Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro
La organización exhortó a
la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para que "verifique de
manera permanente que los servicios de inteligencia, tanto civiles como
militares, cumplen las leyes vigentes".
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
condenó los actos de espionaje digital y acoso contra periodistas,
activistas anticorrupción y personas defensoras de derechos humanos,
incluidos integrantes de sus familias, expuestos el pasado lunes 19 de
junio, tras una investigación de varias organizaciones sociales.
La ONU-DH señaló en un comunicado que
estos hechos “constituyen entre otras violaciones injerencias
arbitrarias en la vida personal, prohibidas por el derecho internacional
de los derechos humanos, que deben ser investigadas y los responsables
rendir cuentas”.
“Los hechos denunciados son profundamente preocupantes.
Comprendemos plenamente la indignación que sienten quienes han sido
víctimas de estos actos, particularmente en el caso del menor de edad y
la esposa de una de las víctimas. Además, el hecho de que periodistas,
activistas y defensores sean objeto de estas acciones resulta
especialmente grave por el esencial papel que juegan en un estado
democrático de derecho, pues con su trabajo contribuyen a la
fiscalización del poder, la difusión de información, la promoción y
protección de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y por
la justicia”, aseguró Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México.
La ONU sostuvo que “el uso de herramientas tecnológicas de vigilancia
por parte de instituciones públicas debe estar sometido a estrictos
controles que eviten cualquier utilización ilegal de las mismas. En este
sentido, la ONU-DH recuerda que existe un amplio número de medidas
señaladas por distintos órganos internacionales como esenciales para
evitar injerencias arbitrarias e intervenciones ilegales de
comunicaciones, que incluyen controles internos, judiciales,
parlamentarios y por parte del ejecutivo, así como mecanismos para
garantizar la rendición de cuentas de carácter público sobre el uso de
estos sistemas”.
“Con independencia del avance de las investigaciones judiciales,
desde mi Oficina exhortamos a las autoridades para que informen qué
instituciones públicas cuentan con estos recursos tecnológicos, de qué
manera los utilizan y, sobre todo, qué medidas se adoptaron para
garantizar su control, deslindando las posibles responsabilidades
administrativas por su uso ilegal”, resaltó Jarab.
La ONU-DH aplaudió la solicitud de medidas cautelares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigidas a Sedena, Semar, Segob y la PGR. Sobre ellas, hizo un llamado para el cumplimiento de las acciones solicitadas.
“Asimismo, la ONU-DH toma nota del anuncio de la PGR de
investigar estos hechos y alienta a que dicha investigación se realice
de forma pronta, exhaustiva e imparcial, agotando todas las líneas de
investigación e informando regularmente a la sociedad mexicana de los
avances de la investigación, dada la trascendencia del caso”.
“Adicionalmente, la ONU-DH exhorta a la Comisión Bicameral de
Seguridad Nacional para que en el marco de sus funciones cómo órgano de
control y evaluación de las políticas y acciones en dicho campo,
verifique de manera permanente que los servicios de inteligencia, tanto
civiles como militares, cumplen las leyes vigentes, así como las normas
de derechos humanos, y realizan un uso adecuado de los fondos públicos
asignados”, finalizó.
