Zona de Reflexión
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Quiénes
están detrás de la nueva agresión contra la periodista y defensora
Lydia Cacho Ribeiro, quiénes están intentando silenciarla, nuevamente, a
través de la violencia y porqué, son las respuestas que deben dar las
investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
No hay que ir muy lejos, sino mirar hacia un ex gobernador poblano,
hoy prófugo de la justicia tras la orden de aprensión librada en su
contra en el pasado mes de abril. Hay que tener memoria para recordar
que el secuestro y tortura que vivió la periodista Lydia Cacho hace 14
años fue orquestado y ejecutado por las autoridades poblanas en
complicidad con el empresario Kamel Nacif, también prófugo.
En abril pasado, un mandamiento judicial emitido por el primer
tribunal unitario del vigésimoséptimo circuito, ordenó la aprehensión
del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, del empresario Kamel Nacif, de
Juan Sánchez Moreno y Hugo Adolfo Karam por su presunta responsabilidad
en el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, en
2005.
Ellos, entre otras autoridades y empresarios, orquestaron la
detención de la periodista en diciembre de 2005, tras ser acusada de los
delitos de difamación y calumnias, luego de que fue señalada por Kamel
Nacif, El Rey de la Mezclilla, tras la publicación del libro “Los
demonios del edén”, en el que Lydia documentó las redes de pederastia y
pornografía infantil en la que participaban.
Hagamos memoria para entender que esta nueva agresión cometida contra
ella, en su domicilio particular, sitio sagrado para Lydia, donde
ingresaron para robar la información que ella tiene sobre sus
investigaciones periodísticas de agresiones sexuales y las
organizaciones criminales de trata infantil, son parte de una cadena de
violencia en su contra desde hace 14 años. Una cadena que ha sido
intermitente y constante, con altos costos para ella y su familia.
En diciembre pasado cuando se detuvo a Alejandro Rocha, agente
ministerial de Puebla, quien participó en la detención y traslado
terrestre de la periodista a lo largo de mil 500 kilómetros, la
integridad de Lydia Cacho nuevamente se vio en peligro, las autoridades
de la FGR lo sabían. Entonces ella aseguró que la construcción de un
Estado de derecho será la verdadera transformación de este país.
Ese Estado de derecho es el que debe actuar ahora para garantizar la
vida e integridad de Lydia Cacho y su familia, como la de todas y todos
los periodistas que siguen bajo las agresiones de autoridades
caciquiles, el gobierno actual está obligado hacer cumplir la Ley de
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,
para garantizar “la vida, integridad, libertad y seguridad de las
personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de
la defensa o promoción de los Derechos Humanos, y del ejercicio de la
libertad de expresión y el periodismo”.
¿Qué dejaron de hacer esas autoridades que permitieron la nueva
agresión contra Lydia? Un “puñado de hombres cobardes que quieren
destruir este país” y “que están huyendo de la ley” no pueden estar por
encima de un país.
La impunidad es la puerta abierta a la repetición, lo dijeron desde
2010 los relatores de Naciones Unidas. Es esa impunidad la que ha
permitido que durante 14 años Lydia Cacho sea violentada una y otra vez,
por la omisión, inacción o complicidad de las autoridades.
Es la misma impunidad que ha asesinado a periodistas y personas
defensoras, la que permite el hostigamiento del Ejército a las casas de
migrantes como lo ocurrido en la Casa del Migrante de Saltillo.
Quienes están detrás de la nueva agresión contra Lydia Cacho son los
mismos que la detuvieron el 16 de diciembre de 2005, la trasladaron
durante 20 horas en carretera, la torturaron física y psicológicamente,
abusando de su poder formal y de facto.
Ellos están ahora prófugos pero sus redes están aquí vivas, actuando en la sombra y hay que romperlas.
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta
Cimacnoticias | Ciudad de México.
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