Ejército desaforado
Eduardo Ibarra Aguirre
Cuando el general José Francisco Gallardo Rodríguez presentó en la revista Forum la propuesta académica para la creación del ombudsman militar, en octubre de 1993, resultaba impensable el desastre que provocó el Ejército en materia de derechos humanos con la Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, el programa de gobierno favorito de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Tampoco podía preverse que merced a esa desmesurada aventura política --por lo menos en su origen de dotar de legitimidad a Calderón Hinojosa como primer empleado de la República--, el alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezado por Guillermo Galván Galván, se ganaría a pulso que el 54 por ciento de la ciudadanía estime hoy que el Ejército ha violado los derechos humanos.
La formidable percepción está contenida en Carta Paramétrica, recibida el 3 de septiembre en el buzón electrónico de Utopía, y es uno de los resultados de la encuesta levantada el 16 y 17 de agosto por Parametría.
Por si lo anterior no fuese suficiente, 55 por ciento de los encuestados considera que los militares deberían tener juicios civiles y sólo 30 por ciento cree que se debe de continuar con el esquema de derechos especiales. Dicho de otro modo, por primera vez el fuero de guerra es sometido a impugnación por la mayoría de los ciudadanos.
Otros datos que arroja la encuesta y que cuestionan también las acciones de los militares, es que 35 por ciento de la población cree que la Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado se puede ganar. En tanto que un apabullante 57 por ciento estima que se va perdiendo. Lo anterior, a pesar de la tan ensordecedora como costosa campaña del duopolio televisivo y el oligopolio radiofónico, ordenada por el único mexicano que se disfraza de general sin serlo. Disfraz que además amplía a sus hijos, mientras la Sedena no cuidaba que el uniforme fuera de la talla del padre de familia.
Además de todo lo anterior, 40 por ciento de los encuestados estima que no es mala la idea de negociar y luego tolerar las actividades del narcotráfico con tal de que hubiera tranquilidad en el país, lo cual pone en relieve el agobio ante la incapacidad del grupo gobernante y del Estado mismo para brindar seguridad, la primera y elemental tarea estadual. Ante el desbordamiento del poder financiero y económico --en primer lugar y que nadie se ocupa de combatir--, comercial y paramilitar, criminal y corruptor, resurge la idea de la negociación para acotarlo y hasta tolerarlo, con las políticas de 1964-2000.
Con el nuevo y alentador panorama ciudadano que hace 15 años ni el ahora doctor Gallardo Rodríguez ni este editor nos imaginamos presenciar, vivir, los encuestadores postulan. “Sin embargo la confianza en el Ejército no ha disminuido. Los niveles de confianza en la institución siempre son de los más altos entre las instituciones del país (alrededor de 65%), sólo por debajo de la Iglesia o las universidades.”
La interpretación es incompleta, pues omite que el Ejército más que respetado es temido por una porción nada despreciable de los mexicanos.
Sucede lo que con varios mitos en este país reproductor de ellos. Por ejemplo: hasta el 2000 los mexicanos eran priístas mientras no demostraran lo contrario”. Y el 2 de julio de aquel año, las urnas y los acuerdos en las elites dominantes derrumbaron la máxima. O las cuentas alegres de la jerarquía católica que convierte en su rebaño a 85 de cada 100 mexicanos, cuando la primera padece una decreciente credibilidad.
Con los datos duros de Parametría en la mano, lo cierto es que el Ejército fue desaforado por la ciudadanía. Pero el grupo gobernante sólo puede operar apuntalado por él.
Acuse de recibo
El ejército mexicano entre la guerra y la política, de Guillermo Garduño Valero y publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana, será presentado el jueves 8, a las 19 horas, en la Casa de la Primera Imprenta de América, ubicada en Licenciado Primo de Verdad 10, a un costado de Palacio Nacional… Recordatorio de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos: “Este 26 de septiembre de 2009 se cumplen dos años de la detención y desaparición de José Francisco Paredes Ruiz, defensor de derechos humanos y miembro cofundador de la Fundación Diego Lucero AC, organización que trabaja en defensa de los derechos humanos en México, especialmente para el esclarecimiento de los 1,300 casos de desaparición forzada de personas de la llamada Guerra sucia (…)”. El lector Porfirio Barrera Jiménez ordena: “Leí con atención en Utopía ‘Chantaje discursivo’ y me causó mucha sorpresa que no llamas a la mafia que ha secuestrado al país, PAN-PAN, y la escondes Anpri, llámale como es, partidos mafiosos, incluyendo al PRD de los famosos Chuchos, y ya sabemos que el impuesto del 2% es la zanahoria que se tragarán los diputados, el problema es lo que representa todo el paquete fiscal”… Benjamín Flores de la Vega, periodista e integrante del Grupo María Cristina, cumplió un año de fallecido el martes 29.
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