos de ellas han logrado ser aprobadas en el pleno: la Ley General para Prevenir, Sancionar e Investigar la Tortura y otros tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la reforma educativa para flexibilizar el calendario escolar.  
En caso de la ley sobre Tortura, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su revisión y discusión, por lo que todavía no concluye su trayectoria legislativa.  
  
Las desechadas  
El portal del SIL de la Secretaría de Gobernación contabilizó 384 iniciativas "desechadas" en la Cámara Alta, es decir, aquellas que recibieron un voto negativo entre la mayoría de los 128 senadores que integran la Cámara Alta. 
El sol azteca es la bancada a la que más iniciativas se le desechada tras considerarlas inviables o al no tener los consensos políticos necesarios para continuar su camino. El grupo perredista registró  89 propuestas eliminadas.  
En el reporte se da a conocer que la fracción legislativa del PRI registró 75 proyectos desechados; mientras que el grupo parlamentario del PAN obtuvo 33 en la misma situación; le sigue el Partido Verde Ecologista de México con 18 y el PT con diez.  
Un ejemplo de iniciativa desechada es la que presentó la senadora Diva Hadamira Gastelúm Bajo (PRI) quien propuso diseñar y promover una cultura digital en los niveles de educación básica, media superior, especial y para adultos, por lo que pidió modificar el artículo 39 de la Ley General de Educación.  
En este caso, la propuesta de la legisladora del tricolor por Sinaloa fue desechada al recibir por mayoría un voto negativo al interior de las comisiones parlamentarias el pasado 19 de abril de 2016.  
Otro ejemplo de aquellas iniciativas que no llegaron al discutirse por los integrantes del pleno camaral fue la presentada por el senador José Rosas Aispuro (PAN), quien pretendió modificar la Ley Federal de telecomunicaciones para que los usuarios evitaran pagar alguna penalización al cancelar un servicio derivado a fallas técnicas. 

  
Los números en San Lázaro 
En San Lázaro la historia es muy similar. Entre septiembre de 2015 al 5 de mayo de este año se presentaron mil 257 iniciativas, pero sólo 93 lograron concluir su camino al ser discutidas y aprobadas. 
En este caso, el trabajo de los 500 diputados federales reflejó una productividad de 7.3 por ciento, con respecto a las propuestas presentadas por los Congresos locales, el Ejecutivo Federal, los grupos parlamentarios representados y los legisladores independientes. 
El reporte del SIL identificó que los grupos parlamentarios coordinados por César Camacho Quiroz (PRI), Marko Cortés (PAN) y Francisco Martínez Neri (PRD) presentaron 314, 196 y 195 iniciativas, respectivamente, para reformar algún decreto o legislación federal. 
Sin embargo, el documento identifica como pendientes 261 iniciativas del tricolor, 154 del albiazul y 152 del sol azteca, mientras que las tres que ha presentado el diputado independiente Manuel Cloutier Carrillo siguen detenidas esperando turno en las comisiones parlamentarias. 
Entre las propuesta del legislador independiente por Sinaloa está la de fijar un espacio de las mismas dimensiones, tamaño y espacio, a los candidatos independientes en la boleta electoral, igual a la que tienen los candidatos postulados por algún partido político. 
De los proyectos que demoran por el PRI, está la que presentó Carlos Barragán Amador que propuso inscribir con letras de oro en el muro de la Cámara el nombre de “José Vasconcelos Calderón”, quien figuró como titular de la Secretaría de Educación Pública (1921-1924) y rector de la UNAM (1920-1921). 
Por parte del PAN existen iniciativas pendientes como la que presentó la legisladora María Arámbula a la comisión de Gobernación para declarar el 9 de diciembre de cada año como el Día Nacional Contra la Corrupción. 
En la congeladora también se encuentra la reforma que presentó el legislador Alberto Martínez Urincho (PRD) para expedir una Ley que garantice protección a personas que defienden los derechos humanos y a periodistas que reciban amenazas, agresiones o se cometa el delito de desaparición. 

El último esfuerzo 
Pese a estos números, el parlamento mexicano bajó la cortina desde el pasado 30 de abril y reanudará actividades hasta el 1 de septiembre. En estos cuatro meses de receso posiblemente se realice uno o varios periodos extraordinarios, pero la agenda legislativa estaría concentrada en cuatro o cinco temas. 
Los legisladores analizan ir a un extraordinario para discutir y aprobar las leyes secundarias en materia de anticorrupción; una reforma constitucional para poner en marcha el mando mixto policial y una nueva regulación para el uso de la mariguana para fines médicos y científicos, así como una nuevo gramaje de portación. 
En la Cámara de Diputados, los legisladores se alistarían para ir a un periodo extraordinario para discutir y en su caso aprobar el desafuero de la diputada panista de Sinaloa Lucero Sánchez, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) la liga con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán. 
En cada periodo de receso del legislativo, entra en funciones la Comisión Permanente --integrada por 37 legisladores, 19 diputados y 18 senadores— sin embargo tiene limitadas sus facultades, como emitir algún dictamen sobre las iniciativas de ley o decreto. 
El Congreso mexicano se conforma de 500 diputados federales y 128 senadores de la República, quienes participan en diversas comisiones, que se encargan de analizar, discutir y emitir un dictamen sobre las propuestas que pretenden modificar el marco legal vigente a nivel federal. 
Para este trabajo legislativo, el Congreso mexicano cuenta para este año con un presupuesto superior a las 14 mil millones de pesos, en el que se incluye la dieta (sueldo) del legislador y la manutención de las comisiones que revisan la leyes que son presentadas en ambos plenos. 
Para este año, la Cámara de Diputados tiene una bolsa de 7 mil 560 millones de pesos y el Senado de la República cuenta con 4 mil 422 millones de pesos.  
  
