Por Andrea Montes Renaud -
En
suelo norteamericano, todo inmigrante tiene derecho a permanecer
callado; a no evidenciar su acento natal; a pedir un abogado; a hacer
una llamada; a no especificar su nacionalidad; a comunicarse en su
idioma.
Tiene derecho a no abrir la puerta de su casa si llega la
policía por él o su familia, y tiene el derecho a exigir que todo
documento esté sellado, firmado, y que especifique su nombre completo y
correcto. Existen millones de inmigrantes en Estados Unidos que son
tratados denigrantemente y que no conocen que ellos, aunque llegaron de
manera ilegal, también tienen derechos.
César Chávez será
recordado por denunciar las injusticias hacia la comunidad latina. Por
levantar protestas a favor del empleo digno de migrantes mexicanos en el
campo y luchar contra su deportación. Por eso, recordar su legado hoy
resulta relevante. El debate sobre inmigración en EU ha ganado una
considerable centralidad en los ámbitos público, político y académico.
Sin embargo, aún quedan muchas incógnitas sobre la represión que
ejercerá Donald Trump sobre los inmigrantes.
“El asunto es que
venimos de una administración que fue violenta. Pero fue una violencia
disimulada, endulzadora. Con la administración entrante tenemos una
violencia que no esconde su odio y rechazo. Que es frontal”, explica
Zorayda Ávila, directora de la sede en Chicago de la Red Mexicana de
Líderes y Organizaciones Migrantes, que lleva más de 13 años trabajando
para la comunidad migrante a nivel nacional, y que tiene presencia en
ciudades como Boston, Carolina del Norte, Los Ángeles, para brindar
atención y protección a los derechos de la población migrante. Esta es
una Red de alianzas entre diferentes organizaciones con una
particularidad: todas están formadas por líderes migrantes y por
personas que han vivido la misma condición que millones de migrantes en
EU.
Violencia directa
La violencia
incrementó entre las comunidades y en la división entre las propias
familias que son desmembradas con las deportaciones, porque además el
propio presidente electo promueve y avala la xenofobia y el racismo.
“Cuando
hablamos de violencia hacia la comunidad migrante”, comenta Zorayda
Ávila “ésta es diferente a la de Obama, porque con él se habían hecho
muchas promesas de campaña, que ahora se quedan inconclusas y que con
Trump el ataque es frontal y directo hacia la comunidad”.
La
entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu,
recomendó medidas simples, como extender las horas de los servicios
legales en 50 consulados mexicanos en EU, pero no es suficiente. Reducir
el problema de los mexicanos indocumentados al discurso xenófobo de
Trump y el racismo, es en extremo simplista. Los mexicanos enfrentan
muchos más problemas en EU.
Por otro lado está el tema de las
deportaciones masivas. ¿Qué va a hacer México con tantas deportaciones?
¿Realmente está preparado para acoger a tantos millones de mexicanos?
“Esa
es otra de nuestras principales preocupaciones: la desintegración de
las familias. Pero también que México no esté preparado para recibirlos,
y tampoco listo para desarrollar programas de integración de los
jóvenes que crecieron y se criaron acá. Mucho menos que el país tenga la
capacidad económica para atender el problema”, comenta Ávila.
Ella asegura que incluso han recortado los presupuestos de los programas de ayuda al inmigrante en México.
También le preocupan los cambios que habrá hacia los que están establecidos y tienen papeles desde hace muchos años, como ella.
Un negocio
También
está en juego el programa de Acción Diferida por Llegadas de la Niñez, o
DACA, que ha proporcionado un refugio temporal a los inmigrantes
traídos a los Estados Unidos como niños, que además otorga permisos de
trabajo.
“Con su pluma, Trump podría terminar el programa DACA en su primer día en el cargo”.
En
2014, hubo un estimado de 11.1 millones de inmigrantes no autorizados
en los Estados Unidos, y alrededor del 52 por ciento eran mexicanos.
Trump ha dicho que deportaría o encarcelaría de 2 a 3 millones de personas que él cree, tienen antecedentes penales.
Aunque
el Instituto de Políticas de Migración, con sede en Washington DC, lo
contradice, pues estima que “hay cerca de 820 mil inmigrantes no
autorizados con condenas criminales y de delitos menores”.
La especialista insiste, que la cosa es generar presión.
“Por
ejemplo, también las empresas quieren implementar una verificación para
toda las personas que tienen papeles para residir en EU. De esta manera
van a comprobar que no se trate de papeles falsos. Y esto obviamente va
a incrementar el crimen, porque con el pánico, la gente va a buscar
organizaciones delictivas que les saquen papeles falsos.
“Pero
también puede derivar en el incremento de la explotación y chantaje de
los empresarios hacia indocumentados que van a aceptar trabajar por
menos dinero, con tal de esquivar la verificación”.
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