El senador Ricardo Monreal, se opone completamente a los operativos de E.U. en nuestro país. Fuente: http://www.aztecanoticias.com.mx/
Diez días después que el periódico norteamericano The New York Times revelara en su edición del 7 de agosto la existencia de dos centros de espionaje donde agentes estadounidenses realizan operaciones en nuestro país, sin autorización del Congreso mexicano, los secretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora, y de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, confirmaron en una reunión a puerta cerrada con legisladores la presencia de estos funcionarios, pero consideraron que el número exacto y sus atribuciones precisas constituyen “datos confidenciales”.
Incluso, el director del Centro de Información de Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés afirmó durante esa misma reunión con senadores y diputados integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, que el gobierno mexicano realiza “labores de contrainteligencia” para “monitorear las actividades” las actividades de estos agentes.
El senador panista Felipe González, ex gobernador de Aguascalientes, afirmó que, según los funcionarios mexicanos, las actividades de estos agentes consiste en lo siguiente: “se juntan (en una zona militar) para pasar toda la información y cuando terminan regresan a la embajada”.
El ex perredista, ex guerrillero y ahora militante del PRI, el senador René Arce, integrante de la misma Comisión Bicamaral, afirmó al salir de la reunión privada que “no existe ninguna veracidad en las versiones que se han dado a conocer en relación de que estos agentes realicen alguna otra tarea que no sea la que expresamente tienen que ver con las cuestiones pactadas en los tratados”.
“En principio, el número de agentes no se nos dio, sí se nos dijo que existen, por supuesto, agentes de la CIA, del FBI, de la DEA e incluso del ATF (Agencia contra el Tráfico de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos), e incluso civiles del Departamento de Estado que están como civiles”, abundó René Arce.
Ni los senadores Felipe González, Carlos Jiménez Macías, del PRI, ni René Arce consideraron que el Ejecutivo federal mexicano haya violado la Constitución mexicana al no informarle al Senado sobre la existencia de estos centros operativos.
Los legisladores avalaron la versión del titular de Gobernación, Francisco Blake Mora, quien afirmó en un comunicado de prensa que la presencia de estos funcionarios extranjeros “se hace conforme al marco constitucional y a los tratados internacionales debidamente suscritos por el Estado mexicano, como la Convención de Palermo sobre Delincuencia Organizada Trasnacional, entre otros”.
Los funcionarios del Ejecutivo federal rechazaron ante los legisladores que existan convenios o cartas de intención entre el presidente Barack Obama y Felipe Calderón, tal como lo han divulgado distintos medios norteamericanos.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Manlio Fabio Beltrones, también descartó que se violara el marco constitucional y reiteró que “es necesaria una colaboración entre los dos países –México y Estados Unidos- para poder ser más eficaces en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico”.
En contra de estas posiciones, el senador del PT, Ricardo Monreal afirmó que frente a estas revelaciones de la prensa norteamericana el Senado “es como un florero”, reacciona tardíamente ante lo que él considera “no sólo es una invasión a la soberanía, sino prácticamente una ocupación al país”.
En entrevista con Proceso, Monreal afirma que las violaciones a la Constitución son tan claras que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, “es sujeto al juicio político”.
“La situación es tan grave que hay salidas de tropas mexicanas al extranjero, sin autorización del Congreso, a pesar de que el artículo 76 de la Constitución, en su fracción III señala que es una función exclusiva del Senado autorizar la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de cuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas”, advierte el ex gobernador de Zacatecas.
Hasta el jueves 18 de agosto, Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, reiteró que la presencia de agentes extranjeros en México no viola la Constitución y no es exclusiva de la administración calderonista.
“Hay que decir que la presencia de agentes estadounidenses no es exclusivamente durante esta administración. Y que, fundamentalmente, las labores en las que están participando tienen que ver con este intercambio de información y operación técnica, precisamente, para fortalecer las distintas áreas de trabajo del gobierno federal”, defendió Poiré, durante una rueda de prensa en Los Pinos.
“Violación Flagrante” a la Constitución: Monreal
Monreal advierte que la existencia de estas “oficinas de fusión” (OBI, las llama el reportaje de The New York Times) constituyen, en realidad, un “minigabinete de seguridad” en nuestro país que “necesariamente debió haberse decidido por la Cámara de Senadores”.
