8/04/2018

La trata atenta contra los derechos humanos de las mujeres, no contra las fronteras

 30 de julio: Día Mundial contra la Trata de Personas

Mientras los gobiernos destinan cada vez más presupuestos a campañas sobre la trata, blindan sus fronteras, obligando a las mujeres a acudir a las redes que las puedan traer a Europa

 Gloria López

Madrid, 31 julio. 18. AmecoPress. Según datos de la Estrategia de la Unión Europea para la erradicación de la trata de seres humanos, el 80% de las víctimas de trata son mujeres, de las cuales un 12% son niñas y, en relación con la trata para la explotación sexual, el 96% son mujeres: de ahí la necesidad de abordar este fenómeno desde una perspectiva de género y de infancia.

Si bien trata e inmigración no siempre van unidas, los procesos migratorios, de desplazamiento y búsqueda de refugio evidencian la necesidad de un enfoque que priorice los derechos humanos y no la persecución de la inmigración ilegal y el cierre de fronteras.

La celebración el 30 de julio del Día Mundial contra la Trata se sitúa este año en medio de “una envenenada atmósfera política antinmigración”, utilizada desde el poder con gran irresponsabilidad y consentida por la ausencia de respuestas contundentes por gran parte de las poblaciones. Pero también, hay que ponderarlo, en medio de un auge de la solidaridad, que no por estar amenazada es menos destacable: resistencias, procesos de autoorganización de las personas inmigrantes y defensa de la acogida. 

La relatora especial contra el tráfico de personas, Maria Grazia Giammarinaro, señala que “los Estados alrededor del mundo deben actuar para mejorar sus esfuerzos en prevenir y combatir” este flagelo “asegurando que las víctimas y potenciales víctimas son consideradas y tratadas como titulares de derechos humanos”.

Pero este enfoque no es el que predomina en el diseño de las estrategias políticas, ni mucho menos. El cierre de fronteras de la Unión Europea y EEUU fuerza a miles de mujeres a acudir a las redes de trata para llegar a sus tierras e intentar mejorar sus vidas y las de sus seres queridos. Si logran escapar de sus tratantes y consiguen pedir ayuda, ya en el país de destino, la mayoría de las veces quedan en la clandestinidad, sin posibilidad de acceder a los papeles y, por tanto, sometidas a la discriminación y la desesperanza. Mientras, los gobiernos destinan cada vez más presupuesto a campañas de sensibilización contra la trata, ese gran negocio que mueve miles de miles de millones de euros cada año, sin buscar la raíz de su existencia: la creciente desigualdad Norte-Sur y el fracaso de un sistema depredador. 

En una declaración publicada con motivo del Día Mundial contra la Trata Giammarinaro afirma: “muchas personas víctimas de los traficantes son migrantes, incluidos refugiados y solicitantes de asilo, que han decidido abandonar su país por diversas razones, como por ejemplo conflictos, desastres naturales, persecución o pobreza extrema. Han dejado atrás su red de protección social y son particularmente vulnerables al tráfico y la explotación”.

La experta señala que existe actualmente “una atmósfera política antinmigración envenenada” en la que “a menudo los migrantes son descritos como una amenaza, cuando en realidad contribuyen a la prosperidad de los países de acogida en los que viven y trabajan”. En este contexto, el discurso contra la trata a menudo se usa indebidamente para justificar políticas de migración restrictivas y acciones que llevan a un retroceso: “Repudiar los enfoques xenófobos y racistas, así como la violencia, el odio y la discriminación, es un deber moral que está en el poder de todos”, asegura la relatora. 

Cada año, se incrementa el número de desplazamientos de personas refugiadas y migrantes según el primer Estudio Mundial sobre el tráfico ilícito de migrantes, publicado recientemente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En este informe se explica la interconexión que existe en muchos casos entre la Trata de Personas con fines de explotación y el Tráfico ilícito de migrantes. Se explicita cómo muchas veces durante los tránsitos, las personas que acuden a las redes de tráfico ilícito de migrantes se enfrentan, frecuentemente, a violencia, violaciones, robos, secuestros, extorsiones y también a la trata de seres humanos. Corren el riesgo de ser explotadas tanto durante el viaje, como en el país de destino y la situación administrativa irregular en la que se encuentran les sitúa en una gran vulnerabilidad.