¿Qué son las iniciativas? 
Una iniciativa es un documento formal que se presenta con el propósito de crear, reformar, derogar o reformar el marco legal; este documento representa el inicio del proceso legislativo. De acuerdo a la Constitución, el presidente de la República, diputados federales, senadores, congresos locales y los ciudadanos tienen esta facultad. 

maaz

10/15/2015

San Lázaro: Juniors e inexpertos van por comisiones de 250 mdp


Sólo una minoría de diputados federales tiene la experiencia necesaria para encabezar una de las 56 instancias legislativas que recibirán a lo largo de tres años recursos millonarios para su funcionamiento.


CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- En la conformación de los 56 presidentes de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados hay perfiles que van desde juniors de la política, ex empleados federales, familiares y amigos del presidente Enrique Peña Nieto, esposas y operadores políticos de gobernadores, representantes gremiales y cuotas de tribus de partidos políticos.
Sólo una minoría de diputados federales tiene la experiencia necesaria para encabezar una de las 56 instancias legislativas que recibirán a lo largo de tres años recursos millonarios para su funcionamiento.
Con independencia a sus dietas (salarios) y prerrogativas, todos los presidentes de comisiones tendrán durante tres años recursos millonarios adicionales para el funcionamiento de dicha, los cuales serán entregados y gastados sean o no instancias legislativa productivas.
El gasto anual de una comisión ordinaria es de aproximadamente 4 millones 400 mil pesos, lo que significa que el gasto total por 12 meses de funcionamiento de las 56 instancias legislativas es de casi 250 millones de pesos.
Al mes, los presidentes de las comisiones tendrán aproximadamente un fondo fijo de casi 10 mil pesos, vales de despensa por casi seis mil pesos, un techo presupuestal para eventos de más de 30 mil pesos, un automóvil, un chofer que tendrá un sueldo de más de 10 mil pesos, celular –con crédito- y un secretario técnico que ganará casi 40 mil pesos.
También tendrá una coordinación administrativa con una bolsa de más de 21 mil pesos y el diputado presidente tendrá la facultad de definir si se gasta en una o más personas, así como dos asesores B que percibirán 28 mil pesos cada uno.
A cada comisión se le asigna como mínimo tres asesores: uno de tipo A y dos B, el mencionado secretario técnico y un asistente parlamentario.
El asesor “A” ganará más 35 mil 520 pesos al mes; el “B” más de 28 mil 543 pesos y el secretario técnico casi 40 mil pesos. El plus de todo este paquete es que todos estos empleados de confianza son contratados por el diputado presidente de la comisión.
LA SILLA ROTA tomó una muestra de 15 de las 56 comisiones e hizo un análisis de los nuevos presidentes de comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados. El resultado es el siguiente:

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PRI)

El presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Ignacio Pichardo Lechuga, es pasante de la carrera de Ciencias de Comunicación, y en los medios de comunicación del Estado de México lo ubican como un “junior” de la política.
El legislador federal es hijo del ex gobernador del Estado de México, Ignacio Pichardo Pagaza, quien fue parte del denominado Grupo Atlacomulco.
“Nacho” Pichardo, como le gusta que le digan, ya fue diputado local y federal y en ese lapso legislativo ha estado vinculado a temas hidráulicos.
En San Lázaro se asegura que esta presidencia es parte de la “cuota mexiquense de comisiones”, en las hay legisladores cercanos, incluso familiares, del presidente Enrique Peña Nieto.
“Nacho” Pichardo, como le gusta que lo llamen, ya fue diputado local y federal y en ámbito legislativo presume que participó directamente la nueva Ley de Agua y la Ley de Cambio Climático del Estado de México (2013).
En el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto, el legislador federal fue coordinador Regional en Valle de Bravo de la Secretaría de Desarrollo Social, donde presume que se implementaron los nuevos programas en materia de apoyo a la nutrición familiar; se hicieron microbras de infraestructura para desarrollo de las comunidades; programa para el mejoramiento a la vivienda; apoyo y asesoría a la mujeres económicamente activas y a los adultos mayores.
Nacho Pichardo también fue presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Forestales de la CNC y en los noventas fue el presidente Editor y Director General del periódico estatal Liberación.

