9/20/2012

Los periodistas pal cafe......



En un lapso de cinco días, Felipe Calderón ha sido acusado en público de asesino. El sábado recién pasado, en la Plaza de la Constitución donde daría el Grito de Independencia, fue señalado en esos términos por un amplio grupo de jóvenes pertenecientes al movimiento 132. Y ayer, en el contexto de la inauguración de una semana dedicada a asuntos de transparencia, tres jóvenes (según la nota publicada en Internet por los reporteros de La Jornada, Elizabeth Velasco y José Antonio Román) repitieron la pesada imputación.
Ese tratamiento crudo parece un exceso a un segmento de la sociedad que estima que no se deben cargar a la cuenta personal de Calderón los muy abundantes hechos de sangre que han marcado su gestión y que han provocado contundente reprobación mundial. No ha sido él, suelen alegar los defensores de FC, quien ordenó las matanzas; tampoco hay prueba alguna de que hubiese una política gubernamental explícitamente dirigida a generar masacres o exterminios sistemáticos.
Las acusaciones aún sin sustento judicial de los jóvenes que culpan a Calderón del baño de sangre que ha recibido el país, como la defensa simplemente formalista de quienes piden pruebas de que el presunto responsable hubiera dado órdenes homicidas, tendrían un cauce justo, aceptable, civilizado y moderno si los llegados al Poder Ejecutivo Federal fuesen susceptibles de ser juzgados en el cumplimiento de sus responsabilidades como auténticos servidores públicos, obligados a entregar buenas cuentas de los recursos y facultades recibidas, y no estuviesen exageradamente protegidos por una legalidad permisiva de abusos y excesos no solamente en cuestiones patrimoniales sino incluso en la toma de decisiones tan trascendentes que acabasen produciendo ni más ni menos que decenas de miles de muertes, una inseguridad pública extrema en la que los cárteles asumen funciones de Estado sustituto, y un virtual abatimiento de los derechos humanos, las garantías constitucionales e incluso las aspiraciones procesales básicas, pues el exceso de delitos cometidos ha llevado al abandono inmediato de las averiguaciones previas y a una suerte de sentencia condenatoria al vapor cuando se tacha a los involucrados de formar parte del crimen organizado.
Dado que el sistema político mexicano ha creado un estado de excepcionalidad jurídica para garantizar impunidad al presidente de la República salvo en casos extremos, como la traición a la patria, no es posible llegar ni siquiera a una verdad legal en el aparato mexicano (aunque está pendiente la solicitud de juicio ante la Corte Penal Internacional). Y entonces entran en operación otro tipo de criterios. Uno de ellos, el más elemental, hace entender que necesariamente ha de ser responsable de los resultados de un gobierno aquel que está en la cúspide y que recibe un sinnúmero de privilegios y bonos para que ejerza con prudencia y eficacia los haberes colectivos que recibió para su administración.
Pero en términos políticos y cívicos también es posible demostrar que la carga de lo sucedido en estos años de horror corresponde directamente al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa. Un primer dato proviene del hecho tajante de que la detonación de la guerra contra el narcotráfico fue una decisión personalísima del citado ciudadano Calderón (ccC), quien nunca planteó como oferta de campaña o intención de su eventual gobierno el desatar acciones bélicas contra un presunto monstruo delictivo del que no habló en su lapso de proselitismo ni en el periodo de presidente electo. En realidad, el ccC soltó el primer golpe hasta hacerse del poder, en diciembre de 2006, previo diseño de guerra que acordaron altos enviados de Estados Unidos con quienes serían procurador de justicia y secretario de seguridad pública de esa administración felipista.
Podría argüirse que el tamaño del reto obligaba a prudencia y sigilo para no alertar al peligroso enemigo bien atrincherado. Pero tampoco buscó Calderón alguna fórmula de consenso cuando ya había abierto su juego macabro. No hubo una política de Estado (aprobada por los partidos políticos, las cámaras legislativas, y otro tipo de instituciones que así dieran legitimidad al proyecto bélico en curso), sino una decisión de gobierno, específicamente del citado ciudadano Calderón. Decisión y responsabilidades tan de él que, a pesar de las múltiples e intensas pretensiones sociales en busca de un cambio de rumbo, sostuvo la ruta trazada, haciéndose acompañar de discursos y gestos retadores, de autoglorificación y de una peculiar valentía montada detrás del espectacular blindaje militar cotidiano.
