El
único efecto evidente de la “democracia electoral” se manifiesta en las
remuneraciones pagadas a los altos funcionarios públicos responsables
de vigilar y castigar la pulcritud y la transparencia de las elecciones y
de los partidos políticos.
Esa burocracia compite por asignarse
las más ingeniosas, variadas y altas percepciones, bajo el supuesto de
que las merecen en virtud de lo delicado y del elevado nivel de
especialización que requieren sus puestos.
Más que la difusa
“democracia”, lo que resulta caro a los mexicanos son los
administradores del sistema electoral, con sus desmedidos ingresos
devengados y autorizados por ellos mismos.
Sus salarios ordinarios
mensuales son relativamente altos, comparados, por ejemplo, con los de
un trabajador que gana una percepción mínima. Son entre 10 y 21 veces
más a los que recibe este último por 30 días de trabajo.
De otra
manera, un asalariado mínimo tiene que laborar entre uno y dos años para
acumular lo que se embolsan en un mes un fiscal, un magistrado y un
consejero, todos del ámbito electoral. Éstos han aceptado beneficiarse
de las compensaciones garantizadas, las prestaciones ordinarias y
extraordinarias, los pagos al riesgo y otros conceptos que se pierden en
la opacidad y que torna imprecisa su cuantía.
Ante ese desenfreno
y las críticas sociales que provocaba, en 2009 se les impuso un límite
máximo a dichos ingresos con el cambio del artículo 127 constitucional,
el cual establece que nadie recibirá una remuneración mayor “a la
establecida para el Presidente de la República”, ni tampoco podrá ser
“igual o mayor a [la de] su superior jerárquico, salvo que el excedente
sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, [o] de las
condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico
calificado o por especialización en su función”. Se añade que “la suma
de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración
establecida para el Presidente de la República”.
El “techo”
presidencial, sin embargo, es alto. No elimina el abuso existente,
preserva la abismal desigualdad salarial y de clase, y deja irresuelto
un problema: el destino de las remuneraciones que exceden a la del
Ejecutivo como es el caso de los ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Un “techo” es un “techo” aunque sea alto.
El
sueldo base mensual de Enrique Peña Nieto para 2016 es de 208.6 mil
pesos: 40.8 mil pesos corresponden a su sueldo ordinario y 167.8 mil
pesos a su compensación garantizada. Anualmente, su sueldo total sumará
2.5 millones de pesos; su salario será de 489 mil pesos y su
compensación de 2 millones de pesos. Con sus prestaciones —seguridad
social, medidas de protección al salario, seguros, fondos y otras
remuneraciones—, 947.8 mil pesos, el total sumará 3.5 millones de pesos.
Si
se añade el extra por el riesgo, 854 mil pesos, la percepción total
anual se eleva a 4.3 millones de pesos, un promedio mensual de 358.4 mil
pesos.
El problema es que ese alto “techo” del salario
presidencial, les quedó “chico” a los magistrados del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): Constancio Carrasco,
presidente; María del Carmen Alanís, Manuel González Oropeza, Flavio
Galván, Salvador O. Nava y Pedro E. Penagos.
Bajo el supuesto de
que la ley no es retroactiva, la “solución” del ingreso que reciben los
magistrados fue pagar salarios desiguales para plazas iguales. Los
“sacrificados” son los magistrados que ingresaron desde finales de
agosto de 2009, con la nueva enmienda constitucional. Ellos trabajan con
remuneraciones más bajas que sus viejos (im)pares: con 4.3 millones de
pesos anuales, 2.5 millones menos. No obstante, sus ingresos serán de 3
mil pesos más que los del Ejecutivo.
En países como Grecia,
Portugal, España, Rusia e Irlanda, entre otros, se recortaron los
salarios nominales de los ejecutivos, los ministros y otros altos
funcionarios públicos en un rango simbólico de 5 a 15 por ciento, y
después los congelaron por varios años. También se redujeron y se
eliminaron ciertas prebendas. El ajuste fue voluntario, solidario y
forzado.
Según los datos del TEPJF y de la Secretaría de Hacienda,
cada magistrado gana más que el Jefe del Ejecutivo. Su sueldo mensual
tabular es de 382.9 mil pesos, más prestaciones por 58.2 mil pesos y un
bono al riesgo de 66.8 mil pesos. La suma de otros pagos da un total de
564 mil pesos.
