Denuncian periodistas falta de protección y crímenes contra colegas

Escrito por Gloria Analco

Ciudad de México, agosto (Especial de SEMlac).- En los primeros ocho meses del año, 52 mujeres periodistas han sido agredidas. Una de ellas, Citlali Luciana López Velázquez, de Oaxaca, por escribir en favor de una mujer; algunas, por no ceder ante su patrones; otras, por atender sus actividades profesionales. Un total de 12 han sido agredidas en la capital del país, que se creía segura, todo ello según los reportes de la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP), conocidos por SEMlac. A las agresiones de mujeres profesionales de la comunicación se agregan 433 casos de hombres y cuatro asesinatos en lo que va de 2014, sin que las autoridades hayan mostrado interés por investigar, según declaraciones de la comisionada de género de la CDP, Sara Lovera, al participar en el Foro "Violencia, poder y libertad de expresión", realizado a mediados de agosto. El 15 de agosto, el gobierno mexicano debía responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que inquirió al gobierno para que cesen los agravios y asesinatos a periodistas en el país. LA CIDH considera que México es la nación más peligrosa para ejercer la profesión. La CIDH intervino a solicitud de Miguel Badillo, director de la revista Contralínea. Acosada durante cuatro años, las oficinas de esa publicación fueron asaltadas este 2014 y robados expedientes periodísticos y equipos de cómputo. Apenas en julio, fue allanada una vivienda personal del director, rentada a una compañera periodista, cuya vida e integridad fueron puestas en riesgo. Hace dos años también mataron a la administradora de Contralínea. Por ello, en menos de una semana, la CIDH acordó llamar al gobierno de México a ofrecer medidas precautorias a todo el personal de la revista semanal Contralínea, puesto que, afirma el acuerdo, la vida e integridad personal de los miembros de esa publicación "se encuentra en un estado de riesgo inminente". En el foro se recordó que el gobierno federal fue notificado el 30 de julio y tenía de plazo hasta el 15 de agosto para dar una respuesta a las recomendaciones de la CIDH, por acuerdo de su pleno el pasado 18 de julio, encabezado por Tracy Robinson, presidenta de esa Comisión. También intervino en el foro el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarrubias, quien anunció que ese órgano legislativo alista una ley integral a favor de periodistas y defensores de los derechos humanos, para que tengan garantías de seguridad y certidumbre en el ejercicio de su profesión. Granados Covarrubias aseguró que seis de cada 10 amenazas contra periodistas provienen de funcionarios públicos y el resto del crimen organizado, y señaló que, en algunos estados de la República, para vulnerar la libertad de expresión, han legislado e impuesto la "ley mordaza". "Quieren garantizar impunidad y se la están procurando por todos los medios", dijo. Durante el foro, la fracción legislativa del partido Movimiento Ciudadano se comprometió a apoyar las tareas de la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) y a intervenir en lo que haya lugar para que el gobierno del Distrito Federal cumpla con el mandato de abrir un refugio para las y los periodistas que corren riesgo en la República. También a que cumpla el jefe de gobierno, Miguel Mancera, con los compromisos contraídos con esa asociación, a la que pertenecen Sara Lovera y Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Lovera propuso que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal investigue el destino de los recursos destinados a garantizar la libertad de expresión y presupuestados por ese órgano al gobierno capitalino. Además, demandó su intervención para lograr el cumplimiento de los compromisos contraídos con la CDP, a fin de que pueda continuar su trabajo de seguimiento, asesoría jurídica y protección a favor de periodistas bajo persecución y amenaza de muerte. Pidió al órgano legislativo, organizador del Foro conjuntamente con la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, que llame a comparecer al jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera, para que informe a la Asamblea sobre las tareas de protección a periodistas y las garantías que ha instrumentado su gobierno en apoyo a la libertad de expresión. Como representante de la CDP, Lovera pidió asimismo el apoyo del foro para que se hagan efectivas las recomendaciones al Gobierno Federal de la CIDH en el caso de la revista Contralínea, sus directivos y trabajadores. Se trata de un caso emblemático, dijo, por reunir todos los tipos de agresiones contra las y los periodistas en México: intimidación, daño económico, obstrucción a su ejercicio periodístico y amenazas de muerte, entre otros. Veracruz y Distrito Federal son las dos entidades que registran mayor número de agresiones contra periodistas mujeres: 11 y 12, respectivamente, precisó la periodista y activista. Recordó que entre 2000 y 2013 fueron asesinados 76 periodistas y desaparecidos otros 16. Entre los asesinados se encuentran, al menos, 25 mujeres periodistas. Agregó que hay zonas y regiones del país donde es casi imposible desarrollar la profesión, por las condiciones de violencia, cacicazgo y poderes que pretenden controlar la palabra. "La libertad de expresión está acotada por los