Alberto Aziz Nassif
Poco a poco se van perdiendo libertades y derechos. El último sexenio panista dejó un desastre de muerte, desapariciones forzadas y violación de derechos humanos. El regreso del PRI ha traído un retroceso y una sistemática criminalización de la protesta social. Diez organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos (Artículo 19, Centro Pro, Centro Vitoria, Todos los derechos para todos y todas, Fundar, IMDHD, Propuesta Cívica, Causa, CMDPDH, SERAPAZ) han realizado un documento, Control del Espacio Público, en donde analizan qué ha pasado desde el 1 de diciembre de 2012.
Una regla básica de la democracia es el respeto a los derechos de manifestación y de expresión, a la protesta social. Cuando se empieza a reprimir y criminalizar las acciones se compromete de forma importante este mecanismo que “no pasa por un buen momento en la actualidad” (p. 5). Según el documento la criminalización asumen diversas formas: represión desproporcionada, persecución penal, descalificación automática. Se traslada el conflicto del espacio político al judicial con una sobre-regulación. Desde el regreso del PRI, dicen estas organizaciones, se ha “observado en México un proceso sistemático de violaciones al derecho a la protesta y contra la libertad de expresión” (p. 9). Se tienen un registro de los hechos del 1 de diciembre de 2012, en 2013 en varias fechas, 10 de junio, 1 de septiembre, 13 de septiembre, 2 de octubre y 1 de diciembre.
Una de las tensiones es el incumplimiento de los estándares internacionales, mediante regulaciones que vulneran los derechos. En México ya circulan en el Congreso de la Unión y en la Asamblea del Distrito Federal una serie de iniciativas encaminadas al control y la criminalización directa: la Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas (presentada por el PAN, PRI y PVEM en el Senado el 20 de noviembre de 2013); Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal (Ley Sotomayor, PAN); leyes en los estados de Jalisco, San Luis Potosí y Quintana Roo. Además de otros ordenamientos de criminalización indirecta; en estos días está la iniciativa de Peña Nieto, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual deja al criterio discrecional de las agencias del Estado el control de las telecomunicaciones para bloquear señales en “eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional” (p. 25).
Sin duda, el contrapeso que hacen las organizaciones que defienden el ejercicio de libertades y derechos humanos es fundamental. La campaña nacional “Protestar es un derecho, Reprimir es un delito”, se ha vuelto a lanzar como un mecanismo de monitoreo. En su planteamiento sobre el papel de la sociedad civil organizada en una democracia, el autor francés Pierre Rosanvallon desarrolla el concepto de “contrademocracia”, como la forma de vigilancia, observación, crítica social, que se tienen que hacer frente a los abusos del poder. Esta tesis es importante sobre todo en países como el nuestro en donde el estado de derecho es débil y la democracia es “delegativa” (O’Donnell).
Las protestas sociales de la primavera árabe fueron el vector para desmontar regímenes autoritarios; poco tiempo después llegaron los rebotes autoritarios que se resisten ante la voz de la calle. La crisis reciente en países desarrollados ha generado también protestas que visibilizan el malestar social por el crecimiento de la desigualdad, el desempleo y la precarización de las condiciones de vida. La voz de los indignados, los okupa, los estudiantes, expresan que la democracia representativa no los incluye.
La batalla por las libertades y el respeto a los derechos humanos en México va para largo. El control de la protesta es una pieza importante de un tablero en donde el sistema político excluye a una parte de la sociedad que manifiesta su inconformidad ante un sistema político esclerotizado. Una de las principales tareas de la ciudadanía será tener encendidas las alertas porque el escenario de control del espacio público es una lucha que no se puede perder, ya sea en contra de leyes regresivas, de criminalización de protestas o de reducción de derechos.
@AzizNassif
Investigador del CIESAS
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