COMISIÓN DE VIVIENDA (PRI)

La Comisión de Vivienda será presidida por la diputada del PRI, Carolina Viggiano Austria, quien es esposa del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira y cercana, políticamente, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
La legisladora priísta, quien ha construido una trayectoria profesional en Hidalgo, no es especialista en el tema de la vivienda, pero sí en el Poder jurídico de su estado natal, aunque también fue una entusiasta promotora del voto en la campaña presidencial del entonces candidato Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con su propia página electrónica, “ha tenido la satisfacción de trabajar para reducir la marginación y el rezago social de su estado” y dice ser impulsora de la creación de leyes de prevención de la violencia y la delincuencia, así como reformas a los códigos penales en favor de la justicia para las mujeres.
En 1993 tuvo su primer empleo: “me desempeñé como Defensora de Oficio, donde aprendí el valor de ayudar a quien no tiene los recursos para acceder a la justicia y a tratar a todos por igual. De esta forma pude ver lo importante que es la preservación de los derechos de las personas”.
Dos años más tarde llegó a la coordinación de Desarrollo Regional, para luego ser diputada local, luego legisladora federal y posteriormente secretaria de Desarrollo local.
En 2005 se convirtió en la coordinadora General de la campaña del entonces candidato Miguel Ángel Osorio Chong y ya en el gobierno local presidió el Consejo de la Judicatura de Hidalgo.
Fue magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, nuevamente legisladora, para luego ser --en 2012—ser la titular de la Coordinación y Enlace con la Sociedad Civil de la campaña presidencial de Peña Nieto, para luego convertirse en Directora General del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).
 
DEPORTE (PRI)

La familia Gamboa tiene cargos importantes en el Congreso mexicano. Emilio Gamboa es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, así como el coordinador parlamentario, y su hijo Pablo Gamboa Miner es ya el presidente de le Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados.
El legislador Pablo Gamboa Miner no tiene ni 30 años de edad; es otro junior de la política, y ahora tendrá –por tres años-- recursos millonarios para promover el deporte.
Al igual que otros diputados que serán presidentes de comisiones ordinarias, Gamboa Miner no tiene experiencia en temas deportivos, pues su poca trayectoria empieza con los dos últimos gobiernos priístas de Yucatán.
A su corta edad, este comunicólogo egresado de la Universidad Iberoamericana, fue director de la Coordinación Metropolitana en su natal Yucatán, puesto que tuvo desde la administración de Ivonne Ortega y que mantuvo con el actual gobernador Rolando Zapata.
En un vídeo de autopromoción, el legislador yucateco dice que de sus padres aprendió “la importancia de la disciplina y del trabajo para alcanzar metas”, en ese sentido se compromete a que llegando a San Lázaro trabajará a “marchas forzadas”, porque es la velocidad que requiere Mérida y poniendo su mano derecha en el corazón promete que estará “cerca de la gente”.
 
GOBERNACIÓN (PRI)

A la presidencia de la Comisión de Gobernación llegó la legisladora Mercedes del Carmen Guillén Vicente, quien además de ser una priísta destacada es hermana de Rafael Sebastián Guillén, conocido desde 1994 como el “Subcomandante Marcos”, líder guerrillero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Aunque no tiene nada en común con la vida guerrillera de su hermano, esta legisladora tamaulipeca tiene una larga trayectoria dentro PRI, tanto en su estado como a nivel federal.
Ha sido legisladora local y federal, secretaría General de Gobierno y procuradora General de Justicia en el gobierno tamaulipeco de Tomás Yarrington, quien es señalado como un político que tiene ligas con el narcotráfico.
“Paloma Guillén”, como también es conocida, fue en la actual administración federal del presidente Enrique Peña Nieto subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La legisladora se autodefine como una “mujer de retos, con capacidad, experiencia” y aunque que se afirma que su diputación federal fue apadrinada por el gobierno federal, asegura que detrás de ella hay “proyecto político” y el PRI la vio como una “pieza clave” para ocupar un lugar en San Lázaro.
“Yo tengo los requisitos que marca la Constitución para ocupar ese cargo y lo haré, porque tengo con qué (…) la gente me conoce, no sólo a mí, sino a mi familia”, dijo y añadió: “soy invicta, nunca he perdido una candidatura”, declaró cuando se inscribió como candidata a diputada federal.