Por último ha de decirse que si la historia la escriben los vencedores, el ccC tampoco puede albergar expectativas sensatas de exculpación. Instaló la muerte en el país, abrió el camino para que la delincuencia organizada tomara control de ciudades y regiones, consumió inmensas cantidades de dinero público en el combate al narcotráfico y no a la pobreza y la ignorancia, pero no logró casi nada: los rubros sustanciales del negocio de las drogas continúan boyantes, el mercado estadunidense de consumidores está bien abastecido, los cárteles mexicanos se han expandido por el mundo con insólito espíritu conquistador y la firma dominante, la protegida, cuyo jefe fue liberado durante el foxismo y con Calderón fue ayudado a exterminar competidores, sigue intocada. Puede concluirse, pues, que el ccC es responsable directo de lo que ha sucedido en México, y que los gritos de hoy no son sino un adelanto de un juicio histórico bien fundamentado.
Y, mientras el Tec de Monterrey ha designado como presidente de su Instituto Latinoamericano de Ciudadanía (ILC) al general colombiano Óscar Naranjo, quien además es asesor de Enrique Peña Nieto en asuntos de combate al narcotráfico, aunque eso no es mencionado en la nota oficial correspondiente (bit.ly/OdjIpx), como tampoco los antecedentes negativos del interventor extranjero, citados por Carlos Fazio en bit.ly/MHGtNO, ¡hasta mañana!
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Se complican las cosas para Don Beltrone. Tiene la encomienda de Calderón y Peña Nieto de sacar adelante la reforma laboral en la Cámara de Diputados, pero se está topando con la oposición de algunos líderes del sindicalismo oficial, de los sindicatos independientes y de los legisladores de los partidos de izquierda. Don Beltrone quisiera dar buenas cuentas a sus jefes este fin de semana, antes de que expiren los 30 días de límite que tiene la iniciativa preferente –otra turbiedad de sus autores a fin de que no haya tiempo de que su contenido se discuta públicamente. Sin embargo, no será tán fácil. Mañana tendrá lugar la primera marcha de los grupos independientes, del Ángel de la Independencia al Zócalo, a partir de las 5 de la tarde. Y se prepara otra, que tendrá lugar la semana venidera. Para efectos prácticos, tal vez sea más efectiva la tarea en corto que realiza el cetemista Carlos Aceves del Olmo. El oficialismo sindical resiente que quieran transparentar el modo en que los líderes manejan el dinero. No les parece lógico que, habiendo sido leales al priísmo los 12 años de secas, al volver a Los Pinos lo primero que se haga sea asestarles un golpe bajo.
La opinión de los patrones
Una encuesta que se hizo entre los consejeros de la Concamin (Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos) reunidos en León, Guanajuato, la semana anterior, muestra que aun los empresarios tienen dudas respecto de que la reforma laboral ayudará efectivamente a resolver la informalidad en el empleo –supuestamente ese es uno de los propósitos que persigue. Sólo 44.3 por ciento contestó que contribuirá al abatimiento de la informalidad. Sin embargo, un porcentaje cercano, 39.3, no está seguro y 16.4 por ciento dijo que no. En lo que sí están de acuerdo es en que México necesita recuperar terreno en materia de competitividad. Para 90 por ciento de los encuestados, abrir un puesto de trabajo resulta costoso debido a las obligaciones y rigideces que impone la legislación vigente. El presidente de Concamin es Francisco J. Funtanet Mange.
Harakiri político
El presidente Obama está en mejor posición para ganar las elecciones de noviembre, en comparación con cualquier otro candidato desde Bill Clinton en los 90, de acuerdo con un sondeo llevado a cabo por el Centro de Investigación Pew. (No hay antecedentes de que esta organización cojee del mismo pie que Roy Campos y su consulta Mitofsky). Obama adelanta a Romney 51-43 puntos. Curiosamente, el republicano cometió harakiri. Un video lo muestra hablando despectivamente de la prole estadunidense. Dice que más de 40 por ciento no paga impuestos y vive de la asistencia pública. Esa prole está compuesta por ancianos con pensión del seguro social y estudiantes. Sólo en México puede hablarse mal de la prole y ganar una elección.