También la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) menciona en su último informe que atendió a mujeres que relataron haber sufrido violencia sexual por parte de Fuerzas y Cuerpos de seguridad en Marruecos o de compañeros de viaje, “parejas” a las que percibieron como “protectores” a lo largo de la ruta a cambio de favores sexuales como forma de supervivencia y “protección”.

Defender los derechos humanos y una vida sin violencia

Helena Maleno dedica su vida a “defender la vida”. Sabe, por propia experiencia y por la labor que ha desarrollado durante años, que las mujeres migrantes y las mujeres defensoras de los derechos humanos enfrentan una mayor violencia por el hecho de ser mujeres. “Existe una violencia que se dirige a la condición de mujer: a tu cuerpo, a tus hijos”. Y en el caso de las mujeres que emigran, durante el tránsito y también en el país de destino tienen que enfrentar la violencia sexual, “un peaje que se asume como parte del viaje”.

La defensora acaba de participar en un estudio realizado a partir del testimonio de 101 mujeres nigerianas. “Por primera vez las mujeres hablan de feminicidio racial en las fronteras, denuncian que las ven como pobres, putas y malas madres y hablan de la violencia sexual como “una estrategia para no morir””. Y recuerda que estas mujeres “tampoco tienen derecho a no migrar”. Maleno defiende que tenemos que acoger cuando las instituciones no acogen y que tenemos una responsabilidad con el discurso racista, presente incluso dentro de los centros de acogida. “Hay que dar voz a las compañeras. Necesitamos que la acogida sea un proceso y que las mujeres decidan qué hacer y cuando”. Y afirma: “Ante las políticas de horror y muerte, nosotras construimos políticas de amor y de vida”.

Porque está demostrado: la falta de solidaridad y de compromiso con las personas refugiadas y migrantes contribuye al incremento de la violencia en las rutas y una vez más, mujeres y niñas son las más perjudicadas. Las organizaciones denuncian que la trata se siga abordando como un problema de extranjería –y más concretamente de persecución de la inmigración ilegal- y no desde el enfoque de derechos humanos, y que se sostengan estereotipos que dificultan la lucha contra diversas formas de explotación. “El punto central de todo estudio de la trata debe ser el reconocimiento de que vulnera numerosos derechos humanos”, afirma Teresa Fernández, abogada especializada en temas de trata de la organización Women’s Link. “Además, hay que tener en cuenta que la trata constituye una forma violencia de género y, por tanto, es una forma de discriminación por género prohibida por la normativa internacional, regional y nacional”.

La protección

Actualmente en España, gran parte de la protección que se les ofrece a quienes sufren trata reside en su calidad de testigo y su predisposición para colaborar con la justicia. "Eso es una limitación enorme. Una víctima es víctima porque ha sufrido un delito, no porque se decida a colaborar. Además, en caso de acceder a "colaborar con la justicia", la declaración de la víctima deberá ser coherente y no contradecirse.

“No es fácil generar las condiciones que permitan que las víctimas cuenten lo que les está pasando, mucho más en el caso de las menores”, explican las ongs especializadas en trata y que cuentan mucha experiencia en atender a las víctimas.
Cómo están establecidas las condiciones y los recursos para la protección de las víctimas de trata es una de las muestras más evidentes del error de enfoque en la lucha contra una forma de violencia que es a la vez un negocio rodeado de opacidad que otorga muchísimos beneficios económicos. El hecho de que la protección a las víctimas se recoja en la Ley de Extranjería habla mucho de la perspectiva que se le da.

Entre otras cosas, este enfoque imposibilita además que las personas víctimas de trata españolas o que pertenecen a la Unión Europea queden protegidas, pese a que Rumanía y Bulgaria sean dos de las principales nacionalidades de procedencia de algunas de las víctimas de trata que llegan a nuestro país.

