5/16/2010

Adolfo Sánchez, asesinato impune

Ana Lilia Pérez
16 Mayo 2010


Secuestrado, torturado y acribillado, así murió Adolfo Sánchez Guzmán, el joven corresponsal de Televisa en la zona centro de Veracruz. Después de su muerte, fue vilipendiado por su medio de comunicación y por las autoridades: en cuanto el caso dejó de publicarse en la prensa, liberaron a los supuestos autores intelectuales

Ana Lilia Pérez / David Cilia, fotos / enviados

Nogales, Veracruz. “Adolfo Sánchez Guzmán fue un joven periodista con una meteórica carrera que lo colocó como corresponsal de la televisora más importante del país. En diciembre de 2006 murió en un accidente automovilístico y la cadena de televisión pagó con honores su dedicación y rindió culto a su memoria”. Ésa es la idea que Adylen Sánchez guarda de la vida y muerte de su padre, la versión que le construyeron los tíos y abuelos, verdades a medias para mitigar las llagas en su pequeño corazón herido.

Así que la tarde en que la dulce Adylen, envuelta en su uniforme de colegiala, sorprende a los reporteros en la sala de la casa charlando con su tío Alfredo, la abuela Juana y la bisabuela Teresa, rápidamente son ocultadas grabadoras y cámaras y de súbito se cambia la conversación.

Naturalmente le inquieta la presencia de extraños: los mira con duda y un gesto de recelo, preguntándose quizá por qué observan con tal atención el collage que devela la corta línea de la vida de su padre –desde su nacimiento hasta la graduación–, en un conjunto de fotografías bañadas con acrílico. Pero Adylen no pide ni da explicaciones, sólo mira y calla, con un temple poco usual para sus 12 años, el mismo que demostró el día en que con una seriedad absoluta le preguntó a su tío Alfredo “¿qué se siente tener un balazo en la cabeza?”; a él en cambio se le heló la sangre. A medida que se acerca a la adolescencia, las mentiras piadosas para Adylen parecen perder sentido.

El 30 de noviembre de 2006, Adolfo Sánchez Guzmán, joven periodista de 31 años de edad, corresponsal de Televisa en la región centro de Veracruz (cubría los municipios de Orizaba, Córdoba, Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza), reportero de Xhora Stereo y colaborador de las páginas de internet www.enlaceveracruz212.com.mx y Orizaba en Vivo, fue encontrado muerto en los márgenes del Río Blanco, en el municipio de Nogales. Su cadáver yacía boca abajo vestido de jeans color azul, playera roja, cinturón negro, zapatos cafés y calcetas blancas; tenía la mano izquierda extendida, el brazo derecho doblado y la mano en la frente. Huellas de tortura y dos balazos, uno de ellos en la cabeza.

A 100 metros yacía otro cuerpo: robusto, vestido también con jeans de mezclilla, playera azul a cuadros, zapatos negros; hematomas y sangre en el rostro, identificado posteriormente César Martínez López, alias el Pollo, la última persona con quien se le vió a Adolfo antes de su desaparición. El dictamen forense indica que, cuando su cuerpo fue encontrado, Adolfo tenía entre 15 y 18 horas sin vida, es decir, que permaneció más de 30 horas en poder de sus captores, a merced de sus torturas físicas.

El impetuoso reportero investigaba a las bandas dedicadas a los robos de camiones de carga y tráileres en la región de Córdoba y Orizaba, áreas clave para el trasiego de mercancías entre el sureste, el Golfo y la zona centro del país; ruta de traslado para todo tipo de mercancías, y particularmente, para el transporte de diésel, gasolina y combustóleo extraídos de manera legal, y, también, los ordeñados ilegalmente a los ductos de Petróleos Mexicanos. Desde hace años, dicha zona se convirtió en un punto de asaltos frecuentes a cualquier hora del día a manos de la delincuencia organizada, la que durante meses Adolfo tuvo en la mira de sus indagatorias periodísticas.

Horas de angustia

Antes de las siete de la mañana, ya estaba de pie. La mañana del martes 28 de noviembre, Adolfo siguió la misma rutina al igual que todos los días desde que su hija Adylen ingresó a la escuela primaria. Como padre soltero, se repartía su tiempo entre el reporteo diario y el cuidado de la niña. Hacia la una de la tarde estaba de regreso por la chiquilla y juntos recogieron a la abuela Juanita en la escuela donde daba clases. Comieron juntos. Adolfo salió a las 17:30 horas. Ni su mamá ni Adylen volverían a verlo.

El 29 de noviembre, su padre, Adolfo Sánchez Hernández, denunció ante las autoridades judiciales la desaparición de su hijo Adolfo. Hacía una semana que en el puerto habían asesinado al periodista Roberto Marcos García (Contralínea 180), de manera que el que Adolfo no llegara a casa en toda la noche y tampoco contestara su celular alarmó a sus padres. La desaparición fue ampliamente difundida por medios de comunicación y organizaciones de defensa de periodistas nacionales e internacionales.

Desde su sede en Francia, la organización Reporteros Sin Fronteras lanzó una alerta donde subrayaba su “alarma” por el tercer comunicador desaparecido en México en 2006, año en que, según Reporteros Sin Fronteras, el país se convirtió en el más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Los dos periodistas desaparecidos eran Rafael Ortiz Martínez, del diario Zócalo de Monclova, el 8 de julio de 2006, y Guevara Guevara Domínguez, editor del semanario Siglo 21, con sede en Oxnar, California, Estados Unidos, el 8 de octubre de 2006, entre Durango y Chihuahua.

A propósito del negro panorama que enfrentaba la prensa en México, Reporteros Sin Fronteras envió una carta al presidente Felipe Calderón, recién llegado a Los Pinos, en la cual le advertía que su mandato “se inicia con un balance de la libertad de prensa nunca igualado en un país del continente latinoamericano, aparte de Colombia que está en guerra. Aunque todavía no está comprobado que la desaparición de Adolfo Sánchez Guzmán esté relacionada con sus actividades periodísticas, su familia teme que haya sido víctima del crimen organizado, que acostumbra a secuestrar. Ahora más que nunca, la defensa de la libertad de prensa pasa por la lucha contra la criminalidad organizada.

Desde que su padre denunció la desaparición, se subrayó la profesión de Adolfo, sin embargo, la Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República no hizo gestión alguna para su localización, ni lo haría posteriormente en las indagatorias judiciales, pese a los señalamientos de organizaciones internacionales de defensa de periodistas que conminaban al gobierno a actuar de manera pronta para salvaguardar la integridad de los periodistas y, con ello, la libertad de expresión.

A propósito del caso de Adolfo Sánchez Guzmán, Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), expresó la preocupación de la SIP de que “en México los periodistas estén a merced de la violencia que despliega el crimen organizado y cuya impunidad aumenta los niveles de autocensura de los medios en detrimento del público a la información”. Agregó que las autoridades “deben comprender que la información y el ejercicio periodístico son eslabones esenciales de la democracia”.

En sólo 11 meses habían sido asesinados siete periodistas y uno más había desaparecido: Roberto Marcos García (21 de noviembre), José Manuel Nava Sánchez (16 de noviembre), Misael Tamayo Hernández (10 de noviembre), Bradley Roland Will (27 de octubre), Enrique Perea Quintanilla (9 de agosto), Ramiro Téllez Contreras (10 de marzo) y Jaime Arturo Olvera Bravo (9 de marzo), y la desaparición de Rafael Ortiz Martínez el 8 de julio de 2006.