El PAN presume por doquier las maravillas y modernidades contenidas en la iniciativa de reforma laboral que el inquilino de Los Pinos recién envió a la Cámara de Diputados (que no es otra que la rubricada por el grupo blanquiazul), mientras el PRI rechaza parte de su contenido, porque la reforma buena es la que sustenta el propio tricolor (según el tricolor) y el PRD hace lo propio, pues la suya, dice, es la mejor de todas. En apariencia, pues, tres serían las distintas propuestas de reforma laboral defendidas por igual número de partidos políticos (la tercia de los más grandes –en número, desde luego– de los representados en San Lázaro), aunque en los hechos la trinca parece transitar por el mismo sendero, ya que al final de cuentas proponen prácticamente lo mismo, con sus bemoles.
Y la anterior conclusión no proviene de alocadas mentes a las que nada les gusta y de todo se enojan, sino del propio análisis que sobre el particular realizó la Cámara de Diputados (Reforma integral a la Ley Federal del Trabajo; estudio comparativo de las principales propuestas de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD, presentadas en la 61 Legislatura), el cual concluye que se encontraron múltiples coincidencias entre las tres iniciativas que pretenden reformar un mismo tema, aunque son diversos casos en que se abordan desde una vertiente diferente.
¿En el fondo realmente son diferentes las tres propuestas que sobre el mismo tema sustentan PAN, PRI y PRD? El análisis de la Cámara de Diputados ofrece respuestas, y de entrada subraya que hay coincidencia absoluta de los tres partidos políticos en 11 de los 17 capítulos (65 por ciento del total) en los que se estructura la ley a reformar (principios generales, relaciones individuales de trabajo, condiciones de trabajo, derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones, trabajo de las mujeres, trabajo de los menores, trabajos especiales, relaciones colectivas de trabajo, riesgos de trabajo, autoridades del trabajo y servicios sociales, y personal jurídico de las juntas de conciliación y arbitraje). En tres capítulos más (18 por ciento del total) la coincidencia absoluta se da entre priístas y perredistas (representantes de los trabajadores y de los patrones, derecho procesal del trabajo, y procedimientos de ejecución); en otros dos (12 por ciento del total) de la mano van panistas y tricolores (huelgas y prescripción) y sólo en uno (5 por ciento del total) blanquiazules y tricolores van juntos (responsabilidades y sanciones).
Básicamente, pues, no abundan las diferencias entre las tres tristes propuestas de reforma: Por ejemplo, los trinca caminan por la misma ruta en puntos específicos: modalidades de contratación; labores conexas o complementarias; días de descanso contractuales; salarios (uno de los puntos fundamentales); utilidades; productividad; preferencia, antigüedad y ascenso en el trabajo; trabajo de menores; trabajos especiales; juntas de conciliación; seguridad e higiene; servicio nacional del empleo, capacitación y adiestramiento; no discriminación; representantes de los trabajadores y de los patrones; derecho procesal del rabajo; pruebas; procedimiento de huelga y procedimientos de ejecución.
Aun así, el análisis de la Cámara de Diputados indica que a pesar de encontrar coincidencias generales en cuanto a que las tres iniciativas abordan un mismo tema, se puede observar que lo hacen en muchos casos, sobre todo el PRD, en vertientes distintas. Por otro lado, se podrán observar grandes coincidencias entre las iniciativas del PAN y el PRI. De estas últimas pueden señalarse las siguientes: subcontratación (outsourcing, renglón el que el PRD sólo considera la responsabilidad solidaria); salarios vencidos; procedimientos especiales; conflictos individuales de seguridad social, entre otras. Por cierto, el citado análisis menciona que “tanto la iniciativa del PAN como la del PRI proponen regular las subcontrataciones en las que, actual y principalmente, las empresas trasnacionales se están beneficiando a través de la figura del outsourcing).
Las tres propuestas, señala la Cámara de Diputados, hacen hincapié en la productividad, la calidad del trabajo y los beneficios que se deben derivar de éstas. Además, la iniciativa del PAN prevé considerar de interés social la certificación de competencias laborales. Con relación al tema de productividad, las tres persiguen, al incorporar esta figura, obtener como resultado la optimización de los recursos materiales, tecnológicos, humanos y financieros con los que cuenta la empresa, señalando, en los casos de las iniciativas del PAN y del PRI que en primer lugar será para promover la competitividad y sustentabilidad de la misma, y en segundo lugar para incrementar los ingresos de los trabajadores. Además, en el caso de las iniciativas del PRD y PAN se vela por mejores condiciones de trabajo como ambiente laboral, seguridad e higiene, calidad de vida, capacitación de los trabajadores y el reparto de beneficios.
En materia salarial, destacan nuevas modalidades de pago como el salario por unidad de tiempo; pago por hora; pago de salarios a través de medios electrónicos como el depósito en cuenta bancaria, tarjetas de débito, etcétera, prácticas que de hecho ya se vienen dando y que de ser aprobadas las iniciativas quedarían reguladas dentro de la ley, cubriendo un vacío legal que actualmente se observa. Por otro lado, la iniciativa del PRD propone incrementar el aguinaldo anual para que sea de 30 días de salario y no de 15 como actualmente se otorga.
Por lo que toca a las contrataciones, PAN y PRI incorporan tres modalidades: la temporal, por capacitación inicial y por periodo de prueba, que de acuerdo con estos proyectos de reformas, hará a los trabajadores más competitivos, los dotará de experiencia y los especializará, atributos que se requieren para integrarse eficientemente al sector productivo, abriéndoles la posibilidad de obtener el puesto definitivamente, llevando implícita la búsqueda de la productividad (que además se observa en las tres iniciativas) y en el caso de la iniciativa del PAN la búsqueda de la certificación de los trabajadores. Sin embargo, a pesar de que de esta manera se puede tener la posibilidad de obtener el puesto, también se correrá el riesgo de no poder volver a solicitarlo toda vez que se otorga el derecho al patrón de dar por terminada la relación de trabajo sin su responsabilidad, si no acredita el trabajador su competencia.
En fin, tres propuestas diferentes. De allí la serenidad de la famiglia política: de que hay reforma laboral, hay (Beltrones dixit).
Las rebanadas del pastel
¡Sorpresa! Primero Foxilandia; después Calderolandia, y ahora Marcelolandia.




