Como embajador de los Estados Unidos en México espero con ansias poder seguir trabajando con el gobierno y con la sociedad civil de México para continuar avanzando en esta batalla. Al tiempo que reiteramos la importancia de este tema como parte de nuestra política exterior, tenemos optimismo por lo que ya se ha logrado, incluyendo la aprobación de reformas constitucionales en contra de la trata de personas en México, así como esfuerzos llevados a cabo por la sociedad civil y los medios para apoyar y destacar las medidas contra la trata.
Tan sólo el año pasado, la secretaria de Estado Hillary Clinton reconoció a la procuradora general de la República, Marisela Morales, como Mujer Internacional de Valor, en parte por su tenaz compromiso de luchar contra la trata de personas. La secretaria Clinton también reconoció a la ex subprocuradora de Justicia del DF Dilcya García como una heroína en la lucha contra la trata de personas, por llevar casos contra más de 100 presuntos tratantes y lograr la primera sentencia en México por trata de personas en 2009.
Las agencias de procuración de justicia de México y Estados Unidos están trabajando juntas para detener a los criminales que buscan comerciar con personas a escala internacional. Y mi gobierno ha otorgado apoyo a organizaciones de la sociedad civil y a dependencias gubernamentales en México para enfrentar esta forma moderna de esclavitud.
Para continuar concientizando al público sobre lo que se puede hacer para prevenir la trata humana, la embajada de los Estados Unidos patrocinó tres talleres esta semana en el estado de México, Tlaxcala y Oaxaca para fortalecer la capacidad del personal responsable de asistencia a víctimas, y para apoyar iniciativas para mejorar esquemas de identificación, protección y reintegración de las víctimas de todo tipo de violencia, en particular de la trata. Sarah Jakiel, directora del Proyecto Polaris en Washington, DC, sobre protección y asistencia a las víctimas de trata, fue uno de los expertos internacionales que dirigieron estos talleres.
Más tarde este mes, la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación Procesal Internacional del Departamento de Justicia (OPDAT) auspiciará un programa de tres días sobre desarrollo de capacidades para personal de procuración de justicia, ministerios públicos y representantes de organizaciones no gubernamentales que fungen en México como la primera respuesta de esta continua lucha contra la trata de personas. Tras este programa, esta oficina conducirá una serie de sesiones mensuales de asesoría para investigadores y ministerios públicos dedicados a la investigación y al proceso de este delito trasnacional.
Cerca de 130 países han promulgado leyes contra la trata consistentes con el Protocolo de Palermo, que estableció el paradigma orientado a la víctima de las tres P
–prevención, protección y proceso judicial– como un modelo para la lucha contra la trata. Deberíamos agregar a estas tres P
la A
de alianza, particularmente alianzas entre los gobiernos, que seguirán impulsando el movimiento global contra este flagelo.
Tales alianzas nos permitirán a nosotros y a otros gobiernos compartir innovaciones y prácticas prometedoras que están teniendo éxito para detener a los tratantes y proteger a los sobrevivientes. Éstas permiten la cooperación de rastrear la trata trasnacional desde su origen hasta su destino, y de desmantelar a los perpetradores tanto en los países emisores como en los receptores. Al tiempo que los gobiernos trabajan para detener estos crímenes dentro de sus propias fronteras, las alianzas pueden mejorar el flujo de información y promover un entendimiento más honesto e integral de esta esclavitud moderna, conocimiento que se ve reflejado en las descripciones del Reporte Anual sobre Trata de Personas publicado por el gobierno de los Estados Unidos.
El reporte, que el Congreso de los Estados Unidos requiere por ley, evalúa a casi todos los gobiernos en el mundo, incluyendo a los mismos Estados Unidos, en sus progresos en la lucha contra la trata de personas, con base en una serie de estándares que generalmente son consistentes con el marco para el combate a la trata establecido en el Protocolo de Palermo. Mientras algunos gobiernos alcanzan estos estándares y otros no, lo que finalmente nos dice el reporte es que todos los gobiernos, incluyendo a los Estados Unidos, deben hacer más.
Al trabajar para fortalecer nuestra propia habilidad de afrontar este reto, los Estados Unidos están dispuestos a trabajar aún más estrechamente con México y con otros gobiernos alrededor del mundo para castigar a aquellos que se han aprovechado y abusado de los más vulnerables, y para hacer realidad la promesa de libertad para todos los que han sido victimizados.
* Embajador de Estados Unidos. Artículo de opinión exclusivo para La Jornada
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