Con mucha influencia en el gabinete de Fidel Herrera Beltrán, cuando la familia reportó la desaparición de Adolfo, el gobierno del estado coordinó un amplio operativo que involucró a diversas corporaciones policiacas, numerosos elementos y la búsqueda de la policía montada, y otras, por aire. La familia debió sujetarse a las recomendaciones de la policía: seguir la rutina como si no pasara nada. Si era secuestro, les dijeron, pronto pedirían rescate. Pero no hubo llamadas.

El miércoles 29 de noviembre, durante la búsqueda, elementos de la Policía Ministerial localizaron el automóvil Volkswagen Sedan verde con la matrícula XYJ6514, el mismo que Alfredo regaló a Adolfo para su uso personal. Estaba con las puertas abiertas y con las llaves puestas en el dispositivo de encendido. No había rastros de violencia, salvo que las puertas estaban de par en par. De Fito, dijeron las autoridades, no había ni huella.

El jueves, a las 15:30 horas, Jesús Arturo Fernández del Campo, titular de la Delegación Regional de Seguridad Pública, con base en Ciudad Mendoza, recibió la llamada de un niño que le informaba que a orillas del Río Blanco, en los Viveros Forestales de la Colonia El Águila, había un cuerpo tirado. Un grupo de la Secretaría de Seguridad Pública llegó al lugar y encontró el cadáver de César Martínez López. Más al fondo, entre los matorrales, yacía el de Adolfo.

En un santiamén, aquel paraje se llenó de funcionarios: el subprocurador de Justicia en la zona centro, Miguel Mina Rodríguez; el coordinador Regional de la Policía Ministerial, Normando Bustos Bertheau; el comandante de la Ministerial, Norberto Portilla; los comandantes de las policías preventivas de Ciudad Mendoza y Nogales. Luego llegaron Alfredo y Felipe. Una valla humana les impidió acercarse.

—¡Déjenme verlo, sólo déjenme verlo y ya me voy! ?suplicó Alfredo.

—Mejor no –le dijo una voz.

—¿Por qué?

—No vas a querer ver cómo quedó, mejor así, guárdate la imagen de tu hermano.

—¡Déjenme, sólo lo veo y ya!

La valla abrió paso. Alfredo se acercó hasta donde yacía su hermano mayor, el más querido, el orgullo de la familia, quien se codeaba con políticos y funcionarios: ¡con el mismísimo gobernador! Alfredo pensó en las travesuras de niños, las correrías de adolescentes, los sueños de Adolfo, la necedad de ser periodista y entregarse en vida al oficio; todo él reducido a un cuerpo inflado por los primeros rasgos de la descomposición y las evidentes huellas de horas a merced de sus verdugos.

—¡Ya estuvo!, hagan su trabajo para que podamos enterrarlo –musitó Alfredo. Dio la vuelta y apretó el paso. Recordó que apenas el lunes habían cenado juntos en una taquería de Tierra Blanca, y que infructuosamente le insistió a Adolfo que lo acompañara a Jalapa. En busca de una explicación, Alfredo hacía 1 mil conjeturas; relacionó incluso que de regreso de Jalapa intempestivamente su camioneta se detuvo enmedio de la carretera, y que debió esperar 20 minutos para continuar su camino; hizo cálculos, era la misma hora en que Adolfo recibió el tiro de gracia.

El dolor de la impotencia

El velorio de Adolfo Sánchez Guzmán, Fito, como le llamaba todo mundo, dejó huella en esta región centro del estado porque reunió a gente de todas clases sociales y de las diversas ciudades y rancherías vecinas. Cuando el féretro llegó a la casa de la abuela, el amplio portal fue insuficiente para albergar a los dolientes, de manera que la avenida Juárez, la que comunica Nogales con Ciudad Mendoza, tuvo que ser cerrada por patrullas de Seguridad Pública.

Los días de diciembre son gélidos en Nogales, entre las ráfagas de viento que arroja el Pico de Orizaba y el frescor de la espesa flora del Parque Nacional Cañón de Río Blanco. No en balde el municipio se encuentra enclavado en un valle rodeado de montañas escarpadas en la región centro de Veracruz, donde abundan lo árboles de nogal y donde yace aún en el imaginario popular el legado del primer ingenio que operó en el continente americano.

El segundo día de aquel diciembre, Adolfo fue sepultado en el panteón municipal Benito Juárez. Un cortejo fúnebre, encabezado por su hija Adylen, lo acompañaba; el resto, familiares, amigos, funcionarios, políticos y compañeros de los diversos medios de comunicación en los que el reportero colaboró. Ni una sola nota de condolencias del consorcio televisivo. La ofensa, sin embargo, sería posterior, cuando los directivos dijeron que Adolfo ya no era su corresponsal.

La familia dice que nunca hubo un despido, que fue un argumento de la televisora para no involucrarse en la investigación del crimen de su reportero, borrando de tajo toda relación laboral. “Él seguía con Televisa, nunca lo despidieron. ¡Mire, aquí está su chaleco! ¡Aquí está su credencial!, muestra Juanita.

—¿Qué hizo Televisa cuando lo mataron?

—El tenia cinco días que estaba de vacaciones, sus primeras vacaciones, pero Televisa dice en ese momento estaba de baja; eso para lavarse las manos, yo creo. No dieron la cara por su reportero, nunca reclamaron nada, mejor dio la cara EnlaceVeracruz212.com.mx y Oristereo; mejor ellos dijeron “él trabajaba conmigo, él era mi colaborador”.

El periodista César Augusto Vázquez, director de EnlaceVeracruz212, un portal de internet con una amplia barra informativa y corresponsales en todas las regiones de Veracruz, dice que Televisa desconoció a Adolfo como corresponsal ante la versión de diversas autoridades locales de que el reportero estaba involucrado con la mafia, pero que tanto él como los directivos de Oristereo acreditaron su trabajo y presionaron también a que la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas abriera una indagatoria del caso.

Adolfo Sánchez Guzmán ejercía el periodismo desde sus años como estudiante universitario. Trabajó en el periódico Política de Jalapa, luego en el Gráfico; después ingresó a Telever, filial de Televisa, donde se estrenó como reportero cubriendo “la barrancada”, el deslave que en junio de 2003 destruyó cientos de viviendas y dejó miles de damnificados y muertos en los municipios de Maltrata, Ciudad Mendoza, Nogales, Río Blanco y Orizaba.

Acariciando la idea de “salir a cuadro en los noticieros de Joaquín López Dóriga o Carlos Loret de Mola”, se afanaba en sus investigaciones, aunque su salario de 1 mil 500 pesos quincenales no era muy estimulante.

“Su papá quería que fuera ingeniero, pero él siempre tuvo la inclinación por el periodismo, desde muy jovencito –­rememora su mamá, profesora de educación primaria durante más de tres décadas–. ¿Riesgos? Sí, nosotros sabíamos de los riesgos porque escuchábamos toda la información que él difundía, pero a él no le interesaba porque estaba entregado a su trabajo, le ponía mucho empeño y gran pasión.

“¿Amenazas? Sí, hubo varias, y también represalias, algunas veces su carro apareció pintado con pintura de aceite blanca, otro día apareció con ácido; quizá era gente molesta por la información que él sacaba.

“Me quedó muy grabado un caso que él documentó: un muchacho que vino de Estados Unidos para investigar qué había pasado con su hermanita que vivía en Río Blanco y los vagos la violaron y la mataron. Contactó a Adolfo; llegó a Río Blanco para investigar, y a él también lo encontraron muerto días después. Su pie fue arrancado con todo y zapato. Adolfo sacó su caso aun con los riesgos.”

