Edición Especial de Proceso, No. 34
Foto/Fuente: http://www.libertadlatina.org
CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.-En 1983, una década antes que esta ciudad alcanzara notoriedad internacional por la historia de femincidios y desapariciones de mujeres, la sociedad juarense se conmovió con el caso de Cynthia Liliana González Rivero, una niña secuestrada, violada y asesinada, con particular sadismo.
La Procuraduría de Justicia del estado, entonces a cargo de Toribio Porras Villegas, quiso cerrar el caso con celeridad e inculpó a Lucas Juárez Lozano, trabajador de la construcción, sin que hubiera evidencia sólida en su contra. Se le condenó a 35 años de prisión con base en un solo testimonio realizado bajo presión y tortura.
La prensa y la sociedad juarenses estaban convencidas de que se trataba de un “chivo expiatorio”. En 1986 el gobernador priista Fernando Baeza Meléndez ordenó el indulto de Juárez Lozano. Entre la opinión pública predominó la idea de que los verdaderos responsables eran “varios juniors”, hijos de personajes influyentes en la política y la economía de Ciudad Juárez.
Nadie los investigó. El juez que consignó a Juárez Lozano fue José Chávez Aragón. Por sus buenos servicios, ascendió a magistrado de la Segunda Sala Penal, y llegó a ser entre 2004 y 2007, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua.
La cadena de impunidad iniciada en 1983 llegó hasta finales de 2010, con el caso de Rubí Marisol Freyre, una joven de 17 años asesinada en Chihuahua en 2008. La sombra de Chávez Aragón se hizo presente en este homicidio.
En mayo de 2010 los jueces Catalina Ochoa Contreras, Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Baudib Jurado, este último protegido de Chávez Aragón, dejaron libre al asesino confeso de Rubí, Rafael Barraza Bocanegra.
“Es igual que me hubieran matado a mi hija dos veces”, afirmó Marisela Escobedo cuando se dio a conocer la exoneración del ex novio de su hija. Como no confiaba en la procuraduría estatal, la propia Escobedo investigó y dio con el paradero de Barraza Bocanegra en Fresnillo, Zacatecas.
Acusó al Poder Judicial, a la procuradora estatal Patricia González y al gobernador César Duarte de formar parte de una red de complicidades que protege a los auténticos responsables de los crímenes contra las mujeres.
También encabezó una inédita protesta frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. En ese lugar, el 17 de diciembre de 2010, un hombre le disparó a quemarropa en la cabeza. El video de la ejecución le dio la vuelta al mundo.
Seis meses después del asesinato de Escobedo, su memoria estruja a una sociedad castigada por el miedo y la impunidad. “Nunca imaginé que tuviera que entregarle a los hijos el cuerpo de una madre. Fue la primera vez que me ocurrió en diez años”, aseguró Norma Ledezma, durante el Diálogo por la Paz, encabezado por Javier Sicilia, que sostuvieron familiares de las víctimas con el presidente Felipe Calderón, el 23 de junio de 2011, en el Castillo de Chapultepec.
La hija de Ledezma, Paloma Angélica Escobar Ledezma, desapareció a los 16 años en marzo de 2002. Trabajaba como obrera de la maquiladora Aerotec y estudiante de la escuela de cómputo Ecco.
Después de 27 las autoridades encontraron su cadáver en un arroyo cercano a la carretera de Aldana. Involucraron a su ex novio Vicente Cárdenas Anchondo. Involucraron a Vicente Cárdenas Anchondo, ex novio de Paloma, pero el caso se le cayó a la procuraduría estatal por las pruebas “sembradas” para inculparlo.
Los activistas a favor de los derechos humanos, así como los deudos de las víctimas de la ola de violencia que asuela a México, saben que en dos décadas de feminicidios en Ciudad Juárez la impunidad y la fabricación de culpables son constantes.
El lunes 4, Ledezma anunció que, “ante la indolencia del Estado y su insensibilidad a nuestro sufrimiento”, el expediente de su hija llegará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Cifras Negras y Fabricación de Culpables
La fabricación de culpables va de la mano con el incremento de los asesinatos y desapariciones de mujeres. Entre el 1 de enero de 1993 y el 30 de junio de 2010 existen 887 víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez, según el recuento de la investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Julia Monárrez, quien lleva el seguimiento más puntual de los casos. La organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa contabilizan 42 jóvenes desaparecidas tan sólo entre 2008 y 2009.
