Utopía
Reveses a la cerrazón
Eduardo Ibarra Aguirre
La exitosa política gubernamental de utilizar en forma facciosa la publicidad pagada para asfixiar y hasta aniquilar medios de comunicación, como sucedió con Radio Monitor y Diario Monitor, recibió en el curso de dos semanas dictámenes y recomendaciones emitidos por órganos que hacen honor a su carácter autónomo, pero tampoco son ajenos a una lectura del reloj político e institucional que está cerca de marcar la mitad de uno de los sexenios más intolerantes hacia la diversidad informativa y la crítica editorial.
Primero fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que emitió la recomendación 57/2009, el 14 de septiembre a favor de la revista Contralínea, dirigida a Juan José Suárez Coppel y que a la letra dice: "A usted, señor Director General de Petróleos Mexicanos: ÚNICA. Se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, para que Petróleos Mexicanos cuente con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios, en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial a favor de los distintos medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos."
Ocho días más tarde, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información ordenó a la Secretaría de Gobernación que dé a conocer los montos asignados en 2008 por las 247 dependencias del gobierno, por concepto de difusión y publicidad en los medios de comunicación electrónica e impresos.
La dependencia que encabeza Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta alegó en su favor que cada unidad de comunicación de las entidades y dependencias del gobierno federal es responsable de contratar los espacios publicitarios en radio, televisión, medios impresos certificados y medios complementarios. Todos los directores de comunicación institucional padecen y buena parte de ellos se quejan por el centralismo exacerbado que ejerce Irma Pía González Luna Corvera. Hasta los diseños deben ser aprobados por la subsecretaría de Normatividad de Medios, en un ejercicio propio de un gobierno de facto como el hondureño. Por si no fuera suficiente, existe la versión de que hace un par de semanas determinó la pía funcionaria que no se destine publicidad a ninguna revista. Se entiende que las de Televisa y Televisión Azteca no están incluidas, pues la negociación y facturación se puede hacer en paquete.
La plausible decisión del IFAI fue posible también porque Alfonso Lujambio Irázabal despacha en la Secretaría de Educación Pública y sin la careta de ciudadano que conservó durante años, sino como militante de pleno derecho del partido de la victoria cultural, aunque nunca negó la amistad con Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Finalmente, la CNDH emitió la recomendación 60/2009, el 29 de septiembre, que demuestra que el gobierno de Guanajuato vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información, al suprimir de manera discrecional la publicidad a los periódicos AM y Al Día, pues abre la puerta al uso de ésta "para premiar o castigar a los medios de comunicación, según su línea editorial". Pide, además, a Juan Manuel Oliva Ramírez, actuar para que las dependencias estatales establezcan criterios no discriminatorios para la distribución de la publicidad oficial y que éstos se hagan públicos. No se olvide que el guanajuatense y el potosino Jesús Marcelo de los Santos Fraga son pioneros en el uso faccioso de los recursos públicos, como lo probó La Jornada San Luis que dirige Julio Hernández López.
Los tres reveses obligan al grupo gobernante a repasar una y otra vez la Declaración de principios sobre libertad de expresión, que funge como criterio de interpretación de la Convención Americana, y establece en el principio 13: La asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial con el objeto de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y debe ser prohibida por ley.
Acuse de recibo
El columnista Francisco Rodríguez escribió el 22 de septiembre: "Pero en mi chifladura no deja de haber ciertos periodos de cordura, por lo que ahora sí, con los pelos de la burra en la mano, colegí que lo mismo ha sucedido con otros medios impresos, incluso radiofónicos, que en los últimos meses han dejado de publicar el Índice Político –y tal vez algunos otros editoriales de colegas críticos, como Eduardo Ibarra de la revista Forum–, presionados, apremiados, de publicidad de la llamada oficial, aunque pretexten que la crisis económica les obliga a hacer recortes en su plantilla de colaboradores… o un nuevo diseño o formato… o…". El activista social Luis Enrique Torres Prieto comenta sobre Ejército desaforado (30-IX-09): "También los luchadores sociales queremos nuestro fuero igual que curas, militares y diputados que ¿representan? al pueblo"... Alexis Ponce, de Quito, Ecuador, agrega: "Les agradezco muchísimo incluirme en los envíos de sus importantes informaciones y documentos. Es muy grato leerlos. Estaré siempre a la espera de sus nuevos envíos".
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