Crimen “circunstancial”

La lógica oficial en muchos de los crímenes o desapariciones de periodistas que las autoridades usan como pretexto para omitir hacer investigaciones serias es incriminar a los comunicadores en ilícitos, pues con el desprestigio a cuestas, ni siquiera el gremio levantará la voz para demandar justicia.

El de Adolfo Sánchez Guzmán es uno de estos casos. Como refiere el periodista César Augusto Vázquez, después de su asesinato las autoridades difundieron la versión de que estaba “implicado” con las bandas de robo de tráileres, pero nunca aportaron un solo dato o evidencia. La familia en cambio exigió que se probaran esos dichos, que se evidenciara la vida que llevaba Adolfo con una cuenta de ahorros en cero, un pedazo del techo familia para él y su hija, y un automóvil regalado por su hermano Alfredo.

También se argumentó que, en realidad, sus asesinos buscaban ejecutar a su acompañante César Martínez López, alias el Pollo, un supuesto exconvicto, quien había permanecido preso en el reclusorio de Cancún, Quintana Roo, por los delitos de robo y lesiones. De manera que Adolfo había sido sólo una víctima “circunstancial”, pues “estaba en el lugar y el momento equivocado”, ello según el expediente 839/2006, integrado por la Procuraduría General de Justicia del estado.

El 4 de diciembre de 2006, la Policía Ministerial de Veracruz detuvo a los hermanos Carlos y Julián Rosas Palestino, de 30 y 34 años de edad, originarios de la comunidad San Antonio Soledad Cañada, en el estado de Puebla, avecindados en el número 33 del Camino Nacional, en el municipio de Río Blanco, propietarios de varios camiones para el transporte de carga. Se les imputó la “autoría intelectual” del crimen contra Adolfo. Supuestamente “ordenaron matar a César por haberles robado un camión y tomaron venganza porque no les hizo justicia la autoridad, y lamentablemente Adolfo estaba en el lugar equivocado, por eso lo mataron con un motivo distinto a su profesión, difundió la Procuraduría.

En una feria de declaraciones que al tiempo despertarían más dudas que certezas, el coordinador regional de la Policía Ministerial, Armando Bustos Bertheau, dijo que la detención de los hermanos Rosas Palestino respondía a los señalamientos de 11 testigos que apuntaban a una supuesta venganza, pues el Pollo les habría robado varios camiones.

El subprocurador de Justicia de la zona centro del estado, Miguel Mina Rodríguez, declaró a Notimex que el móvil del asesinato fue el robo de un tráiler que sufrieron los hermanos Juan Carlos y Julián Rosas, “por el cual iban a ejecutar a el Pollo y, lamentablemente”, por alguna circunstancia, el periodista Sánchez Guzmán se encontró en el lugar equivocado: “La muerte de Adolfo Sánchez fue circunstancial ya que no estaba implicado con el robo del tráiler, como César González alias el Pollo, por lo que estuvo en el lugar equivocado la noche del jueves 30 de noviembre”.

Con la consignación de los Rosas al Centro de Readaptación Social de Orizaba, el subprocurador de Justicia de la zona centro, Miguel Mina Rodríguez, aseguró que el asesinato de Adolfo quedaba resuelto. Sin embargo, para la familia había muchos hilos sueltos que pronto habrían de romperse, develando la farsa en la investigación.

El mismo día en que sepultaron a Fito, entre un intenso olor a nardos que impregnaba la casa de la abuela, reunidos en la sala, la familia pactó no exigir, tampoco indagar, tragarse la impotencia y su dolor, resueltos de que la rabia que provoca la impunidad les impediría vivir su duelo. Tres años después, en esa misma estancia, sobre los mismos sofás en los que lloraron la muerte de Adolfo, rompen el pacto para detallar a Contralínea las irregularidades que percibieron en la investigación desde aquel 28 de noviembre de 2006, cuando denunciaron la desaparición del reportero.

“Primero me llamó el subsecretario de Gobierno, hoy diputado, Héctor Yunes Landa. Era muy amigo de Adolfo. Le dije: ‘oye, cabrón, Fito está desaparecido’. El gobernador estaba en Cuba, me llamó y me dijo que todas las corporaciones policiacas lo buscarían. Y sí, en un rato llegó la policía montada, aérea y terrestre. No pasó nada.”

Alfredo explica un detalle que alude a irregularidades desde el operativo de “búsqueda”: ubicaron el carro, pero no encontraron a Adolfo, aunque lo buscaron por tierra y aire. “Veintitantas horas después, el cadáver apareció a menos de 100 metros de donde hallaron el vehículo…

“¡El cadáver estaba a menos de 100 metros! ¿Acaso son tan pendejos que cuando buscaran a mi hermano no vieron si estaba allí? ¿O son tan estúpidos o nos quisieron engañar y ellos sabían quién mató a mi hermano? Significa que a los muertos los andan paseando y después los tiran”. Significa también que, cuando las corporaciones policiacas iniciaron la búsqueda de Adolfo Sánchez, aún estaba con vida, pues, según los dictámenes forenses, su muerte habría ocurrido entre las dos y cinco de la mañana del 30 de noviembre.

Alfredo habla de la supuesta amistad entre Adolfo y César Martínez López, el Pollo, mediante la que las autoridades estatales pretendieron vincular al periodista con la mafia. El joven dice que no existía tal amistad:

“A César Martínez lo conocí unos 30 días antes de que apareciera muerto con mi hermano. Adolfo me dijo que ese muchacho estaba viendo lo de unos terrenos que alguien no se los quería devolver, pero no era su amigo.”

—¿Te comentó tu hermano qué estaba investigando?

—Nunca hablábamos de sus notas, aunque nosotros nos dábamos cuenta. Estaba investigando los asaltos de tráileres, estaba documentando los robos de tráileres en la zona de San Cristóbal y Vicente Guerrero. El trabajo periodístico es muy difícil, las situaciones de violencia se han incrementado mucho en el estado de Veracruz; hay muchas personas que asesinan por nada, no sé qué está pasando. A tres años, no estoy conforme pero tampoco hice algo para exigir al gobierno de Veracruz una respuesta.

—¿Creíste que el gobierno iba a resolver el crimen?

—Sí, creí que el gobierno de Veracruz iba a resolver esta situación porque yo me jacto de la amistad del gobernador, yo confié en él, en la Procuraduría, por eso cuando me dijeron ellos son los ‘intelectuales’, dije pues son, y les echaron 32 años. Uno salió a los tres, otro apenas hace unos meses. ¿Por qué salieron? No sé. Me enteré por el periódico cuando dijeron ‘liberan a asesinos de Fito’.

—¿Crees que a tu hermano lo mataron por lo que investigaba?

—Él estaba investigando a unos asaltantes. La versión que me dio el gobierno del estado es que estaba en el momento menos indicado con la persona no adecuada. Para nosotros, la hipótesis no era aceptable.

Alfredo refiere que un día de 2007, de un mes que no atina a recordar, lo llamaron las autoridades para que otorgara el perdón a los supuestos autores intelectuales del asesinato de su hermano: “¿Perdón? Y yo por qué si yo no he hecho alguna acusación sobre estos señores; ustedes son los que dicen que ellos son los asesinos de mi hermano, y ustedes mismos dicen ahora que quieren que yo les dé el perdón. Ustedes son la autoridad, hagan su trabajo. Si ellos mataron a mi hermano, hagan ustedes lo que proceda. Para la familia era demasiado dolor y queríamos vivirlo solos.”