INFRAESTRUCTURA (PRI)

La presidencia de la Comisión de Infraestructura será presidida por el mexiquense Alfredo Del Mazo Maza, quién se perfila como el candidato a la gubernatura del Estado de México.
Al ser hijo y nieto de gobernadores del Estado de México, Del Mazo Maza es heredero del “Grupo Atlacomulco”, quienes fueron --en la pasada era priísta--protagonistas de la política local y tenían una gran influencia a nivel nacional.
El legislador federal, quien llegó a San Lázaro por la vía de mayoría relativa, es primo del presidente Enrique Peña Nieto.
 Al igual que propio Presidente de la República, su trayectoria pública inició de la mano del ex gobernador Arturo Montiel y de su propio padre, Alfredo del Mazo González.
Dentro y fuera del PRI coinciden en que esta comisión y su paso por la Cámara de Diputados será la catapulta para que este legisladores se convierta en candidato a gobernador, a fin de recuperar --para el aquel viejo grupo de político-- la gubernatura del Estado de México.
Alfredo Del Mazo Maza fue presidente municipal de Huixquilucan y en la actual administración federal fue director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
En la Cámara de Diputados es el coordinador de los legisladores priístas mexiquense y también de ahí es uno de los operadores directo del propio presidente Peña Nieto.

PRESUPUESTO (PRI)

La Comisión de Presupuesto –la más importante dentro de San Lázaro- será encabezada por el tamaulipeco Baltazar Hinojosa Ochoa, quien es hace unos días dejó de ser el secretario de Organización del CEN del PRI.
El legislador priísta sí cuenta con la experiencia necesaria para presidir la comisión ordinaria que decidirá el destino de los recursos presupuestales del próximo año.
En pasadas legislaturas fue integrante de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y desde esa posición se convirtió en unos de los principales negociadores de su partido político.
Además de tener una trayectoria como legislador, Hinojosa Ochoa fue presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas.
Entre sus amigos y compañeros político, confiesa ser un amante de la música y de su familia, y en su página electrónica asegura ser es asiduo guitarrista, que interpreta canciones en compañía de sus seres queridos.
“La música me ha acompañado desde que tengo memoria; una de las cosas que más me gustan es sentarme con mi guitarra a cantar con mi familia y amigos”, dijo el legislador.
Se describe como alguien con una personalidad inclinada al conocimiento del origen de las cosas, su evolución y sus resultados, lo que lo llevó a estudiar economía.
El legislador Baltazar Hinojosa Ochoa fue director en Jefe de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA).

AGRICULTURA Y SISTEMA DE RIEGO (PRI)

La Comisión Agricultura y Sistema de Riego quedó en manos la Confederación Nacional Campesina (CNC), quien designó como su presidente –con el aval del coordinador parlamentario, César Camacho- al priísta sinaloense Germán Escobar Manjarrez.
El sinaloense es empresario y campesino del municipio de Elota y ha sido diputado local y presidente municipal y su posición, en el ámbito político local, es la única que respalda la CNC.
Es presidente de la Liga de Comunidades Agrarias (2013-2017) y en declaraciones a medios locales de comunicación asegura que no es un hombre rico; que sólo es ejidatario y productor agrícola.
El legislador informó que junto con sus hermanos, hace algunos años, puso en operación un supermercado, de donde obtiene sus ingresos para vivir en la medianía.

GANADERÍA (PRI)

La Comisión de Ganadería quedó en manos del priísta veracruzano Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, fundador del Frente Único de Ganaderos Organizados de México, instancia filiada a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del PRI.
El legislador también ha sido promotor de la Alianza con la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), Consejo Nacional Agropecuario (CNA), así como la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Rural (AMSDA).
Cházaro Montalvo se considera ganadero, quien ha dedicado toda su vida a esta actividad, con el antecedente de cinco generaciones en la región del Sotavento de Veracruz, en los hoy municipios de Isla, Tlacotalpan, Villa Azueta, Playa Vicente, Acayucan y Rodríguez Clara.
Ha sido diputado local y presume que fue coordinador nacional de la Brigadas de promoción del voto ganadero, en la campaña de al ahora presidente Enrique Peña Nieto, así como de los gobernadores Javier Duarte, Fidel Herrera, Miguel Alemán Velasco.

JURISDICCIONAL (PRI)

Dentro y fuera del PRI ven a la nueva presidenta de la Comisión Jurisdiccional, Sandra Méndez Hernández, como parte de la “nueva generación de políticos mexiquenses” que son impulsados por el presidente Enrique Peña Nieto.
Pese a que ya fue presidenta municipal de Tultitlán y que es abogada, Méndez Hernández ocupará una instancia legislativa que requiere una especificidad técnica relevante, pues de seguir los enconos partidistas tendrá que resolver posibles juicios políticos que promuevan los distintos grupos parlamentario.
En Tultitlán relatan que la legisladora federal, por estar embarazada, no hizo campaña política, por lo que su suplente fue la encargada de hacer el trabajo político electoral.
Esta forma de hacer campaña no le impidió convertirse nuevamente en diputada federal, luego de haber pasado la alcaldía en la que sorteó pendientes heredados por otros priístas, como fue el caso de una alberca municipal que sólo sirvió para inaugurarla, tomarse la foto, y cerrarla definitivamente.
A la actual legisladora también se le relacionó con el priísta capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, a quien se le acusó de encabezar dentro del partido una red de prostitución. Sandra Méndez Hernández negó la cercanía con su compañero partidista.
A la legisladora la recuerdan como gente cercana al grupo político de Peña Nieto. Fue por ejemplo Oficial del Registro Civil 01 de Tultitlán, diputada local suplente y empleada del gobierno estatal.
Los priístas en San Lázaro ven con la llegada de Sandra Méndez Hernández a la presidencia de la Comisión Jurisdiccional como parte la “cuota” a favor del grupo político mexicano, cercano a Los Pinos.

