Plazo para aprobar Ley venció el 5 de enero
Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos exhortaron a la Cámara
de Diputados a no demorar más la aprobación de la Ley General de
Tortura que debió estar lista desde el pasado 5 de enero, fecha en que
se cumplió un año del límite establecido por el Congreso de la Unión.
En un comunicado organizaciones que trabajan con sobrevivientes de
tortura y familiares de víctimas llamaron al órgano legislativo a
aprobar una ley que erradique esta práctica, que fortalezca los
controles de prevención, establezca sanciones y elimine cualquier
posibilidad de utilizar pruebas obtenidas bajo tortura en procesos
judiciales.
Agrupaciones como los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez; Tlachinollan; Zeferino Ladrillero; Asociadas por lo Justo; el
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad; y la Red Nacional de
Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y
Todos llamaron la atención por la dilación en la expedición de una ley
en esta materia.
Las organizaciones recordaron que en numerosas ocasiones se han
pronunciado ante la Relatoría Especial sobre Tortura de la ONU y ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la grave crisis
de tortura generalizada que existe en el país; mientras que los
organismos internacionales han señalado la necesidad de contar con
marcos normativos acordes a los más altos estándares internacionales
para erradicar esta práctica.
En un primer momento, recordaron las organizaciones, el Senado aprobó
una minuta de Ley General para Prevenir la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, con avances considerables para
cumplir con los más altos estándares de Derechos Humanos. Desde mayo de
2006 esta minuta de ley se encuentra en la Cámara de Diputados, en donde
se frenó el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y
personas expertas.
Esto originó que en el último día del período legislativo anterior –el
15 de diciembre de 2016– la Cámara de Diputados pretendiera votar un
dictamen sobre la ley, que modificaba regresivamente el contenido.
Las organizaciones denunciaron que las Comisiones de Justicia y de
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pretendieron eliminar
diversas causales para que un caso de tortura se investigara en
instancias federales; y restringir la facultad actual de las y los
jueces de ordenar una investigación cuando personas procesadas
penalmente denuncien haber sido objeto de tortura.
En el legislativo, expusieron las organizaciones, también se pretendía
limitar los casos en que proceda la separación de agentes posiblemente
implicados en tortura, crear un registro de víctimas de tortura
únicamente a partir de casos judicializados, dejando fuera los casos
donde los presuntos responsables no enfrentan un proceso penal.
Aunado a lo anterior, dichas comisiones no contemplaron mejorar y elevar
los estándares de la ley aprobada por el Senado -que en opinión de las
agrupaciones- si bien contiene avances, aún cuenta con algunas
deficiencias como la tipificación de la tortura y la falta de
disposiciones claras para establecer responsabilidad de las y los
superiores jerárquicos que autoricen, toleren o de otra forma incurran
en responsabilidad por actos de tortura.
En diciembre de 2016, el Subcomité para la Prevención de la Tortura
(SPT) de la ONU visitó México para documentar la prevención efectiva de
la tortura. Al término de su visita a diversos centros de privación de
libertad, así como de entrevistas con autoridades mexicanas y
organizaciones de la sociedad civil, la comitiva concluyó que “las
diversas definiciones del delito de tortura continúan generando lagunas
reales o potenciales para la impunidad”.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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