El 18 de diciembre de 2007, el juez tercero de lo Penal de Pacho Viejo sentenció a Juan Carlos Rosas Palestino, como autor material, a 23 años de prisión y a la reparación del daño por 73 mil 296 pesos. En la misma sentencia, su hermano Julián, supuesto coautor material, fue absuelto “por falta de pruebas”. En noviembre de 2009, también Juan Carlos Rosas fue liberado.

El periodista César Augusto Vázquez, con quien colaboraba Adolfo, refrenda la tesis que difundió desde que los supuestos autores materiales del crimen fueron detenidos:

“Eran asesinos hechizos. Detuvieron a los dizques autores intelectuales, que siempre negaron su participación en el crimen del periodista y nunca nadie le preguntó a las autoridades ¿dónde están los asesinos materiales? Los homicidios de los periodistas son del crimen organizado y a los periodistas los mataron por saber y publicar sobre ellos. La sintonía de estos delincuentes va mas allá de la zona centro, sus influencias son muchas en todo el estado”.

El desligar los hechos de su actividad profesional fue la preocupación central del gobierno estatal. Prematuramente, el gobernador Fidel Herrera, “amigo” de la familia Sánchez, aseguró que el comunicador aparecería con bien y desligaba su desaparición con la actividad profesional. Luego, el procurador de Justicia del estado, Emeterio López Márquez, dijo que el móvil de la ejecución pudo ser la venganza.

En realidad nunca se siguió la pista de las indagatorias periodísticas que Adolfo realizaba acerca del modus operandi de las bandas de asaltantes en el corredor de Veracruz a Puebla, una de las zonas con mayor incidencia en asaltos y trasiego de mercancías ilegales, incluida la droga que se desembarca en el Golfo de México. La televisora también se abstuvo de seguir esas investigaciones. César Augusto Vázquez recuerda, por cierto, que por esos meses, “en la pugna de la Gente Nueva del Chapo contra Los Zetas, a Telever le fueron a tirar dos cabezas”.

El año en que Adolfo Sánchez fue asesinado, la Federación Internacional de Periodistas difundió un informe en el cual identificó a 2006 como “el más trágico para los medios de comunicación”, al morir 155 periodistas asesinados o en circunstancias no esclarecidas: 68 en la guerra de Irak, 37 en la región entre México y América Latina. De México, evaluó la Federación, “es el más peligroso para los comunicadores que cubren crimen y corrupción”, donde “la mayor parte de víctimas era periodista investigativo”.

Fuente: Contralínea 182 / 16 de mayo de 2010

Narcos y calderonistas dañan por igual al país

Álvaro Cepeda Neri
16 Mayo 2010

La entrevista del extraordinario periodista Julio Scherer, director de la penetrante revista semanal Proceso, con la fotografía en portada de Scherer con el capo Zambada (4 de abril de 2010), como era de esperarse, originó discusión (y escándalo en las “buenas conciencias”) a raíz de poner sobre la mesa si es o no información dar a conocer las noticias sobre el narcotráfico, entrevistar a los capos; a militares y policías que los enfrentan en lo que hasta hoy ha resultado una ineficaz y desigual lucha (por las ventajas de los matones que, en emboscadas y con mejor armamento, atacan).

Para informar y opinar (criticar y elogiar) no hay frontera; el periodismo incurre en los colores de la descomposición de la luz (valga la metáfora) y en el ejercicio de las libertades de expresión. Desde hace siglos da a conocer a la opinión pública lo que a su criterio es noticia, no ha de sustentar su oficio en juicios de valor ideológicos, religiosos o de cualquier otra índole, sino dar cabida al amarillismo, al rojismo, etcétera, hasta el blanco y negro tradicional del trabajo de la prensa escrita que no repara en si uno de los dioses o uno de los diablos está dispuesto a manifestar su punto de vista. Proceso y Scherer han cumplido con los fines implícitos en la tarea del reporterismo.

Desde trincheras como la calderonista, se reprueba la entrevista y, desde otros medios de comunicación, brotó la intolerancia (y envidia) por el encuentro Scherer-Zambada. Ignoran que al obtener una información, una entrevista y/o una noticia, la divisa es publicar. Máxime si por su importancia pública es de conocimiento necesario para la sociedad. Se puede estar en desacuerdo con la “crónica (y fotografías) de un encuentro insólito”, donde Julio Scherer nos cuenta su cara a cara con el capo Zambada. Hacer la entrevista y darla a conocer es el deber profesional del reportero.

¿Qué no se debe publicitar, en esos términos, a un presunto delincuente, como Zambada? Es cuestión de pareceres, en el espacio de las libertades constitucionales de expresión. El periodista de toda su vida que ha sido Julio Scherer entrevistó al capo (así la haya buscado él o haya sido convocado para celebrarla) y eso es lo que, objetivamente, cuenta para el periodismo. ¿Que los narcos le han hecho daño al país? Es una verdad de a kilo. También, por otros medios, lo está haciendo el calderonismo. Delincuentes y calderonistas están causando gravísimos males a México. Los dos están en la información diaria. Calderón, al igual que cualquier mexicano (aun en la cárcel), puede y debe estar en la mira del periodismo eficaz y abierto a toda información.

Primero, nada debe escapar a la información una vez generada ésta por sus actores; en segundo término, el trabajo del reportero es publicar la información mientras ésta sea veraz y contrastada, sin más código para normar su conducta que la ética constitucional con sus derechos y obligaciones, para mantener la vigencia jurídica que da la legalidad de todas las libertades de expresión, mediante cualquier medio de comunicación.

Si se trata de juicios de valor para precisar quiénes hacen más daño al país, delincuentes o servidores públicos, debe decirse que ambos están dañando por igual a la nación. Unos, desde la ilegalidad político-electoral y contraviniendo los principios constitucionales, al interrumpir su vigencia plena con la manu militari; los otros, desde la ilegalidad penal y la mano negra delincuencial inconstitucional.

cepedaneri@prodigy.net.mx

Fuente: Contralínea 182 / 16 de mayo de 2010

Consenso de Washington y crítica al neoliberalismo


Víctor H. Palacio Muñoz
16 Mayo 2010

En todo el orbe, los gobiernos siguen instrumentando los puntos más relevantes del Consenso de Washington, a través de las políticas neoliberales. Así ocurre en particular con nuestro país, y los resultados funestos se ven diariamente.

Esos puntos evidencian de manera contundente la forma en que los distintos gobiernos han asimilado ese Consenso (Williamson, 1996):

Disciplina fiscal. Los déficits presupuestarios, medidos adecuadamente con la inclusión de los gobiernos locales, las empresas estatales y el banco central, deben ser lo suficientemente pequeños para no tener que financiarse con el impuesto de la inflación.

Prioridades en el gasto público. El gasto debe reorientarse desde las áreas políticamente sensibles, que reciben más recursos de los que justificaría su rendimiento económico, como la administración, la defensa, los subsidios indiscriminados y los elefantes blancos, hacia sectores desatendidos con alto rendimiento económico y capaz de mejorar la distribución de la renta, como la atención sanitaria, la enseñanza primaria y las infraestructuras.

La reforma fiscal debe encaminarse a ampliar la base impositiva.

Liberalización financiera, con el objetivo último de alcanzar tipos de interés determinados por el mercado, pero con un objetivo intermedio de abolir los tipos de interés preferentes a los clientes privilegiados y de alcanzar un tipo de interés real moderadamente positivo.

