La Carretera de las Lágrimas
La violencia, el racismo y la pobreza afectan desproporcionadamente a las mujeres aborígenes en Canadá, las cuáles según las estadísticas, tienes mayores probabilidades de morir de forma violenta que las mujeres no aborígenes.
Mapa: Highway of Tears
A lo largo de las últimas décadas al menos 580 mujeres
de ascendencia indígena han desaparecido o han sido asesinadas en
Canadá. Alrededor de 40 de los casos documentados han sucedido en la
tristemente conocida como Carretera de las Lágrimas,
un tramo de unos 800 km. de la autovía 16. El recorrido de esta
carretera pasa por numerosas comunidades aborígenes entre los estados
de Manitoba y la Columbia Británica, dónde reside una gran parte de la
población nativa. Según diversos estudios, el
componente racial unido a la pobreza aumenta el riesgo al que se
exponen las mujeres canadienses de ser agredidas, secuestradas o
asesinadas.
El desplazamiento de las tierras
indígenas es la causa principal de la marginación y la vulnerabilidad
económica de las mujeres nativas que hoy en día representan el 42,7% de la tasa de pobreza canadiense.
Los desplazamientos destruyen la forma tradicional de vida y perjudican
la habilidad de los pueblos aborígenes de auto-sustentarse a sí mismos.
Así, muchas mujeres se ven obligadas a dejar sus comunidades de origen
– y a menudo, a sus hijos- para encontrar un trabajo o continuar con
sus estudios en centros urbanos. De esta forma, también dejan atrás una
parte de su cultura en la lucha por encajar en un entorno de trabajo
no-aborigen y se ven arrojadas a trabajos precarios, a viviendas en
zonas inseguras o marginales de las ciudades, y a la desigualdad y el racismo sistémico forjado a base de años de políticas discriminatorias.
Las mujeres aborígenes conforman tan sólo un 4% de la población total femenina canadiense, pero según un informe de la Canadian Feminist Alliance for International Action, una de cada diez mujeres asesinadas es joven, aborigen y residente en una ciudad del oeste, lo cual hace que la cifra sea significativamente alta. El mismo informe cita que las mujeres aborígenes tienen más posibilidades de ser asesinadas por un extraño que las no indígenas y, finalmente, que la policía interviene menos frecuentemente y más tarde en los casos de mujeres aborígenes, el 70% de los cuales quedan sin resolver.
La huella de las políticas asimilacionistas derivadas de la colonización europea
que implicaron la ruptura de lazos familiares, la destrucción de la
cultura, el desplazamiento de tierras reservadas o el desplazamiento
forzado de mujeres después de contraer matrimonio, están relacionadas
con la actual vulnerabilidad de las mujeres y de los niños aborígenes
que hoy en día siguen afrontando retos básicos como la supervivencia o
la seguridad.
La colonización y el Acta India
Imagen: Colonization and The Treaties
Si bien la convivencia entre los
pueblos originarios y la corona británica se determinó mediante
acuerdos de coexistencia pacífica establecidos por ley y realizados en
supuestas condiciones de igualdad a partir de 1781, el verdadero
control gubernamental sobre las vidas de los pueblos nativos empieza en
1876 cuando el gobierno federal aprueba el Acta India, que establece el estatus social inferior de los pueblos aborígenes.
El Acta India regula casi todos los aspectos de la vida de los aborígenes confinados en reservas propiedad de la Corona y bajo la tutela del Estado. Al carecer de estatus legal y derechos civiles propios, se les impide votar, se les deniega el amparo a los tribunales de justicia, no se les permite poseer o comerciar con propiedades o desarrollar ningún tipo de actividad comercial o de cualquier otra índole y es también el gobierno en última instancia, quien decide quién puede considerarse indígena y quien otorga el estatus como tal.
