por Araceli Damián
Foto: Saúl López/ Cuartoscuro
¿Qué tan cierto es que se hayan creado esa cantidad de empleos?,
¿cuáles son las características de los nuevos empleos? y en ¿qué medida
contribuyen al progreso y a una mejor calidad de vida en el país?
En primer término, cabe señalar que esa cantidad de empleos es
insuficiente para atender el crecimiento de la fuerza de trabajo en
México. De acuerdo con la ENOE (Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo), entre el segundo trimestre (abril-junio) de 2012 y
el respectivo de 2016, la población en edad de trabajar (de 15 años y
más) creció 5.3 millones;mientras que los ocupados en 2.4 millones. Es
decir, se “creó” un déficit adicional de casi 3 millones de empleos en
esos dos años.
Aunque no toda la población que cumple quince años entra directamente
al mercado laboral, al segundo trimestre de 2016 el déficit de empleos
es de casi de 8 millones, que corresponden a más de 2 millones de desempleados
y a otros 6 millones de personas que, aunque pertenecen a la población
económicamente no activa, están disponibles para trabajar, pero que ya
no buscan un empleo pues han perdido la esperanza de encontrarlo.
Al incluir a la población no económicamente activa disponible como
activa, podemos estimar la verdadera tasa de desocupación en México, que
se ubica en 13.5% y no en 3.9% de la PEA (Población Económicamente Activa), como nos quieren hacer creer las cifras oficiales.
Más allá del déficit adicional de empleos y aún suponiendo que se
hayan crearon los 2.4 millones de empleos en lo que va del sexenio de
Peña, falta por ver la calidad de los mismos. Al analizar los datos de
la ENOE, podemos afirmar que ha habido un deterioro de las condiciones
de trabajo, ya que hubo un cambio regresivo en la composición de los
trabajadores según su nivel de ingreso. Así, el número de trabajadores
con ingresos de dos salarios mínimos o menos subió de 18.2 a 21.7
millones entre 2012 y 2016. Por otra parte, en lo que va del sexenio se
destruyeron 2.4 millones de empleos con ingresos superiores a dos
salarios mínimos. Es decir, el gran logro de Peña fue aumentar
el número de trabajadores con ingresos de hambre, mientras que se
destruyeron los medianamente y mejor pagados. Lo anterior sin
contar que existen 4.5 millones de trabajadores que no recibían un
salario, o que sólo perciben propinas y ‘‘comisiones”. Además de que
casi 15 millones de ocupados trabaja más de 48 horas a la semana, lo
cual constituye una violación al derecho constitucional de los
trabajadores al descanso.
Por otra parte, continúa siendo abrumadora la cifra de ocupados sin
seguridad social, que asciende a 32.1 millones. Si bien es cierto que la
ENOE reporta un aumento en la población con acceso a la seguridad
social (de 17.2 en 2012 a 19 millones en 2016), casi toda ésta proviene
los trabajadores que se regularizaron a partir de los incentivos
otorgados por el IMSS para ese efecto. Es decir, no son empleos nuevos y el aumento relativo de la cobertura fue muy bajo (de 35.1% a 37%).
Si bien la ampliación de los asegurados al IMSS puede fortalecer los ingresos del IMSS,
como asegura Peña, lo que no toma en cuenta es que se trata de
población con ingresos muy bajos, pero con las mismas necesidades de
atención a la salud y prestaciones (guardería, pensión por incapacidad o
vejez, etc.). Por lo tanto, el Instituto recibe menor ingreso promedio
por trabajador y enfrenta mayores presiones de demanda de servicios.
Pero además Peña no reconoce los problemas reales del IMSS, ya que en
sus discursos omite mencionar que la viabilidad financiera cacareada se
refiere sólo a los próximos tres años. Por otra parte, según cálculos
del Instituto para 2050 tendrá un crecimiento en sus
ingresos del orden de 2.4% en promedio anual, mientras que los gastos
aumentarán a una tasa de 2.9%; lo que provocará que se sigan utilizando
sus reservas para hacer frente a los déficits y el gobierno tendrá la
obligación de resarcir dichos fondos.
Lo que el gobierno y los empresarios no han entendido es que el modelo económico basado en el “libre” mercado ha fallado
y que, si no se fortalecen los derechos sociales tendremos una sociedad
envejecida, sin empleo y sumida en la pobreza. Lo anterior no sólo se
debe a los bajos salarios, sino también a la reducción relativa del
empleo a nivel global, resultado de la acelerada automatización de la
producción.
Nos encaminamos también hacia un proceso acelerado de envejecimiento
de la población, con un perfil de morbilidad complejo, que requerirá
grandes recursos para la atención a la salud, debido a que según
estimaciones recientes uno de cada tres niños en México padecerá diabetes en su vida,
como consecuencia de los patrones de consumo obesigénicos, promovidos
por las grandes corporaciones productoras de alimentos y bebidas.
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