RADIO Y TELEVISIÓN

Una vez más la Comisión de Radio y Televisión quedó en manos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), grupo parlamentario al que se le ha bautizado como la Telebancada, al tener en sus filas a personajes con una relación de trabajo o cercanía con el duopolio televisivo.
En esta legislatura, la ex panista y ex subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, quien llegó a San Lázaro por la vía plurinominal, será la presidenta de esta comisión ordinaria.
De acuerdos con los distintos curriculums que circulan por internetet, la nueva presidenta de la Comisión de Radio y Televisión no tiene experiencia en la materia, por lo que deberá dominar, sobre la marcha, este tema.
Como parte de su pasado político, la legisladora, quien es hija del ex secretario de Educación Pública, Miguel Limón, dejó el PAN y se convirtió en parte del equipo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien la invitó a ser la subsecretaria Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
En esa dependencia, la ahora legisladora federal del Verde manejó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En otro momento, también dirigió la Unidad Administrativa del programa de estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Desde la óptica de algunos panistas, Lía Limón --quien fue ex esposa del ex presidente de IFE, Luis Carlos Ugalde-- es “una mujer de cuidado”, pues consideran que sólo usó al partido para escalar peldaños políticos.
La propia Lía Limón dijo en 2012, luego de haber intentado ser la candidata a delegada de Miguel Hidalgo, “que una pandilla de cuatreros se han apoderado del Partido Acción Nacional en Miguel Hidalgo y de la delegación, lo cual es inadmisible”.

HACIENDA (PAN)

El gobernador de Baja California, Francisco “Kiko” Vega, resultó victorioso en la repartición de presidencias de comisiones en la Cámara de Diputados y una de las personas más cercanas a él, la legisladora Gina Andrea Cruz Blackledge, es ya la nueva presidenta de Hacienda.
Contrario a otras legislaturas en las que los panistas colocaban a un militante especialista en temas hacendarios, esta vez esta comisión estará encabezada por una mujer abogada, con experiencia en temas de relaciones internacionales.
De acuerdo con los propios panistas, los gobernadores emanados de Acción Nacional fueron los principales competidores en la repartición de espacios en San Lázaro y bajo esa lógica el bajacaliforniano llegó a un acuerdo con su homólogo de Puebla, Rafael Moreno Valle, para repartirse espacios legislativos.
La bancada del PAN de Baja California tiene en San Lázaro 11 legisladores federales y todos son afines al gobernador Kiko Vega, quien tendrá mano en la negociación hacendaria del próximo año.
De esta forma, el diputado poblano Eukid Castaño, operador político de Moreno Valle, llevaria manos de futuras negociaciones internas de la bancada, por lo que será el segundo hombre con el que las demás grupos parlamentarios deberán negociar.
Ante dicho acuerdo los panistas dieron el aval a su compañera Cruz Blackledge, quien dice tener habilidades en diferentes ramas del derecho, como el administrativo, civil y penal.
Gina Andrea Cruz Blackledge es esposa del secretario General de Gobierno de Baja California, Francisco Rueda.
En las administración federal panistas, la legisladora fue consul de México en Calexico, donde trabajó asistiendo a mexicanos en el exterior y también fue diputada local.
La legisladora, en Mexicali, fue directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura.

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES (PAN)

En tono sarcástico, los panistas de San Lázaro se preguntan ¿qué sabe el ex presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, de la atención a grupos vulnerables?
Y en ese mismo tono se responden: “nada”, y pese a esa afirmación, avalaron entregarle a su ex líder nacional la presidencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.
En esta legislatura no fue el elegido para negociar el presupuesto, como sí lo fue en el pasado siendo diputado y senador de la República, donde incluso fue el coordinador parlamentario.
Esta vez, el legislador federal optó por una comisión desconocida para su trayectoria pública y además de bajo perfil, a fin de tener los recursos económicos necesarios para seguir haciendo política, pero sin la sombra de los medios de comunicación.
De acuerdo con panistas consultados, la presidencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables se pactó desde la plenaria que tuvieron los nuevos diputados en Tijuana, Baja California.
También esa plenaria, se acordó que la presidencia de Hacienda sería entregada a un legislador bajacaliforniano, lo que se ratificó después con diputada Gina Andrea Cruz Blackledge.
De esta forma, Madero Muñoz seguirá en los próximos tres años negociando para beneficio de él y de su grupo, el cual se aseguró tienen severas grietas con los operadores políticos del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, de quien se asegura será uno de los principales competidores de candidatura presidencial de 2018.
 
