Villahermosa Tab. La presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos, Igualdad de Género y Frontera Sur y legisladora
perredista Dolores Gutiérrez Zurita, exigió este día la renuncia de los
funcionarios corresponsables del ataque del que fue víctima por su
exesposo, la joven Ana, en un juzgado de oralidad de este estado.
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En la tribuna
durante la sesión de este día, la legisladora demandó la renuncia inmediata del
Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Enrique Priego Oropeza, del
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Angel Mario Balcázar y de
la Directora del Instituto Estatal de la Mujer, Nelly Vargas Pérez, “por su
incompetencia en su cargo”.
Gutiérrez Zurita
afirmó que fueron graves los errores cometidos por dichas instancias en el caso
de Ana, joven acuchillada en un juzgado de oralidad, por su ex esposo José Roberto
Calix, al no recibir la seguridad que su caso, de violencia familiar,
ameritaba.
Las instancias responsables
no activaron los protocolos para el desahogo de la audiencia programada por
este caso de violencia intrafamiliar.
La legisladora
calificó de “ridículas” las excusas del presidente del TSJ, en el sentido de
que los hechos sucedieron “afuerita” y que el agresor esquivó el cerco,
mientras la directora del IEM declaró
que el instituto sí le daba asesoría a la mujer, pero que no le dieron
acompañamiento obligatorio para su audiencia. Por su parte el titular de la
SSPC, ha guardado silencio “culposo y responsable”.
El Comité de
Derechos Humanos de Tabasco, informó que la víctima continúa en recuperación y
que presentó sendas quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En tanto la
legisladora declaró que el gobierno del estado no está ofreciendo a la familia
de la víctima suministro oportuno y adecuado de todos los medicamentos que se
requieren, por lo que se sumó a los pronunciamientos de los legisladores José
Manuel Sepúlveda y Kathia Ornelas para que el Poder Ejecutivo sufrague todos
los gastos que por el momento corren a cuenta de la familia de la víctima.
La diputada pidió
que el caso de Ana no se integre a la “fría numeralia” que ubica a Tabasco en
el quinto lugar nacional en cuanto a violencia familiar con 5 mil 94 casos y el
mismo quinto lugar nacional en homicidios dolosos y feminicidio, con un
incremento del 9.12 por ciento, un incremento del 32.07 por ciento en caso de violaciones sexuales, que suman 303
casos en lo que va del año.
Por su parte, en
conferencia de prensa, la presidenta del Comité de Derechos Humanos de Tabasco
(Codehutab), Bautista, al dar a conocer el posicionamiento de esta organización
civil respecto a los hechos ocurridos 26 de septiembre reciente en el Centro de
Justicia de Oralidad de la Región 9, expuso que el feminicidio en grado de
tentativa, no puede quedar en un lamentable caso más, a los que ya se está
acostumbrando la sociedad tabasqueña.
El propio
secretario de gobierno, Marcos Rosendo Medina, declaró que violencia que sufren
las mujeres en Tabasco es parte de la violencia generalizada que se vive a
diario, evadiendo su responsabilidad de dar atención y solucionar este grave
flagelo que sufren las mujeres en el estado.
Este caso dijo Leonor
Ramírez Bautista, exhibe a todas las instituciones gubernamentales encargadas
de tutelar la integridad y la vida de las mujeres, lo acontecido refleja que no
existen condiciones de seguridad para las víctimas de violencia.
Sostuvo que el
tema de violencia es político, y compete a todos los funcionarios e
instituciones, ya que no existe una coordinación interinstitucional entre las
dependencias que tienen la obligación de velar y cuidar la integridad y la vida
de las mujeres en Tabasco.
No es posible,
prosiguió, que un individuo aseste once puñaladas a una mujer en las narices de
las autoridades ¿dónde están los protocolos para garantizar la seguridad de las
víctimas de violencia? ¿cómo un
individuo armado puede burlar el cerco policíaco que existe en esos lugares? ¿dónde
se supone deben cuidar que no se introduzcan armas? ¿dónde queda la dichosa
capacitación que se supone han recibido todos los servidores públicos que
tienen contactos con las víctimas?
¿Cuál es el resultado de las más de dos mil 200 acciones de gobierno
que Arturo Núñez informó, se realizaron para combatir y erradicar la
violencia contra las mujeres, derivada de las nueve recomendaciones que
emitió la CONAVIM a raíz de la declaratoria de Alerta de Violencia de
Género que solicitó el Codehutab en el 2016 y que Adán Augusto López
Hernández, gobernador de Tabasco, y Marcos Rosendo Medina Filigrana,
Secretario de Gobierno, al asumir sus respectivos encargos se
comprometieron públicamente a continuar y dar seguimiento? Fueron
algunas de las interrogantes que esperan respuesta de las autoridades
correspondientes.
CIMACFoto: César Martínez López
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