Tipos de cambio. Los países necesitan un tipo de cambio unificado (al menos para las transacciones corrientes), fijado a un nivel lo suficientemente competitivo para promover un crecimiento rápido de las exportaciones de bienes no tradicionales, y gestionado de manera que los exportadores tengan garantías de que su competitividad se mantendrá en adelante.

Liberalización comercial. Las restricciones cuantitativas deberían sustituirse rápidamente por aranceles, y éstos deberían reducirse progresivamente hasta un nivel medio de aproximadamente 10 por ciento (o, como mucho, 20 por ciento).

Inversión directa extranjera. Deberían abolirse las barreras a la entrada de empresas extranjeras y las locales deberían competir en un plano de igualdad.

Privatización. Las empresas estatales deberían privatizarse.

Desregulación. Los gobiernos tendrían que eliminar las reglas que impiden la libre entrada o restringen la competencia, y asegurar que todas las disposiciones están justificadas con arreglo a criterios de seguridad, protección medioambiental y supervisión bancaria de las instituciones financieras.

Derechos de propiedad. El sistema legal debería asegurar derechos seguros de propiedad sin costes excesivos, así como extenderlos al sector informal.

Crítica a la teoría neoliberal

Existen algunas interpretaciones que buscan dar luz a los problemas ocasionados por el modelo neoliberal. Por ejemplo, Cize y otros apuntan que las políticas de ajuste para responder a la crisis del modelo keynesiano resultan en lo siguiente: “…Restaurar las condiciones de valorización del capital impone destruir los capitales insuficientemente rentables, reducir una parte considerable de los costes de producción, dicho de otro modo, incrementar la explotación del trabajo. Se trata también de modificar la intervención del Estado: las subvenciones a los sectores juzgados no rentables deben ir a los sectores rentables. Todo lo que años de lucha habían arrancado a los cálculos estrechamente privados debe regresar a la esfera de la rentabilidad financiera: escuela, sanidad pública, transporte colectivo, audiovisual, correos y telecomunicaciones, viviendas de protección social…” (Cize, 1990).

Según Lichtensztejn y Baer, el Fondo Monetario Internacional llevó a cabo una síntesis de las posturas monetaristas, concluyendo, entre otras cosas, que “…el déficit de la balanza de pagos y la inflación son desequilibrios generados por una capacidad de demanda (deseo de comprar apoyado con dinero y crédito) superior a las posibilidades inmediatas de la oferta interna y la capacidad para importar, que induce descensos de las reservas monetarias” (Lichtensztejn y Baer, 1986).

El neoliberalismo se fundamenta en la creencia de que se produce una “competencia perfecta” de los agentes económicos vía su “libre” participación en el mercado. Esto, según ellos, lleva al equilibrio y a la eficiencia, dejando de lado cualquier participación estatal, ya que altera el libre juego de las fuerzas del mercado e impide el equilibrio. Las ideas que subyacen, a decir de Arrizabalo, son las de la “mano invisible” de Smith y el “equilibrio general” de Walras (Arrizabalo, 1995).

Dicen los neoliberales que una política fiscal elevada y progresiva desincentiva la inversión productiva (Arrizabalo, 1997). Así, se estimulará al capital, favoreciendo fiscalmente a quien tiene mayor capacidad de ahorro y, por ende, de inversión. Afirma Arrizabalo: “Según Gilder, la reducción de las desigualdades pasa por aumentarlas en un primer momento. Por parte de la oferta de trabajo, el objetivo es desincentivar el desempleo, reduciendo su protección. Coherentemente con sus planteamientos, [los neoliberales] consideran que la cotización patronal a la seguridad social (es decir, una de las formas de salario indirecto) es un impuesto contra el empleo” (ibídem). De ahí la necesidad de reformar las pensiones y todo el aparato de seguridad social. Con todo lo anterior, queda claro cuál debe ser el papel del Estado: “… el Estado no solamente debe retirarse de las actividades productivas donde entra directamente en concurrencia con el sector privado, sino también reducir al mínimo los gastos asociados a sus actividades improductivas de salud y educación públicas, de protección social y de redistribución del ingreso, al igual que de algunas funciones administrativas o de proveer infraestructuras sociales. En esta perspectiva, las funciones del Estado que no puedan ser privatizadas deben ser gestionadas según las normas de la empresa privada y rentabilizadas, a falta de lo cual deberán ser eliminadas” (Gill, 2002).

Las recomendaciones monetaristas buscan aumentar la ganancia a través del abaratamiento de la fuerza de trabajo; disminuir los salarios reales hasta que se reconstituya la tasa de ganancia sin recurrir a la inflación; reducir el salario indirecto privatizando salud, transporte público, educación, pensiones (Arrizabalo, 1997).

Todo se concreta en medidas de política económica que, unidas a la implantación de transformaciones estructurales, tratan de ayudar a recomponer los espacios de valorización del capital. “Las principales esferas por considerar en una política de estabilización son la cambiaria, monetario-crediticia, fiscal y salarial. Reestablecer el equilibrio de la balanza de pagos (sobre todo en sus cuentas de comercio) y la estabilidad de precios estiman requisitos vitales para asegurar una base firme de crecimiento económico de cada nación, alentar el comercio y las inversiones extranjeras y, por consiguiente, dinamizar la economía internacional” (Lichtensztejn y Baer, 1986).

La forma específica que toman las medidas que se proponen/imponen en cada ámbito es la siguiente: en el plano monetario-crediticio, con carácter general, se busca limitar la expansión de la masa monetaria, contrayendo el crédito mediante la implantación de políticas monetarias restrictivas (elevación de los tipos de interés). En el ámbito fiscal, se persigue la reducción del déficit público a partir de políticas recesivas basadas en la contracción del gasto. En relación a la política salarial, las medidas planteadas se centran en el control de los aumentos salariales a través de distintos mecanismos (impidiendo alzas superiores a la productividad y ligando los incrementos no a la inflación pasada, sino a la prevista). Finalmente, respecto de la cuestión cambiaria en las economías con déficit por cuenta corriente, se proponen devaluaciones para la mejora del saldo, junto a la unificación de los tipos de cambio de las distintas operaciones y a la eliminación de las prácticas obstaculizadoras al comercio internacional.

Estas medidas de política económica se vinculan a las siguientes transformaciones estructurales: privatización, desregulación y apertura externa (los tres ejes en los que se apoya la propuesta neoliberal); es decir, no sólo no hay contradicción entre la política económica coyuntural y la reestructuración general, sino que su correspondencia es total. Esta interrelación obedece a la necesidad de recomponer espacios de valoración del capital (Arrizabalo, 1997).

Privatización

Las políticas privatizadoras responden a la crisis a través de la valorización del capital y del aseguramiento de la tasa de ganancia. Por ello, casi siempre se privatizan las empresas rentables pertenecientes al sector público (salud, educación, telecomunicaciones, pensiones). Así se valoriza el capital; y para asegurar el mantenimiento e incremento de la tasa de beneficio, se reducen los salarios reales. Todo ello de manera paralela e interrelacionada. Evidentemente, con estos postulados ni se crece ni se distribuye el ingreso, más bien aumenta el ejército de desempleados, se afecta el salario “indirecto” (prestaciones, seguridad social) y los beneficiados son las grandes empresas trasnacionales (ibídem).