Respecto de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, hay que tener en cuenta que tanto el Protocolo de Palermo como el Convenio Europeo de lucha contra la trata y directivas europeas dictadas en materia de trata prevén la posibilidad de que la víctima se acoja al régimen de protección internacional, que pueda solicitar asilo y ser reconocida como refugiada o como beneficiaria de protección subsidiaria.

Pese a este reconocimiento formal de la trata como forma de persecución, mujeres y niñas víctimas de trata para la explotación sexual no son consideradas personas necesitadas de protección internacional porque la trata es considerada como un delito a perseguir y como una cuestión migratoria más que como una cuestión de protección internacional.

En concreto en España han existido muchas reticencias a reconocer a mujeres víctimas de trata como necesitadas de protección internacional, la trata de personas para la explotación sexual es difícilmente reconocida como persecución y la mayor parte de casos se canalizan a través de la ley de extranjería.

Ley integral

La trata de seres humanos es un fenómeno complejo y global, que exige coordinación y formación entre todas las autoridades y recursos que intervienen en el proceso de detección, protección de las víctimas y persecución del delito.
Los criminales siempre van por delante de la policía. Se adaptan muy fácilmente a los cambios. Las formas de explotación también son múltiples. Además de la explotación sexual, otras variantes de la trata de personas son los matrimonios forzosos, el tráfico de drogas, la explotación laboral, la venta de órganos o tejidos, y la experimentación biomédica.

“Es el momento de apoyar una Ley Integral de Prevención, Asistencia y Protección a las víctimas, que establezca un mandato a todas las administraciones, asegurando la cooperación y coordinación entre todos los organismos implicados para la atención integral a las víctimas”, defiende APRAMP en un manifiesto difundido con motivo del Día Internacional contra la trata. La organización insiste en colocar a las víctimas en el lugar central de cualquier política y cualquier intervención: “El enfoque de derechos humanos y de género debe poner a la víctima en el centro de todas las actuaciones con independencia de su situación administrativa y procedencia”, asegura.

La aprobación de una Ley Integral de Lucha contra la Trata de Seres humanos y Protección a las Víctimas ofrecería más garantías a las personas que sufren esta enorme violación de derechos humanos. Es lo que defienden las organizaciones que forman parte de la Red contra la Trata en el Estado español: Women’s Link, APRAMP, Proyecto Esperanza, entre otras. La Ley podría ser una herramienta para consolidar la perspectiva que sitúa a las víctimas en el centro de todo y garantizar un enfoque integral basado en derechos humanos. Una ley contribuiría también a algo fundamental: cambiar la percepción que la sociedad tiene sobre la trata y empezar a abordarla como un problema de derechos humanos.

Además, hay que completar y fortalecer el carácter integral asegurando que cualquier aproximación al fenómeno incorpore una clara perspectiva de género y de infancia porque justamente las mujeres y los niños y las niñas son la mayoría de víctimas de este delito. El sistema actual todavía no recoge estos aspectos y así las organizaciones de derechos humanos y las administraciones desconocen el alcance y la dimensión cuantitativa de la situación de niños, niñas y jóvenes víctimas. Para Proyecto Esperanza es fundamental apoyar la recuperación integral de cada una de las mujeres atendidas y exigir que el Estado asuma y cumpla su responsabilidad en la lucha contra la trata, tanto en la prevención, como en la protección, reparación y compensación a las víctimas, evitando en todo momento su revictimización.

España cuenta con un Plan de lucha contra la trata que teóricamente se evalúa y ajusta cada cuatro años. A pesar de las dificultades, es cierto que se han ido promoviendo avances, cambios en los modos de actuación y ciertas transformaciones en la percepción que la sociedad tiene acerca del fenómeno de la trata. Esto ha sido posible especialmente por el trabajo de las organizaciones. Ellas y, sobre todo, las supervivientes son las protagonistas de este día.

Foto: archivo AmecoPress 

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