Las hermanas González Pérez buscan justicia desde hace 25 años
El
subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la
Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, se
comprometió con las indígenas tzeltales Ana, Beatriz y Celia González
Pérez a continuar investigando la violación sexual de la que fueron
víctimas, a manos de militares, en 1994, en el estado de Chiapas.
En una reunión privada, que se realizó este lunes 22 de julio, entre
funcionarios de la Segob y abogadas del Comité Hermanas González y de la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
(CMDPDH), Encinas Rodríguez también se comprometió a realizar un acto de
disculpa pública el próximo 18 de octubre en el municipio chiapaneco de
Ocosingo.
Cinco meses después de solicitar una reunión, esta semana el
subsecretario recibió a las hermanas Ana y Beatriz, hablantes de tzeltal
y quienes –con ayudada de una traductora– hicieron un recuento de lo
que les ha significado 25 años de espera para que los culpables sean
sancionados y para que el Estado reconozca que fueron víctimas de
tortura sexual.
En el encuentro, en el que también participó Aarón Mastache
Mondragón, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob, las
hermanas aclararon que por primera vez subieron a un avión para salir de
Chiapas y trasladarse a la Ciudad de México, pero que no fue por gusto,
sino por mantener su exigencia de justicia.
La reunión, dijo a Cimacnoticias la abogada Gloria Guadalupe Flores
Ruiz, fue la oportunidad para que, por primera vez, Ana y Beatriz
hablaran ante funcionarios de alto nivel y expresaran su sentir y el
pensamiento de su hermana Celia y su madre Delia, quienes no pudieron
asistir.
Para las indígenas, el próximo acto de disculpa y reconocimiento
público de responsabilidad será un paso más para reivindicar su dignidad
ante su familia y su comunidad, personas que las relegaron y que las
expulsaron después de ser ultrajadas por los soldados; pero también será
un mensaje para que el gobierno no permita que estos casos se repitan.
La historia de las indígenas es quizás una de las primeras en
documentar la violencia sexual cometida por el ejército mexicano. Los
hechos se remontan a 1994 cuando en el contexto del levantamiento armado
zapatista, las tres hermanas y su madre, Delia Gonzáles de Pérez,
fueron detenidas en un retén militar, localizado en el camino que va
rumbo al ejido Jalisco, en el municipio de Altamirano.
Aquel día, Ana de 20 años de edad, Beatriz de 18 años, Celia de 16
años y a su madre Delia Pérez fueron privadas de su libertad durante dos
horas. En ese tiempo las tres hermanas fueron separadas de su madre,
golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones.
Pese a las amenazas que recibieron por los militares, el 30 de junio
de 1994 las mujeres denunciaron ante el Ministerio Público Federal pero
dos meses después el expediente fue trasladado a la Procuraduría General
de Justicia Militar, encargada de investigar delitos de soldados y
quien decidió archivar la indagatoria.
El argumento de las autoridades militares fue que no podían
investigar porque las víctimas de tortura se negaron a comparecer frente
a los efectivos militares agresores y someterse a nuevos exámenes
ginecológicos.
A fin de encontrar respuestas, acompañadas legalmente por el Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el 16 de enero de
1996 las mujeres presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional que tres años después
aceptó la petición.
El 4 de abril de 2001 el organismo internacional emitió el Informe de
Fondo No. 53/01 en el cual declaró la responsabilidad internacional del
Estado en el caso y recomendó realizar una investigación seria,
imparcial y exhaustiva y reparar adecuadamente a Ana, Beatriz y Celia
González Pérez por las violaciones cometidas.
Sobre esta resolución, Ana y Beatriz transmitieron a los servidores
públicos su esperanza de obtener “buena justicia”, es decir, que se crea
en su palabra, primordialmente.
Es de recordar que el pasado 4 de junio se cumplieron 25 años de este
caso de detención ilegal, violación y tortura sexual, aniversario en el
que las tres hermanas y un comité de apoyo se atrevieron a protestar y
exigir justicia, verdad y reparación del daño frente a un cuartel
militar ubicado en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.
Semanas después de ese hecho, las mujeres fueron recibidas por el equipo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Además del acto de disculpa pública, entre los acuerdos que hizo el
subsecretario Alejandro Encinas está que en ese acto debe participar un
representante de la secretaria de la Defensa Nacional; otorgar una
reparación económica y que la Fiscalía General de la República continúe
las investigaciones en coadyuvancia con las representantes legales de
las indígenas.
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