Desregulación

La regulación es producto de largos periodos de lucha de las clases desposeídas por conseguir el reconocimiento de sus derechos, como el de huelga, la reglamentación laboral, los contratos colectivos de trabajo, las pensiones, el establecimiento de un salario mínimo. Con la desregulación se busca echar por tierra todos estos logros, se precariza y flexibiliza el trabajo, y aumentan los niveles de explotación de los trabajadores. Así, con el abaratamiento de la mano de obra se facilita el proceso de valorización del capital y el aumento de la tasa de ganancia (ibídem).

La apertura

La búsqueda de una mayor tasa de ganancia lleva a los capitalistas a la internacionalización de sus actividades económicas, con lo que se logra la plena realización del ciclo del capital. Éste es más viable en la medida en que se dispone de materias primas más baratas (el capital inicialmente desembolsado adquiere más materia prima y fuerza de trabajo más barata) y de más mercados para colocar los productos tanto a nivel del mercado interno como del externo. Esto facilita el préstamo de capitales, ya que las tasas de interés pueden venir a la baja. De esta manera, se presenta una modalidad específica de apertura externa que se materializa en la liberalización del comercio y de los movimientos de capital internacionales (ibídem).

Conclusión

Éstos son los planteamientos más importantes del Consenso de Washington y, por ende, del modelo neoliberal. Esto es lo que vemos todos los días en nuestro país y lo encontramos en las preocupaciones del gobierno del Calderón. Toca a nosotros continuar así o buscar salidas que beneficien a la mayoría de nuestro país.

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Bibliografía

Arrizabalo, Xavier, Crisis y ajuste en la economía mundial, editorial Síntesis, España, 1997.

Arrizabalo, Xavier, Milagro o quimera: la economía chilena durante la dictadura, editorial Los Libros de la Catarata, Madrid, 1995.

Cize, Pierre y otros, Le fonds monétaire international (FMI): une enterprise de pillage des peuples, editorial Selio, París, 1990.

Gill, Louis, Fundamentos y límites del capitalismo, editorial Trotta, Madrid, 2002.

Lichtensztejn y Baer, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial: estrategias y políticas de poder financiero, editorial Nueva Sociedad, Buenos Aires, 1986.

Williamson, I G, “Lowest common denominator or neoliberal manifesto the polemics of the Washington Consensus”, en Auty and Toye, Challengin the ortodoxies, Macmillan, Londres, 1996.

*Profesor-investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo

palkacios@hotmail.com

Fuente: Contralínea 182 / 16 de mayo de 2010

2010: A rescatar la plena soberanía / Cuarta parte

Pablo Moctezuma Barragán
16 Mayo 2010

Durante sus 200 años de vida independiente, en algunos periodos, México logró grandes victorias en la lucha por la soberanía. A raíz del profundo retroceso sufrido en las últimas décadas, hoy quedan claras algunas lecciones. Esta experiencia nos capacita para enfrentar nuevos retos y encontrar soluciones para alcanzar la plena soberanía. Estas lecciones de la historia indican que sin soberanía popular no existe soberanía nacional, ya que cuando las decisiones las toman las cúpulas al servicio de la oligarquía pro yanqui y de las corporaciones extranjeras, y no el pueblo, estas decisiones llevan a la destrucción del Estado nación –como lo podemos ver hoy–; Porque estas cúpulas desde el gobierno obedecen ciegamente los dictados de las potencias extranjeras.

Las clases que acaparan las riquezas están al servicio del extranjero. La oligarquía en el poder es y siempre ha sido antinacional y antipopular. La soberanía popular y la nacional descansan en la soberanía económica. La materialización de todos los derechos que proclama la Constitución se hará realidad cuando conquistemos la soberanía económica, que garantice el bienestar de toda la población y su acceso al empleo, condiciones dignas de trabajo, alimentación, vivienda, tierra, servicios de educación y salud, transporte eficiente, etcétera, derechos que hoy en día con el neoliberalismo se violan cotidianamente. Por ello, la clase obrera y el pueblo tienen como primer reto pasar de la resistencia a la toma del poder político, para impulsar una economía autónoma y sustentable que coloque las bases para la construcción de un proyecto alternativo de nación.

La soberanía política tiene como base la soberanía económica. Hoy la dependencia económica ha conducido a México a subordinarse a Estados Unidos, por eso, con nuestra lucha, hemos de garantizar que los sectores estratégicos de la economía estén en manos de la nación –tal como lo consagra la Constitución–, en particular los energéticos. México tiene la capacidad de explotar su petróleo: ¿Por qué darle entrada a las trasnacionales? La Comisión Federal de Electricidad puede generar toda la electricidad necesaria: ¿Por qué comprar electricidad a compañías extranjeras?

Las riquezas de nuestra tierra, explotadas por los mexicanos, han de servir al desarrollo económico de México. Comenzando por la industria extractiva: ¿Por qué entregar nuestro oro y plata a las corporaciones estadunidenses? Si nuestras materias primas son extraídas y procesadas en nuestro suelo, se fortalece nuestra industria, se crean empleos para nuestros hijos y se exportan productos con un mayor valor agregado. Es ridículo exportar petróleo crudo cuando podemos exportar gasolina y petroquímicos. ¿Por qué desmanteló Zedillo el Instituto Mexicano del Petróleo? Es imperdonable importar gas de España y quemar el gas mexicano, como lo hace el actual gobierno. El desarrollo independiente exige contar con una industria nacional desarrollada. Los ferrocarriles, puertos, aeropuertos y los principales medios de comunicación tienen que estar bajo control nacional. A fines de la década de 1970 ya producíamos autos, ferrocarriles, barcos, carros del metro; ¡pero las desmanteló el gobierno neoliberal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN)! Hoy nos han convertido en un país “maquilador”. ¿Por qué el gobierno federal no invierte en laboratorios nacionales en vez de importar vacunas? La medicina debe ser barata y no un negocio para especular con el dolor y el sufrimiento. ¿Por qué no apoyar el desarrollo económico y la generación de empleo en vez de enriquecer a las trasnacionales como Nestlé o a las automotrices Ford, Chevrolet, General Motors, etcétera, con recursos fiscales?

Los tres sectores de la economía –agropecuario, industrial y de servicios– han de desarrollarse de manera armónica e integral. Por seguridad nacional, es indispensable la soberanía alimentaria. Además, para tener un medio ambiente sano y millones de campesinos trabajando en México –y no como indocumentados criminalizados en Estados Unidos–, el desarrollo del sector agrícola, que le dio divisas a México durante toda su historia hasta la década de 1970, es un pilar de su economía. México puede sembrar el maíz y los cereales necesarios para alimentarse y exportar, además de las frutas, legumbres, hortalizas, flores de nuestro suelo generoso. A su vez, México destaca entre los países del mundo por la extensión de sus litorales, de 12 mil kilómetros, así que el sector pesquero debe ser un factor de desarrollo y una alternativa alimentaria.

Por otra parte, nuestros bosques –hoy devastados– son una riqueza que preservar y aumentar. ¿Por qué importar el papel de Canadá? El sector agropecuario es una base para el desarrollo independiente de México. También es menester desarrollar la biotecnología para lo que tenemos buenas condiciones. La mitad del territorio nacional se utiliza para la ganadería extensiva. Cuando la sustituyamos por ganadería intensiva, liberaremos millones de hectáreas para la agricultura. Con las inversiones necesarias, los terrenos para la agricultura pueden duplicarse, sembrando 36 millones de hectáreas e irrigando 15 millones de hectáreas. La cuestión del agua se ha vuelto un problema que exige solución. Es necesario elaborar un plan hídrico nacional, cosechar el agua de lluvia, construir presas, represas, terrazas de infiltración de aguas pluviales, recuperación de zonas acuáticas, plantas de tratamiento de agua, y la reutilización de aguas residuales; racionalizar el consumo de agua, a nivel doméstico e industrial, y lograr un riego eficiente.