SEGURIDAD PÚBLICA (PAN)

La decisión de que el legislador Miguel Ángel Yunes Linares sea el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados obedece a una estrategia política para tratar de dejar mal parada la gubernatura del actual mandatario de Veracruz, el priísta Javier Duarte.
Incluso, la decisión de que Yunes Linares fuera quien encabezara dicha comisión fue por unanimidad y entre sus funciones estará la de promover que las corporaciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno cuenten con suficientes recursos para desempeñar adecuadamente su tarea.

El ex priísta aprovechará su conocimiento en la materia, fue subsecretario federal de Seguridad Pública y Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para evitar que los priístas veracruzanos, cercanos al gobernador Duarte, promuevan algún tipo de proceso judicial en su contra.
Desde San Lázaro, priístas veracruzanos han señalado que Yunes Linares es responsable de delitos vinculados con el ejercicio indebido del servicio público, peculado y enriquecimiento Ilícito.
Incluso, han exhortado a la procuradora General de la República, Arely Gómez, para que resuelva a la brevedad una supuesta investigaciones existente en contra Yunes Linares.
Al respecto, el panista ha negado las acusaciones de los priístas y en su defensa aseguró que el actual gobierno veracruzano, además de corrupto, tiene nexos con la delincuencia organizada.
Miguel Ángel Yunes Linares también ha dicho ser rehén de una persecución política por parte del Movimiento de los 400 Pueblos, quienes desnudos o en calzones bailan en las principales avenidas de la ciudad de México.
El Movimiento de los 400 Pueblos está financiado por la familia priísta veracruzana Del Ángel, viejos enemigos políticos del ahora panista y legislador Miguel Ángel Yunes Linares.
“Vamos a estar los años que sean necesarios. Tengo 20 años manifestándonos en contra de Yunes Linares; no es algo nuevo, (pues ) yo sostengo que Miguel Ángel Yunes Linares tiene un patrimonio que no lo puede justificar.”, advirtió el legislador local Marco Antonio Del Ángel.
 
VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (PRD)

Al presidente de la Comisión Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Luis Maldonado Venegas (PRD), le dicen “morenovallista” y en los pasillos del Palacio Legislativo de San Lázaro se asegura que al frente de esta instancia legislativa al actual gobierno poblano le irá muy bien al momento de justificar gastos federales.
El legislador perredista, quien será quien lleve y revise por tres años las auditorias federales fue en su momento el secretario de Gobierno, y luego de Educación, de la administración estatal de Rafael Moreno Valle. 
Luis Maldonado era parte de la cúpula del partido Convergencia –hoy Movimiento Ciudadano--, pero decidió aliarse con los chuchos del PRD, quienes finalmente lo invitaron a registrarse como militante del sol azteca.
Hoy es cercano a los principales integrantes de Nueva Izquierda y gracias a ese apoyo tiene el poblano la tercera comisión más importante de las 56 existentes e San Lázaro.
Antes de llegar a la Cámara de Diputados, Maldonado Venegas fue unos de protagonistas del escándalo local que se dio a raiz de la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, por el supuesto excesivo uso de la fuerza pública.
Esto derivo a que el propio gobernador poblano promoviera ante el Congreso la derogaración de la ley local que permitía el uso de la fuerza de los elementos policiacos.
Luis Maldonado Venegas promovió este ordenamiento, que luego se conoció como Ley Bala.

EDUCACIÓN (PRD)
La presidencia de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados fue entregada a la corriente perredista Foro Nuevo Sol, aliada histórica de la corriente mayoritaria del PRD: los chuchos.
Los perredistas resolvieron darle esta comisión a la legisladora chihuahuense Hortensia Aragón, cercana políticamente a la ex gobernadora de zacatecas, Amalia Garcia y nuevo gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

Aragón Castillo es una antigua militante perredista. Ya fue legisladora, secretaria General y a nivel interno es una de las principales negociadoras de esta corriente del sol azteca.
Es licenciada en Educación Primaria y en los ochentas participó en muchas organizaciones vinculadas al feminísmo. Fue militante y activista del PCM, del PSUM y del PMS y después Dirigente del PRD en Chihuahua.

3/23/2015

Congela Congreso decálogo de seguridad


Las iniciativas propuestas por Enrique Peña Nieto en noviembre pasado como respuesta a las protestas por la desaparición de los 43 normalistas están sin avance. Los legisladores no han vuelto a hablar del Mando Único o del número de emergencia

"No hay soluciones simples, ni caminos cortos. Convencido de ello, he decidido impulsar cambios de fondo, que permitan mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en México" Enrique Peña Nieto, Presidente de México

Con el Mando Único Policial Estatal las unidades municipales desaparecerían

“El tema no es ni sí ni no puede haber un punto intermedio (…) La intención es que salgan en este periodo porque es la seguridad, son reformas urgentes” Enrique Burgos, Senador del PRI

Roberto Gil anunció hace unas semanas que no acompañarían la iniciativa presidencial

La instalación del número de emergencia 911 se prevé esté en operación hasta el 2016

En noviembre pasado, el presidente Enrique Peña Nieto presentó un decálogo de medidas para combatir la inseguridad y mejorar el sistema de justicia.

