El ataque desencadenado por el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, con tropas y misiles, que violó la soberanía territorial de Ecuador, estuvo muy cerca de desencadenar una guerra regional con Ecuador y Venezuela. Durante una entrevista que tuve con el presidente Hugo Chávez en el momento de esta belicosa acción, éste me confirmó la gravedad de la doctrina de guerra preventiva y de intervención extraterritorial que practica Uribe, y calificó al gobierno colombiano como el Israel de América Latina. Antes, durante su programa dominical Aló, Presidente, en el que participé como invitado, hizo su anuncio del envío de fuerzas de tierra, mar y aire a la frontera venezolana con Colombia.
El ataque transfronterizo ordenado por Uribe tenía por objeto calibrar la voluntad política de Ecuador y Venezuela para responder a una agresión militar, así como comprobar el buen funcionamiento de un sistema de ataque dirigido por satélite y coordinado por Estado Unidos. No cabe duda de que Uribe tenía también en mente el sabotaje de la inminente liberación humanitaria de la prisionera de las FARC, Ingrid Betancourt, que estaba siendo negociada por el ministro francés de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, el ministro del Interior de Ecuador, Gustavo Larrea, y la Cruz Roja colombiana, y especialmente del presidente Hugo Chávez. Kouchner, Larrea y Chávez estaban en contacto directo con el líder de las FARC Raúl Reyes, quien, junto a otras 23 personas, combatientes y no combatientes de varias nacionalidades, fueron asesinadas en el citado ataque coordinado entre Uribe y Estados Unidos contra Ecuador. La intervención del presidente colombiano iba en parte dirigida a negar la importancia de las gestiones diplomáticas que Chávez estaba realizando en la liberación de los prisioneros de las FARC, en contraste con el fracaso de los esfuerzos militares de Uribe de liberar los prisioneros.
Raúl Reyes estaba legitimado como interlocutor en estas negociaciones tanto por los gobiernos europeos como los latinoamericanos, así como por la Cruz Roja. Si las negociaciones hubieran llegado a buen fin con la liberación de los prisioneros, es probable que los mismos organismos gubernamentales y humanitarios hubieran presionado a Uribe para que iniciara negociaciones de paz y realizara un intercambio generalizado de prisioneros, lo que es contrario a las políticas de Bush y Uribe de continuar la guerra, los asesinatos políticos y la política de tierra calcinada.
Lo que estaba en juego con la violación de la soberanía de Ecuador y el asesinato de 24 guerrilleros de las FARC y visitantes mexicanos era, nada menos, toda la estrategia militar antiinsurreccional desarrollada por Uribe desde su llegada al poder en 2002.
Uribe estaba claramente dispuesto a correr el riesgo de exponerse a lo que luego sucedió: la censura y la sanción de la Organización de Estados Americanos, y la ruptura temporal de relaciones diplomáticas con Venezuela, Ecuador y Nicaragua. Y era así porque podía contar con el respaldo de Washington, que, en secreto –e ilegalmente–, participó en el ataque e inmediatamente lo aplaudió. Este aspecto tenía para él más valor que el sabotaje de la cooperación con los países latinoamericanos y Francia. Colombia sigue siendo el escudo militar avanzado de Washington en América Latina y, en particular, el más importante instrumento político-militar para desestabilizar y derrocar el gobierno anti imperialista de Hugo Chávez. Clinton y Bush invirtieron más de 6.000 millones de dólares en ayuda militar a Colombia en los últimos siete años, que incluyen el estacionamiento de 1.500 asesores militares y fuerzas especiales estadounidenses, docenas de comandos y formadores israelíes, financiación para 2.000 combatientes mercenarios y más de 10.000 efectivos paramilitares que operan en estrecha colaboración con las Fuerzas Armadas de Colombia, compuestas de 200.000 hombres.
A pesar de éstas y otras consideraciones internacionales que han influido en la acción bélica extraterritorial de Uribe, soy de la opinión de que el factor principal de este ataque al campamento de las FARC en Ecuador ha sido el deseo de decapitar, debilitar y aislar al movimiento guerrillero más poderoso de América Latina y más decidido antagonista de las políticas neoliberales represivas de Washington y Bogotá. Los líderes políticos internacionales, entre otros, líderes progresistas como Fidel Castro, Hugo Chávez y Rafael Correa, que han pedido el final de la lucha armada, parecen pasar por alto las experiencias de los recientes esfuerzos de la guerrilla para desmilitarizar la lucha, con tres iniciativas de paz (1984-1990, 1999-2001y 2007-2008), y también el alto costo para las FARC en términos de asesinatos de sus líderes, activistas y simpatizantes. A mediados de la década de 1980, muchos líderes de la guerrilla se sumaron al proceso electoral y formaron un partido político (Unión Patriótica.) La cifra de asesinatos de sus cargos electos, a escala nacional y local, líderes, congresistas y tres candidatos presidenciales, además de sus miembros alcanzó la cifra de 5.000 muertos.