El sector financiero debe dedicarse al desarrollo de la economía y al bienestar de la población. Es absurdo que los bancos pertenezcan a las corporaciones extranjeras; es esencial que la banca esté en manos nacionales e impulse el desarrollo de México.

Los medios de comunicación han de servir al desarrollo de la cultura mexicana y de los pueblos indígenas, ya que hoy difunden predominantemente la cultura gringa: su ejército, su policía a través de la “caja idiota” y la bandera de las barras y las estrellas. Una de las formas de intervención más insidiosas es la penetración cultural, que moldea a la sociedad mexicana para que acepte la subordinación hacia Estados Unidos, su modo de vida y de consumo, para adaptarnos al american way of life.

Un gobierno patriótico que busque rescatar la plena soberanía de México contará con grandes recursos para el desarrollo del país. Pues sí hay dinero disponible. Las reservas del Banco de México (que debieran estar en plata) son 95 mil 682 millones de dólares. Petróleos Mexicanos ha ocultado 75 mil millones en paraísos fiscales, de 2007 a 2009, según reportó Contralínea. Contaríamos con 200 mil millones de pesos si se bajan los sueldos estratosféricos de la alta burocracia. El pago de las injustas deudas externas se lleva alrededor de 300 mil millones de pesos. Además, las grandes corporaciones deben pagar impuestos. Hacienda informó que, en 2008, las grandes corporaciones evadieron el pago de 750 mil millones de pesos; además deben 450 mil millones al fisco. Para la banca extranjera se destinan, a causa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, cerca de 50 mil millones anuales. Y esa cantidad dejan de pagar las corporaciones por los subsidios que reciben por la luz, agua y exenciones fiscales. Es sabido que en los años de los gobiernos panistas, Fox y Calderón recibieron más de 1 billón de pesos de excedente petrolero: ¿Qué se hizo de ese dinero?

De modo que es claro que sí hay recursos y, si se destinan a los sectores productivos y los programas sociales, pueden construir un México fuerte y desarrollado. En lugar de eso, en medio de la crisis, el mal gobierno sube impuestos, combustibles: gas, diésel, gasolina y todos los servicios. Proliferan los despidos y la precarización del trabajo; bajan los sueldos, para que el pueblo pague. En lugar de rescatar a México, se rescata a las corporaciones extranjeras.

A partir de que se nos sujetó al mando del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, de la posterior integración comercial con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, la riqueza y el trabajo de los mexicanos han servido a las grandes corporaciones estadunidenses y no al desarrollo económico del país y al bienestar del pueblo trabajador.

Durante la crisis actual, todo el esfuerzo del gobierno del PAN y el PRI se ha destinado a rescatar a las grandes compañías y apoyar a la oligarquía, mientras que el pueblo sufre. El desplome de la economía mexicana del 6.5 por ciento en 2009 muestra el completo fracaso del modelo económico impuesto por Washington y desarrollado por los gobiernos del PRI y el PAN, que ha llevado a nuestro país a una crisis multilateral, económica, política, social, cultural, sin precedentes en la historia de nuestro país.

La dependencia externa y el neocolonialismo han colocado a México en una situación de vulnerabilidad y han sometido al pueblo trabajador a la explotación y opresión propias de tiempos del porfirismo, hundiéndonos en la miseria, la violencia y el caos.

Este año se enfrentan dos proyectos: el de Washington y la oligarquía pro yanqui, que busca la destrucción del Estado nación y la integración subordinada a Estados Unidos de las corporaciones estadunidenses, y el proyecto de los trabajadores, que va a alcanzar la plena soberanía nacional y a construir un México fuerte, que reconozca los derechos de los pueblos indígenas, en el que el pueblo mande y viva con bienestar, paz y justicia. De nosotros depende que triunfe la plena soberanía popular y nacional, y la renovación democrática. ¡Es nuestra hora!

*Historiador y politólogo

Fuente: Contralínea 182 / 16 de mayo de 2010

Felipe Calderón y la criminalización de los migrantes

Marcos Chávez
16 Mayo 2010

Que la ley SB 1070 recientemente emitida por las autoridades de Arizona, Estados Unidos, que criminaliza el fenómeno migratorio, es “intolerante”, “discriminatoria” y que estimulará el rabioso espíritu animal del “odio y el abuso” de los racistas Wasp estadunidenses –el acrónimo de white, anglo-saxon and protestant (blanco, anglosajón y protestante)–, como señalara Felipe Calderón (las palabras entrecomilladas son suyas), es indiscutible. Sin embargo, lo que es discutible es si realmente Calderón llevará a cabo la vigorosa y patriótica defensa de los trabajadores mexicanos que serán afectados por esa legislación tal y como anunció, y hasta dónde está dispuesto a llegar. Tendrá que demostrar que su postura no es más que otro desplante del oportunismo político que lo caracteriza.

La enérgica protesta y la rasgadura de vestimentas de Calderón ante las tropelías cometidas por los estadunidenses en contra de México y sus habitantes, en su territorio o en el nuestro, han sido una práctica común, harto chocante, de los gobernantes priistas y panistas. Sólo han tenido un valor momentáneamente escenográfico, catártico, que les permite evadir cínicamente su gran responsabilidad en los problemas y cuya trascendencia se reduce al intento por capitalizarlos y tratar de mejorar su ajada imagen. Después retoman su indiferencia, se olvidan de los conflictos y dejan a la sociedad a su suerte. Varios aspectos permiten ser escépticos ante la estrategia que supuestamente instrumentará Calderón para proteger a los connacionales migratorios:

1. La certeza que poco o nada podrá hacer para influir en el destino de dicha ley, porque ella dependerá de factores que escapan de su control: el juego y las relaciones de fuerza de las elites y los grupos de poder de aquella nación, entre las que buscan flexibilizar la normatividad migratoria y las que pretenden endurecerla todavía más. De las decisiones que asuma el gobierno federal de Estados Unidos, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ante la administración de Arizona o de otras que traten de imponer medidas similares; de la reforma migratoria comprometida por Barack Obama durante su campaña para ganarse los votos de los inmigrantes, en particular de los de origen latino, que fortaleció la esperanza de éstos para regularizar su estancia y también su desencanto ante su postergación; de la capacidad de los que serán afectados para salvaguardar sus intereses y derribar a la SB 1070.