Hasta entonces, en muchos de los
sistemas tradicionales nativos las mujeres disfrutaban de la plena
participación en la vida familiar y en el matrimonio, en la política,
en la toma de decisiones y en la vida ceremonial. Las leyes federales
introdujeron cambios que debilitaban discriminadamente los derechos de
las mujeres en las comunidades locales reduciendo así su autonomía y
sus roles tradicionales. Por ejemplo, si una mujer nativa se casaba con
un hombre no aborigen, perdía su estatus y con él sus derechos como
indígena, no así en los matrimonios formados por hombres indígenas con
mujeres no aborígenes. O bien, si una mujer se casaba con un hombre de
otro grupo nativo perdía los derechos como indígena de su nación de
origen y se la borraba de dicho registro para inscribirla en la nación
de su marido.
El efecto inmediato y a largo plazo fue la reducción del nombre de estatus indígenas, la imposición del sistema patrilineal europeo
y la elevación del poder y la autoridad de los hombres en lugar de las
mujeres en el seno de las comunidades. El resultado fue una grave
alteración de los sistemas familiares tradicionales, de patrón
descendiente matrilineal y matrilocal, a patrones de residencia
post-maritales. Además, personificaba e imponía el principio de que las
mujeres indígenas y sus hijos, al igual que las mujeres europeas y sus
hijos, quedaban sujetas a sus padres y maridos.
El legado de las escuelas residenciales
Imagen: Canada’s Shame / Media Indigena
A partir de 1883 el gobierno canadiense pone en marcha el sistema de escuelas residenciales para niños aborígenes que tenían como objetivo eliminar la cultura de los pueblos nativos.
Entre 1883 y 1994, más de 150.000 niños y niñas aborígenes fueron
separados de sus familias a partir de los seis años. Todos ellos
sufrieron abusos físicos, psicológicos, sexuales, emocionales y
espirituales. Se estima que los castigos corporales, la tortura física,
la inanición, la esterilización forzada, la exposición deliberada a
enfermedades y la negación y negligencia médica fueron causantes de la
muerte de al menos 50.000 niños aborígenes que jamás volvieron a sus hogares mientras que los supervivientes tuvieron que afrontar duras secuelas psicológicas y sociales tales como adicciones, alcoholismo, dependencia, baja autoestima, suicidio, prostitución, abuso sexual y violencia.
Además de la pérdida de la cultura y
los valores tradicionales, se rompieron los vínculos familiares y se
privó a las madres y abuelas nativas de su rol de proveedoras de
afecto, maestras y guías de la misma forma que se privó a los niños y
las niñas de aprender mediante la tradicional observación e interacción
con sus familias ya que el vínculo afectivo desapareció. Finalmente, el
desconocimiento de la lengua afectó la habilidad de los niños para
comunicarse con sus mayores y redujo así su acceso a enseñanzas
culturales y espirítuales.
En la década de los sesenta, las
familias estuvieron sujetas a otro conjunto de prácticas y políticas
discriminatorias conocidas como The 60’s Scoop
o “Batida de los Sesenta” mediante las cuales muchos niños aborígenes
fueron extraídos de sus familias y entregados a agencias de adopción y
centros de acogida, siendo adoptados por familias blancas y, perdiendo
de nuevo el contacto con sus comunidades de origen que a su vez
quedaron vacías de niños.
Movilización social
Imagen: No more Stolen Sisiters / Amnesty International
Ante la descoordinación y la falta de
medidas tomadas por la policía, han sido las organizaciones civiles y
humanitarias, especialmente las indígenas, quienes han puesto en marcha las investigaciones sobre las mujeres desaparecidas
mediante el acercamiento y la colaboración con las familias de las
víctimas, la creación de bases de datos de recogida de información, y
han conseguido protocolos de actuación policial apropiados gracias a
que Amnistía Internacional dio a conocer el asunto a la opinión pública
nacional mediante el informe Stolen Sisters en el año 2004.
Es por ello que desde el año 2005 se
organizan vigilias y marchas cada 4 de octubre, en el aniversario de la
desaparición y el asesinato de Gladys Tolley, que han dado como resultado cierta visibilización del feminicidio indígena
entre la opinión pública canadiense y que han conseguido que la
sociedad civil presione al gobierno federal para que actúe y realice una investigación para esclarecer los asesinatos y promover el derecho a la seguridad de todas las mujeres, investigación a la cual por el momento, la administración de Harper sigue siendo renuente.
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