Tras esta experiencia, las FARC volvieron a la lucha guerrillera en el campo. Diez años más tarde, las FARC estuvieron de acuerdo en negociar con el presidente –en esos momentos Andrés Pastrana— en una zona desmilitarizada. Las FARC celebraron asambleas abiertas, debatieron alternativas políticas de reformas sociales y políticas destinadas a democratizar el Estado, y discutieron sobre las formas privada y pública de propiedad de los sectores económicos estratégicos, con diversos sectores de la sociedad civil. Más tarde, el presidente Pastrana, bajo las presiones de los presidentes Clinton y Bush, rompió las negociaciones y envió a las fuerzas armadas a capturar a los equipos negociadores de alto nivel de las FARC. A pesar de la ayuda y asesoría estadounidense, las fuerzas armadas colombianas no consiguieron capturar a los líderes de las FARC, pero sentaron las bases de la política de tierra calcinada desarrollada luego por el presidente Uribe.
En 2007-2008, las FARC propusieron negociar una liberación mutua de prisioneros políticos en una zona desmilitarizada segura dentro del territorio colombiano. Uribe rechazó la propuesta. El presidente Chávez participó en las negociaciones como mediador.
El gobierno francés y otros instaron al presidente Chávez a que demostrase con pruebas que los prisioneros de las FARC estaban vivos, lo que esta organización aceptó. Los tres emisarios que Chávez envió fueron interceptados y permanecen detenidos por los militares colombianos en condiciones penosas. No obstante, las FARC siguieron adelante con la petición de Chávez e intentaron trasladar el primer grupo de prisioneros entregado a los enviados venezolanos y la Cruz Roja, pero fueron atacados por aire por el ejército colombiano, lo que abortó la liberación de los rehenes. Una vez más, más tarde y con riesgos crecientes, consiguieron liberar al primer grupo de prisioneros. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Bernard Kouchner, y el presidente Chávez solicitaron a continuación la liberación de Ingrid Betancourt, ciudadana francesa y colombiana, y ex candidata presidencial.
La operación fue saboteada cuando Uribe, con ayuda estadounidense de alto nivel, lanzó una gran ofensiva militar en todo el país, con un programa global de monitoreo que permitió localizar las comunicaciones entre Reyes, Chávez, Kouchner, Larrea y la Cruz Roja.
Fue una misión de alto riesgo la asumida por Raúl Reyes, como mando de más alto nivel implicado en la negociación y coordinación de la liberación de prisioneros, y que condujo a su asesinato. Una serie de presiones externas en favor de la liberación unilateral de prisioneros hicieron que las FARC redujeran su nivel de seguridad. El resultado fue la pérdida de líderes, negociadores, simpatizantes y militantes, sin con ello conseguir la liberación de ninguno de los 500 prisioneros de las FARC que se hallan en prisiones colombianas. Todo el énfasis de Sarkozy, Chávez, Correa y otros estaba puesto en las concesiones unilaterales de las FARC, como si los miembros de éstas que están siendo torturados y agonizan en las cárceles de Uribe no entrasen en cuenta por razones humanitarias.
La posterior cumbre [del Grupo de Río] celebrada en la República Dominicana durante el fin de semana de 8 y 9 de marzo condujo a la condena de la violación por parte de Colombia de la soberanía territorial de Ecuador, pero el gobierno de Uribe, responsable de la invasión, no fue mencionado ni oficialmente sancionado. Además, no se hizo ningún tipo de mención –y mucho menos se mostró ningún tipo de respeto– por la muerte de Raúl Reyes, que ofreció su vida en aras de un intercambio humanitario. Si la reunión en sí misma fue una decepcionante respuesta a una tragedia, el epílogo fue una farsa: un sonriente Uribe atravesó la sala de reuniones y ofreció su mano junto a unas apresuradas excusas a Correa y Chávez, al tiempo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega abrazaba al asesino presidente de Colombia.