En estas oficinas opera personal de la Agencia de Inteligencia Militar, de la CIA, del Departamento de Justicia con sus tres agencias: FBI, DEA y ATF; del Departamento de Seguridad Interior con sus dos servicios: el de Inteligencia de Guardia Costera y la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio; y el Departamento del Tesoro, con sus agentes de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y de Asuntos Financieros.
“Lo anterior constituye una clara y flagrante violación al artículo 89 constitucional; la presencia y operación en México de un minigabinete de seguridad de los Estados Unidos, vulnera toda noción de soberanía estatal y hace nugatorio el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, y el ejercicio legítimo del uso exclusivo de la fuerza pública por parte del Estado”, argumenta el senador del PT, crítico reiterado de la Iniciativa Mérida.
Además, agrega Monreal, “en clara contravención a los principios de soberanía Calderón ha permitido que un Estado extranjero introduzca innumerables agentes en territorio nacional, sin garantía alguna de que no habrá interferencia en la vida interna y en le libre desarrollo nacional”.
La información publicada en la última edición de Proceso, sobre los planes para incrementar el número de agentes de la CIA y de la DEA en México, constituye violaciones al artículo 73 fracciones XIV, XXI, XXIII y XXIX-M de la Constitución porque es facultad del Congreso expedir leyes en materia de seguridad nacional y también viola el artículo 76 de la Carta Magna que establece como facultades exclusiva del Senado “analizar la política exterior”, “aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba” y autorizar “el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional”.
El gobierno federal “alega que los agentes norteamericanos no tienen armas. No lo sabemos. Por lo pronto, ya reconocieron que sí estén representantes de la DEA, de la CIA, del FBI y de otros organismos internacionales”, abunda Monreal.
“Hay quienes nos dicen que somos trasnochados, de un nacionalismo inexistente o caduco. Entonces, ¡cambiemos la Constitución!”, contrargumenta Monreal.
“Si bien es cierto que el artículo 89 constitucional, fracción X, faculta al titular del Ejecutivo federal para dirigir la política exterior, también lo es que lo obliga a que la conducción de tal política, observe los principios normativos de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, el respeto y la promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”, abundó el senador del PT.
La Inicitiava Mérida
-La prensa norteamericana y los cables de Wikileaks han confirmado operativos como Rápido y Furioso o sobrevuelos de aeronaves norteamericanas y ahora la presencia de estos “minigabinetes”. ¿En los tres casos se viola la Constitución? –se le cuestiona.
-Los tres son violatorios. Y en los tres casos no fuimos informados.
-¿Ni con la Iniciativa Mérida?
-La Iniciativa Mérida no es sino un instrumento de la injerencia de Estados Unidos. Nosotros fuimos los únicos que votamos en contra de la Iniciativa Mérida. La metieron como un acuerdo, no como un tratado internacional, y se nombró una comisión legislativa palera, de seguimiento, que no informa, que se reúne en privado con la secretaria de relaciones Exteriores.
-En el Senado hubo reuniones con el ex embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual y con sus homólogos del Congreso norteamericano. ¿Ellos han informado?
-Nosotros hemos conocido documentos e informes confidenciales de lo que estaban tratando los Ejecutivos de Estados Unidos y México primero por la embajada norteamericana y luego por la vía directa del Congreso de Estados Unidos, antes que por la vía del Ejecutivo mexicano.
“Por ejemplo, cuando se estaba discutiendo el presupuesto asignado a la Iniciativa Mérida nos dimos cuenta vía el Congreso norteamericano”, abundó.
Sobre el mismo tema, el senador Beltrones, coordinador de la bancada del PRI, admitió también que sobre la Iniciativa Mérida el Senado mexicano ha obtenido “suficiente información con nuestros pares del Congresote los Estados Unidos, quienes nos han dicho los alcances de la misma, los recursos comprometidos, como también lo que nosotros creemos que debe ser una obligada colaboración en materia de inteligencia e intercambio de información”.
Por su parte, el senador y vocero de la bancada del PRI, Carlos Jiménez Macías, reiteró que durante la reunión a puerta cerrada el pasado 17 de agosto, los funcionarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y del CISEN insistieron que la Iniciativa Mérida no conducirá a un Plan Colombia.
“Nos dijeron muy claro, creo que eso sí lo podemos comentar, que de ninguna manera México va a aceptar y ya se los dijo a ellos, a Estados Unidos, un acuerdo con las características del Plan Colombia”, reseñó Jiménez Macías.
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