A partir de un seguimiento hemerográfico, Norma Ledezma, dio a conocer que en el primer semestre de 2011 se cometieron 187 homicidios de mujeres en el estado, de los cuales, 117 corresponden a Ciudad Juárez.
El caso más documentado de fabricación de un culpable es el de Edgar Alvarez Cruz, un trabajador de la construcción, migrante mexicano que vivía en Denver Colorado, y al que se le atribuyeron primero más de 100 crímenes, luego 17 y ahora se le imputa sólo el homicidio de Mayra Juliana Reyes Solís, una de las víctimas del campo algodonero.
En el expediente no hay ninguna evidencia sólida que lo vincule con Reyes Solís más que el testimonio de José Francisco Granados de la Paz, un preso con problemas de adicción y depresión crónica, recluido en Almoloya.
En agosto de 2006, el embajador norteamericano Antonio Garza dio por buena la versión de que Alvarez Cruz era el responsable de más de cien crímenes e implicó al gobierno de Estados Unidos en la fabricación de un culpable en los feminicidios de Juárez.
Desde 2006, Alvarez Cruz permanece encarcelado en Ciudad Juárez, computando una pena por 26 años, a pesar de haber sido absuelto en primera instancia por la jueza Catalina Ochoa Contreras, la misma del caso de Rubí Marisol. El ministerio público apeló y la jueza Flor Mireya Aguilar lo sentenció en segunda instancia.
“Me sentenciaron por órdenes de la procuradora de Patricia González”, acusa Alvarez Cruz, entrevistado en el penal de Ciudad Juárez. A su vez, su esposa María Teresa Peinado Portillo, señala que la ex fiscal estatal sobre los casos de feminicidio, Connie Velarde, la psicóloga Karina Muriel y el comandante Vidal Barraza amenazaron a Edgar Alvarez para que se inculpara.
Entrevistada en un restaurante de Ciudad Juárez, María Teresa Peinado, asegura: “Ninguna de las madres de las víctimas acusa a Edgar. La mamá de Mayra, doña Gloria Solís, ha dicho que ella no cree en las investigaciones que imputan a mi marido”.
Sostiene que los cargos en contra de su esposo no tienen sustento porque cuando Mayra fue asesinada, Edgar Alvarez vivía en Denver, Colorado y lo ha acreditado con comprobantes de pago por su trabajo como albañil.
“A mí me hostigó la ex procuradora Patricia González y la ex fiscal Flor Rocío Munguía González. Tenía vigilancia las 24 horas del día. La subprocuradora María del Pilar Pérez de la Fuente me llegó a decir que Edgar viajaba de Denver por las noches para cometer asesinatos en Ciudad Juárez”, relata María Teresa.
El interés de mantener a Edgar Alvarez encerrado no es un asunto menor. El gobierno de Chihuahua necesitaba a quién atribuirle los crímenes del Campo Algodonero.
En noviembre de 2001 en este terreno baldío se encontraron ocho osamentas dejadas a la intemperie, frente a las instalaciones de la Asociación de Maquiladoras, en una de las zonas más transitadas de Ciudad Juárez, a unos metros del consulado norteamericano.
Según los especialistas, el hallazgo del campo algodonero se convirtió en el más emblemático del modus operandi de los crímenes seriales en contra de, por lo menos, 94 mujeres.
Las autoridades implicaron como presuntos culpables a unos conductores a los que denominaron la banda de Los Choferes. En julio de 2005 salió libre Víctor García, El Cerillo, quien fue acusado junto con Gustavo González Meza, La Foca, de ser responsable de los crímenes cometidos en el lote algodonero. A la postre se comprobó que tanto El Cerillo como La Foca fueron torturados para inculparse. Este último murió asesinado en la cárcel y Víctor García obtuvo su libertad con el apoyo de las propias madres de las víctimas del Campo Algodonero.
Imputaciones
A lo largo de casi dos décadas se han construido múltiples “chivos expiatorios”, como El Egipcio, El Tolteca, Los Ruteros o Choferes y ahora Edgar Alvarez, a quien le atribuyen formar parte de La Banda del Carro Rojo, porque presumen que en este vehículo cometió los asesinatos.
Torturados, asesinados o liberados tardíamente todos estos casos confirman una constante en Ciudad Juárez.
Entre 1995 y 1996, cuando se cometieron varios de los crímenes con mayor sadismo en la historia los asesinatos seriales de Juárez, las autoridades crearon una historia para implicar a un ciudadano de origen egipcio.