intereses de poderes diversos", dijo. Lovera precisó que la Casa de los Derechos de Periodistas ha identificado 52 agresiones a mujeres periodistas en lo que va de año y un caso particularmente preocupante es el de Citlali Luciana López Velázquez, del estado de Oaxaca. López Velázquez fue amenazada por el perredista y dirigente del Frente Amplio de Lucha Popular (FALP), Gervasio Martínez, por su cobertura periodística en el caso de Elizabeth Sánchez González, quien ganó el fallo del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca para ocupar el cargo de Síndica en el Municipio de Tlacolula de Matamoros, para el cual había sido electa y encontró fuerte oposición. Consideró emblemático este caso ante la previsible violencia política que puede incrementarse contra las mujeres, debido a la aprobación de la paridad electoral. Muchos periodistas, al hacer la cobertura y apegarse a los hechos, pueden estar en grave riesgo, consideró. Entre las periodistas agredidas en el presente año están: Carmen Aristegui, quien dirige un programa de radio con amplia audiencia y crítico de la actuación gubernamental y empresarial; y Denis Dresser, periodista y politóloga, quien acostumbra hacer duras críticas a figuras del ámbito público y privado. Ambas han sido objeto de campañas de descrédito. Sara Lovera alertó sobre los peligros de que las autoridades no se empleen a fondo para resolver la violencia contra periodistas y recordó que, en 2009, cuando se recrudecieron más las agresiones, la Comisión de Derechos Humanos y el gobierno del Distrito Federal supieron dar una respuesta. Entonces enfrentaron la situación con un paquete de políticas públicas que contó con el apoyo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, incluida la aprobación de dos planes legislativos que reconocían derechos humanos de cuarta generación y que fuera respetada la confidencialidad de las fuentes usadas por los periodistas. Con esas decisiones, la capital de la República se colocó legislativamente a la vanguardia, indicó Lovera, además de que la asamblea aprobó una Casa de Refugio para Periodistas en Riesgo, a donde podían llegar también muchos periodistas agredidos y perseguidos desde otras provincias donde falta atención a sus demandas de seguridad. También en ese tiempo, dijo, se instaló una mesa especializada en atención a los delitos contra la libertad de expresión y otra mesa multisectorial por la libertad de expresión, para propiciar un diálogo entre los poderes de la capital, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Luego se aprobó una ley y un consejo social multisectorial de gobierno, y todo parecía que iba bien, agregó. Sin embargo, a la mesa especializada de fiscales de la Procuraduría del Distrito Federal no la habilitaron para actuar judicialmente, al no ser modificado el Código Penal del Distrito Federal, señaló. Fue precisamente en ese proceso que pudo fundarse la Casa de los Derechos de los Periodistas, para lo cual el gobierno del Distrito Federal firmó compromisos, entre otros crear un refugio para instalar periodistas perseguidos en el interior de la República. Pero, hasta la fecha, esa Casa Refugio no existe, denunció. Explicó Sara Lovera que la Casa de los Derechos de Periodistas, asociación civil que ella administra, se ha convertido en un singular "centro civil de servicios", que ha tenido que operar sin la Casa Refugio y que está en riesgo de cerrar sus puertas por falta de recursos financieros, a pesar de que fueron establecidos en la política pública de protección del gobierno capitalino. No obstante, la CDP ha dado fuerte apoyo a la creciente demanda de auxilio por parte de muchos periodistas. De enero de 2011, cuando comenzó a operar la CDP, a la fecha, se han realizado 113 intervenciones para atender a 1.040 periodistas de 24 entidades de la República; 30 intervenciones de protección cautelar; 50 de protección correctiva y 32 de preventiva, informó Lovera. Esas cifras dan idea de la magnitud del problema de violencia contra los periodistas en México, señaló Lovera y agregó que ha sido muy poca la colaboración de las instancias de protección gubernamental, además de que falta una política clara al respecto en el Distrito Federal. Pese a la falta de intervención del gobierno capitalino para resolver esta problemática, Rogelio Hernández, representante de la CDP, declaró estar asombrado por recientes declaraciones del gobierno capitalino, en el sentido de que, con su programa de protección a la libertad de expresión, "se han atendido 48 casos con medidas de seguridad y de apoyos sociales… del total de casos atendidos, el 70 por ciento tiene sus fuentes de amenaza en sus entidades… también participan al menos 22 organizaciones de la sociedad civil". Lovera pintó una realidad muy distinta. Los integrantes de la CDP suponían que en la Ciudad de México, considerada la "capital de las libertades", los periodistas perseguidos y amenazados iban a encontrar alivio, solidaridad, refugio y seguridad. En cambio, sostuvo, la violencia en el Distrito Federal es preocupante y, más que instancias diversas, comisiones, aparatos y leyes, se requiere de voluntad política y sensibilidad social, y que sea institucionalizada la participación de la sociedad civil, bien representada y con periodistas, y no mediante contadores de agravios y elaboradores de informes.