Febrero 9, 2012 1:15 am
La Presidencia de México vigila las redes sociales desde 2010.
“Se han convertido en una de las herramientas más utilizadas para el intercambio de comunicación entre la autoridad y la sociedad”, dicen representantes de Felipe Calderón.
Sin embargo, la información que extraen de la red los contratistas del gobierno mexicano no se intercambia con la sociedad, es tan sensible que podría clasificarse como reservada hasta por 12 años.
“Los reportes solicitados no están relacionados únicamente con los pronunciamientos que efectúan los usuarios de las redes sociales, sino que dichos reportes son elaborados a partir de un proceso de análisis cualitativo y cuantitativo por parte del proveedor de dicho servicio”, responde Presidencia a la solicitud de información que realizó 24-HORAS.
“Los reportes solicitados reflejan el estudio y observación de la opinión pública en las redes sociales respecto de diversos temas coyunturales de interés prioritario para el Titular del Ejecutivo Federal”.
Presidencia de la República aclara que la difusión de sus estudios no compromete la seguridad nacional, daña las relaciones internacionales o pone en riesgo la estabilidad financiera del país, entre otras cosas. Pero es tan delicada que puede clasificarse como reservada, hasta por el mismo tiempo que tendría que guardarse un secreto que cause cualquiera de esas crisis.
El mundo entero se sorprendió la semana pasada cuando salió a la luz el proyecto del FBI que busca analizar la información que circula en redes sociales para cuidar la imagen de la potencia, influir en la opinión pública, espiar a presuntos sospechosos y rastrear potenciales amenazas al sistema.
En México, el gobierno utiliza desde 2010 software especializado y metodologías particulares para influir en las redes sociales.
“Así como para coadyuvar a la buena evaluación de la Institución presidencial”, dice la Dirección General de Opinión Pública en el contrato ITP-006-007-10.
Para mejorar la percepción
La Presidencia de la República, por conducto de la Coordinación General de Administración, lanzó en marzo de 2010 la convocatoria para las Asesorías Especializadas. Eran cuatro partidas:
“Análisis de la Percepción de las Políticas Públicas”, cuyo presupuesto máximo fue de tres millones 735 mil pesos.
Ese contrato lo ganó Politáctica.
“Análisis Regionales Especializados Cualitativos de Opinión Pública”, por la que estaban dispuestos a pagar hasta un millón 465 mil pesos.
El segundo se lo adjudicó Ricardo José Enríquez Rubio.
“Análisis de Contenido de Opinión Pública en las Redes Sociales”, era la tercera partida, por la que ofrecieron tres millones de pesos como tope.
El anterior quedó en manos de Lunave Mutimedios.
Por la “Asesoría en Evaluación del Impacto de la Comunicación en la Opinión Pública en las redes sociales” pagaban hasta 808 mil pesos.
El contrato lo ganó Servicio INTER.NET México.
“Obtener elementos que permitan articular las demandas y expectativas de la población, y que permitan evaluar los atributos presidenciales y la gestión gubernamental para generar las estrategias de comunicación política y definir el posicionamiento institucional, a fin de mejorar la percepción de la Presidencia de la República y del Gobierno Federal”, era lo que solicitaban con la Asesoría en Análisis de la Percepción de las Políticas Públicas.
En redes sociales buscaban, entre muchas cosas más, conocer cuáles eran las palabras más comentadas, relacionadas con temas que la Dirección General de Opinión Pública determinara.
Asimismo, la identificación y análisis de actores con influencia y su relación con los temas. Filtrar datos en medios sociales por región y tipo de medio, y conocer tendencias de frecuencias por temas, entre otras cosas.
También solicitan evaluar el impacto de la opinión pública de los usuarios de medios sociales “de las piezas de comunicación que sean asignadas”, con una métrica de alto medio o bajo impacto, dependiendo del grado de menciones y diseminación del mensaje.
“Evaluación cualitativa sobre si el impacto de dicha comunicación generó una percepción positiva o negativa respecto del mensaje inicial”, dicen los documentos de la Presidencia.
De esas cuatro partidas surgieron por lo menos 30 análisis.
Información estratégica
24-HORAS solicitó por medio de la Ley de Acceso al Información copia de los análisis que surgieron de los servicios de asesorías que pagó el gobierno.
La respuesta fue negativa.
“Los reportes solicitados se utilizan como insumo fundamental para determinar estrategias de planeación o redefinición de políticas públicas, así como su comunicación a los usuarios de las redes sociales, en temas coyunturales y prioritarios como seguridad pública, economía y política social a nivel nacional para la toma de decisiones del titular del Ejecutivo Federal”, argumentó la Coordinación de Opinión Pública de la Presidencia.
En su oficio de alegatos, la Presidencia de la República manifestó, entre otras cosas, lo siguiente:
“Los reportes reflejan el estudio y observación de la opinión pública en las redes sociales respecto de diversos temas coyunturales de interés prioritario para el titular del Ejecutivo Federal”.
“Los reportes requeridos se utilizan como insumo fundamental para determinar estrategias de planeación o redefinición de políticas públicas, así como su comunicación a los usuarios de las redes sociales, en temas prioritarios como seguridad pública, economía y política social, a nivel nacional, para la toma de decisiones del titular del Ejecutivo Federal”.
“Los reportes de referencia contienen recomendaciones y conclusiones, mismas que constituyen información que de manera permanente es utilizada para la toma de decisiones estratégicas sobre aspectos políticos, económicos o sociales de los servidores públicos de la Presidencia de la República”.
“Los contenidos y resultados de dichos reportes forman parte de los insumos que se utilizan en la presidencia de la República para determinar la agenda de gobierno, instrumentar o redefinir políticas públicas, plantear soluciones a problemas determinados, establecer objetivos o reorientar los trabajos del gobierno Federal”.
“Si bien las opiniones vertidas en lo particular por la ciudadanía en las redes sociales son de naturaleza pública, el análisis e investigación que se efectúa mediante los reportes en cuestión, tiene naturaleza reservada”.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos decidió confirmar la clasificación de los análisis.
“El contenido de los reportes, contextualizado en el momento y circunstancia específica del país, pueden revelar la línea de las posibles acciones políticas a implementar por el gobierno y la revelación de éstas antes de su puesta en marcha podrían incidir en las mismas, dando como resultado que no tengan el impacto deseado o, incluso, que diversos actores políticos, frenen u obstaculicen su implementación”, agregó el Instituto.
Y después de meses de análisis concluye que podrá permanecer clasificada hasta por un periodo de 12 años.
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