Con ese gesto vil y cínico, Uribe transformó las denuncias y la movilización militar de la semana anterior por parte de Chávez y Correa en una ópera bufa. La reconciliación posterior a la reunión dio la impresión de que la oposición de éstos mandatarios al ataque transfronterizo y al asesinato a sangre fría de Reyes era un simple teatro político, un mal presagio para el futuro si, como es probable, Uribe repite sus ataques al otro lado de la frontera a mayor escala.
¿Se tomarán en serio el pueblo y las fuerzas armadas de Venezuela y Ecuador otra llamada a la movilización como ésta?
Menos de una semana después de la reunión de reconciliación de Santo Domingo, Chávez y Uribe renovaron un anterior acuerdo militar dirigido a cooperar contra “grupos violentos, cualesquiera que fueran su origen.” Es obvio que Chávez espera que al disociar a Venezuela de toda sospecha de facilitar apoyo moral a las FARC, Uribe pondrá fin al importante flujo de infiltraciones paramilitares a Venezuela y a la desestabilización del país.
En otras palabras, las razones de Estado tendrían preferencia ante la solidaridad con las FARC. Lo que sin embargo Chávez debería tener en cuenta es que Uribe no va a cumplir su parte del trato debido a sus vínculos con Washington y la insistencia de éste en la desestabilización del gobierno de Chávez por todos los medios posibles, incluso mediante la infiltración continuada de Venezuela por fuerzas paramilitares colombianas.
Uribe fue capaz de pedir perdón a Correa y Chávez porque el propósito real de su ataque militar era el de destruir la cúpula de las FARC, de cualquier modo y en cualquier lugar, momento y circunstancia posibles, incluso en medio de negociaciones internacionales. Ya mucho antes de la llegada de Chávez y Correa al poder, Washington había puesto un precio de cinco millones de dólares a las cabezas de cada uno de los miembros de la dirección de las FARC. El objetivo primero de Washington en este asunto es la destrucción de las FARC, tal como atestiguan su ayuda militar (6.000 millones de dólares en siete años), el tamaño y la amplitud de su misión de asesoría militar (1.500 especialistas estadounidenses) y la larga duración de su participación en actividades anti insurgentes en Colombia (45 años).
Washington y sus secuaces colombianos estaban dispuestos a asumir el previsible descontento de Correa y Chávez, y la leve reprimenda que iba a recibir por el asesinato del segundo comandante de las FARC. La razón es clara: son las FARC y no los líderes regionales quienes tienen gran influencia en una tercera parte del campo colombiano, es la capacidad político-militar de las FARC la que tiene trabado a un tercio de las fuerzas armadas colombianas e impide que Colombia participe en una acción militar de envergadura contra Chávez a instancias de Washington. Uribe y Washington han presionado a Correa para que corte la mayor parte de las líneas de abastecimiento de las FARC y los campamentos de seguridad de la frontera entre Ecuador y Colombia. Correa asegura que ha destruido 11 campamentos de las FARC y detenido a 11 guerrilleros.
Por su parte, la Guardia Nacional Venezolana ha hecho la vista gorda a la persecución militar transfronteriza colombiana de activistas de las FARC entre los campesinos refugiados que se hallan en campamentos en la frontera entre Venezuela y Colombia. La presión de Uribe y Washington ha obligado a Chávez a negar públicamente todo apoyo a las FARC, sus métodos y su estrategia. Las FARC están aisladas internacionalmente –el Ministerio de Asuntos Exteriores cubano declaró que la fingida reconciliación de Santo Domingo era una gran victoria de la paz— y diplomáticamente, aunque siguen contando con un importante apoyo en el interior del país, en las provincias y el campo de Colombia.
Junto a la neutralización del apoyo exterior o de la simpatía hacia las FARC, el gobierno de Uribe lanzó una serie de ataques sangrientos y amenazas contra todas las fuerzas progresistas y de izquierda, antes durante e inmediatamente después de la reunión de Santo Domingo. En los días siguientes a la marcha Contra los crímenes del Estado de 6 de marzo de 2008, en la que participaron 200.000 personas, cientos de organizadores y activistas fueron amenazados, atacados, seguidos, interrogados y acusados por Uribe por su apoyo a las FARC –una etiqueta proporcionada por el Gobierno—, tras lo cual se produjo el asesinato a manos de los escuadrones de la muerte del principal líder de la marcha y de cuatro portavoces de derechos humanos.
Inmediatamente tras esa manifestación masiva, el principal sindicato colombiano, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) informó de varios asesinatos y agresiones entre otros al secretario del sindicato de empleados bancarios, un líder del sindicato de docentes, el secretario de la sección de enseñanza de la CUT y un investigador de un instituto de pedagogía.