Piden a Ebrard dar solución a bomberos
DINN por el Desarrollo Integral de Niñas y Niños, felicitamos a Marcelo Ebrard C. por su sexto informe de gobierno y le solicitamos atentamente que atienda, escuche y solucione el problema planteado por bomberos del DF, quienes, con independencia de sus bajos salarios, trabajan para el bienestar de los ciudadanos, protegiendo nuestras vidas y bienes materiales. Justo es mejorar sus condiciones laborales y no escatimar en un equipo de trabajo seguro y moderno.

Es entendible, incluso deseable, que cada administración, con sustento en una evaluación seria de lo que ya está operando, incorpore nuevas acciones a los programas gubernamentales y cambios a los programas que ya están en marcha. Sin embargo, una práctica perniciosa y frecuente en el medio gubernamental mexicano consiste en que con la llegada de una nueva administración se cancelan o modifican, sin más averiguación, una o varias de las iniciativas de la anterior. Esto ocurre en mayor grado cuando entre ambas administraciones hay alguna rivalidad.

Hasta ahora tres son los cuarteles de la mentira desde donde se dirige la globalización [o la tiranía de cómo hacer de los bienes y recursos colectivos del planeta una maletín de beneficios privados para unos muy pocos]. A saber. El Fondo Monetario Internacional, que nació para impulsar la cooperación económica y evitar otra gran depresión como la de los años 30 y que, dictando políticas para despolitizar, ha hecho de las depresiones hoyos profundos. Y en cada hoyo hay una sepultura. En segundo lugar, el Banco Mundial, que dice en su eslogan trabajamos por un mundo sin pobreza, y tan mal trabaja, condicionando prestamos sí o prestamos no, que la pobreza se extiende por el mundo entero. Y, por último, la Organización Mundial de Comercio que, para hacer un comercio más abierto –dice su página web–, prohíbe proteger al pequeño y prohíbe no defender al grande.

