Ana María Aragonés
Cuando el TLCAN fue firmado
en 1993 y puesto en marcha al siguiente año, uno de los temas que los
negociadores rehuyeron discutir, ni siquiera como posibilidad de un
acuerdo paralelo, fue la migración, a pesar de que la inmensa asimetría
entre los dos socios y México, y la falta de proyectos para enfrentar la
enorme competencia en perjuicio de los sectores mexicanos presagiaban
la posibilidad de importantes flujos de trabajadores.
No se propusieron proyectos que permitieran superar las diferencias
salariales, mismas que se mantendrían para beneficio del capital
trasnacional. Justamente, el gobierno mexicano logró incrementar los
montos de la inversión extranjera directa por su compromiso de mantener
los bajos costos de la fuerza de trabajo y con ello la posibilidad de
grandes ganancias para el capital trasnacional.
México adoptó, como señalé en su momento, el modelo trabajo
exportador que supuso, por un lado, una sangría de trabajadores de todos
los sectores que se verían en la necesidad de migrar ante la falta de
posibilidades laborales interna. Habría que recordar que los migrantes
indocumentados formaron un flujo de enorme importancia producidos a
partir de la firma del TLCAN, alcanzando niveles nunca vistos y cuya
vulnerabilidad fue aprovechada crecientemente por empresarios
inescrupulosos del vecino país, lo que les reportó formidables
ganancias. Con el modelo trabajo exportador se cerraba el círculo
perverso para los trabajadores mexicanos, pero virtuoso para el socio
del norte.
El gobierno mexicano no cumplió su responsabilidad de cubrir los
mínimos derechos previstos en la Constitución, salarios dignos y
suficientes. Quienes sí cumplieron fueron estos mismos trabajadores que
enviaron dinero a sus familias para intentar paliar las muy lesivas
condiciones de pobreza, y de refilón se convirtieron en piedra angular
de la economía mexicana. Y así se mantuvieron los flujos ante la falta
de cambios en sus condiciones.
No es extraño que México sea el país que presenta los más bajos
niveles salariales promedio de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) y, según reportó Alicia Bárcena, secretaria
ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal), donde el salario mínimo es el más bajo de la región.
¿Hay nuevas condiciones laborales en el T-MEC que permitan cambiar
las lesivas condiciones que enmarcaron al TLCAN y sus desigualdades?
¿Puede revertir el lesivo fenómeno de la migración?
Algunos acontecimientos aplicados por la nueva administración
parecerían ir en sentido positivo en favor de los trabajadores. Se
anunció que desde el 1º de enero de 2020 el salario mínimo pasará de
102.69 pesos a 123.22 pesos al día; de esta forma, según el presidente
Andrés Manuel López Obrador se habrá recuperado más de 30 por ciento del
poder adquisitivo del salario en 13 meses. Por primera vez se habrá
roto el pernicioso control sobre los salarios mínimos que mantenían los
sindicatos charros, sus líderes, así como un sector de los
empresarios. Pero falta mucho para cerrar la brecha salarial entre los
socios comerciales, una de las causas del fenómeno migratorio que el
TLCAN ayudó a proteger. Y si bien ahora en el marco del T-MEC se plantea
el escrutinio laboral para asegurarse que las empresas –sobre todo las
exportadoras–, cumplan con las condiciones de seguridad y salariales
acordadas en al tratado, el resto de las empresas parecen quedar fuera
del escrutinio, con lo cual se mantendrán las profundas desigualdades de
la sociedad mexicana.
Al final, lo que queda claro es que el fenómeno migratorio sigue sin
tener cabida en las negociaciones comerciales, dejando un amplio margen
para su explotación sin ningún contrapeso por parte de México. Los
últimos acontecimientos que cambiaron la inicial política migratoria del
gobierno mexicano de inclusión por la del control no auguran mejores
condiciones para los trabajadores migrantes frente al nuevo año.
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