La reforma educativa ahora se anida como serpiente en el Distrito
Federal para anquilosar los derechos laborales del magisterio. Malos
tiempos vivimos en la capital del país con gobernantes que actúan a
semejanza del gobierno federal, a pesar de que la mayoría de la
población votó por una opción progresista.
En la ciudad de México se aplica un modelo de reforma educativa
incluso más agresivo que el impulsado por el gobierno de Peña Nieto. Se
arrebatan plazas de base para subastarlas en procesos de evaluación en
perjuicio de profesores con 10 ó hasta 15 años de antigüedad sin tacha
alguna en su expediente. Les dicen:
-Lo sentimos tu plaza entró a concurso y estás fuera del sistema educativo.
Al mismo tiempo deambula sin tropiezos por la Asamblea Legislativa
una propuesta para crear la Ley del Instituto de Educación Media
Superior. Con ésta, el gobierno del Distrito Federal quiere legitimar
despidos con el tronar de los dedos, anular la organización sindical y
el contrato colectivo de trabajo; imponer juicios sumarios de despido y
mandar la bilateralidad al incinerador.
A pesar de que la Asamblea Legislativa está impedida para aprobar
normas laborales al ser facultad exclusiva del Congreso de la Unión,
dos diputadas, una la perredista Yuriri Ayala Zúñiga y otra la panista
Priscila Vera Hernández, con el ansia de emular a diputados priístas y
panistas, quieren imponer a raja tabla la regresiva Ley General del
Servicio Profesional Docente en el Distrito Federal.
El artículo 35 de esa propuesta legislativa dice sin ambages:
-“La incorporación, promoción, reconocimiento y permanencia del
personal académico, incluido el personal técnico docente, deberá
sujetarse a lo dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional
Docente”.
Pretenden estas legisladoras, sin facultades para hacerlo, cambiar
de régimen laboral a los trabajadores del Instituto de Educación Media
Superior del Distrito Federal (IEMSDF) que pertenecen al apartado A del
artículo 123 constitucional para sujetarlos en adelante al apartado B
del artículo 123 constitucional para cancelar con ello su derecho de
huelga.
Esta modificación traería consigo sustituir su contrato colectivo de
trabajo que se revisa cada dos años, por condiciones generales de
trabajo, que en su caso se revisarían cada tres años y que por su
naturaleza no permiten reclamar su cumplimiento por medio de la huelga.
Esta propuesta legislativa es un retroceso muy grave en los derechos
de los docentes que laboran en el sistema de educación media superior
del Distrito Federal al no permitir de ninguna forma que la
organización sindical participe en los procesos de ingreso del personal
docente y técnico docente, en su promoción (que es el equivalente del
escalafón), en su reconocimiento (que es el proceso de evaluación
obligatoria) y en la permanencia en el empleo (que es el proceso de
separación de los docentes).
Es un sistema que se propone para que los profesores estén expuestos
a la separación inmediata sin que existan procesos de investigación
bilateral que permita al trabajador aportar mayores elementos en su
defensa antes de ser despedido.
Es una ley espejo como la aplicada por el gobierno federal, pero
ésta reduce aún más el ejercicio de los derechos colectivos en la
contratación colectiva y la huelga al proponer se aplique la
legislación burocrática. Se quiere convertir al sindicato con ésta
propuesta en un adorno, para que no acompañe, no participe, no reclame
y no defienda a sus agremiados.
El proponer que se les aplique la legislación federal burocrática
deja a los trabajadores que tienen funciones “técnicas, administrativas
y de control del Instituto” en personal de confianza. Dicho en otras
palabras sin derecho a reclamar la reinstalación o una indemnización
constitucional en caso de despido. Tratarlos como trabajadores de
excepción, sin derecho alguno a la estabilidad en el empleo. (Art. 34)
Se legitiman las contrataciones irregulares de honorarios para
evadir prestaciones de seguridad social y prestaciones laborales en
perjuicio del trabajo académico. (Art. 34)
El estatuto orgánico que es la normatividad máxima al interior de
ese centro educativo dará por válida la Ley General del Servicio
Profesional Docente en cada una de sus partes, lo que significará que
los profesores dejen de ser reconocidos como trabajadores, lo que
equivale a no ser considerarlos como personas en las decisiones
relativas a sus derechos laborales. Ser un simple objeto en el proceso
educativo a pesar de ser los agentes fundamentales del conocimiento en
el proceso de enseñanza aprendizaje.
Esta propuesta para crear la Ley del Instituto de Educación Media
Superior es un hecho lastimoso que violenta los derechos humanos de los
trabajadores del magisterio capitalino.
@Manuel_FuentesM
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