Hace unos días, Arturo Alcalde explicó que la aprobación de la iniciativa de reforma laboral que presentó el presidente Felipe Calderón significaría la muerte del sindicalismo independiente en México. La razón es muy simple pues, según sus palabras, se cancelarían las dos pequeñas rendijas que tienen los trabajadores para tener un contrato colectivo propio: los emplazamientos a huelga por firma de contrato y el juicio de titularidad. En rigor, si durante años la ofensiva de la derecha liberal se concentró en la abolición de los monopolios en nombre de la libertad sindical, hoy está más claro que nunca que el verdadero objetivo de la iniciativa es la supresión de la resistencia de los trabajadores para favorecer un proyecto patronal, es decir, eliminar el espíritu de la ley legado por la Constitución para sustituirlo por otra normativa que, so pretexto de cancelar algunas fórmulas del viejo corporativismo, subordina a las organizaciones sindicales a bailar al son que les toquen los capitalistas. Eso es lo que está en juego.

El Movimiento Regeneración Nacional llegó a las elecciones pasadas con menor fortaleza de la que exigían las circunstancias. Si hubiera sido un movimiento consolidado no se habrían dado casos de fugas significativas que incluso le levantaron la mano a un candidato del PRI a gobernador de un estado. No quiero decir que fenómenos como el mencionado no se hayan dado también en los partidos de izquierda, supuestamente más disciplinados que un movimiento social, pero como que se esperaba más de quienes, además de participar en Morena, decían estar con López Obrador y terminaron por traicionarlo.

Las airadas protestas populares ante sedes diplomáticas de Estados Unidos se han extendido a más de 30 países musulmanes o que alojan importantes comunidades de esa fe. Suman ya no menos de 20 los manifestantes muertos por la represión policiaca sin contar a 12 cooperantes nativos y extranjeros en Afganistán tras la inmolación en un autobús de una mujer bomba. En medio de una de las primeras manifestaciones, aunque al parecer como parte de una operación meticulosamente planeada, perdieron la vida en el consulado estadunidense en Bengazi el embajador de Washington en Libia y tres de sus colaboradores. Así es la Libia modelada por los rebeldes de la OTAN.

Ante el Consejo de Relaciones Exteriores, el cabildo de cabildos del alto capital (financiarizado), vinculado a los Rockefeller y a la planeación bélico-imperial, Rex Tillerson, director ejecutivo de Exxon/Mobil, con la mira en el petróleo y gas de esquisto (shale), habló de la vasta riqueza mexicana y se pronunció por reformas que les permita tajada en la renta petrolera, reservada a la nación por la Constitución. Financial Times, por su lado, recordó que Peña Nieto (EPN) calificó de ideologías caducas todo freno a esa codicia. Con una legitimidad tan cuestionada ¿mentirá al jurar respetar y defender una Carta Magna cuyo artículo 27 constitucionalizó el derecho del pueblo a desarrollar y disfrutar sus recursos naturales, una piedra en el zapato imperial desde 1917, combatido desde entonces y formalmente rechazado por Estados Unidos ante la UNCTAD en los años 1960?

La Compañía Nacional de Teatro (CNT) presenta por segunda vez una obra del dramaturgo y filósofo Juan Mayorga. La primera, La paz perpetua, representó el estupendo debut como directora de la actriz Mariana Giménez, quien la promovió. Para la segunda, Cartas de amor a Stalin, se recurrió al reconocido director español Guillermo Heras que ya ha incursionado en nuestros escenarios y que ofrece su muy personal lectura de la obra. Mayorga, en el prólogo de su texto apunta que Es una meditación sobre la necesidad que tiene el artista de ser amado por el poder, necesidad tan fuerte como la que el poder tiene de ser amado por el artista y asimismo: Es una historia de amor en que intervienen tres personajes, un hombre, una mujer y el diablo. De haber insertado en el programa de mano esta última aseveración, el director se hubiera ahorrado algunos efectos, como la iluminación en rojo en ciertos momentos o la fea máscara más o menos diabólica que luce Stalin hacia el final. El dramaturgo utiliza datos verdaderos de la biografía de Mijail Bulgákov, como la llamada de Stalin, que no se corta sino en la que el atemorizado escritor cambia de intención y las cartas que escribe al dictador para que permita que sus obras se publiquen o representen, o que le permita marchar al extranjero como al escritor multicitado por su esposa, Zamiatin.



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