Uno de esos crímenes fue el de Silvia Irene Rivera Morales, joven estudiante de 17 años que desapareció el 17 de julio de 1995. Su madre, Ramona Morales, denunció la desaparición ante el Ministerio Público, pero las autoridades le dijeron: “a lo mejor su hija se fue con el novio o estará con su amiga por ahí”.
El 9 de septiembre de ese año, el cuerpo de Silvia Irene fue encontrado junto con el de Olga Alicia Carrillo y Rosario García Leal en un predio baldío de Lote Bravo. Los tres cuerpos tenían huellas de violación y tortura. La autopsia reveló mordeduras y amputaciones de la mano izquierda y amputación parcial del pezón.
En su testimonio ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en noviembre de 2003, la madre Ramona Morales señaló que “los investigadores encontraron luego, luego un culpable, El Egipcio, Latif Sharif Sharif, quien ya estaba preso por otros supuestos homicidios de mujeres”. A El Egipcio lo inculparon por más de seis crímenes brutales cometidos en esos años.
Sin embargo, las evidencias eran muy endebles: se basaban en el testimonio de una testigo que oyó gritar a El Egipcio el nombre de Silvia; que la agenda de la muchacha traía una anotación con las letras Sha que “seguramente” era apócope de Sharif, según las autoridades ministeriales.
Otro caso emblemático es el de Lilia Alejandra García Andrade. Desapareció el 14 de febrero de 2001 cuando cruzaba las avenidas Ejército Nacional y Carretera Panamericana, una de las zonas más transitadas de Ciudad Juárez. Tenía 17 años, trabajaba en una maquiladora y era madre de dos niños.
El 15 de febrero, Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra, interpuso una demanda por desaparición. Seis días después el cuerpo apareció en un lote baldío cercano al centro comercial Soriana. Desnuda de la cintura hacia abajo, los signos de tortura y violencia sexual eran evidentes. Las autoridades desestimaron los datos proporcionados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos que indicaba la posible presencia de narcotraficantes en la zona donde fue hallado el cuerpo.
Las autoridades ministeriales han “escondido” o “confundido” cuerpos, como el de Verónica Martínez para que la construcción de culpables no se alterara. Durante cinco años, la procuraduría sostuvo que una de las osamentas encontradas en el campo algodonero era de Martínez.
Sin embargo, la averiguación previa 26449/02 señala que el cuerpo de esta muchacha fue hallado realmente en el eje vial Juan Gabriel, frente a la maquiladora R.K.A, cerca de las instalaciones de la fiscalía especial para el feminicidio. Ni siquiera sus familiares estaban enterados del sitio en el que Verónica Martínez fue encontrada. El propósito de este ocultamiento de las autoridades era evitar que se les cayera el caso en contra de La Foca y El Cerillo.
Sentencia del Campo Algodonero
El hallazgo de ocho osamentas en el lote baldío conocido como Campo Algodonero, el 6 de noviembre de 2001, conmocionó a la opinión pública nacional e internacional. Los juarenses observaron que el terreno es colindante con el rancho de Jaime Bermúdez Cuarón, conocido como “el padre de la industria maquiladora de Juárez”, y uno de los personajes que apoyó a Francisco Barrio para llegar a la presidencia municipal por el PAN en 1983.
El Campo Algodonero se ubica frente a las oficinas de la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez, emblema del desarrollo industrial de los años ochenta, y a unos ciento cincuenta metros del consulado norteamericano.
En noviembre de 2001 gobernaba el priista Patricio Martínez. Al interior de la procuraduría estatal se especuló que el hallazgo constituía un “mórbido mensaje” del Cártel de Juárez al gobierno de Martínez. La razón: éste habría apoyado la estancia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se ocultó en un poblado de la serranía de Chihuahua, después de su espectacular fuga del penal de Puente Grande, Jalisco.
Las investigaciones de la procuraduría estatal sobre el campo algodonero constituyen un largo expediente de negligencia oficial y fabricación de culpables, según el propio reporte de Amnistía Internacional, México: 10 Años de Desapariciones y Asesinatos de Mujeres en Ciudad Juárez y en Chihuahua, emitido en agosto de 2003.
Este reporte constituyó el más duro expediente sobre “la ineficacia, negligencia e incapacidad de las autoridades mexicanas” para investigar las desapariciones y asesinatos de niñas y jóvenes en la frontera chihuahuense. El reporte documentó hasta entonces 370 asesinatos de mujeres en Juárez.
Seis años después, en noviembre de 2009, la Corte Interamericana emitió la sentencia “González y otras vs. Estados Unidos Mexicanos”, mejor conocida como Caso Campo Algodonero. El fallo se basó en tres de los ocho casos de las osamentas halladas: Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal.
