En
el caso de la red de prostitución que manejaba Cuauhtémoc Gutiérrez
desde el PRI-DF, muy distinto está siendo el tratamiento del mismo
asunto en la PGR que en la PGJDF. Mientras la procuraduría federal ha
iniciado de oficio un “acta circunstanciada” para determinar si se
configura un delito en la conducta del ex dirigente priista, en la
procuraduría capitalina afirman que no han actuado porque no ha habido
una denuncia formal contra Gutiérrez de la Torre.
En tanto, en la PGR ya acudieron a declarar tres mujeres que
trabajaron como “edecanes” con Cuauhtémoc Gutiérrez, llamadas por la
SEIDO, en la procuraduría del DF aún están esperando que las jóvenes
afectadas se presenten a declarar, aunque tampoco aclaran si ya las han
buscado para pedirles su declaración. En el caso federal, la
Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada ya analiza las
declaraciones de las tres ex empleadas del PRI-DF para ver si se
configura el delito de “trata de personas”, por el que sería acusado el
dirigente con licencia del priismo capitalino en caso de encontrarse
los elementos.
Dos tratamientos distintos para un mismo caso, por parte de las dos
procuradurías, sugieren que hay diferente interés por ir al fondo del
escándalo de corrupción y presuntos delitos cometidos por Gutiérrez de
la Torre. En la PGR estarían ya armando un caso legal, buscando los
elementos legales necesarios, mientras en la procuraduría capitalina
prefieren proceder “con cautela”, aunque más bien parece que no quieren
proceder.
Está claro que a nivel federal hay mucho más posibilidades e interés
por investigar al ex líder priista del DF que en la propia ciudad donde
cometió los presuntos ilícitos. Eso se explicaría por la operación que,
desde Los Pinos, se ordenó para que Gutiérrez de la Torre abandonara el
PRI del DF. Como el dirigente se rebeló al primer aviso que le dieron
desde el CEN del PRI, advirtiéndole que se hiciera a un lado de manera
voluntaria o se procedería en su contra, una vez que se hicieron las
denuncias públicas lo que siguió fue su defenestración inmediata -en
forma de “licencia” temporal- y ahora una posible investigación federal
por el delito de trata.
En esa misma lógica, la lentitud con la que ha actuado la PGJDF
podría explicarse por las alianzas políticas que Cuauhtémoc Gutiérrez
tenía con el PRD del DF y en concreto con la
administración de Marcelo Ebrard, a partir de las cuales también
habría apoyado con votos priistas a la campaña del actual jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Aunque aún no hay una Averiguación Previa en la SEIDO, las malas
noticias para el dirigente priista son que su supuesto blindaje legal,
que serían las cartas que obligó a firmar a las jóvenes prostituidas
consintiendo la prestación de favores sexuales para él y para sus
invitados a fiestas y reuniones privadas, no lo eximiría de ser acusado
del delito de trata de personas, según la ley federal contra la trata
vigente.
Abogados y especialistas consultados aseguran que en el ordenamiento
federal, en contra de la trata de personas, el hecho de que las jóvenes
hayan firmado un documento en donde aceptaban ser informadas de que se
les podían requerir servicios sexuales carece de validez, porque pudo
ser firmado bajo coacción, y eso en todo caso no eximiría de
responsabilidad al dirigente priista.
Así que veremos si, al mismo tiempo que sigue la pasmosidad en el
Distrito Federal, en la PGR se encuentran elementos para configurar el
delito de trata, pero todo indica que Cuauhtémoc Gutiérrez cometió,
además de los presuntos delitos por los que se le investiga y por los
que podría ser acusado formalmente, el peor de los pecados políticos:
desafiar una orden que venía de arriba, muy arriba.
NOTAS INDISCRETAS… Aunque buena parte del debate de las leyes
secundarias de telecomunicaciones se ha politizado y, más que
argumentos técnicos lo que se esgrimen son posiciones políticas en el
caso de algunos grupos civiles o la defensa de intereses monopólicos,
en el caso de las empresas declaradas preponderantes, Telmex y Telcel,
lo cierto es que en el Senado tienen toda la intención de avanzar en la
aprobación de la ley antes de que termine el periodo de sesiones a
finales de abril. Por un lado está la posición dura de Javier Lozano,
presidente de la Comisión de Telecom, que afirmó que será entre el 21 y
el 22 de abril, en plena semana de Pascua, cuando se vote el dictamen
en comisiones para ser enviado al pleno, y por el otro está la posición
más conciliadora del líder del PRI, Emilio Gamboa, que se pronunció por
escuchar las propuestas del Ifetel y estudiarlas con seriedad, así como
“otras propuestas que sirvan para apoyar a los consumidores de
servicios de telecomunicaciones”. Es decir, que hoy en medio del
barullo y el ruido político, se pueden esperar dos cosas: una que los
senadores no tendrán vacaciones y si acaso descansarán los llamados
“días santos”, y dos, que habrá cambios en las iniciativas para
conciliar posiciones. Por lo pronto, la negativa de amparo a Televisa
por parte de un juzgado federal en contra de la Ley Telecom, da una
idea de que se podrán cambiar algunas cosas pero prevalecerán las
disposiciones antimonopólicas y contra los preponderantes, una de
ellas, esperemos los consumidores, será la de eliminar las tarifas de
interconexión… Los dados mandan Serpiente. Falló el tiro.
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