2. La debilidad y el abyecto sometimiento de los gobiernos neoliberales mexicanos ante las políticas de la Casa Blanca, desde Miguel de la Madrid hasta el propio Calderón. De la Madrid, como los demás, prácticamente no hizo nada para defender los derechos del creciente número de trabajadores indocumentados que buscaron formas de vida más digna en Estados Unidos y cuyo país es incapaz de ofrecerles, debido a la crisis y el estancamiento económico que caracterizó a su mandato y que provocó alto desempleo y un grave deterioro en las condiciones de vida de la mayoría. Con tal de que los “socios” aceptaran el ventajoso neocoloneaje de México que les propuso, Carlos Salinas dejó el tema laboral y migratorio en el Tratado del Libre Comercio como un simple agregado de compromiso, tan inútil como el conjunto del “pacto”, ya que los estadunidenses imponen sus arbitrariedades cuando se les pega la gana. Ávido de la legitimidad que no pudo obtener con las elecciones, se volvió, más allá de la retórica, en un silencioso cómplice del auge del sentimiento anti-inmigrante y xenofóbico estadunidense que se tradujo en la instrumentación de medidas legales más severas para tratar de regular los flujos de trabajadores ilegales: la propuesta para reformar la ley migratoria en mayo de 1993, que implicó el incremento anual de 1 mil agentes de la Patrulla Fronteriza, por un lapso de cinco años consecutivos, a partir del ejercicio fiscal de 1997; la construcción de una triple barda en una franja de 23 kilómetros entre San Diego y Tijuana, la mejoría del equipo y de la tecnología de control fronterizo y las tarjetas de cruce fronterizo, y la rápida deportación, entre otras disposiciones; el inicio de la “operación bloqueo” (Operation Blockade) en la zona de Ciudad Juárez, Chihuahua, y el Paso, Texas, el 19 de septiembre de 1993, con una duración de dos semanas, que implicó el desplazamiento de un vehículo con dos agentes de la Patrulla Fronteriza a bordo por cada 200 metros, el reforzamiento la frontera con mallas metálicas, camionetas, sensores de piso, circuito cerrado de televisión y el uso de dos helicópteros. Dicho operativo fue un experimento para establecer nuevas medidas de control en la frontera con México y para estimular la vigilancia en los estados de California, Texas y Arizona; el operativo Guardián (Gate Keeper Operation), iniciado el 1 de octubre de 1994, en la frontera San Diego-Tijuana, que llevó a la construcción de una triple barda a lo largo de la frontera, al aumento del número de agentes de la Patrulla Fronteriza, al uso de sistemas de rastreo satelital (sistema Navtrack), de reflectores de largo alcance y de sensores y al fichaje de los indocumentados; la operación Salvaguardia (Operation Safeguard) en Arizona, en la frontera Tucson-Agua Prieta, Sonora, ese mismo año, que construyó más de 4 kilómetros de muro de acero y reforzó la vigilancia en la zona de Yuma-Arizona, con barreras de armazones metálicas, cámaras de video y sensores electrónicos, y en el área urbana del municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, donde se instaló un muro de acero de 3 metros de altura.

Ernesto Zedillo tomó una postura similar ante el auge xenófobo de los racistas y la operación Río Grande en Texas, en el área del Valle Río Grande, al sur de ese estado, que en agosto de 1997 impuso medidas similares a las citadas anteriormente, destacándose el aumento de recursos para la Patrulla Fronteriza en los sectores de McAllen y Laredo, aun cuando durante su sexenio, la inmigración aumentó con alegre desesperación ante su desastre económico. Vicente Fox quiso comerse una enchilada migratoria con el baby Bush y lastimosamente terminó tragando camote. Y calderón… ¿qué ha hecho, más allá de gesticular?

3. Durante su administración, no ha hecho más que guardar indiferencia ante el drama de los trabajadores indocumentados, como hicieron sus predecesores. Por la vía de los hechos, nada le ha importado que el nuevo muro de Berlín, la nueva cortina de hierro construida por los estadunidenses, elevara los riesgos y los costos por tratar de cruzar la frontera. Que le obligara a tratar de internarse en aquel territorio por las zonas más remotas y peligrosas, entre ellas las desérticas. Que se haya robustecido y “profesionalizado” la “industria del tráfico de carne humana”, el precio que tienen que pagar a los coyotes o “polleros”, como se les llama coloquialmente a las bandas de criminales que monopolizan el negocio, las extorsiones de las que son víctimas por los delincuentes con o sin uniforme, que sean tratados peor que esclavos por las autoridades y los empleadores estadunidenses, que los persiguen peor que a los delincuentes, les roben, los expolien, los vejen, los encarcelen, los deporten arbitrariamente ante su indefensión jurídica y les quiten los servicios públicos básicos, como los de salud y educación, aún cuando su trabajo y los impuestos que generan sean necesarios para su economía. Que sean cruel e impunemente golpeados y asesinados por los racistas y las policiales locales; que la mortalidad de quienes intentan cruzar la frontera se elevara dramáticamente. En 1995, según datos del Consejo Nacional de Población, fallecieron 61; en 2005, llegaron a un máximo de 441 y en 2008 fueron 309. Entre 1995 y 2008, murieron un total de 4 mil 633 personas, según esa fuente, aunque el coordinador del Centro de Derechos Humanos del Migrante Beato Juan Bautista Scalabrini, José Luis Manzo, señaló que en 1995-2009 sumaron 5 mil 600 muertes. Tampoco les interesa que la violenta política migratoria estadunidense, que no ha logrado detener el flujo de personas que buscan mejorar su futuro a costa de sus vidas –ya que México sólo les ofrece miseria a manos llenas, empleos mezquinamente pagados cuando lo encuentran, el desempleo, la informalidad o la delincuencia para subsistir–, destruya las redes sociales y familiares. Los estadunidenses ven a los trabajadores migrantes como enemigos, competidores desleales de sus potenciales puestos de trabajo, como indeseables delincuentes, terroristas, razas inferiores, de parias. Más o menos como los ven en México los gobiernos y las elites dominantes. Son los marginados y excluidos por el neoliberalismo que, como epidemia, trascendieron las zonas rurales más empobrecidas para alcanzar a las urbanas (Chiapas, Guanajuato, Oaxaca, Sonora, Michoacán, Estado de México, Veracruz, Jalisco o la capital).

A los neoliberales mexicanos sólo les interesa que se mantenga floreciente la migración por dos razones: porque se quitan de encima a la creciente chusma a la cual nada tienen que ofrecer, ya que, de mantenerse en el país, agravaría la delincuencia y la inseguridad, y podría convertirse en una peligrosa bomba social que, en caso de estallar, desestabilizaría y provocaría el derrumbe del sistema; y por las divisas que proporciona: cerca de 4 mil millones de dólares en promedio anual, entre 1995 y 2010, 200 mil millones de manera acumulada. Así, la economía del país que los expulsa se beneficia y ellos mismos se hacen responsables de sus miserables familias.

4. El aspecto central del problema: la responsabilidad de los neoliberales en la criminalización de los migrantes. Durante su mandato, definido por el estancamiento económico en 1983-2010, la falta de empleos formales estables y dignos, la brutal pérdida del poder de compra de los salarios o el bajo e ineficiente gasto público social, entre otros factores, México se convirtió en una vigorosa potencia en la concentración de la riqueza y la exclusión social, en la generación de pobres, miserables y trabajadores migratorios. En promedio anual, se van temporalmente a Estados Unidos 400-500 mil personas. Las personas repatriadas por la Patrulla Fronteriza promediaron 544 mil en 1995-2007. El número de mexicanos residentes en aquel país casi se duplicó en el último lapso citado: pasó de 6.5 millones a 11.8 millones.

En ese sentido, Calderón ha sido opulento. De los casi 4.5 millones requeridos en la primera mitad de su gobierno, sólo generó 1 millón, pésimamente pagados y en las peores condiciones laborales. El resto es informal, subocupado, no hace nada, es delincuente o emigró. A estos últimos, Javier Lozano quiere venderlos como esclavos.

En ese sentido, la supuesta protesta de Calderón ante la ley SB 1070 sólo puede calificarse de una manera: una histriónica actitud hipócrita y mentirosa.

Fuente: Contralínea 182 / 16 de mayo de 2010