4/07/2014

5 comisiones legislativas a la medida de la polémica






Ante algunos temas que han desatado polémica, el Congreso de la Unión ha reaccionado con la creación de comisiones especiales de investigación y seguimiento.

De acuerdo con los reglamentos de las cámaras de Diputados y Senadores, estas instancias se crean con la finalidad de conocer más sobre una materia. Se establecen por acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y se extinguen al cumplir su objeto o al término de la Legislatura en la que se constituyeron.

¿Qué resultados han arrojado este tipo de comisiones? Te presentamos 5 casos de comisiones especiales creadas tanto en San Lázaro como en la Cámara Alta "a la medida" de la controversia.

1. Oceanografía
La empresa Oceanografía ha sido señalada por el gobierno federal de lavado de dinero y enfrenta la acusación de Citigroup de fraude contra Banamex, razón por la cual el principal accionista de la firma, Amado Yáñez, se encuentra en un arraigo de 40 días desde el pasado 24 de marzo, mientras la PGR investiga el caso.
El asunto se dio a conocer en febrero pasado, cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó irregularidades y sancionó a Oceanografía, contratista de Pemex, inhabilitándola por casi dos años para celebrar contratos públicos.
Días después, el banco estadounidense Citi, dueño del mexicano Banamex, acusó a Oceanografía de haberlo defraudado por más de 300 millones de dólares en un crédito que le había concedido.
La PGR tomó control de las instalaciones de Oceanografía con el fin de garantizar la viabilidad de las operaciones de Pemex. La empresa realizaba para la paraestatal servicios de transporte y alojamiento de personas, entre otras tareas.
Tras el revuelo causado por la noticia y los reclamos en la esfera política, el Senado de la República aprobó dar seguimiento a este caso a través de una comisión especial.
En principio, se anunció que esta comisión sería presidida por la senadora Arely Gómez, pero un día después la priista renunció a encabezar dicha instancia y explicó que mantiene un vínculo familiar con uno de los vinculados con el caso.
Este miércoles, el Senado nombró a Lisbeth Hernández Lecona del PRI como nueva presidenta.

2. Monex
Ante las acusaciones de rebase del tope de gastos de campaña por parte del PRI en la elección presidencial de 2012, presuntamente a través de monederos electrónicos del banco Monex, la Cámara de Diputados aprobó en noviembre de 2012 la creación de un órgano investigador, al cual denominó “Revisión del funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usurarios de Servicios Financieros”.
La comisión quedó integrada por 11 legisladores: cuatro del PRI, dos del PRD y uno del PAN, PT, de Movimiento Ciudadano, del PVEM y de Nueva Alianza; fue presidida por el diputado perredista Roberto López Suárez.
El pasado 11 de marzo, esta comisión acusó a la campaña de Enrique Peña Nieto de haber rebasado en 4,263.8 millones de pesos el tope de gastos permitidos.
Sin embargo, esta resolución no fue avalada por los integrantes del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza, por lo que sólo fue presentada por cuatro miembros del órgano legislativo.

3. Guardería ABC
El 5 de junio de 2009, 49 niños murieron y más de 70 resultaron lesionados por un incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, estancia infantil subrogada a particulares por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Tres meses después, la Cámara de Diputados aprobó la conformación de una comisión especial que abordara este hecho y a sus posibles responsables.
Esta instancia legislativa documentó que, tras el incendio, los padres de familia no pudieron localizar rápidamente a sus hijos por falta de información y acusaciones de negligencia médica por parte de los doctores que atendieron a los menores.
En julio de 2012, la comisión concluyó sus trabajos haciendo un exhorto a la entonces procuradora General de la República, Marisela Morales, para que esclareciera los hechos; además, el presidente de este órgano, Emilio Serrano, indicó que se consiguió atención médica especializada para los niños sobrevivientes y apoyos económicos para los padres.
El legislador aseveró que aunque fueron procesados alrededor de 26 exfuncionarios por este caso, otros supuestos implicados seguían libres. Al final, todos los indiciados quedaron en libertad.
Los funcionarios que fueron señalados, sin acción penal alguna, fueron: el exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas; el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours; quien fungía como director el IMSS, Daniel Karam; el procurador de Sonora en el momento del incendio, Abel Murrieta, y el entonces alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara.

4. El patrimonio de Fox
"Comisión Especial de Seguimiento a las Denuncias Presentadas por el Presunto Ejercicio Indebido de Servicio Público en la Presidencia de la República durante la Gestión de Vicente Fox con Relación a los Señalamientos del Incremento de su Patrimonio"... así se llamó al órgano de la Cámara de Diputados encargado de indagar el patrimonio del expresidente.
La comisión, creada en octubre de 2007 en San Lázaro, ya durante el sexenio de Felipe Calderón, fue extinguida en agosto de 2008. La investigación de la instancia parlamentaria presidida por el priista Víctor Leopoldo Valencia de los Santos no derivó en sanción alguna.
“No somos Ministerio Público, pero la gente tiene derecho a saber y conocer si algún servidor público, actual o del pasado o muchos de los que estuvieron y ahora tienen otros puestos en esta administración, cometió algún delito de carácter administrativo o de carácter penal, para que paguen por ello”, sostuvo Valencia en junio de 2008, a unos meses de cerrar la comisión.
Además, el priista acusó que la administración del panista Felipe Calderón tenía interés en encubrir al expresidente y a su esposa Marta Sahagún.
“Por eso no se ha movido una sola acción penal en contra de éstos (Vicente Fox y Marta Sahagún), pese a que es muy burdo y evidente su cínico enriquecimiento. No se necesita ser auditor especialista en la materia para poder evidenciar que hubo muchísimas transacciones de carácter millonario en donde estuvieron los mismos personajes participando”, dijo.

5. Los hermanos Bribiesca
En 2005 la Cámara de Diputados instaló una comisión especial para investigar una presunta red de corrupción con la cual se habrían beneficiado los hermanos Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del entonces presidente Vicente Fox.
La indagatoria de los legisladores incluyó la revisión de información de 10 secretarías de Estado y dependencias como Petróleos Mexicanos, Luz y Fuerza del Centro, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Oficina de la Presidencia, entre otras.
En enero de 2006 la comisión, encabezada por el expanista y entonces militante del partido Convergencia, Jesús González Schmal, determinó que sí hubo tráfico de influencias que beneficiaron a las empresas de los hermanos Bribiesca.
“Existen elementos que pudieran ser constitutivos de faltas administrativas y probables delitos (...) describe un escenario preocupante: tráfico de influencias, manejo de información privilegiada, dudoso origen de recursos económicos y operaciones de simulación jurídica para, a través de la condición privilegiada por la relación familiar, burlar la ley para obtener lucros indebidos”, señalaba un informe de la comisión citado por La Jornada.
En noviembre de 2006, el entonces procurador de la República, Daniel Cabeza de Vaca, determinó no ejercer acción penal contra los hermanos, a pesar que los diputados presentaron una denuncia. El caso fue cerrado.



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