En resumidas cuentas, se cuentan 5.000 sindicalistas muertos, dos millones de campesinos expulsados por la fuerza de sus tierras, y éstas robadas por las fuerzas paramilitares de Uribe y los terratenientes. Algunos jefes de escuadrones de la muerte arrepentidos han confesado públicamente que los paramilitares financian y controlan más de un tercio de los diputados elegidos al Congreso que apoyan a Uribe. En la actualidad, 30 de éstos están siendo juzgados por asociación con los batallones de la muerte paramilitares. Asimismo, se ha demostrado que varios de los más cercanos colaboradores de Uribe en el Gobierno tienen vínculos familiares con los escuadrones de la muerte, y dos de ellos se han visto obligados a dimitir.
A pesar de la pésima reputación de Uribe, especialmente en América Latina, éste, con el apoyo de Washington, ha montado una criminal máquina de matar compuesta por 200.000 militares, 30.000 policías, varios miles de asesinos encuadrados en escuadrones de la muerte, y más de un millón de fanatizados colombianos de clases medias y altas que propugnan la liquidación de las FARC, es decir la eliminación de las organizaciones populares independientes de la sociedad civil. Más que cualquier otro de sus antecesores oligarcas a la cabeza del Gobierno, Uribe está próximo a los dictadores fascistas que combinan el terror estatal con la movilización de masas.
La oposición política y los movimientos sociales de Colombia son masivos, comprometidos y vulnerables. Están expuestos a la intimidación cotidiana y al asesinato gangsteril. Por medio del terror y la propaganda masiva, Uribe ha podido imponer su ley hasta hoy sobre la oposición de la clase trabajadora, y atraerse el apoyo de las clases medias. No obstante, ha fracasado en derrotar, destruir o desarticular las FARC, su oposición más consecuente. Cada año, desde su llegada al poder, Uribe se ha comprometido a liquidar a los terroristas mediante peinados militares masivos de regiones enteras del país. Decenas de miles de campesinos de las regiones con presencia de las FARC han sido torturados, vejados, asesinados y expulsados de sus hogares. Cada una de las ofensivas militares de Uribe ha sido un fracaso, pero él en ningún momento admite lo que algunos de sus generales y asesores estadounidenses sostienen: las FARC no pueden ser aniquiladas militarmente, y llegará el momento en que el Gobierno deba negociar.
Los fracasos de Uribe y la persistente presencia de las FARC se han convertido en una obsesión psicótica: todas las limitaciones territoriales, legales e internacionales han sido hechas añicos. En una oscilación emocional que va de la euforia a la histeria, Uribe califica de apoyos de las FARC a todo tipo de crítico, sea colombiano o internacional. En cuanto a Ecuador y Venezuela, ha prometido no invadir sus territorios “a menos que las circunstancias lo exijan.” He ahí su reconciliación.
El periodo de intercambios humanitarios ha acabado y las FARC no pueden ni van a acceder a las peticiones de amigos bien intencionados, especialmente cuando con ello ponen en peligro toda la organización y el liderazgo de su organización. Aceptemos que las intenciones de Chávez eran correctas. Su petición de que se procediera a la liberación mutua de prisioneros podría haber tenido sentido si hubiera estado tratando un político burgués sensible a los líderes y las organizaciones internacionales, y deseoso de crearse una imagen favorable ante la opinión pública mundial. Pero fue muy inocente por parte de Chávez pensar que un político psicótico conocido por sus antecedentes de aniquilación de la oposición iba a descubrir súbitamente las virtudes de la negociación y los intercambios humanitarios.
No cabe duda de que las FARC comprenden mejor que sus amigos andinos y caribeños, por su propia y dura experiencia y las amargas lecciones aprendidas, que la lucha armada puede no ser el método deseado, pero es el único modo realista de hacer frente a un brutal régimen fascista.
El asesinato de Raúl Reyes por parte de Uribe no tuvo que ver con las iniciativas de Chávez o la soberanía de Ecuador o la cautividad de Ingrid Betancourt, tuvo que ver con Raúl Reyes, un revolucionario consecuente de toda la vida y líder de las FARC. El miedo a la guerra ha desaparecido, las diferencias han sido camufladas y los líderes han vuelto a sus palacios presidenciales, pero Raúl Reyes no ha sido olvidado, al menos no en el campo colombiano o en los corazones de sus campesinos.
S. Seguí pertenece a los colectivos de Rebelión y Cubadebate. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, el traductor y la fuente.
.JPG)