Hoy, ese plan está en un impasse.

Los 10 puntos de su plan eran la respuesta a las protestas masivas que se registraban por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.


“No hay soluciones simples, ni caminos cortos. Convencido de ello, he decidido impulsar cambios de fondo, que permitan mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en México”, dijo Peña Nieto el 27 de noviembre del 2014.

Casi cuatro meses después, las iniciativas más controvertidas enviadas por el presidente de la República se encuentran en el Senado, donde han permanecido sin avance en las comisiones.
El final del periodo ordinario de sesiones se acerca, por lo que al PRI le urge sacar las iniciativas del estado del coma en que se encuentran… aunque tengan que hacerles cambios profundos.
En la Cámara Alta, hay quienes consideran que las medidas propuestas en las iniciativas que crean el Mando Único policial y regulan la intervención en los municipios son intransitables. 
Otros se pronuncian por su matización.
Algunas otras medidas anunciadas en el decálogo, como el establecimiento de una línea telefónica de emergencias, la creación de una cédula de identidad o el envío de otras iniciativas en materia de desaparición forzada o tortura, aún se encuentran pendientes.
Las polémicas iniciativas
Dentro del decálogo presentado por Enrique Peña Nieto, las primeras medidas que se anunciaron fueron una serie de iniciativas para facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales. Otra más para redefinir la competencia de las autoridades frente a los delitos; y una para crear las Policías Estatales Únicas.
Las iniciativas fueron enviadas al Senado de la República y, en un primer momento, se intentó darles un tratamiento especial para que fueran aprobadas a la brevedad.
Sin embargo, la oposición del PAN y el PRD frenaron lo que parecía una aprobación fast track.
El paquete de iniciativas presidenciales contempla la modificación de siete artículos constitucionales.
En el caso de la creación del Mando Único Policial Estatal, la iniciativa señala que la seguridad pública será una función de la Federación y los estados; los municipios solamente participarán en el diseño de políticas de prevención del delito pero desde un enfoque no policial.
Con ello, desaparecerían las policías municipales y la responsabilidad de las tareas de seguridad recaería directamente en los gobernadores. Las unidades estatales estarán bajo el mando de las federales.
Con este modelo se buscará  que se homologue la remuneración mínima de los policías en todo el país, así como sus protocolos de actuación, operación y equipamiento.
Un segundo capítulo de estas reformas se refiere a la definición de competencias en materia de justicia, para que se definan los tipos penales y sus sanciones y qué le corresponde a cada uno de los ámbitos de justicia.
Se explora dar al Congreso la facultad de publicar la legislación única de justicia penal para adolescentes y una ley general para la investigación, persecución y sanción de los delitos sin importar su fuero.
Y, sin duda, la medida más polémica es que se busca facultar al Congreso para emitir una Ley contra la infiltración del crimen en los municipios, en la que se debe establecer, señala el Ejecutivo, la facultad de intervenir a las localidades donde haya presunción de haber sido infiltradas por criminales.
“Si el Fiscal General de la República advierte indicios para considerar la infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios municipales, deberá comunicarlo al titular de la SEGOB, para que en su caso, soliciten la aprobación del Senado para que la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial, las funciones del municipio”, señala la iniciativa presidencial.
En esta propuesta se señala que la seguridad en los municipios estará a cargo de los gobernadores de los estados y los municipios deberán realizar aportaciones a las entidades para realizar esta función.
Este paquete de iniciativas conforman los tres primeros puntos del decálogo propuesto por el presidente Peña Nieto y sus propuestas han levantado polvo desde el día de su presentación.
A pesar de que el Ejecutivo instruyó a Manlio Fabio Beltrones y a Emilio Gamboa, los líderes de las bancadas del PRI en el Congreso, que aceleraran la aprobación de estas reformas, los priistas no han podido vencer la oposición a estas medidas.
Ahora, el tricolor trabaja en la matización de estas iniciativas para buscar el voto aprobatorio del PAN y el PRD en el Senado.
La matización de las reformas
Las iniciativas presidenciales fueron turnadas a tres comisiones en el Senado: Puntos Constitucionales, presidida por el priista Enrique Burgos; Justicia, a cargo del panista Roberto Gil; y Estudios Legislativos Segunda, a cargo del senador de la bancada del PRD, Alejandro Encinas.
Hace unas semanas, se convocó a foros de expertos y autoridades para conocer su punto de vista sobre las medidas propuestas por el Ejecutivo.
Sin embargo, la discusión en las comisiones feneció. No ha habido una sola reunión de esos órganos para determinar la forma en que se podrá avanzar en su aprobación.
Enrique Burgos, senador del PRI, reconoció que habrá un proceso de modificación del paquete de iniciativas presidenciales a fin de lograr un consenso y poder aprobarlas antes de que concluya el actual periodo de sesiones, que termina también con la LXII Legislatura.


