Porfirio Muños Ledo
El reencuentro con América Latina es práctica siempre grata y aleccionadora. Regreso de un periplo que me llevó a Ecuador, donde realizo desde hace meses tareas de veedor internacional de la reforma judicial y a Guatemala, donde tuve ocasión de clausurar un seminario sobre la reforma política que se ha planteado en ese país.
Después de una oleada de transiciones que recorrió el continente durante más de dos decenios, se han vuelto indispensables reformas de gran calado en la estructura del Estado y la cancelación definitiva del ciclo económico neoliberal que generó abismos de desigualdad. Ambas tareas están profundamente interconectadas.
La interrogante mayor que se formula en nuestros países es si nos encontramos en los inicios de una regresión política, de la que darían cuenta los estudios del PNUD sobre la democracia en la región. Destacarían los golpes de Estado en Honduras y el Paraguay y las múltiples violaciones a la legalidad electoral que se han recrudecido en México.
Durante algunos años se pensó que las elevadas tasas de crecimiento registradas en diversas naciones latinoamericanas nos colocaban en una plataforma cierta de desarrollo, sobre todo porque muchos habían escapado de los efectos de la crisis. No hemos, sin embargo, alcanzado a disminuir sensiblemente las diferencias sociales, los procesos de integración regional acusan estancamiento y se carece del ímpetu político para las grandes transformaciones que se requieren.
Los cambios de consideración exigen procedimientos excepcionales en el marco de un nuevo constitucionalismo. Así el referendo nacional que puso en movimiento la reforma judicial en Ecuador. El proyecto es de gran envergadura y no exento de obstáculos y resistencias. Comprende la renovación del personal -incluyendo las fiscalías- la implantación de un distinto modelo de gestión, una infraestructura remozada –construcción o remodelación de más de 150 edificios- la introducción de nuevas tecnologías y profundas mutaciones culturales.
En un proceso de esas dimensiones hay que restar los errores a los aciertos, pero verificar ante todo que los objetivos básicos se cumplan y entender que la tarea demanda la continuidad de una generación. Reflexionar sobre la creación de condiciones políticas necesarias para emprender cambios verdaderos en ámbitos cruciales de la vida pública en diversas comarcas de nuestra región que las exigen con avidez.
Para nuestra agradable sorpresa el Presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, cuyo discurso electoral había sido prudente, tuvo un acto de rebeldía sustantiva apenas llegado al poder. Adoptó una posición de vanguardia respecto del grave embrollo de la seguridad pública, solicitando la reconsideración de las estrategias represivas y colocó nuevamente en el centro debate las políticas de salud, de inclusión social y de despenalización de drogas de mayor consumo.
Tal vez la insuficiente coordinación con los otros países centroamericanos y sin duda la oposición de las fuerzas conservadoras de dentro y de fuera detuvo la iniciativa. Ésta iba acompañada de un proyecto de modificaciones a 51 artículos constitucionales que abarca capítulos tan relevantes como seguridad y justicia, creación de la Corte Constitucional, transparencia y rendición de cuentas, régimen político, pluriculturalidad y reformas fiscales y financieras.
Ciertamente el partido del Presidente no goza de mayoría en el Congreso y los poderes fácticos, concentrados en unas cuantas familias, se sintieron afectados por razones que parecen obvias y se relacionan con el fortalecimiento y democratización del Estado.
Sin juzgar el valor y pertinencia de cada una de las propuestas, sobresale el aislamiento del Ejecutivo y el alto grado de dificultad que enfrentan las medidas de cambio en ausencia de sistemas políticos que lo propicien, lo que nos conduce a un círculo vicioso –origen de la parálisis democrática que padecemos.
Resulta urgente reabrir el debate público sobre la transformación de nuestros regímenes de gobierno en el sentido de la parlamentarización, la descentralización y los cauces orgánicos a la participación ciudadana que hace eclosión por todas partes. Entre la “democracia líquida” y el poder calcáreo es menester encontrar un camino de salvación. No se trata de una causa ideológica sino el cimiento posible de la cohesión social.
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