Anualmente, el sueldo de un magistrado es de 4.6
millones de pesos, más prestaciones por 681.9 mil pesos y un bono al
riesgo de 830.4 mil pesos. En total suma 6.8 millones de pesos, es decir
63 por ciento más (2.5 millones de pesos) del salario integrado del
presidente de la República, que asciende a 4.3 millones por año. ¿Dónde
quedó entonces el ‘techo’ que establece la ley?
Un trabajador de
salario mínimo (73.04 pesos diarios, 2 mil 191 pesos mensuales, 26 mil
294 anuales) tendrá que laborar 15 años para acumular un mes de sueldo
tabular de un magistrado; 21 años si se toma en cuenta su pago mensual
total; 250 años si quiere juntar lo que recibirá un magistrado en 12
meses.
El pago global bruto anual de los siete magistrados será de
47.3 millones de pesos. En contraste, tenemos que el presupuesto de
2016 para el Centro Nacional de Trasplantes es de 22 millones de pesos;
el de la Comisión Nacional contra las Adicciones de 46 millones, y del
Instituto Nacional de Geriatría es 51 millones de pesos.
Los sueldos del INE
En
Instituto Nacional Electoral (INE) también es “democrático” en sus
percepciones. Éstas son iguales para su presidente Lorenzo Córdova y los
10 consejeros, quienes ganan una remuneración bruta anual (2016) por
4.2 millones de pesos. De ese total, 3.2 millones corresponden a sus
sueldos y salarios (588 mil pesos a los salarios y 2.6 millones a la
compensación garantizada) y 967.9 mil a las prestaciones: aguinaldo,
prima vacacional, vehículos, seguros, seguridad social y servicios
médicos privados.
Bajo el principio de “racionalidad y disciplina
presupuestaria”, los consejeros son beneficiados con un gasto para
alimentación por un máximo de 11 mil 970 pesos mensuales, equivalentes a
5 veces un salario mínimo mensual.
Mensualmente, el salario de
cada consejero es de 49 mil pesos, su compensación garantizada es de
213.6 mil (lo que suma 262.6 mil pesos) y sus prestaciones ascienden a
81 mil pesos: 341.3 mil pesos en total.
Alguien que gana un
salario mínimo necesitará un año y 11 meses para obtener lo que un
consejero recibe en un mes; 10 años si se considera un mes del salario y
la compensación garantizada del consejero, y poco más de 13 años si se
consideran otros beneficios de esos guardianes electorales.
Globalmente,
los 11 consejeros reciben 45 millones de pesos anuales.
Comparativamente, esa cantidad es poco más de la mitad del dinero
consignado este año a la educación y cultura indígena: 87.8 millones de
pesos.
De acuerdo con la información disponible, el personal del
que dispone directamente Córdova —unas 40 personas entre secretarias,
recepcionistas, consejeros, mozos de cuadra, choferes— cuesta alrededor
de 2.2 millones de pesos al mes, equivalente a casi 32 mil salarios
mínimos.
Los 11 consejeros disponen de 134 asesores, cuyos
salarios se ubican en un rango de 10 mil pesos hasta los 200 mil pesos
mensuales.
El patito feo
El patito feo
de la dispendiosa maquinaria electoral es Santiago Nieto Castillo,
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (Fepade), dependiente de la Procuraduría General de la
República.
Su salario mensual es de apenas de 23.7 mil pesos
mensuales que, junto con su compensación garantizada de 166.3 mil pesos,
le proporciona un sueldo base bruto de 189.9 mil pesos, 130 mil pesos
netos si se descuenta el pago de impuestos.
Si a su sueldo bruto
se le agregan las prestaciones, obtiene 260 mil pesos mensuales.
Anualmente sus ingresos son de 289 mil pesos. Pero con la compensación
garantizada, 2 millones de pesos, y sus prestaciones, 841 mil se nivela y
la remuneración anual de Nieto Castillo será de 3.1 millones de pesos,
equivalente a poco menos de la mitad del que reciben los magistrados, 74
por ciento de los consejeros y 73 por ciento del Ejecutivo.
Marcos Chávez M.
Contralínea 490 / del 30 de Mayo al 04 de Junio 2016