La sentencia ordenó 25 medidas para la reparación a las víctimas y sus familiares y fijó plazos entre 6 meses y 3 años para que las distintas instancias del Estado mexicano cumplan con resolutivos como los siguientes:
Resolutivo 12: “Investigación y sanción de los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de los jóvenes”.
Resolutivo 13: “Investigar y sancionar a las y los servidores públicos que cometieron irregularidades en las investigaciones”.
Resolutivo 14: “Investigación y sanción a los servidores públicos que amenazaron y hostigaron a las familias Monárrez y Herrera”.
Resolutivo 24: “El Estado debe brincar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita a las víctimas”.
Un informe preliminar sobre el cumplimiento de esta sentencia, elaborado el 30 de mayo de 2011, y dirigido a Pablo Saavedra Alesandri, secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, advierte que “a un año de la sentencia sólo un resolutivo se ha cumplido cabalmente: el número 25 referente al pago de las indemnizaciones”.
En lo que respecta a la investigación y sanción a los funcionarios acusados de irregularidades, el informe advierte que la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua sólo inició procedimiento de responsabilidad administrativa contra “6 servidores públicos” y “en dos casos más se exoneró a las funcionarias, y en otros dos casos, se inhabilitó a los funcionarios por un año y en uno más la funcionaria fue inhabilitada por 2 años”.
El reporte, al cual tuvo acceso Proceso, acusa: “la autoridad estatal no tiene un claro compromiso ni intención de investigar y sancionar a esos servidores públicos que violentaron los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares”. Incluso, ha pretendido sancionar a 36 funcionarios, pero “ninguno de ellos tiene o tuvo relación con las investigación y las violaciones de este caso”.
Para la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, organismos que elaboraron este reporte, es importante que la Corte Interamericana “analice la verdadera intención del Estado (mexicano) para dar cumplimiento” a la sentencia y, sobre todo, “la superficialidad y falta de seriedad con la que se presenta la información” relacionada al Resolutivo 13.
Y, lo peor: estos organismos advierten que “no hay ninguna diligencia que conduzca a nuevas líneas de investigación” sobre los verdaderos responsables de los asesinatos de estas tres muchachas. Son apenas la muestra de expedientes que llegan a casi 900 crímenes en dos décadas.
Impunidad que no Cesa
El estudio más reciente titulado “Sistema de Información Geográfica del Feminicidio” en Ciudad Juárez, elaborado por los investigadores Julia Monárrez y Luis Cervera advierte que entre 2006 y 2008, el incremento de los feminicidios fue de 584 por ciento: pasaron de 19 en 2006 a 111 en 2008.
Entre el 1 de enero de 1993 y el 30 de junio de 2010 se contabiliza un total de 887 víctimas, de las cuales se logró ubicar con precisión a 656. La mayoría de los crímenes fueron cometidos en el Centro Histórico de Ciudad Juárez “lo cual plantea una combinación y concurrencia de sitios y personas que son blanco de esta violencia generada por el crimen organizado”.
De 1993 a 2010, la región pasó de una tasa de 5.19 feminicidios por cada 100 mil habitantes a una tasa promedio de 7.79 feminicidios por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, en 2008, el año más violento, llegó a 26.68.
Uno de los hallazgos estadísticos más inquietantes de este estudio es que se registraron 36 feminicidios de “niñas menores de 6 años” y 41 víctimas tenían 17 años, uno antes de alcanzar la mayoría de edad. La edad promedio de los 887 casos es de 26 años.
El estudio de Monárrez advierte que 91 víctimas “recibieron 210 agresiones distintas, entre las que destacan las violaciones y estrangulamientos, así como la mordida del pezón”. Entre 2008 y 2010 más del 50.6 por ciento de los homicidios fueron con armas de fuego.
Una de las primeras conclusiones de la investigación es que desde 2008 se registra en Ciudad Juárez “el mayor número de homicidios de hombres y mujeres”. Desde 1993 la ciudad “ocupa la atención de los organismos internacionales de derechos humanos por la grave e impune problemática del feminicidio”.
Sin embargo, el estudio sostiene que “existen otras formas de violencia y otras víctimas que permanecen invisibles: las y los jóvenes que se encuentran inmersos en la violencia juvenil, y las niñas y niños víctimas de maltrato: emocional, piscológico, físico, sexual y económico”.
Es este el contexto más grave de la historia de feminicidios e impunidad que, lejos de aminorar, crecen en Ciudad Juárez.
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