“El tema no es ni sí ni no puede haber un punto intermedio (…) La intención es que salgan en este periodo porque es la seguridad, son reformas urgentes”, afirmó Burgos.
En el caso del Mando Único, por ejemplo, el PRI impulsará que se establezca un esquema diferenciado para saber cuáles son las policías locales que podrán prevalecer y continuar con sus labores.
Por ejemplo, podrían dejar en funciones a los cuerpos policiacos de grandes ciudades que sí sean funcionales, como Monterrey, Guadalajara o Querétaro, para auxiliar en las tareas cotidianas de la ciudad.
En contraparte, se buscará también que en los municipios donde no hay policía o la corporación sea de muy pocos elementos, haya labores de capacitación y de revisión de los salarios que perciban.
El tema más polémico, comentó Burgos, es la intervención de la Federación en los municipios; sin embargo, es necesario establecer mecanismos para librar a las localidades de los criminales que quieren dominarlas.
“Ya ha habido algunos casos en donde la delincuencia quiere dominar, por ejemplo, la basura, el manejo de la basura. Parecería algo sin importancia, pero de ahí sacan el cristal, el plástico y muchísimas cosas. Entonces hay factores que indican que hay amago de penetración ahí, por lo que se faculta a la Federación a intervenir”, expuso.

Para Alejandro Encinas, senador de la bancada del PRD, algunos puntos de la iniciativa presidencial son intransitables, ya que atentan directamente contra el federalismo.
“El municipio libre ha sido abrogado, y si bien se debe asumir que el actual modelo municipal se ha agotado, es necesario promover cambios que lejos de continuar su desmantelamiento descentralicen los recursos que permitan su fortalecimiento. Las medidas propuestas del Ejecutivo profundizarán su debilitamiento”, sentenció Encinas.
Para el legislador, es imposible que los municipios apoyen a los legisladores en una iniciativa de este calado, pues se trata del desmantelamiento de los gobiernos locales y de la concentración de poder en un solo cuerpo policiaco que podrá ser fácilmente corrompible.
“Es el caso de la inefable gestión de Arturo Durazo y la hermandad en la policía capitalina, quien concentró tal nivel de poder en el control de la policía que acabó administrando al crimen.
“Al igual que sucedió con el Batallón de Radio Patrullas del Estado de México, que se constituyó en un aparato represivo contra la lucha social, cuyo poder se colocó por encima de la autoridad municipal”, rememoró Encinas.
Fueron los alcaldes panistas quienes pidieron un alto a los legisladores federales encargados de la discusión de estas reformas.
Roberto Gil Zuarth, senador del PAN, fue el receptor de las quejas de los presidentes municipales del albiazul, anunció hace unas semanas que no acompañarían la iniciativa presidencial.
“Es una iniciativa que parte de la falsa idea de que los problemas de seguridad del país son fundamentalmente de delincuencia organizada y que se generalizan en todos los municipios del país y eso no se corresponde con la realidad.
“El problema de nuestro país es que no solamente hay delitos de alto impacto, sino que hay delitos de alta frecuencia, que es la que corresponde combatir y prevenir a los municipios”, ha dicho Gil.
Con estas posiciones, el PRI buscará impulsar la transformación de estas iniciativas para que puedan pasar los filtros de los partidos de oposición.

Los otros pendientes
El decálogo del presidente Peña Nieto no se limita solamente a la discusión de estos cambios legales, sino que quedan algunos temas pendientes.
Como parte de las medidas, el Gobierno federal se comprometió a impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Transparencia.
Sin embargo, mientras estaban en discusión en la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, el PRI mantuvo su oposición a ciertos temas que provocaron polémica, como la posibilidad de realizar auditorías en tiempo real o la apertura de información relacionada con violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, el tricolor cedió y tuvo que aceptar los condicionamientos de la oposición para poder aprobar esas leyes, que están ahora en revisión en sus contrapartes.
Aunque se prevé que en las próximas semanas el Ejecutivo envíe una iniciativa sobre Desaparición Forzada de Personas, en el Congreso ya comenzarán a discutir las más de 30 que ya fueron presentadas por los partidos.
Las iniciativas de justicia cotidiana, relacionadas con temas de la vida diaria, como un divorcio, una multa, un despido injustificado, un conflicto vecinal, por mencionar algunos, se encuentran en proceso en instituciones educativas como el CIDE, que han realizado diversos foros al respecto.
La instalación del número de emergencia 911 requerirá de un sistema que opere en todo el país y se prevé que esté en operación hasta el 2016.
El primer mandatario dio también el banderazo al proceso de creación de la Clave Única de Identidad en enero pasado y, para su instrumentación, el primer paso es la sistematización de todos los datos contenidos en el Registro Civil de todos los municipios para establecer los números únicos de cada ciudadano.