Diputadas locales se suman para impulsar reforma en la materia
Las
25 legisladoras del Congreso del estado de Veracruz impulsan una
reforma al Código Electoral estatal para establecer que un proceso
electoral puede ser anulado si se comprueba la existencia de violencia
política de género contra una o varias candidatas a gobernadora,
diputada o autoridad edilicia.
Ante el reciente asesinato de una alcaldesa de la entidad, este
jueves 18 de julio, la legisladora por Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), Mónica Robles Barajas, expuso en tribuna la necesidad de
aprobar una reforma para atender la violencia política en razón de
género que ocurre en el terreno electoral.
Es por ello que las 25 legisladoras que integran un Congreso
paritario, compuesto por 50 diputaciones, presentaron una iniciativa
para reformar el artículo 396 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, en materia de causales de nulidad de elecciones.
Durante su intervención, la diputada Robles Barajas recordó que, en
mayo de 2018, durante las campañas electorales, personas desconocidas
tiraron una extremidad humana y un mensaje intimidatorio afuera de la
casa de Octavia Ortega Arteaga, entonces candidata a una diputación
local.
En abril de este año, recordó, ocurrió el feminicidio de Maricela
Vallejo Orea, presidenta municipal de Mixtla de Altamirano, quien fue
atacada a balazos cuando viajaba con su esposo y el conductor de su
vehículo el pasado 24 de abril. Hay versiones que indican que la
alcaldesa fue amenazada para no tomar posesión del cargo.
Actualmente, el concepto de “violencia política en razón de género”
está en el artículo 4 Bis del Código Electoral local y se define como:
la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por
objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de
los derechos político-electorales de una mujer o el acceso al pleno
ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del
poder público”.
Este tipo de violencia, que va dirigida a las candidatas, explicó la
diputada Robles Barajas, comparte los elementos comunes a la violencia
política de género, pero tiene como finalidad anular, dañar, disminuir
la capacidad de las mujeres de participar en las elecciones.
En ese sentido, explicó que esta violencia provoca un resultado
dañoso y merma la capacidad electoral de las candidatas al deteriorar su
potencial de competencia, alterar las condiciones de la contienda y
volverla inequitativa. “La consecuencia política en el terreno electoral
tendrá como resultado que será derrotada, es decir, va a perder la
elección”, dijo.
La propuesta de reforma, apoyada por todas las legisladoras, es para
que la violencia política sea una causal de nulidad, tal como ocurre con
otros delitos electorales, algunos de ellos que han sido llevados
incluso al catálogo de delitos graves de la Constitución estatal.
De acuerdo con el documento presentado ante el Congreso, en el caso
de Octavia Ortega Arteaga, quien fuera candidata a una diputación local,
postulada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde
Ecologista de México (PVEM), no hubo consecuencias, aunque se demostró
la violencia política, ejercida por medio de amenazas.
El expediente de este caso (TEV-PES-63/2018), indica que el Tribunal
Electoral de Veracruz sólo envió exhortos al gobernador, a la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), a la
Fiscalía General del Estado, al Organismo electoral local para que
informaran la situación en el caso de la candidata.
Por todo esto y para lograr que la violencia política en razón de
género sea una causal de nulidad la iniciativa fue presentada y turnada a
las Comisiones Permanentes Unidas de Organización Política y Procesos
Electorales, y para la Igualdad de Género, para su análisis y dictamen.
Imagen retomada del Congreso de Veracruz
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México
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